El Gobierno enarbola como uno de sus logros en este legislatura el comportamiento del mercado laboral, al que atribuye un descenso del paro del 8%. Se trata, no obstante, de un cálculo muy discutible ya que olvida la cifra de personas que, pese a tener contrato, carecen actualmente de toda actividad y están además inscritos en los Servicios de Empleo como cualquier otro desempleado. Se trata de casi 650.000 personas quienes, si se incluyen en las estadísticas, muestran cómo el paro no solo no bajó desde 2019, sino que además creció un 2,6%.
El Gobierno está estudiando la posibilidad de crear becas de unos 7.000 euros anuales para opositores a plazas de Hacienda, principalmente inspectores, pero también en aduanas o catastros, según ha desvelado este lunes en el Congreso el secretario de Estado del Ministerio, Jesús Gascón.
En las dos últimas legislaturas el Ayuntamiento de València ha incrementado su plantilla en 639 trabajadores, lo que supone un incremento del 13,57% en los últimos seis años según los datos del consistorio que gobiernan Compromis y el PSPV.
Las comunidades autónomas acaparan ya seis de cada diez empleos públicos en España. Del total de 3,52 millones de efectivos a cierre de último trimestre de 2022 que trabajan para la Administración, hay ya 2,1 millones de personas que formaban parte del personal de las autonomías, según los datos de la EPA hechos públicos ayer. La cifra supone un récord absoluto y un crecimiento del 23,5% respecto a hace solo cinco años con 350.000 empleados más de los que había al cierre de 2017.
El Gobierno de Zaragoza, en la sesión ordinaria que ha tenido lugar hoy, ha aprobado la Oferta de Empleo Público para el año 2022 (OEP 2022), que incluye 256 plazas.
La Tesorería General de la Seguridad Social tiene contabilizados al mes de agosto 2.853.115 personas que trabajan para alguna de las tres administraciones públicas (general, autonómica y municipal). Eso supone 56.525 más que en enero de este año, o lo que es lo mismo, un 2% de puestos de trabajo públicos de nueva creación.
El peso de los contratos temporales en el sector público se sitúa en el segundo trimestre en el 32,4% del total. Ese porcentaje supone un incremento del 2% con respecto a 2021 pese a que, en el año transcurrido, entró en vigor una reforma laboral que hizo bandera de un rechazo frontal a esta forma de contratación. De hecho, la nueva normativa ha exigido un gran esfuerzo al sector privado, imponiéndole la figura del fijo discontinuo, que ha hecho que la temporalidad en este ámbito casi cuatro puntos. El Gobierno, por tanto, no duda en mostrar un flagrante doble rasero ya que sigue recurriendo a la contratación eventual, mientras priva a las empresas de una forma de vinculación laboral que sigue siendo imprescindible para amplios sectores económicos.
El sindicato y los interinos en fraude de ley, con más de tres años en abuso de temporalidad, han presentado un masivo recurso contencioso-administrativo para reclamar que las 570 plazas ofertadas por la Diputación General de Aragón se aumenten a más de 4.000 en el proceso extraordinario derivado de la Ley nacional 20/21.
La tasa de temporalidad -cuya reducción es uno de los objetivos principales de la reforma laboral pactada en diciembre por el Gobierno y los agentes sociales y con una aprobación raquítica en el Congreso- se ha reducido en el primer trimestre en 1,2 puntos porcentuales. Una reducción que se ha visto mermada por el incremento de los trabajadores en el ámbito público, según recoge el panel de datos de coyuntura elaborado por el Servicio de Estudios de UGT al que ha tenido acceso este diario.
Adif y su filial de alta velocidad (Adif AV) han lanzado una nueva convocatoria de Oferta de Empleo Público (OEP) para incorporar este año a 1.316 nuevos trabajadores a la empresa, con el objetivo de atender el relevo generacional. Esta nueva convocatoria se suma a las que ha ido lanzando en los últimos meses, lo que ha hecho de la empresa ferroviaria uno de los mayores oferentes de empleo público.
El empleo público vive un auge a escala nacional que se hace especialmente evidente cuando se analizan los datos de empleo a escala de las comunidades autónomas. Este análisis refleja cómo ocho de los 17 regiones españolas cuentan en su territorio con un porcentaje de empleados en las tres Administraciones que ronda, o incluso supera, el 25% del conjunto de sus asalariados, una cuarta parte de este colectivo.
El número de afiliados a la Seguridad Social es, desde hace meses, superior a los niveles que presentaba en 2019, antes de la pandemia. El empleo crece tanto en el ámbito privado como en el público, pero lo cierto es que este último, en términos relativos, sufrió la crisis de muy diferente modo en comparación con el propio de las empresas privadas.
El director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios del Gobierno de Aragón, Esteban del Ruste, ha comparecido en Comisión de las Cortes autonómicas para informar sobre la aprobación de la oferta de empleo público (OPE) para este año como medida urgente para reducir la temporalidad en la Administración autonómica.
Que Moncloa haya aprobado la "mayor oferta pública de empleo de la Historia" a puertas de las elecciones andaluzas, ha convencido a las comunidades autónomas de que todo vale. Ante el obvio electoralismo del Ejecutivo central, incluso los políticos regionales más responsables con el gasto público se han rendido a la evidencia de que regalar puestos de trabajo asegura votos. Y se disponen a responder a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, desbloqueando hasta 160.000 plazas. Pese a que las autonomías ya concentran la mayoría del empleo público, con niveles récord de 2 millones de puestos, el movimiento de Moncloa "ha quitado muchos complejos", según fuentes políticas. Los estrategas de diversos gobiernos autonómicos coinciden en que las convocatorias harán hincapié en las zonas despobladas, graneros electorales de Vox y la España vaciada. "Se trata de contrarrestar el populismo del Gobierno, pero también de los partidos que nos están arrebatando el voto rural", inciden.26/05 | El Economista
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El sindicato aragonés recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón el acuerdo del Consejo de Gobierno de hoy en el que se ha aprobado una convocatoria extraordinaria de estabilización del personal temporal de 2.552 plazas, de los que 1.219 por el por el procedimiento de concurso-oposición y 1.333 por concurso (sin examen), sumando Educación, Sanidad y Administración General.
El Gobierno de Aragón ha aprobado este jueves en Consejo de Gobierno la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal en la Administración Autonómica (Sanidad, Educación y Administración General), según lo dispuesto en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de Medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En total, incluye 2.552 plazas.
El Gobierno ha aprobado "la mayor oferta pública de empleo de la historia" mediante la que ofertará este año 44.787 plazas en su objetivo de fortalecer las políticas públicas, algo que "no puede hacer si la Administración no cuenta con efectivos necesarios".
España tiene 2.7 millones de empleadas y empleados públicos, según el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP), elaborado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, correspondiente a julio de 2021.
La foto fija del mercado laboral tras el impacto de la pandemia da cuenta de la importante contribución del empleo público para sostener los niveles de ocupación en España. Con algo más de perspectiva, desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en el segundo trimestre de 2018, esta aportación es tan crucial como que los ocupados en el sector público se han incrementado cuatro veces más que los del sector privado. Concretamente, y con el paso de la pandemia mediante, las empresas han generado en estos dos años y medio un total de 359.200 empleos (un 2,7% más que el nivel registrado en la EPA del segundo trimestre de 2018), mientras que el conjunto de las Administraciones ha añadido al mercado laboral a 357.700 empleados, un 11,4% más que el nivel de 2018.
Mes tras mes el Gobierno celebra los datos inusualmente positivos del mercado laboral, como los registrados por el paro el pasado mes de enero o los mostrados por la última EPA, con un incremento récord de la ocupación en 2021.
En España hay casi medio millón más de personas recibiendo algún tipo de retribución o transferencia pública que un salario del sector privado, con cifras de cierre de 2021. Concretamente, son 496.776 más quienes reciben una prestación o nómina por parte del Estado. Una cifra cercana al nivel de 2019, cuando la diferencia ascendía a 530.000 transferencias públicas más que las procedentes del sector privado, pero que sí experimenta una notable mejora en los últimos doces meses, ya que a cierre de 2020, y como producto del impacto de la pandemia, nuestro país contabilizó a 1,4 millones de personas más recibiendo una retribución pública que privada.
La consejera municipal de Hacienda y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro, ha anunciado que el Gobierno PP-Ciudadanos llevará a la Fiscalía "toda la herencia de las oposiciones" para determinar si hay hecho punible.
El 53% de los empleos creados bajo el impacto de la pandemia corresponden al sector público. El Gobierno lo achaca al refuerzo del personal sanitario y educativo, que aporta 145.000 de los 229.000 nuevos empleos públicos.
La economía española registra una caída sin precedentes de la productividad, que sigue 6,6% por debajo de los niveles previos a la pandemia, pese al crecimiento del empleo en 2021.
La nueva reforma laboral deroga el despido por causas objetivas para el personal contratado de las administraciones públicas, introducido en la legislación de 2012 para intentar racionalizar el sobredimensionado sector público.
En estas enmiendas de Ciudadanos e IU a los presupuestos impulsadas por STEPA, que se debatirán en los próximos días, se proponen suspender la tramitación de las ofertas de empleo público en curso y que estas plazas -solo en Administración General afectaría a 1500 trabajadores aproximadamente, sin contar con Sanidad y Educación en las que las cifras de temporalidad se disparan- se resuelvan según la nueva Ley estatal de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, aprobada en julio por el Gobierno de Pedro Sánchez y que está a punto de ser ratificada con importantes cambios en las Cortes Generales.
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