El proceso de negociación política del Gobierno para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 se ha saldado con compromisos que aumentan de forma directa un 44% las inversiones para Cataluña respecto al proyecto inicial de las cuentas estatales para el próximo año, con un total de casi 1.100 millones de euros adicionales que tienen como destino final específico el territorio catalán.
La negociación del Gobierno de Pedro Sánchez para obtener apoyos a sus últimos Presupuestos Generales del Estado ha tenido, no solo un coste crematístico -que se ha traducido en mayor número de inversiones para Cataluña o País Vasco, respecto a otras comunidades autónomas-, sino también, en un coste normativo, que en el caso de los independentistas catalanes, ha supuesto la entrega de la anhelada armonización fiscal que durante años ha venido exigiendo Esquerra Republicana.
Como era previsible, el Gobierno de Pedro Sánchez ha salvado este jueves el trámite a la totalidad a los Presupuestos Generales, gracias una vez más a sus socios de investidura. Socios que ya avanzan que presentarán enmiendas parciales en la siguiente fase del desarrollo de ley, y que pasa en otras demandas por impuestos permanentes a las grandes empresas y por pensiones más dignas. ERC y EH Bildu advierten de que no se lo pondrán fácil al Ejecutivo. El PNV, por su parte, señala que ahora están en el punto de partida. No en vano, la ministra de Hacienda ya ha anticipado el compromiso de reformar el delito de sedición y, por otra parte, renovar el Cupo Vasco.
La actividad del Parlamento español, a lo largo de esta legislatura, se ha visto muy limitada por la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, al que cada vez le cuesta mayor esfuerzo sacar adelante una votación. Esta eventualidad deja en el aire, al menos seis importantes reformas atascadas por el bloqueo legislativo y la imposibilidad de concitar mayorías.
El próximo jueves, el Gobierno tiene el duro trámite de convalidar el Real Decreto-Ley que desarrolla el acuerdo laboral con una gran incertidumbre. Entre los posibles noes se encuentra el bloque de la izquierda nacionalista que suma 21 votos 13 de ERC, 5 de EH-Bildu, 2 de CUP y 1 de BNG, formaciones que se han conformado junto con PNV como los garantes de la legislatura para el Gobierno de coalición.
El Gobierno usará la vía del decreto-ley para tramitar la reforma laboral y evitar así que la oposición introduzca cambios en el texto pactado con sindicatos y empresarios. Moncloa maniobra así ante el acercamiento del Partido Popular a los nacionalistas vascos y catalanes, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Los populares quieren hacer cambios en el texto, que consideran dañino.
El presidente catalán, Pere Aragonès, y la líder de En Comú Podem, Jéssica Albiach, han sellado en la Generalitat el acuerdo definitivo para sacar adelante los Presupuestos catalanes de 2022, alianza que incluye la reforma del tramo autonómico del IRPF planteada por el conseller de Economía, Jaume Giró, que crea un nuevo tramo más económico para las rentas más bajas pero también incluye subidas en los tramos medios y supondrá elevar la brecha fiscal con Madrid.
La guerra fiscal particular en las Comunidades Autónomas españolas sigue su curso. El último capítulo lo protagonizan los socios del Gobierno de coalición, Esquerra Republicana y el PNV de Urkullu. Fuentes de la conserjería de Hacienda de la Comunidad de Madrid confirman a elEconomista, ante esta amenaza fiscal y política, que introducir una subida de tipos vía enmienda, como pretende ERC, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "iría contra la norma".
La lucha Junts-ERC daña la FP del sector del motor Esta misma semana termina la convocatoria abierta para encontrar un socio industrial que invierta en el Centro de Formación Profesional de la Automoción de Martorell (CFPA). Esta institución educativa se inauguró en 2015, tras una inversión de 18 millones, y estaba llamada a ser el gran referente de la FP especializada en el sector del motor no solo a escala española sino incluso europea. Nada de eso ha ocurrido. Al contrario fuentes de esta industria dicen que el CFPA es un edificio fantasma. Como mucho funciona al 5% de su capacidad, limitado a dar a algunos cursos a trabajadores ya en activo. Si ningún socio externo invierte, es imposible que arranque, añaden. Las mismas fuentes aseguran que en nada ayuda a mejorar la situación el hecho de que el CFPA se ha convertido en un arma arrojadiza más en las peleas entre Junts y ERC. Lo volvió a demostrar el tenso choque de la semana pasada en el Parlament entre el diputado de Junts, Joan Canadell, y el exconsejero de Trabajo Chakir el Homrani. Lo único que hicieron fue acusarse mutuamente sin que ninguno de ellos hiciera alguna propuesta constructiva. Sin hoja de ruta es imposible atraer a inversores, dicen en círculos políticos catalanes. De hecho, en esos ámbitos vaticinan ya cuál será el futuro de la nueva licitación: Es muy posible que pase como en 2019 cuando se llegó a la fecha límite sin que se presentaran ofertas. Luego se hicieron dos prórrogas y de nada sirvió porque el concurso quedó desierto.
La ampliación del aeropuerto de El Prat seguirá paralizada y el Gobierno de Pedro Sánchez no se plantea buscar un nuevo acuerdo con la Generalitat de Cataluña en el marco de la mesa de negociación bilateral que arrancó en Barcelona. "El Gobierno de España aparca esta ampliación de El Prat porque no existe el consenso necesario imprescindible para abordar esta importante inversión", aseguró el propio presidente de Gobierno tras su reunión de casi dos horas con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
La mesa de diálogo político prevista para este miércoles por la tarde entre el Gobierno y la Generalitat en Barcelona tendrá sillas vacías si Junts per Catalunya no rectifica su propuesta de participantes, que incluye miembros del partido que no forman parte del Ejecutivo catalán. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, vetó dicha propuesta, pero desde Junts ven como culpable a la Moncloa, que también mostró su rechazo a cualquier fórmula que no sea la de cargos de ambas administraciones. Con todo, el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, negó que esta situación abra "ninguna crisis" en el Govern.
La paralización del proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona protagonizó la reacción de alarma del mundo económico catalán ante sus consecuencias negativas para el crecimiento futuro de la región, pero también tiene importantes consecuencias políticas que a su vez repercutirán en la economía nacional.
Con el anunció de Raquel Sánchez, ministra de Transportes, sobre la suspensión del plan de ampliación del Aeropuerto del Prat, termina el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat logrado hace a penas 5 semanas. Aunque ya hace tiempo que la política nos tiene acostumbrados a los cambios de criterio y al donde dije digo digo diego, la decisión de ampliar el aeropuerto de la capital catalana es uno de esos proyectos que no puede tomarse tan a la ligera, ya que, de llevarse a cabo, tendría una repercusión en la economía catalana y española durante décadas.
Los socios de Gobierno empienzan a moverse de cara a las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, y algunas cartas ya están sobre la mesa. Por parte de Esquerra Republicana, la presión la ejercerá, en cierta medida, por la ampliación del aeropuerto de Barcelona del Prat dondeel Govern independentista tiene problemas para encontrar apoyos para sus propias cuentas públicas, con el PSC dispuesto a echar una mano con tal de que haya nuevos Presupuestos en Cataluña.
Con la agenda acelerada por parte de la ministra y portavoz Isabel Rodríguez -toda vez que la semana pasada Miquel Iceta cambiaba la cartera del Ministerio de Política Territorial por el de Cultura-, poco a poco se van conociendo los detalles de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado. El lunes, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, adelantaba dos de los asuntos que se debatirán en esta mesa, y que pasan por reivindicaciones de carácter económico.
Según el Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión Europea, texto que fue entregado por Ursula Von der Leyen la semana pasada a Pedro Sánchez, el Gobierno, además de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) -que llevará a cabo controles para certificar el cumplimiento de los hitos y objetivos y los resultados obtenidos-, tendrá que ajustarse a que "los fondos asignados a la ejecución del Plan se incardinen en los Presupuestos Generales del Estado".
"Al Govern le toca mover ficha ahora han reiterado los miembros del Gobierno de Sánchez, antes y después de la concesión de los indultos a los nueve condenados del procés. Esta frase, según diversas fuentes de Moncloa consultadas, supone que Sánchez espera que antes de sentarse a negociar, los partidos del Gobierno catalán se pongan de acuerdo en la postura que van a plantear en la mesa.
El político independentista reside en Madrid y afronta a menudo situaciones incómodas. ¿La última? Gabriel Rufián, de ERC, y su novia, Marta Pagola, de PNV, tomaban una caña en un bar del centro de la capital y los vecinos, al reconocerlos, decidieron ponerles música de acompañamiento: el Himno de España.
El fugitivo de Waterloo sigue dándole al magín con la formación del nuevo 'Govern' de la Generalitat para que quede claro que quien sujeta la sartén por el mango, es él: Carles Puigdemont. La semana pasada y con una estrategia de presión permanente, evitó que sus más allegados se retrataran en el Ejecutivo de Esquerra, el primero para ellos desde la República de 1931. Poco a poco, sus hombres fuertes dijeron 'No' a Pere Aragonés. La intención -cuentan desde los cenáculos políticos catalanes- es manifestar que este Gobierno no durará mucho tiempo, y el poco que dure estará siempre en manos de los caprichos de Puigdemont.
El pleno que investirá al candidato de ERC, Pere Aragonès, a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña arrancó ayer en el Parlament de Catalunya. Los votos de ERC, Junts y CUP, que firmaron un acuerdo para desbloquear la política catalana, permitirán a Pere Aragonès convertirse en presidente de la Generalitat este viernes, a tan solo cinco días de agotar el plazo y tras dos votaciones fallidas en marzo, cuando Junts se abstuvo y no logró obtener los votos suficientes.
Desde Waterloo, ciudad de la épica batalla que acabó con el imperio de Napoleón Bonaparte, Carles Puigdemont, el expresident catalán fugado a Bélgica por saltarse la Constitución de 1978, ha vuelto a ganarle el pulso a Esquerra Republicana y al Estado en general, imponiendo sus reglas, eligiendo dirigentes, deslizando carteras y, logrando ostentar el máximo grado de poder, aun cuando su formación quedó la tercera en las urnas del 25 de marzo.
Esquerra Republicana de Catalunya y JuntsxCat han llegado a un preacuerdo para formar un Govern de coalición. Jordi Sánchez, representante de Junts apoyará la investidura del candidato republicano a la Presidencia, Pere Aragonès. A cambio de la gobernabilidad y las decisiones políticas en manos de ERC, Junts recibirá importantes carteras y tendrá Economía en su poder.
El pleno del Parlament ha sido el escenario en el que se plasmó el bloqueo de las negociaciones para formar un gobierno autonómico. El vicepresidente catalán en funciones y candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, apeló al honor de Junts per Catalunya para "cumplir su palabra" de apoyar su investidura y evitar una repetición electoral.
Los catalanes tendrán una nueva cita con las urnas en julio si el 26 de mayo no hay presidente de la Generalitat, y a día de hoy ningún candidato cuenta con los apoyos necesarios para serlo. El que tiene más opciones sigue siendo Pere Aragonès, pero requiere de los apoyos de la CUP, En Comú Podem y al menos cuatro diputados de Junts per Catalunya, que con el paso de los días y la ruptura de negociaciones por parte de ERC para formar gobierno de coalición ha elevado sus exigencias para apoyar la investidura del ahora vicepresidente en funciones con funciones de presidente, tras la inhabilitación de Quim Torra en septiembre.
La formación de Govern en Cataluña está cada día más lejos y la fecha de convocatoria automática de repetición electoral más cerca, con los partidos con opciones de alianza enrocados en posturas tacticistas que no permiten formar mayoría a nadie. La decisión de Pere Aragonès anunciada el sábado de renunciar a formar Ejecutivo con Junts por no ceder en sus pretensiones de control sobre los republicanos supone volver al punto de partida surgido de las elecciones autonómicas del 14 de febrero, pero con un plazo para conseguir una mayoría alternativa que vence en dos semanas, el 26 de mayo.
Las negociaciones que impulsa ERC para liderar el próximo gobierno catalán apuntan a nuevas consejerías y a la recomposición de las actuales por redistribución de algunos departamentos, lo que sumado a nuevas áreas para coordinar la llegada de los fondos europeos para la recuperación económica postpandemia, sitúa el número de altos cargos del próximo Ejecutivo autonómico por encima de los 180. Y es que la administración en funciones actual, conformada por Junts per Catalunya y ERC, ya cuenta con 178 cargos de alto rango, contando básicamente secretarios y directores generales, según datos recopilados por TV3.
El Tribunal de Cuentas (TCu) ha rechazado un total de 1,02 millones de euros de los gastos incluidos por los partidos políticos como gastos de campaña en las elecciones de 2019, sobre un total de 49 millones de euros declarados por las 22 formaciones políticas contendientes a estos comicios generales.
ERC mantiene la intención de pactar con Junts per Catalunya un acuerdo de legislatura con Pere Aragonès como presidente de la Generalitat, pese a que en la sesión de este martes cosechó un segundo intento fallido de investidura debido a la abstención de la formación de Carles Puigdemont.
Las negociaciones entre ERC y Junts para acordar un nuevo Govern de la Generalitat con Pere Aragonès al frente parecen complicarse cada día más en vez de agilizarse, y ello ha animado al candidato del PSC, Salvador Illa, a mover ficha y reivindicar su derecho a presentarse a la investidura. Los socialistas ya se han reunido con En Comú Podem y esperan hacerlo con Cs y PP para buscar apoyos, aunque los números no les permitan salir victoriosos. Precisamente la líder de los comuns, Jéssica Albiach, descartó este martes apoyar a Illa porque su candidatura no tiene opciones de prosperar, aunque también rechazó dar su apoyo a Aragonès mientras priorice la alianza con Junts per Catalunya.
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