Las personas somos seres de costumbres. Nos movemos a lo largo de nuestra vida por medio de una serie de hábitos aprendidos, condicionados por nuestro contexto y entorno. Esta forma de ser afecta a todos los aspectos de nuestra vida, desde bien pequeños, y nos acompaña en cada paso que damos, arrastrando a veces tradiciones de nuestros padres y abuelos. Un ejemplo que ilustra estas costumbres en España es la compra de viviendas.
El Living es sin duda uno de los sectores inmobiliarios más resistente y atractivo para los inversores debido a los cambios de hábitos y demográficos experimentados en la última década. Factores como el aumento de la esperanza de vida, la dificultad de acceso a la compra de una vivienda, especialmente para los más jóvenes, o la necesidad de nuevos espacios adaptados al descanso, el ocio y el trabajo impulsan un sector con un gran potencial y alcance.
Eurostat muestra cómo la deuda pública crece a dos dígitos (medido en diferencia por puntos porcentuales) en varias de las principales economías europeas desde 2019 a 2021. Sin embargo, solo en el caso de España este avance supera los 20 puntos. Por ello, el pasivo nacional terminó el pasado año en el 118,3% frente al 98,2% de 2019. Se trata de una diferencia que supera en casi 10 puntos el avance promedio en toda la eurozona, situado en 11,5 y muy por encima de primeras economías de la UE, como Francia (15,4) Italia (16,2) o Alemania (9,7). La crisis sanitaria provocada por el Covid no sirve de excusa para explicar este mayor endeudamiento de España, ya que ha sido un problema que ha afectado a todos los países prácticamente por igual. De ahí que el único argumento válido resida en una política económica basada en el aumento del gasto público impulsada por el Gobierno. Un incremento que en este 2022 podrá compensarse por el incremento récord de la recaudación, por el fuerte rebote de la actividad y por el alza de inflación, tras la pandemia. El problema es que estos factores coyunturales dejarán de aportar ya en 2023. El proceso de normalización monetaria contendrá el IPC lo que mermará los ingresos públicos. Un menoscabo al que también contribuirá el menor crecimiento económico previsto para el próximo ejercicio. Ante este escenario de menor recaudación, el Ejecutivo debería haber llevado a cabo medidas de ajuste del gasto. Más aún en un contexto de agresivas subidas de tipos de interés, que encarecen la financiación. Pero, por desgracia, la única realidad es que el Gobierno sigue estirando el chicle del gasto para conseguir recuperar votos a costa de agravar el desequilibrio de las cuentas públicas y la mochila de la deuda.
En España, uno de cada cuatro trabajadores (25%) no puede costearse una semana de vacaciones, lo que coloca al país entre los peor colocado, según las datos (correspondientes a 2020) que maneja Eurostat y a los que ha tenido acceso el Instituto Sindical Europeo. Eso supone once puntos por encima del 14% de la media europea. Entre las grandes economías europeas, solo Italia supera a España pues, con datos de 2019, el 34% de los trabajadores transalpinos no podían salir de vacaciones ni una semana al año.
La intención de Economía de implantar un cálculo alternativo al PIB -esta vez de carácter diario en la metodología del Instituto Nacional de Estadística (INE)-, forzó la dimisión de su presidente, Juan Rodríguez Poo, según fuentes políticas y económicas consultadas por elEconomista.es. El nuevo método de cálculo profundizaría en indicadores como la recaudación, el uso de tarjetas de crédito o la productividad y ofrecería lecturas de la Contabilidad Nacional más ajustadas a la realidad actual y, por ende, más positivas.
La cohorte sénior, que comprende a las personas entre 55 y 75 años, va a sumar prácticamente un tercio de la economía europea de cara a 2025, concretamente un 32%. Es uno de los indicadores económicos que se destacaron en el evento Vida Silver en Ifema. Antes, este medio ya había recogido que la actividad económica de los mayores de 50 años residentes en España asciende hasta unos 325.000 millones de euros, lo que se traduce en un 26% del PIB español de 2019, según el estudio Economía de la longevidad en España.
España se ha convertido en el tercer país de la UE con mayor caída de presupuesto público en I+D (investigación y desarrollo) durante la última década, sólo por detrás de Rumanía y Francia, mientras que los que más han incrementado esas inversiones gubernamentales son Letonia, Grecia y Polonia.
España registró un total de 119.317 empleos vacantes en el segundo trimestre del año, 19.000 más que en el trimestre anterior y la mayor cifra absoluta observada desde el tercer trimestre de 2011.
El producto interior bruto (PIB) se incrementó un 2 % en la eurozona y un 1,9 % en la Unión Europea en el segundo trimestre del año frente a los tres primeros meses de 2021, informó la oficina europea estadística, Eurostat. La economía española logró aumentar su PIB en un 2,8% trimestral, tras contraerse un 0,4% -dentro de la media de la eurozona-, y un 19,8% interanual, arrastrando así al conjunto de la Eurozona y siendo la economía que más creció. El crecimiento de medioa interanual de la Unión Europea fue del 13,2%, ligeramente inferior al de la eurozona.
La Comisión Europea ha obligado a España a exigir a las comercializadoras de electricidad que le informen de los precios que cobran a los consumidores finales para poder entregar a la Oficina Estadística Europea, Eurostat, unos datos comparables a los del resto de países. La exigencia, una obligación impuesta por la Comisión desde 2016, todavía no se había trasladado a la normativa española, ya que el Gobierno pidió una excepción en el año 2018 para dar a conocer estos datos. Ahora, transcurrida la prórroga solicitada a Bruselas, el Ejecutivo acaba de dar los primeros pasos para tener los datos más afinados correspondientes al segundo semestre del año y poder así entregárselos a Eurostat.
En víspera de conocer los datos de marzo, que la ministra Calviño ya ha avanzado que no son positivos, las cifras reales del desempleo en España suponen una bomba de acción retardada que amenaza con provocar un estallido social alimentado también por la prolongación de la crisis sanitaria y los recortes que va a imponer Europa para recibir los dineros del fondo de reconstrucción, además del retraso si es que llegan.
Eurostat ha decidido incorporar a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) dentro del perímetro de las cuentas públicas, lo que tendrá un importante impacto en el déficit y la deuda pública ya en el ejercicio 2020, según han confirmado fuentes del Gobierno.
Siguen saliendo datos económicos relacionados con el pésimo 2020 y tal y como ha demostrado Eurostat, España fue el país de la Unión Europea (UE) con mayor paro juvenil. Más del doble de la media europea (40,7% frente al 17,8%) y cinco puntos por encima de la segunda, Grecia (35,5%), para dejar un demoledor dato en el que solo cuatro de cada diez menores de 25 años tienen trabajo.
En muchas ocasiones, los cambios políticos y normativos surgen a raíz de nuevas realidades sociales y económicas. Se acaba de tramitar la Ley del Teletrabajo en España, que responde a una transformación social y empresarial ya en ciernes, aunque acelerada por la pandemia.
La oficina de estadística de la Unión Europea (UE), Eurostat, ha confirmado este viernes la histórica caída de la economía en el Viejo Continente en el segundo trimestre de 2020, cuando las medidas para controlar y prevenir los contagios por el nuevo coronavirus provocaron un auténtico shock en la actividad.
El teletrabajo ha llegado para quedarse. Es una de las frases más repetidas durante los meses del estricto confinamiento vivido en España como consecuencia de las medidas adoptadas para combatir la Covid-19. Y una de las predicciones más compartidas en las reflexiones sobre los efectos que dejará la trágica pandemia en nuestras vidas.
La crisis financiera de 2007 dejó muchas lecciones en Europa y muchas en materia de vivienda. Desde entonces, la mayoría de países ha recuperado una cierta normalidad en el ámbito inmobiliario tras registrar aumentos tanto en los precios de compra como de alquiler, pero hay excepciones, entre ellas, España.
La conciliación, los atascos en los accesos a las grandes ciudades o la sostenibilidad de nuestro estilo de vida son temas que recurrentemente se debatían antes de que el Covid-19 cambiara muchos aspectos de nuestras vidas. De hecho, algunas compañías ya habían tomado medidas que contemplaban la posibilidad de trabajar algunos días desde casa. No obstante, se trataba de iniciativas limitadas que no suponían un cambio real de modelo.
Lo apuntaba el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, hace solo unos días: los esfuerzos para acelerar “la recuperación económica y evitar los desequilibrios entre regiones” deben centrarse en dos actores principales: la investigación y las pymes.
Eurostat, el organismo estadístico europeo, acaba de crear un canal específico para dar información de interés sobre el coronavirus pero cuenta con llamativas carencias como los datos semanales de fallecimientos por regiones en el caso de España que el organismo europeo asegura que no están disponibles, un extremo sorprendente puesto que las comunidades autónomas están reportando este tipo de datos a diario al Gobierno español.
El mundo laboral atraviesa actualmente una vertiginosa fase de transformaciones. Comprende diversidades más amplias que nunca a raíz de los procesos coexistentes de globalización de las diferentes economías y las tecnologías de la información y la comunicación que influyen en los países y en sus ciudadanos.
El Ministerio de Hacienda achaca la diferencia de 0,19 puntos porcentuales (unos 2.200 millones de euros) entre el déficit público de España del 2,82% del PIB (2,83% si se incluye la ayuda financiera) en 2019 estimado y publicado este miércoles por Eurostat y el 2,64% calculado por el Gobierno hace semanas, a un cambio de criterio en la forma de contabilizar unos Activos Fiscales Diferidos (DTA, en sus siglas en inglés) y por la decisión del Gobierno de agilizar las devoluciones tributarias pendientes para inyectar liquidez a las empresas ante la crisis del Covid-19.
La tasa de paro de la zona euro se situó el pasado mes de febrero en el 7,3%, una décima por debajo del nivel del mes anterior y su mínimo desde marzo de 2008, mientras que en el conjunto de la UE se mantuvo estable en el 6,5%, repitiendo así su mejor lectura desde que en el año 2000 comenzara a elaborar sus registros Eurostat, que mantiene a España como el segundo país de la UE con peores cifras de paro, con un 13,6%, solo por detrás del 16,3% de Grecia, que solamente dispone de datos hasta diciembre de 2019.
La actividad en el campo no es rentable. Desde 2005, los precios que reciben agricultores y ganaderos por sus productos no han variado, según se desprende de los datos del Observatorio de Alimentos de Eurostat.
El 27% de los trabajadores mayores de 50 años desempeña su actividad dentro de la Administración Pública, Educación y Salud. Según el Banco de España, los mayores están ocupados en mayor proporción en la Administración Pública respecto al resto de las edades. Cuanto más alta es la formación más tienden a concentrarse en esta actividad profesional. Hasta el punto que el 50% de trabajadores entre 55 y 64 años con niveles de educación altos desarrollan su vida laboral vinculados a un empleo público. Mientras, el resto de trabajadores veteranos se enfrentan al riesgo de una retirada prematura por las exigencias de sus empleos y las dificultades de la pequeña empresa de adaptar su puesto de trabajo a su habilidades.
En la sociedad del conocimiento, si hay una inversión rentable, es la educación. Unos jóvenes bien formados, con capacidad de aprender y educados en valores es la mejor garantía del éxito de una sociedad. Muchos padres españoles consideran, con acierto, que la mejor herencia que pueden dejar a sus hijos es una buena educación.
El mercado laboral español arranca este 2020 en una buena posición si miramos lo que ha ocurrido en la última década y a pesar los síntomas de agotamiento de la última mitad de 2019. Cerramos el año con la ocupación en máximos históricos y según recuerda el último informe de Asempleo, aunque la tasa de paro es aún elevada, "parece situarse cerca de su nivel estructural de equilibrio".
La tasa de inflación interanual de la zona euro se situó el pasado mes de diciembre en el 1,3%, tres décimas por encima de la lectura de noviembre y su nivel más alto desde el pasado mes de junio, según ha confirmado la oficina estadística europea, Eurostat.
La economía de la zona euro creció un 0,2% en el tercer trimestre de 2019, manteniendo así el ritmo de expansión de los tres meses anteriores, mientras que en la Unión Europea (UE) el PIB creció un 0,3%, una décima por encima del segundo trimestre, según la segunda estimación del dato publicada por Eurostat.
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