Miguel Ángel García es investigador asociado de Fedea y profesor de economía aplicada en la URJC, también ha colaborado recientemente con el Instituto Santalucía y es una de las voces autorizadas del análisis del sistema de pensiones en España, ya que fue miembro del equipo de redacción del Pacto de Toledo. Ha sido uno de los profesionales más críticos con la reforma, y ahora es entrevistado por este medio. Díaz, esencialmente, quiere que la sociedad conozca las consecuencias de las nuevas medidas y reclama más información sobre "cuánto cuesta" y "quién paga" los esfuerzos extra de la nueva reforma.
El think tank de economía aplicada, Fedea, analiza el impacto presupuestario de la última reforma de pensiones. En concreto, uno de los condicionantes que actualiza la Ley tiene que ver con la cotización extra sobre todos los salarios para llenar la hucha de pensiones, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Esta cuota comienza gravando un 0,6% sobre todos los salarios, y tiene una cláusula de escape por la que, si el gasto en pensiones supera el 15% del PIB, se incrementarían las cotizaciones por contingencias comunes. Fedea prevé que, en la primera revisión -que será en la próxima legislatura- el Gobierno suba las cotizaciones para cubrir este desfase que prevé inmediato.
Los autónomos duplicarán su cuota media en cotizaciones tras la reforma de pensiones. En concreto, Fedea estima que los trabajadores por cuenta propia pagarán 6.400 euros al año en 2032 frente a los 3.500 que abonan en la actualidad. Un incremento que se realiza para reducir la brecha del 60% que existe entre las pensiones que percibe este colectivo frente a las del resto de asalariados.
La reforma de pensiones introduce una serie de medidas para tratar de garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social. Uno de los grandes pilares so: el plan Escrivá atribuye una reducción del gasto en pensiones del 1,5% del PIB a mitad de siglo considerando que, de forma voluntaria, el 55% de los trabajadores se jubilará 3 años más tarde (a los 68 años). Una previsión que dista de la actual realidad en el caso Español.
La reforma de pensiones que se aprueba hoy por real decreto-ley en el Congreso sirve para cumplir con Bruselas y asegurar la llegada de más fondos Next-Gen. Pero no para paliar los números rojos de la Seguridad Social. Más bien al contrario. Así lo estiman al menos los economistas de Fedea, que prevén un aumento del agujero financiero del sistema hasta rondar los 67.000 millones en 2050, cuando la Seguridad Social arrojaría un déficit cercano al 5% del PIB. Un agujero mucho mayor que el 1,3% que las pérdidas de dicho organismo suponían para la economía en 2019. Un incremento que no cabe tildar de alarmista, ya que se argumenta en la propia reforma de las pensiones cuyas medidas, que también generan dudas en el Banco de España y la AIReF, propiciarán un alza de los ingresos del 1,65%. Un porcentaje que palidece frente al aumento del gasto que Fedea sitúa en el 4,5%. Este incremento de los desembolsos se debe en parte a aspectos demográficos, como el retiro de la generación del baby boom. Pero también a iniciativas muy costosas como el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas por la revalorización con el IPC medio y la supresión del Factor de Sostenibilidad. Ante ello, las subidas de cotizaciones a los asalariados (Mecanismo de Equidad, ampliación de las bases máximas de cotización y cuota de solidaridad) y autónomos (nuevo sistema de cotización) se muestran totalmente insuficientes. En definitiva: el interés electoralista que hay detrás de la reforma del ministro José Luis Escrivá en la que se obvia el recorte del gasto fiándolo todo a los ingresos supone un castigo inútil a los que más cobran y aboca a un mayor desequilibrio en el sistema de pensiones.
El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, reconoció ayer, ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, el escaso alcance de su propia reforma de pensiones, acordada con la UE hace escasos días. Escrivá prevé una mejora de ingresos del orden del 1,1% del PIB a mitad de este siglo, apenas una cuarta parte del mayor gasto previsto para el sistema, según el contenido del Ageing Report de la Comisión Europea, situado en el equivalente al 4,5% del PIB. Ese será el bajo rendimiento de medidas como la ampliación de la base máxima de cotización más la creación de dos extracotizaciones "sin derecho a prestación", es decir, dos impuestos como son el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y cuota de solidaridad.
España tiene deberes en el nivel de protección social y económica de las familias, especialmente en aquellos núcleos que tiene menores a su cargo. Según recoge Fedea en un análisis del Anteproyecto de ley de familias, España destina un 1,3% de su Producto Interior Bruto (PIB) a esta partida, un 45% menos que la media de la Unión Europea, que asciende al 2,3% de su PIB. Con los datos de 2019 en la mano, el impacto presupuestario de la nueva norma recoge un incremento de la inversión de 622 millones de euros en prestaciones sociales, deducciones en IRPF por maternidad de hasta 1.200 euros anuales por hijo menor de tres años y prestaciones sociales focalizadas.
El 80% de los hogares recibió en el primer año de pandemia una cuantía de prestaciones sociales superior a lo que pagó en impuestos. El año 2020 supuso una ruptura en la intervención pública en comparación con años previos, según analiza Fedea, que concluye que la capacidad redistributiva del dinero público aceleró la reducción de la desigualdad en el reparto de la renta de mercado de los hogares en España.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que encabeza José Luis Escrivá mantiene sobre la mesa una propuesta para aumentar las bases de cotización 30 puntos más el IPC hasta mitad de siglo. El conocido destope es la herramienta elegida por el Gobierno para arañar ingresos extra de los salarios superiores a los 49.000 euros en los que está el límite actual y cubrir los 2030 y 2040, dos décadas de especial tensionamiento financiero de la Seguridad Social. En 2050, el gasto se elevará un 3,5% del PIB, mientras Fedea limita al 0,15% el impacto de este destope.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha avanzado que Castilla y León cerrará 2022 con un déficit del 0,9 por ciento del PIB, una previsión que señala a que siete comunidades cerrarán 2022 con un déficit por encima del 1 por ciento PIB, mientras que tan solo dos finalizarán el año con un saldo positivo en términos de Contabilidad Nacional.
El gasto social que abandera los Presupuestos Generales del gobierno de coalición para el próximo 2023 está cubierto en su mayor parte por el gasto dedicado a las pensiones. En una nota del director de Fedea, Ángel de la Fuente, sobre las cuentas presupuestarias alerta del incremento del gasto en pensiones sobre el PIB. Esta partida "ha crecido a un ritmo medio anual de cuatro décimas de PIB durante el último lustro, pese a que todavía no ha comenzado la jubilación de los baby boomers", alertan desde Fedea.
El debate entre Fedea y el Consejo General de Economistas (CGE) ha tratado la necesidad del Pacto de Rentas "de forma urgente". En concreto, sobre el impacto en los jubilados, Ángel de la Fuente explica que "habría que revalorizar las pensiones mínimas con la inflación, el margen es pequeño y son rentas modestas". De cara a un acuerdo amplio entre rentas, el director ejecutivo de Fedea apuesta por que el resto de pensiones se revaloricen por debajo de la inflación media anual, igual que los salarios y los funcionarios, "con la tasa que se marque para estos".
Las comunidades autónomas tuvieron un déficit estructural del 0,4% en 2021, por debajo del 1% de 2020, según cálculos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en su informe 'El saldo estructural de las Comunidades Autónomas, 2020-2021'.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha pedido a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que publique la información que exista acerca de cómo se han ejecutado los fondos Next Generaton gestionados por las administraciones territoriales y otras entidades públicas.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera que la estrategia adoptada para conseguir reforzar el segundo pilar del sistema de pensiones resulta "cuando menos cuestionable", ya que se ha optado, en particular, por reforzar los planes de pensiones de empleo a expensas de los planes individuales, concentrando en los primeros los incentivos fiscales al ahorro previsional en detrimento de los segundos. Así, según publica su director ejecutivo Ángel de la Fuente aboga por igualar los beneficios fiscales para incentivar también la otra pata del ahorro, los planes individuales.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) prevé que el gasto extra de revalorizar las pensiones indexadas a la evolución de la inflación cueste 10.200 millones el próximo ejercicio. En concreto, estiman que la indexación de la retribución pública para mantener el poder adquisitivo de los jubilados supone 1.700 millones de euros por cada punto de inflación.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera que la "asimetría" de trato entre los planes de pensiones individuales y de empleo plantea "serios problemas", ya que supone una "inequidad regulatoria y fiscal" y no está claro que aporte grandes beneficios.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advirtió este miércoles que el proceso de ejecución del grueso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está todavía en "su comienzo" y el dinero irá llegando a sus destinatarios a partir de finales de 2022 en adelante. Según advirtió la Fundación en su último boletín de seguimiento de la crisis del coronavirus y del Plan de Recuperación, el gasto ejecutado a finales de 2021 de los fondos era "todavía modesto".
La inflación amenaza con mantenerse elevada, al menos la primera mitad de 2022. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este viernes los datos definitivos del Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes de diciembre, en los que revisó a la baja la tasa general (ahora en un 6,5%, frente al 6,7% observado en el avance) y confirma la tasa subyacente en un llamativo 2,1% que pone en alerta a algunos economistas: el motor de la economía, la inflación subyacente, supondrá un nivel de precios que se prolongará más de lo esperado en las anteriores previsiones.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) propone reducir los impuestos que gravan la producción y el consumo eléctrico y sacar de la tarifa eléctrica algunos costes, como las retribuciones a la generación en los territorios extrapeninsulares, para hacer frente a la actual escalada de precios que registra la luz en el mercado mayorista.
En el segundo trimestre de este año había de medida 19,67 millones de personas ocupadas en España, según la Encuesta de Población Activa (EPA), lo que significa 133.500 por debajo de los 19,80 millones del mismo trimestre de hace dos años cuando no había pandemia. Aunque también, implica que se han recuperado algo más de un millón de puestos de trabajo sobre el segundo trimestre de 2020 cuando se decretó el estado de alarma. No obstante, la recuperación del empleo está siendo desigual. Según un informe de Fedea explotando los datos de la EPA en junio ya había siete comunidades autónomas con más ocupados que en el segundo trimestre de 2019. Los otras diez restantes siguen todavía sin alcanzar los niveles de empleo preCovid.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) aboga por mejorar el diseño de la jubilación activa y propone analizar la percepción de pensiones mínimas bajo la jubilación activa, que se exima de cotizar por contingencias comunes en las edades previas a la edad legal y considerar que la cuantía de la pensión compatibilizada sea mayor o menor al 50% actual.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha instado al Gobierno a "ir pensando" en eliminar gradualmente las medidas implantadas por la crisis del coronavirus, entre ellas, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte) y la supresión de las restricciones al despido.
José Ignacio Conde Ruiz (Madrid, 1969) expone el punto de vista académico sobre la coyuntura económica española. El catedrático Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) aboga firmemente por una continuidad de la recuperación ligada a la introducción de reformas y valora el mercado laboral. Sitúa a los economistas en los tonos grises frente a la ideologización de los políticos sobre la subida del salario mínimo.
En pleno debate sobre las vías para reducir la temporalidad, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha planteado dos posibles estrategias para acabar con la dualidad en el mercado laboral español: un modelo de contrato único indefinido, "posiblemente" acompañado de la llamada mochila austríaca que defiende el Banco de España, o un modelo simplificado de tres tipos de contratos (indefinido, temporal y formativo), en línea con el componente 23 del Plan de Recuperación.
Cada recesión produce un retroceso en la situación laboral de los jóvenes con una merma futura salarial que podría llegar al 40% debido a que no llega a recuperarse del todo en la expansión subsiguiente. Lo que genera una tendencia negativa en las condiciones iniciales de empleo de las sucesivas cohortes de jóvenes, según un informe elaborado por Fedea.
Durante los momentos más críticos de la pandemia y ante el cierre de la actividad no esencial, el delivery se encontró entre las pocas actividades consideradas como esenciales. Gracias a sus repartidores, o riders, se consiguió no sólo el abastecimiento de productos de primera necesidad para los colectivos vulnerables, sino el mantenimiento de la actividad económica del pequeño comercio a nivel local.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) pide en su último boletín que se suprima la 'prohibición' de despedir en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y "reducir las penalizaciones" si se incumple la cláusula que obliga a mantener el empleo durante seis meses, así como dar ayudas directas a las empresas más afectadas en forma de créditos participativos o deuda tributaria de carácter contingente.
El paso previo necesario para aprobar la reforma de pensiones en España, que el Ejecutivo prevé articular en dos fases, eche a andar pasa por remover algunos de los conceptos que hoy rigen la ley de las jubilaciones en nuestro país. Dos de estos aspectos que serán modificados y que el PSOE pidió recientemente en el Congreso derogar con carácter de urgencia son el conocido como IRP -el índice de revalorización de las pensiones que aplicó durante tres años subidas del 0,25%- y el conocido como factor de sostenibilidad previsto para incluir en el cálculo de la pensión las ganancias de esperanza de vida. Ambas medidas aplicada al mismo tiempo suponen imprimir un aumento del gasto en la partidas de pensiones de 44.000 millones de euros en los próximos años.
México
Argentina
Chile
Colombia
Perú
