Ya hay constructoras para el nuevo tramo de la L8 de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) que irá de Gràcia a plaza Espanya. El Govern recibió solamente una propuesta para realizar los trabajos y esta semana le dio su visto bueno. Así, a falta de hacerlo formalmente, aprobó la adjudicación a la alianza de empresas formada por Ferrovial, Sacyr, Copisa y Copcisa.
Es imposible definir la construcción de las líneas 9 y 10 del metro de Barcelona como una historia de éxito. Por mucho empeño que pongan los técnicos y por mucho que se hayan encontrado soluciones únicas para hacer frente a los retos que suponía el subsuelo de la capital catalana, más de 15 años de retrasos, un coste que triplica el previsto y la duda sobre la actuación de algunas empresas licitantes pesan demasiado. La pasada semana hizo un año desde que se retomaron los trabajos y elEconomista.es pudo bajar a las galerías para ver a la tuneladora en acción. Está previsto que los convoyes puedan circular por toda la vía a partir de 2027, pero no hay todavía fecha para saber cuándo la infraestructura estará operativa tal y como se diseñó, con todas sus estaciones.
Tras varias semanas de especulaciones, la Generalitat convoca formalmente las elecciones para la Cambra de Comerç de Barcelona y las demás cámaras catalanas. Los comicios se celebrarán el próximo 20 de septiembre de manera presencial y se habilitará la votación telemática del 15 al 19 de septiembre. De este modo, el plazo para presentar candidaturas irá desde el 24 de mayo hasta el 7 de julio.
La consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha anunciado que el Govern repetirá "todos los exámenes" de los 72 procesos de oposición celebrados el sábado organizados por una empresa externa y que sufrieron incidencias leves, graves y muy graves.
Con el fin de los préstamos antipandemia, el Institut Català de Finances (ICF) recupera sus niveles de 2019. La entidad controlada por la Generalitat incrementó la financiación otorgada a empresas por las dificultades económicas que provocó el coronavirus, pero con la recuperación económica la actividad regresó a niveles anteriores a la enfermedad. En 2022, la compañía otorgó financiación por 663,2 millones de euros, un 24% menos que en el ejercicio anterior.
Ni la Generalitat de Catalunya ni Acciona quedaron conformes con el fallo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el conflicto por Aigües Ter Llobregat (ATLL). La justicia condenó al Govern al pago de 304 millones de euros de indemnización por la privatización fallida de la concesionaria; una cifra que quedaba muy lejos de los más 1.000 millones que exigía la cotizada, que tiene vendidos los derechos del pleito al fondo Fortress. Ambas partes han recurrido la sentencia al Tribunal Supremo en busca de que se estimen todos sus argumentos.
A las puertas de las elecciones a la Cambra de Comerç de Barcelona de 2023, los comicios de 2019 todavía traen cola. La votación que dio el poder en la institución a Eines de País, la candidatura avalada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), fue impugnada rápidamente por un grupo de empresarios que lideraba Carles Tusquets, presidente de Banco Mediolanum. Desde entonces, seis fallos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) le han dado la razón, pero la Generalitat y el equipo de gobierno de la Cambra recurrieron al Tribunal Supremo, por lo que cinco todavía no llegaron a la fase de ejecución.
El parlamento de Cataluña rechazó este martes las enmiendas a la totalidad de los presupuestos de la Generalitat de 2023 gracias al apoyo de PSC, ERC y En Comú Podem. El trámite parlamentario discurrió sin sorpresas, pues el Ejecutivo arrancó el apoyo de PSC y comuns para sacar adelante las cuentas.
Los presupuestos más expansivos de los últimos 17 años en Cataluña también incorporaron una partida de gasto extraordinaria para la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el organismo que engloba TV3 y Catalunya Ràdio. El coste por ciudadano ha subido hasta un 33% desde el estallido de la pandemia y para la campaña 2023 ha alcanzado un pico de 44 euros por catalán; un 70% más, por ejemplo, de los 25,6 euros que pagó cada español para financiar Radio Televisión Española (RTVE).
Las elecciones de las cámaras catalanas vuelven a estar rodeadas de polémica. Después de que la justicia anulara los comicios de la Cambra de Barcelona de 2019 por los problemas detectados en el voto electrónico, la Generalitat volvió a contratar al mismo auditor que supervisó el sufragio cibernético entonces. Por ello, una empresa pide suspender la adjudicación ya que, entiende, se vulnera el principio de igualdad y los derechos fundamentales de la población con derecho a votar.
Ya lo advirtió el conseller d'Empresa, Roger Torrent, en la presentación del último plan estratégico: "Todos los circuitos de estas características son deficitarios debido a que los costes de mantenimiento son muy altos". Y parece que la Generalitat ya da por descontado que esta situación se mantenga en el Circuit de Catalunya. A pesar de las inyecciones de capital periódicas que el Ejecutivo le otorga, el recinto perdió dinero en 2022 y lo volverá a perder en 2023. Los ingresos suben, pero el gasto lo hace todavía más.
A pesar de la incertidumbre económica que presidió el 2022, la Generalitat logró materializar inversiones por valor de 619,3 millones de euros en Cataluña, el dato más alto de la serie histórica. A través de su agencia Acció, el ejecutivo atrajo a 94 proyectos de multinacionales, la mayor parte de otros países de Europa. Logró movilizar el mayor volumen de dinero de la serie histórica, aunque es apenas el 1,2% superior a la cifra de 2021.
La Generalitat de Catalunya ya tiene quién le sirva la energía para todo 2023. La administración catalana agrupa buena parte de sus contratos a través de dos macrolicitaciones con tal de obtener mejores condiciones para los diferentes organismos que engloba. El pasado diciembre cerró las adjudicaciones por un valor conjunto que supera los 540 millones de euros entre electricidad y gas y que coparon Acciona y Naturgy.
Con la entrada del año, la Generalitat de Catalunya hace efectiva la recuperación del Eix Transversal. El Govern emprendió a mediados de 2022 el camino para volver a operar la concesión, hasta el momento en manos de Cedinsa –una firma controlada por el fondo francés Natixis- previo pago de 479,3 millones de euros. Una vez realizado el pago, el Ejecutivo catalán inicia la gestión de la vía, en la que invertirá 62 millones en los próximos cuatro años.
La privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL) acabará saliendo a devolver para la Generalitat. La venta de la concesionaria diseñada por el Gobierno de Artur Mas en 2012 debía servir para inyectar 1.000 millones de euros a las arcas catalanas, pero el dinero no solo no llegó, sino que le tocará pagar. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha emitido un fallo en el que obliga a la Generalitat a devolver 304 millones de euros en el contencioso abierto hace cuatro años después de que los tribunales anulasen su adjudicación a un consorcio liderado por Acciona.
El proceso de negociación política del Gobierno para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 se ha saldado con compromisos que aumentan de forma directa un 44% las inversiones para Cataluña respecto al proyecto inicial de las cuentas estatales para el próximo año, con un total de casi 1.100 millones de euros adicionales que tienen como destino final específico el territorio catalán.
Una década después, la automovilística Chery vuelve a interesarse por Cataluña. En 2010 los ejecutivos de la firma china se llegaron a reunir con el entonces presidente de la Generalitat, José Montilla, pero el acercamiento quedó en nada. Ahora, la compañía ha vuelto a poner sus ojos en la región. Irrumpió tarde en el concurso de reindustrialización de Nissan Zona Franca, pero la próxima semana una delegación del fabricante viajará a Barcelona para reunirse con el Govern en busca de ubicaciones alternativas para instalar una factoría con la que pretende ensamblar hasta 300.000 vehículos eléctricos al año.
El Ministerio de Hacienda ha puesto el foco en las aportaciones que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona realizan a sus servicios de transporte público. La administración catalana debe realizar inyecciones de capital periódicas para sufragar el coste del Metro, el autobús o los ferrocarriles y el fisco quiere recaudar el IVA de estas ayudas. La entidad que coordina las diferentes plataformas no está de acuerdo y mantiene un litigio legal en el que están en juego hasta 95,6 millones de euros.
Ya antes de saltar a la escena pública para rescatar empresas durante la pandemia, la Sepi y sus homólogos autonómicos jugaban un papel de impulso y apoyo a las compañías del país. En el caso de Cataluña, Avançsa es la sociedad que agrupa las participaciones industriales de la Generalitat y actúa a veces como fuente de financiación de firmas en el territorio. No siempre con buen tino, a ojos de los auditores. El último informe de la Sindicatura de Cuentas le da un tirón de orejas por un crédito concedido a la firma de distribución Ulabox que, a su juicio, no estaba justificado.
Tras asegurarse la Formula 1 y la MotoGP hasta 2026, el Circuit de Catalunya busca como generar ingresos más allá de los días de competición. El recinto está en números rojos desde hace años y a pesar de las inyecciones de dinero público aportadas por la Generalitat la situación no ha cambiado. Por ello el Govern ha cambiado el enfoque: asume que las pérdidas son inevitables, pero mantiene su apuesta por la instalación por el retorno turístico, de imagen y para la industria del motor que tiene.
Una semana después de que la Cámara de Comercio de Barcelona rebajara las previsiones de crecimiento de la economía catalana, la Generalitat confirma la desaceleración de la actividad de la autonomía. Si en el primer trimestre la expansión fue del 6,4%, en el segundo se quedó en el 4,8%. Y gracias al boom turístico.
Discrepancias en el seno del Govern. Y no por motivos soberanistas. Esquerra Republicana y Junts chocan por la gestión de los impuestos de Patrimonio y Sucesiones de cara a la negociación de los próximos presupuestos. Mientras Junts aprobó en su último congreso pedir la eliminación de ambos tributos, su socio de gobierno asegura que no se van a tocar. Más después de la experiencia de hace una década, cuando se retiraron y hubo que volver a ponerlos.
La palabra recesión ya no es un tabú entre los dirigentes políticos. Aunque no es el caso catalán, el conseller de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, ya advierte que "algunos países europeos entrarán en recesión" mientras admite que la economía del territorio crecerá menos de lo previsto a comienzos de año por el impacto de la guerra de Ucrania y la subida de los precios de la energía. La escalada será del 4,9% en 2022 y del 2,9% en 2023.
El mundo empresarial y el Gobierno se resisten a darlo por perdido, pero lo cierto es que cada vez hay más piedras en el camino para la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Si encontrar el consenso político necesario ya parecía una quimera, la nueva propuesta ambiental de la Generalitat dificulta todavía más la propuesta de Aena para alargar la tercera pista del aeródromo catalán.
Cataluña da la espalda a los cruceros. Si hace semanas era la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la que pedía poner límites al sector, ahora es la Generalitat quien prepara un nuevo impuesto para los navíos que atraquen en sus puertos. Será el tercero que sufrague una industria que ya hace frente a las tasas turísticas tanto de la comunidad como del consistorio.
La Generalitat de Catalunya plantea implementar un impuesto de 20 céntimos por cigarrillo con tal de fomentar el reciclaje de las colillas. Para fomentar la devolución de los restos del tabaco, el Govern estudia reembolsar el coste de la tasa a los usuarios que contribuyan a recuperar los desperdicios.
Según el portal fonseuropeus.gencat.cat, puesto en marcha por el Govern para ofrecer información sobre las ayudas europeas a las empresas catalanas, la región gestionará gestionará aproximadamente 2.742 millones de euros, es decir, un 15,25% de los 18.000 millones de euros que recibirá España este 2022.
La Generalitat de Cataluña acometerá el mayor proceso de reducción de la temporalidad de su historia para cumplir con los objetivos marcados por Bruselas para recibir los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que supondrá convertir en indefinidos 59.000 puestos de trabajo temporales.
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