El sector del transporte en autobús de la Comunidad Valenciana está en vilo, después de que uno de los mayores contratos públicos, el de las rutas de los autobuses de los colegios públicos en sus tres provincias, haya quedado de momento en el aire.
La Generalitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig continúa adelante con su política de revertir el modelo de concesiones privadas de gestión sanitaria en la autonomía y este mismo mes pondrá en marcha el proceso burocrático para poner fin a la concesión del hospital de Dénia (Alicante) y su departamento de salud, en manos del grupo sanitario Ribera.
La batalla legal por la reversión del servicio de las estaciones de Inspección Técnica de Servicio (ITV) en la Comunidad Valenciana ya está servida cuando apenas queda mes y medio para que se deba formalizar el traspaso a la nueva empresa pública. La patronal Aecova y varias de las 7 concesionarias han recurrido ya el plazo dado, hasta el 23 de febrero en algunos casos y el 3 de marzo en otros, para ampliar las concesiones por el lucro cesante durante la pandemia, además de la decisión de eliminar la prueba de ruido a los turismos.
El conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Arcadi España, reconoció que el objetivo del incremento constante de los presupuestos públicos año tras año deja en el aire una cuestión: "¿Estamos gastando bien?". España, mano derecha del presidente valenciano Ximo Puig anunció varias medidas que tiene intención de poner en marcha el Ejecutivo valenciano cuando apenas quedan uso meses para las próximas elecciones autonómicas precisamente con el objetivo de asegurar la eficiencia del gasto autonómico, que se ha incrementado sin freno desde la llegada del Botànic hace 8 años y aún más con la pandemia y la crisis inflacionista. "No es solo ahorrar, es gastar mejor", apuntó.
A medida que avanza la cuenta atrás para las próximas elecciones autonómicas la relación entre el presidente de la que es la autonomía gobernada por los socialistas con mayor población, la Comunidad Valenciana, y el Gobierno de Pedro Sánchez se está haciendo cada vez más tirante. La guerra del agua reabierta por el recorte del trasvase Tajo-Segura del Ejecutivo Central se ha convertido en el enfrentamiento más evidente entre el líder valenciano y el presidente, pero no es la única desavenencia que ha estallado en los últimos meses.
La decisión de la Conselleria de Economía de la Generalitat Valenciana de suprimir la prueba de ruido en las inspecciones obligatoria de vehículos desde el 1 de enero ha dado un nuevo argumento a la patronal del sector para tratar de alargar el plazo antes de que se den por finalizadas sus concesiones. El plazo inicial vencía el pasado 31 de diciembre, pero se amplío hasta el 22 de febrero para compensar la inactividad durante la pandemia.
El Gobierno valenciano de coalición de izquierdas que preside Ximo Puig ha convertido el aumento del gasto social como una de sus grandes banderas. Y para hacerlo realidad la Generalitat Valenciana incrementa año tras año el gasto fuera de presupuesto y sin los controles que marca la propia ley, según el último informe de la Sindicatura de Cuentas autonómica.
En plena cuenta atrás para la reversión de las estaciones del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se ha desatado una nueva polémica entre concesionarios y la Conselleria de Economía que dirige Rafa Climent. La Generalitat ha publicado la supresión de la prueba de ruido en las inspecciones obligatorias a partir del próximo 1 de enero, una medición que sólo se realizaba en la región y que tradicionalmente ha encarecido la inspección.
El presidente valenciano, Ximo Puig, ha situado la lucha contra la inflación como la "prioridad máxima" de la Generalitat Valenciana para el próximo año. Un 2023 marcado por una cita electoral autonómica a la que no se refirió durante su discurso institucional de final de año.
Las ayudas públicas adicionales para el proyecto estrella dentro de los planes para el coche eléctrico de Seat y el Grupo Volkswagen, la gigafactoría de baterías de Sagunto, empiezan a despejarse. El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprovechado el Decreto-Ley de medidas anticrisis por los efectos de la guerra de Ucrania y la inflación para incluir una ayuda de 90 millones de euros a la Generalitat Valenciana para acometer la gigafactoría.
El último sondeo recoge amplias horquillas de voto y da más posibilidades a un gobierno de izquierdas que reedite el Botànic, pese a estimar que Compromís retrocederá.
La segunda cumbre Comunidad Valenciana-Baleares además de mostrar la buena sintonía entre los tripartitos que gobiernan ambas regiones y las aspiraciones federalistas de sus dos presidentes socialistas ha servido para concretar medidas en uno de sus principales motores económicos: el turismo.
Después de más de una década de debates sobre la fórmula para el rescate de la institución Feria Muestrario Internacional de Valencia, el patronato de la asociación de utilidad pública responsable de Feria Valencia ya tiene fecha para disolver la entidad y aprobar la cesión de sus activos a la empresa pública de la Generalitat Valenciana que asumirá su actividad y su recinto. El próximo 10 de marzo el órgano de gobierno en que participan entre otros Ayuntamiento y Generalitat deber dar el visto bueno.
La creación de una nueva terminal de contenedores en el puerto de Valencia ya ha llegado a los tribunales y la vía judicial amenaza con sembrar de incertidumbre un proyecto en el que está prevista una inversión de 1.564 millones de euros.
La mayor inversión prevista en el puerto de Valencia, la nueva terminal norte de contenedores a la que se presentó el gigante naviero MSC, por fin avanza en su tramitación después de tres años de informes y polémica política. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia ha aprobado el proyecto de construcción con el voto en contra del propio alcalde de Valencia, Joan Ribó, y un representante de la Generalitat Valenciana designado por Compromís, que junto a Podemos se opone al proyecto.
Los impuestos vuelven a dividir a los socios del Gobierno valenciano de izquierdas que preside Ximo Puig. La Comisión de Economía del parlamento valenciano ha aprobado la enmienda a la Ley de Acompañamiento de los presupuestos presentada por los socialistas para ampliar la bonificación del impuesto de Sucesiones a las empresas que superen los 10 millones de euros de negocio con el voto a favor de los partidos de la oposición y los votos en contra de Compromís y Podemos, socios de Puig.
El transporte gratis para los menores de 30 años en los transportes públicos que dependen de la Generalitat Valenciana, una de las medidas estrella de Ximo Puig contra la inflación, será costeado en parte por el Estado, que también financiará la compra de los nuevos tranvías de FGV. Además, el Gobierno central ha aprobado otro convenio de 200 millones de euros con la Generalitat para infraestructuras hasta 2025. Ambos se corresponden a los 300 millones incluidos en los PGE de este año que se anunciaron hace un año.
Nuevo toque de atención de la patronal valenciano al Gobierno de coalición de izquierdas que preside Ximo Puig y especialmente a sus socios de Compromís, por el bloqueo en la tramitación de nuevas centrales de energías fotovoltaicas en plena crisis energética y tras meses anunciado cambios para agilizar los trámites.
El director general de la empresa pública que asumirá la gestión de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) tras la reversión a partir del próximo mes de enero será el actual alcalde de Albaida, Josep Antoni Albert. El nuevo directivo público pertenece a la coalición del propio conseller de Economía, Rafa Climent, y ya había anunciado que no se presentaría a la reelección el próximo año.
El presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, considera que el Gobierno central como al autonómico deberían centrar sus esfuerzos en mejorar la eficiencia del gasto público más que en incrementar la presión fiscal y puso como ejemplo "los cuellos de botella" en la gestión de los fondos europeos y los efectos que según algunas voces está teniendo en el menor crecimiento previsto de la economía española.
Power Holdco, la empresa del Grupo Volkswagen especializada en la producción de baterías de coche eléctrico que asumirá la futura gigafactoría prevista en Sagunto, invertirá 1.000 millones de euros más en esas instalaciones una vez se inicie la producción en la planta. Una cifra que se sumará a los 3.500 millones previstos hasta 2026 para poner en marcha la planta e instalar las centrales de energía fotovoltaica que la abastecerán.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha calificado de "histórica" la confirmación de que Volkswagen construirá de la gigafactoría de baterías en la localidad valenciana de Sagunto. "Nuestra mejor noticia empresarial en medio siglo", ha aseverado.
Una de las medidas estrellas de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Vivienda para la colaboración público privada, la licitación de 17 solares públicos para que sean promovidos y gestionados como alquiler social por empresas privadas, vuelve a retrasarse.
La reforma fiscal pactada por los socios del Gobierno de coalición del Botànic no es el final de la batalla fiscal... y menos en un año electoral. La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y las dos grandes asociaciones de empresa familiar de Valencia y Alicante, el Instituto Valenciano de la Empresa Familiar (IVEFA), y la Asociación de Empresas Familiar de la Provincia de Alicante (AEFA), no quieren que el rechazo de Compromís y Podemos para ampliar la bonificación al Impuesto de Sucesiones pueda echar en saco roto el compromiso del propio presidente Ximo Puig.
La reforma fiscal que han pactado los tres socios de izquierda de la Generalitat Valenciana está marcada por su provisionalidad y no sólo por la bajada del IRPF para las rentas de menos de 60.000 euros que se aplica con carácter retroactivo para 2022. El propio texto del proyectos de la Ley de Presupuestos deja claro que la modificación al alza del Impuesto de Patrimonio contemplada será de carácter transitorio.
El conseller de Economía, Rafael Climent, culpó en parte de los retrasos en la tramitación de las nuevas plantas de energía fotovoltaica a los propios promotores por la falta de documentación en las solicitudes realizadas e incluso señaló que su departamento se estaba encontrando con "dificultades para la acreditación de capacidad técnica y económica" de los proyectos presentados.
El Gobierno valenciano de izquierdas que preside Ximo Puig anunció una reforma fiscal apenas unos días antes de presentar su proyecto de presupuestos para el próximo año. Una muestra de como la negociación entre los socios del Gobierno de coalición de ambas cuestiones ha ido de la mano.
Dos días después de presentar el proyecto de Presupuestos y después de los anuncios de su reforma fiscal en la que no lo mencionó, el PSPV ha desvelado que incluirá una enmienda al proyecto de ley presupuestaria para incluir la reclamación de la empresa familiar de bonificar el Impuesto de Sucesiones y eliminar el límite a las que facturan más de 10 millones de euros.
La Generalitat Valenciana del Gobierno de coalición de izquierdas vuelve a incrementar su presupuesto, que crece un 1,7% más que el del ejercicio anterior hasta 28.418 millones de euros, y, sobre todo, su gasto. En 2023 el Gobierno autonómico prevé un gasto real de 22.116 millones de euros, un 6,8% más, si no se incluye el presupuesto financiero.
Francisco Vallejo preside el Instituto Valenciano de la Empresa Familiar (Ivefa), que aglutina a 260 grupos familiares con suman más de 500 empresas valencianas. Además de apoyar todo tipo de iniciativas para garantizar el relevo generacional, uno de sus caballos de batalla en estos años ha sido reclamar mejoras fiscales para favorecer la continuidad, especialmente en el Impuesto de Sucesiones que aplica la Generalitat Valenciana.
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