Las Cámaras de Zaragoza, Huesca y Teruel se han incorporado a la Red de Agentes colaboradores del ICO mediante la firma de un acuerdo por el que los empresarios de Aragón podrán recibir asesoramiento sobre los programas de financiación del Instituto de Crédito Oficial.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha fichado al despacho Ceca-Magán para dar apoyo a su departamento de asesoría jurídica. Así consta en la documentación del Portal de Contratación del Estado en el que se señala que el plazo inicial es de un año.
Los economistas ven con incertidumbre las reestructuraciones de empresas que tengan créditos avalados por el ICO, a pesar de la modificación que el Ejecutivo hizo en la Ley Concursal a finales de diciembre a través de la Disposición Adicional Octava para agilizar los procesos de las compañías que tuvieran esta financiación. Según los expertos consultados, creen que el cambio va a funcionar aunque parte de una inseguridad jurídica en el juicio, por ello aseguran que la solución pasaría por una modificación normativa que fije que estos créditos pueden integrarse en la clase de crédito financiero.
Los créditos avalados por ICO que concedieron las entidades a empresas, pymes y autónomos en pleno confinamiento apuntan a protagonizar la nueva oleada de demandas contra la banca. Los grupos financieros ya han recibido más de 30 demandas en los tribunales que piden la nulidad de los avales ICO, mientras despachos especializados en estas acciones trabajan en preparar, al menos, otras 300 demandas más, según informan a elEconomista.
El Gobierno enmienda uno de los puntos más polémicos que contenía la redacción actual de la nueva Ley Concursal. En concreto, el Ejecutivo acaba con la obligación de que las modificaciones en préstamos avalados por el ICO tengan que contar con el placet de la Agencia Tributaria, cuando su objetivo sea extender el plazo de devolución hasta 8-10 años o establecer dos años de carencias en el pago.
El Gobierno ha modificado por sorpresa la reciente ley concursal para aclarar algunas dudas e incongruencias vinculadas a los créditos avalados por el ICO que amenazaban con atascar los procesos y poner, incluso, en riesgo a las empresas, en contra del espíritu de la normativa que busca, precisamente, agilizar los trámites para dar mayor viabilidad a las compañías.
La sostenibilidad no es un concepto abstracto en la estrategia de las empresas, sino que requiere de una financiación de sus procesos productivos y de negocio, sobre todo en las pymes. Y la importancia que está adquiriendo se comprueba con los datos del Instituto de Crédito Oficial, uno de los mayores suministradores de crédito en este ámbito.
Una medida de excepción como la constituida por los créditos avalados por el ICO para pymes y autónomos cumplirá en el próximo mes de marzo tres años consecutivos en vigor. Muy al contrario, el Gobierno no dudó, durante uno de los últimos Consejos de Ministros de este año, incluso en prolongar la vigencia de una parte de ellos (los más vinculados a la crisis de Ucrania) hasta el 31 de diciembre del ejercicio que viene. Se trata de una decisión que resulta inevitable interpretar en clave electoralista, ya que en 2023 tendrán lugar comicios autonómicos y municipales y, más tarde, elecciones generales. Con la prórroga de los avales ICO, es claro que el Gobierno quiere concurrir a esas citas con las urnas disponiendo de una red de seguridad que contribuirá a evitar más cierres de pequeñas empresas, en un año tan conflictivo como el que se avecina. Ahora bien, la medida constituye una demora del problema y no la búsqueda de una solución efectiva. Lo demuestra el hecho de que el 45% de las pymes y autónomos que solicitaron este tipo de ayuda prevén que serán incapaces de devolver dichos préstamos en tiempo y forma, pese a conocer ya el plazo otra vez prorrogado para su devolución. Todo apunta a que, a medida que 2023 vaya avanzando, ese porcentaje se incrementará. Basta con observar el panorama que dibujan otros indicadores como el referido a la petición de concursos de acreedores, el cual registra crecimientos del 100% desde que la moratoria concursal terminó el pasado verano. Una parte importante del tejido empresarial español aún se encuentra convaleciente tras los daños causados por la epidemia y, más recientemente, la alta inflación, y hay visos de que lo peor en cuanto a cierres e impagos está por llegar.
Los fondos de deuda extranjeros e inversores internacionales distressed (vehículos especializados en compra de deuda con mayor riesgo de ser fallida) sondean a la banca española y al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para poder comprar los créditos avalados por el Estado y concedidos a las grandes empresas durante los peores momentos de la pandemia. La reforma de la Ley Concursal impide que una empresa con problemas de solvencia pueda refinanciar un crédito ICO, a menos que cuente con el visto bueno de la Agencia Tributaria. Una luz verde que, según los expertos en materia concursal, retrasará cualquier procedimiento de reestructuración.
A pesar de la recuperación del tráfico aéreo, Volotea sigue entre algodones. La compañía recibió en junio un rescate de 200 millones de euros de la SEPI para hacer frente al impacto del coronavirus y en los últimos meses ha conseguido el visto bueno de la banca para aplazar los créditos solicitados durante el periodo más duro de la pandemia. También el de dos entidades públicas, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Institut Català de Finances (ICF), con los que tiene comprometidos hasta 150 millones.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) encarará la primera ventana clave para testar la solvencia de la financiación que avala con un balance fortalecido. El organismo aumentó al 160% la hucha de provisiones sobre activos en riesgo a finales del pasado mes de junio frente al 145% de un año antes aún cuando los impagos han permanecido a raya.
El Mercado de Renta Fija (Marf) ha admitido a negociación un nuevo Programa de Pagarés de Empresa por 25 millones de la compañía Aenor, que accede a los mercados de capitales por primera vez para financiarse y diversificar sus recursos. En 2021, la cifra de negocios de la compañía fue de 88,2 millones y su ebitda alcanzó los 4,5 millones de euros.
El diputado del PP Juan Carlos Gracia Suso defenderá, este jueves, en Comisión de las Cortes de Aragón una proposición no de ley para pedir al Gobierno autonómico que solicite al central que permita que los empresarios y autónomos hosteleros puedan incorporarse al periodo de carencia de seis meses para empezar a pagar los créditos ICO que se les concedieron para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia de la COVID-19.
La combinación de la desaceleración económica con la inflación en subida libre por culpa de la guerra y un euribor al alza representa un cóctel peligroso en términos de solvencia. Bancos, expertos y hasta el Banco de España descuentan que se traducirá en impagos porque mete presión a las empresas, y el supervisor no desperdicia oportunidad para reclamar a la banca que no libere las provisiones acopiadas durante la pandemia por lo que pueda llegar. Uno de los riesgos bajo foco es la financiación otorgada a sectores dañados durante la crisis del Covid con aval del ICO, aunque fuentes financieras aseguran que hay cierto confort, precisamente, por ese escudo público. Si explotase su deterioro el sector tendría colchón para encarar un 40% de potenciales impagos -algo que nadie espera-, estima el senior director de Alvarez & Marsal, Eduardo Areilza. Su capacidad es alta porque el riesgo está muy limitado y tienen además hucha en provisiones sin utilizar.
Los créditos ICO han salvado a muchas empresas de la quiebra durante la pandemia. Pero ahora que se acerca el fin del periodo de moratorias, su existencia supone un problema para la banca.
Seaya Ventures va a lanzar junto al Instituto de Crédito Oficial (ICO), Iberdrola, a través de su Programa de startups PERSEO, y Nortia Capital el fondo Andromeda, para acelerar la transición energética y la sostenibilidad. Así lo ha adelantado este jueves la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
La brutal sacudida que la guerra declarada por Rusia a Ucrania está propinando a las empresas continentales a través del feroz encarecimiento de la energía y el desabastecimiento ha obligado a reaccionar a Europa. Y en España quedan unos 47.422 millones de euros sin utilizar de mecanismos habilitados desde 2020 para ayudar a empresas y autónomos a sortear la crisis de la pandemia que podrían ser parte de la solución.
Pimec ha alertado este martes de que hay 50.000 empresas catalanas en riesgo de quiebra -el 10% del total de empresas de la región- si no se amplía el plazo para devolver los créditos ICO Covid, por lo que ha pedido priorizar esta ampliación a las empresas que lo necesiten y que la banca aplique una actitud proactiva y evite afectaciones en la calificación.
Empresas, pymes y autónomos que solicitaron avales ICO para sobrevivir a la pandemia y se acogieron hace un año a la posibilidad de extender por doce mes el inicio de la devolución afrontan en dos semanas el fin del periodo de carencia. Compañías y autónomos coinciden: la actividad no se ha recuperado, los costes han crecido con la inflación y el encarecimiento de la energía y la guerra de Rusia ha llegado para añadir más incertidumbre a la economía. Ante este escenario, piden al Gobierno que vuelva a ampliar el periodo de carencia hasta dos años más.
El Corte Inglés está ultimado la refinanciación de 2.600 millones de euros de un préstamo avalado por el ICO de 1.301 millones de euros, un préstamo sindicado de 1.000 millones de euros, y una línea revolving de una cuantía similar. El diario Vozpópuli hablaba de un acuerdo ya cerrado, pero fuentes de El Corte Inglés aseguran que el el mismo todavía se está ultimando.
La fuerte erosión sufrida por el tejido productivo en España en los dos años ya casi cumplidos desde el estallido de la pandemia deja un horizonte, en plena recuperación, en el que la creación de empleo se podría ver limitada en el medio plazo. Concretamente, a finales del pasado 2021 -últimas cifras oficiales disponibles-, nuestro país registraba 77.831 empresas menos de alta en la Seguridad Social. Pero es más, si observamos la sangría de cierres que se experimentó en los peores meses de la pandemia, los del confinamiento en los meses de marzo y abril de 2020, solo se han podido recuperar el 40% de todas esas empresas que cesaron su actividad.
Nuevo impuso para Endesa en su carrera por conquistar la descarbonización en 2040. La directora general de negocios del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Rosario Casero, y el director general financiero de Endesa, Luca Passa, han suscrito hoy un préstamo de 300 millones de euros para financiar su estrategia de inversión y despliegue de energía renovable en España.
A pesar de las favorables perspectivas económicas, los impagos comienzan a despuntar en la financiación expedida 'ad hoc' y con condiciones especiales para evitar mayores males a las empresas y familias a raíz de la crisis provocada por la pandemia del Covid. Un 7,7% del stock vivo en moratorias crediticias de la banca española sufre ya morosidad y es similar al 6,4% que acusan las financiaciones con moratorias vencidas, mientras que los impactos en préstamos avalados por el ICO continúan a raya en el 2%, aunque en clara tendencia al alza.
El Banco de España ha observado ciertas señales de deterioro de la calidad del crédito, con un notable aumento de los préstamos en vigilancia especial y de las refinanciaciones, especialmente entre los clientes con aval ICO, por lo que ha avisado de que, de materializarse los riesgos latentes, parte de las entidades financieras tendrían que realizar provisiones adicionales en los próximos años.
El pasado 17 de marzo de 2020 el Gobierno aprobó el mayor paquete de medidas económicas de la historia de España para mitigar el impacto del Covid-19. Después de un año y medio de pandemia y cinco olas de contagios, ciertos sectores y negocios, y de manera muy desigual, han sufrido las consecuencias económicas de las necesarias medidas sanitarias llevadas a cabo para contener la evolución del virus. Cabe destacar que las consecuencias económicas en los negocios han ido evolucionando de manera paralela a la situación sanitaria y eso ha impactado significativamente en las tres líneas de sustentación de la viabilidad de una compañía.
A tan solo unos días de que termine el plazo para solicitar los créditos ICO del alquiler destinados a personas en situación de vulnerabilidad, los datos confirman que la medida del Gobierno no ha tenido el éxito esperado. Ni mucho menos. El Ejecutivo solo ha financiado 7.668 préstamos desde que comenzó la crisis del coronavirus, lo que representa menos del 2% de las potenciales familias a las que esperaban alcanzar.
La organización liderada por el productor televisivo José Luis Moreno se habría beneficiado de "multitud" de créditos ICO concedidos por los bancos por el covid-19, como por ejemplo unas Ayudas COVID aprobadas por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia por valor de 10.000 euros.
En la entrega por fascículos del Balance del Gobierno de Pedro Sánchez, presentado la semana pasada en Moncloa, con el nombre de 'Cumplimos', el miércoles la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, dio a conocer públicamente un compendio de actuaciones e inversiones por valor de 7.775 millones de euros para la Comunidad de Madrid, a lo largo de este primer semestre. Con estos datos, González subrayó que el Ejecutivo de España sí que cumple con la administración que preside la rival política, Isabel Díaz Ayuso.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) "ya tiene disponibles" para este 2021 los primeros 500 millones de dinero público para financiar empresas digitales y proyectos tecnológicos de alto impacto, con el fin de contribuir a impulsar su crecimiento en España.
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