Foment del Treball eleva el tono contra el Impuesto de Patrimonio. La patronal catalana ha presentado este martes un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para pedir que se lleve al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre el tributo. La entidad hace ya años que hace campaña contra la norma y ahora busca una nueva vía para lograr de eliminarlo.
Hacienda aprovecha la ambigüedad con la que modificó el pasado diciembre el Impuesto de Patrimonio para gravar a los no residentes que tengan inmuebles en España a través de sociedad extranjeras y matiza ahora que estos inversores tendrán que pagar el tributo no solo por los activos que tienen en nuestro país, sino también por el resto de activos inmobiliarios que conformen la sociedad. Eso sí, solo pagarán el impuesto aquellas sociedades que tengan el 50% de sus activos o más en España.
E l plazo de presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2022, cualquiera que sea su resultado (a ingresar o negativa), es el comprendido entre los días 11 de abril y 30 de junio de 2023, ambos inclusive. No obstante, si el resultado es a ingresar y su pago se domicilia en cuenta la presentación no podrá realizarse con posterioridad al día 27 de junio de 2023.
La Agencia Tributaria Valenciana ha hecho balance de sus actividades antifraude durante el año pasado, en que cerca de dos de cada diez euros que recaudó por sus inspecciones ha correspondido al polémico Impuesto de Patrimonio. En total, el organismo tributario cifra en 125,7 millones de euros el total de dinero que ingresaron las arcas autonómicas por sus actuaciones.
Ya se encuentran publicados en la sede los nuevos valores de referencia (VdR) para los inmuebles urbanos con uso residencial, así como para los rústicos sin construcción con cultivos representativos para el año 2023. También siguen disponibles los valores para consulta los VdR de 2022.
Las direcciones del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi-EE han anunciado el inicio de las conversaciones para abordar la reforma de la fiscalidad de Euskadi, una demanda unánime de empresarios y políticos al Ejecutivo vasco que no pudo realizarse en 2020 debido a la pandemia.
Las consecuencias de la aplicación del impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, al menos en la Comunidad de Madrid, pueden ser demoledoras. Las estimaciones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso vaticinan una pérdida de recaudación de hasta 5.000 millones de euros, lo que significa el 20% del total del Presupuesto del Ejecutivo regional, que es de 25.738 millones para 2023.
El Gobierno de Pedro Sánchez parece estar dispuesto a negociar con las comunidades vasca y navarra la aplicación de los últimos tres impuestos propuestos por el Ejecutivo de coalición: el impuesto a las energéticas, a la banca y, el impuesto de la Solidaridad a las Grandes Fortunas, tributos que se pondrían en marcha en el próximo ejercicio presupuestario.
El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso somete este jueves a la votación de la Asamblea de Madrid la Ley de Defensa de la Autonomía Financiera de la Comunidad, normativa con la que el equipo de la líder popular madrileña pretende blindar, entre otros aspectos, las competencias fiscales de la administración que preside, y que recientemente ha recibido la distinción de la fiscalidad más competitiva de España.
La reforma fiscal que han pactado los tres socios de izquierda de la Generalitat Valenciana está marcada por su provisionalidad y no sólo por la bajada del IRPF para las rentas de menos de 60.000 euros que se aplica con carácter retroactivo para 2022. El propio texto del proyectos de la Ley de Presupuestos deja claro que la modificación al alza del Impuesto de Patrimonio contemplada será de carácter transitorio.
Procedente de Estados Unidos, Scott Hodge, presidente emérito de la Tax Foundation, y experto en políticas fiscales y presupuestarias de Estado ha hecho una parada en Madrid, lo que ha permitido hablar, para los lectores de eE, de impuestos, modelos fiscales, resultados económicos o gasto público.
Por tercer año consecutivo, la Comunidad de Madrid se ha erigido de nuevo en la administración regional de España más competitiva desde el punto de vista fiscal, con respecto al resto de las comunidades autónomas y provincias vascas. Así lo establece la reciente valoración y estudio en conjunto de la Fundación Avance para la Libertad y la americana Tax Foundation, quienes analizan el funcionamiento de tributos como la Renta, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados e Impuestos Propios.
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