No es posible revisar la liquidación firme del la plusvalía municipal (IIVTNU), ni aunque el Catastro haya alterado después la clasificación urbanística del suelo.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por amplia mayoría avalar las respaldado que se pueda multar con hasta 600.000 euros a quienes realicen actividades económicas y se nieguen a entregar información contable a Hacienda en el transcurso de una inspección tributaria, al considerar que, pese a la severidad de la sanción, no existe un desequilibrio "patente y excesivo con el fin de la norma".
Una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario sigue impidiendo el inicio del período ejecutivo durante la tramitación de este tipo de expedientes anterior al 10 de julio de 2021, según reconoce el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), en resolución de 17 de febrero de 2022, que supone un cambio de doctrina, que conlleva la anulación de las resoluciones emitidas.
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