El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda presentada por la fundación Hay Derecho contra el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado al considerar que no cumplía uno de los principales requisitos para el puesto: ser jurista de reconocido prestigio.
El Pacto de Toledo, que este martes se reunirá con sindicatos y patronal, estudiará levantar las restricciones a las jubilaciones anticipadas en los casos en los que el pensionista tenga cotizados 40 años o más. En concreto, la comisión estudiará la reivindicación de la Asociación de Jubilados con más de 40 años cotizados (Asjubi40) de eliminar los coeficientes reductores que se aplican a las jubilaciones anticipadas en los casos en que concurren cotizaciones de 40 o más años.
El Pacto de Toledo estudiará la reivindicación de la Asociación de Jubilados con más de 40 años cotizados (Asjubi40) de eliminar los coeficientes reductores que se aplican a las jubilaciones anticipadas en los casos en que concurren cotizaciones de 40 o más años.
La trayectoria de la presidenta del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, es un perfecto ejemplo de que la carrera del mérito es posible y de que la vocación, el conocimiento, la entrega y el esfuerzo son recompensados. Valerio relata con emoción y optimismo a elEconomista Pensiones sus proyectos y deseos al frente de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, un órgano que siempre percibió como algo mítico, un símbolo perenne del ámbito laboral, y que ahora preside con la misma ilusión con la que tomó posesión de la cartera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en 2018, en el mismo edificio oficial en el que, años atrás, pisó por primera vez como opositora. Durante la entrevista, realizada telemáticamente, se muestra entusiasta y positiva con el futuro: cree que se puede esquivar una subida directa de las cotizaciones pese al azote del Covid-19 a las Cuentas de la Seguridad Social y confía en cerrar un acuerdo para la revisión de las recomendaciones del Pacto de Toledo este mismo año. Es entusiasta y comprometida: no en vano, gracias a esas cualidades en solo dos años ha encabezado los dos puestos estrella del ámbito laboral del país.
La primera reunión de la presidenta y la mesa de portavoces del Pacto de Toledo ha dejado con buen sabor de boca a los representantes de los partidos políticos. Las formaciones han acordado retomar los trabajos desde donde quedaron hace justo un año cuando el borrador de recomendaciones para la reforma del Sistema fue tumbado por el desacuerdo de Unidas Podemos y ERC cuando parecía visto para sentencia. Sin embargo, los grupos han acordado revisar una por una las 21 recomendaciones que entonces fueron preacotadas para explicarlas al conjunto de los miembros de la Comisión y, eventualmente, valorar las opiniones al respecto principalmente de los portavoces de las nuevas formaciones presentes en esta Comisión parlamentaria.
Los partidos retoman a partir de hoy los trabajos en la Comisión del Pacto de Toledo para la reforma del sistema de pensiones con la intención de aprovechar los avances realizados en los dos años y medio de negociaciones. Entre estos avances está el acuerdo alcanzado cuasi por unanimidad en febrero de 2019 sobre la revalorización de las pensiones en base al IPC previsto. Así, el principal objetivo es llegar a un acuerdo cuanto antes para "no alargar más la incertidumbre de los pensionistas", señalan a elEconomista fuentes de la Comisión con la esperanza de que la recomendación sobre la revalorización y suficiencia no difiera de lo acordado con un amplio consenso de las fuerzas políticas antes de que el borrador para la reforma saltase por los aires a pocas semanas de las elecciones generales de abril. Y que, por lo tanto, esta propuesta adquiera rango de ley lo antes posible.
El PSOE se reserva la presidencia de 17 comisiones parlamentarias en el Congreso. Para ocupar esas presidencias de comisión, el PSOE ha escogido, como suele ser tradición, a exministros y altos cargos que acaban de dejar el Gobierno y a miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE que no tienen cargo en la Administración y que ya fueron designados para ocupar este tipo de puestos en la fallida legislatura de 2019. Los casos más reseñables son los de las exministras de Trabajo, Magdalena Valerio, y de Sanidad, María Luisa Carcedo.
La derogación de la reforma laboral de 2012 es uno de los principales puntos del acuerdo para el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos que tendrá que afrontar la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un contexto de ralentización de la creación de empleo.
Era una de las promesas más recurrentes del entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy, pero a tenor de las previsiones que manejan los principales organismos para el mercado de trabajo español en este año, parece que quedará incumplida: el objetivo 20/20 de sumar veinte millones de afiliados a la Seguridad Social para al cierre de este 2020.
El pacto de Gobierno firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con la derogación de la reforma laboral e iniciativas para reforzar las políticas activas de empleo apuntan a una separación de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, para satisfacer la demanda de la formación morada de gestionar la cartera de Empleo. La favorita para ocupar el cargo sería la diputada gallega de Podemos Yolanda Díaz. La actual ministra de Trabajo, la socialista Magdalena Valerio, no continuaría en el próximo Gobierno al frente de la Seguridad Social.
Saltó la noticia el pasado viernes cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la suspensión cautelar de la subida de las pensiones, del salario mínimo interprofesional y del sueldo de los funcionarios comprometida para 2020 hasta que se lograra formar un Ejecutivo en plenitud de funciones, como ya había adelantado elEconomista con anterioridad.
A expensas de que se confirme durante la mañana de este viernes, la noticia está en que definitivamente el Gobierno no subirá las pensiones conforme al IPC desde el comienzo del año, tal y como ya informó elEconomista tras unas declaraciones de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en la que se guardaba la posibilidad de que el incremento de las pagas se efectuase con carácter retroactivo una vez que se hubiera conformado el Gobierno y este tuviera plenitud de funciones.
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha anunciado este miércoles que el número de contratos temporales transformados en indefinidos gracias al Plan Director por un Trabajo Digno ha ascendido a 273.000 desde que se puso en marcha.
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, ha recordado al Gobierno de Cataluña que el salario mínimo interprofesional (SMI) es "único" para todo el territorio nacional.
Como todas las grandes transformaciones, la transición ecológica no será un camino de rosas para todos los agentes y conllevará daños colaterales. El más alarmante es el impacto negativo que puede tener la descarbonización de la economía en el mercado de trabajo, pudiendo suponer la destrucción de cientos de miles de empleos. Un fantasma que alejó la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, durante su intervención en la Cumbre del Clima en el panel de discusión sobre El compromiso empresarial para una transición justa y empleos dignos verdes al asegurar que por cada empleo que se destruya durante este proceso de transformación se crearan otros cuatro de mayor calidad y más respetuosos con el medio ambiente.
Uno de los más férreos compromisos tanto del PSOE como de Unidas Podemos durante las campañas electorales de 2019 ha sido la promesa de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.200 euros en el final de legislatura. Para ello, tanto los morados como los sindicatos reclaman al Gobierno en funciones que apruebe un real decreto para alzarlo, al menos, a 1.000 euros antes de que acabe este año.
La esperada y prometida subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2020 por encima de los 900 euros será una medida que, si se toma, el Gobierno decidirá a última hora, a pesar de que la negociación con la Mesa de Dialogo Social ya ha empezado, como adelantó elEconomista. De hecho, el Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social baraja que el alza se pueda aprobar con 2020 empezado.
La coyuntura deficitaria de la Seguridad Social supone una rémora para los futuros beneficiarios de las prestaciones a clases pasivas y los trabajadores encargados de aportar a la caja común, que habrán de hacerse cargo de los actuales desequilibrios financieros que sufre el sistema público. De hecho ese escenario ya está empezando a dibujarse en las cuentas de la Seguridad Social, cuyo déficit anual se sitúa por encima de los 16.000 millones de euros desde 2016 alcanzó los 18.000 millones de euros en el año 2018. Esto supone, tal y como se refleja en el informe sobre La deuda pública en España. Implicaciones sobre la política económica publicado recientemente por el Inistituto de Estudios Económicos (IEE), que 150 euros mensuales de cada pensión media del sistema son abonados a través de emisiones de deuda.
Mientras se desarrollan los diálogos para lograr que Pedro Sánchez tenga apoyos suficientes para ser investido presidente del Gobierno (una ceremonia que podría retrasarse a 2020, por cierto), las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para repartirse el Consejo de Ministros avanzan, a todas luces, viento en popa. A pesar de la confidencialidad que rodea estas conversaciones, lo cierto es que hay algunos secretos a voces respecto a las competencias que lograrán los de Pablo Iglesias (futuro vicepresidente de un eventual Gobierno de coalición) entre las que se encuentran las de Trabajo, que quedarían en manos de la cada vez más ministrable Yolanda Díaz. En cualquier caso, de ser así, el pack no incluiría la Seguridad Social, que el PSOE quiere mantener en sus dominios.
La Seguridad Social registró un déficit de 6.231,69 millones de euros en los diez primeros meses del año tras ingresar en este periodo 121.566,6 millones de euros, frente a gastos por valor de 127.798,3 millones de euros, ha informado este jueves el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
A pesar de que es una de las principales promesas incluidas dentro del programa electoral tanto del PSOE como de Unidas Podemos, subir el salario mínimo interprofesional (SMI) no se encuentra entre los planes más inmediatos del Gobierno de Pedro Sánchez.
El secretario general de UGT reconoce que se enteró del acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos por una llamada telefónica que le hizo Pablo Iglesias, minutos antes de anunciarlo en la rueda de prensa sin que en su partido hermano, el PSOE, le hubieran anticipado nada, pero no se queja. Muy al contrario, se muestra contento y esperanzado porque, finalmente, los partidos de izquierda hayan encontrado la forma de caminar en la misma dirección.
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, ha asegurado que la situación que se vive en este momento en Cataluña, con alteraciones del orden público y perturbaciones, "no viene bien a nadie", ni ayuda a atraer empresas ni turismo "ni allí ni en general a España". EN DIRECTO: Así está ahora la situación en Cataluña
La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, calcula que se tendrán que utilizar unos 3.500 millones del fondo de reserva de la Seguridad Social para poder abonar la paga extra de Navidad a los más de nueve millones de pensionistas.
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, ha señalado que en el diálogo social se podría debatir algún tipo de "tarifa plana" para aquellos autónomos que "sobrecotizan" teniendo rendimientos "bajísimos".
Las personas de entre 35 y 43 años que durante la crisis fueron expulsadas del mercado de trabajo durante al menos tres años podrán recuperar hasta dos años de cotizaciones a través de un convenio especial con la Seguridad Social, según una Orden Ministerial que está diseñando el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para su aprobación "en el menor plazo posible".
El uso de herramientas informáticas que permiten generar perfiles de riesgo, junto al incremento del número de funcionarios y el endurecimiento de los tipos penales contra el fraude en la contratación de trabajadores hacen que los dos nuevos planes de inspección que ha puesto en marcha el Ministerio de Trabajo resulten especialmente duros sobre las actuaciones previas. A pesar de los excelentes resultados cosechados con el Plan Director por un Trabajo Digno, el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social dispone de datos a través de su Herramienta de Lucha contra el Fraude, que indican que pese al impacto de los planes de choque de 2018, la contratación temporal fraudulenta y el uso irregular de los contratos a tiempo parcial son graves problemas del mercado de trabajo.
El Gobierno descarta subir las pensiones por el momento. La falta de Gobierno y de acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para ello llevan a España a estar sumergida en un mar de interrogantes y en un preocupante parón legislativo que va a afectar de lleno al sistema social del país. Las pensiones de jubilación no se podrán subir de acuerdo con el IPC, puesto que la norma necesaria para ello será imposible de aprobar con un Gobierno en funciones, tal y como admite el Ministerio de Trabajo, que también indica que, a día de hoy, no hay planes por parte del Ejecutivo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI).
Los datos de la última EPA, que recogen la menor creación de empleo en un segundo trimestre de los últimos tres años, y el frenazo en la caída de parados en los últimos siete ejercicios, hacen sonar las alarmas, además, en plena guerra comercial. Pero el Gobierno está intentado tapar la ralentización en la creación de empleo privado con empleo público. Tal y como muestra el informe de Freemarket Economía Española: una era de expectativas inciertas y limitadas, "en los últimos años, el sector privado tiene un ritmo de creación de empleo inferior al del sector público". Y esta afirmación se sustenta en que en los dos últimos años, el porcentaje de puestos de trabajo del sector público ha avanzado un 8%, casi el doble que el crecimiento del sector privado, donde apenas alcanza el 5%.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social va a dar un nuevo impulso a su Plan Director por un Trabajo Digno en los próximos meses. La responsable del departamento, Magdalena Valerio, ha anunciado este viernes que reeditará entre agosto y diciembre sus estrategias de choque contra la contratación temporal fraudulenta y la contratación a tiempo parcial abusiva. Y es que el departamento aprecia indicios de abusos en el 5% de los contratos parciales -148.730 casos- y de fraude en el 2% de los temporales -89.285 casos- . Es decir, que aprecia irregularidades en el 1,2% -238.015 personas- de los contratos laborales activos en España.
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