Cotizar más años para tener derecho a una mayor pensión de jubilación. Es el mantra que los trabajadores se repiten a sí mismos durante toda una vida laboral y que se conforma como una de las grandes razones por las que los ciudadanos buscan mantener sus puestos de trabajo.
La presidenta de los Técnicos Superiores de la Seguridad Social (ATASS), maría Jesús Esteban, atiende a eE para repasar el estado del Sistema de la Seguridad Social y las mejoras a introducir en materia de pensiones.
El destope de las bases máximas de cotización que ha pasado el corte de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social por error, la enmienda propuesta por Unidas Podemos en la ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo, supondría un crecimiento promedio de 531 euros al año por trabajador. Teniendo en cuenta que en España hay 1.444.000 trabajadores que cobran cuatro veces el SMI (53.200 euros anuales), la recaudación extra de esta medida sería de 660,7 millones de euros.
Las pensiones contributivas de jubilación son las que se abonan a más personas en España. Los datos más recientes, del 1 de mayo, hablan de 6,23 millones de prestaciones de este tipo del total de 9,91 millones de pensiones que se pagan en nuestro país. Como no podía ser de otra manera, también son las que implican un mayor desembolso por parte del Estado: suponen 7.820 millones de euros del total de 10.810 millones que se utilizaron el último mes para el pago de las pensiones.
Aunque el ciudadano que se jubila para pasar a cobrar una pensión deja de percibir su salario, eso no significa que por el hecho de convertirse en pensionista deje de tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Con carácter general, las pensiones de jubilación tributan en el IRPF, aunque existen excepciones.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, espera que los españoles dispongan de una hucha de ahorro para la jubilación por un montante equivalente al 25% del PIB dentro de una década frente al exiguo 2% actual gracias a la futura ley de planes de pensiones de empleo.
A la hora de solicitar una pensión de incapacidad permanente lo que más importa al ciudadano que al pide es que se la concedan, pero un asunto que también es clave es el grado de dicha incapacidad, ya que de él dependerá la cuantía de la pensión y la posibilidad de compatibilizarla con otro trabajo, por ejemplo.
España es la única gran economía del euro que toma únicamente el Índice de Precios al Consumo (IPC) como referente para la revalorización de las pensiones públicas. Otros países como Francia, Italia, Alemania y Portugal sí consideran factores demográficos y de esperanza de vida además del IPC en la evolución de la retribución de los jubilados, y Francia se asemeja al modelo español (toma previsión de IPC y paguilla). Ante esta diferencia, Bruselas se inquieta y pone en duda la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas a causa de la indexación a un IPC esperado del 6% por el Gobierno.
El gobernador del Banco de España ha constatado este miércoles que los españoles somos "más pobres que antes de la subida de los precios energéticos", razón por la que pide, entre otras actuaciones, un pacto de rentas. Mantienen Pablo Hernández de Cosa que "la pérdida de riqueza es ineludible, y lo único que podemos hacer es repartirla". Por eso, y para controlar el déficit público y evitar una espiral inflacionista, propone un pacto de rentas de carácter plurianual entre trabajadores y empresas, en lo relativo a los salarios. Por el mismo motivo, insiste en evitar un impulso fiscal generalizado y evitar un uso muy extendido de cláusulas de indexación automáticas en las partidas de gasto como el de las pensiones o el sueldo de los funcionarios.
Gentiloni, el comisario europeo para Asuntos Económicos y Monetarios ha señalado textualmente que Bruselas evaluará "con las autoridades españolas la sostenibilidad de su sistema de pensiones en 2023".
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha presentado en el Congreso de los Diputados el informe anual del organismo supervisor sobre la economía española. En la presentación, De Cos hace un balance del impacto que tendrá la reforma de pensiones del ministro Escrivá a mitad de siglo y cifra el balance de las medidas en 3,1 puntos del PIB, algo más de 37.000 millones actuales más en gasto en el escenario más adverso para las cuentas de la Seguridad Social.
La falsa gestión activa (o, lo que es lo mismo, el cobro de comisiones más elevadas bajo el pretexto de que el gestor es capaz de aportar valor añadido frente al mercado sin que así sea) también existe en los planes de pensiones.
Muchas de las pensiones contributivas que se abonan mes a mes en nuestro país funcionan como los salarios que reciben los trabajadores y constan de dos pagas extraordinarias para sus beneficiarios. Y, a punto de llegar el estío, es el turno de recibir el importe de la paga de verano de las pensiones.
Aunque el Gobierno lucha por hacer más atractiva la idea de una jubilación demorada, lo cierto es que la idea de lo contrario (es decir, jubilarse de forma anticipada) es siempre un objeto de deseo por parte de los trabajadores. Sin embargo, existen diferencias en el acceso a ese retiro adelantado y en la pensión que el ciudadano se queda dependiendo de la edad en que ese anticipo tenga lugar.
El Instituto Santalucía ha publicado las valoraciones de su foro de expertos con recomendaciones sobre el sistema de pensiones en España, que afronta durante este año una serie de reformas. La más cercana, la del segundo pilar de ahorro, los planes de pensiones de empleo. Desde 2020, el diferimiento fiscal de aportaciones al tercer pilar, los planes individuales, se ha visto reducido desde 8.000 euros anuales a los actuales 1.500 euros. El Instituto Santalucía alerta de esta severa reducción y llama a mejorar el tratamiento fiscal de los planes individuales de pensiones para complementar el ahorro para la jubilación, buscando un desarrollo de los tres pilares.
La 'mili', el servicio militar obligatorio, fue como su propio nombre indica una imposición que obligaba a los jóvenes españoles a prestar unos meses de desarrollo militar o, en su defecto, una prestación social sustitoria para aquellas personas que no deseaban ese servicio militar y se declaraban objetores de conciencia.
Más de 6,2 millones de pensiones de jubilación llegaron a sus beneficiarios en el mes de mayo. El Estado destinó para ello 7.820,2 millones de euros que dejan la pensión media de jubilación en un importe de 1.254,40 euros mensuales. Sin embargo, existen diferencias en función de la provincia en la que resida el jubilado.
El envejecimiento de la población es una de las grandes tendencias socio-económicas. Frente a las visiones catastrofistas que vinculaban este cambio demográfico a todo tipo de consecuencias negativas, en los últimos años ha ganado peso el enfoque que pone en valor las oportunidades. Con más adultos mayores en el mundo y con mejor salud, la economía puede verse impulsada. La economía senior tiene un impacto en uno de cada cuatro euros de la riqueza europea y, en España, en un 26% del PIB y el 60% de todo el consumo nacional, según divulgaciones de la Fundación Mapfre y su centro de investigación Ageingnomics.
Jubilarse de forma anticipada (es decir, antes de la edad ordinaria de jubilación) puede convertirse en algo realmente deseado, especialmente cuando el trabajador se acerca al final de su carrera laboral y quiere disfrutar de un merecido descanso. Sin embargo, los requisitos que se imponen a la hora de acogerse a estas jubilaciones pueden provocar que determinados ciudadanos no accedan a estas jubilaciones anticipadas.
La mayor preocupación de los trabajadores a lo largo de la vida laboral es reunir durante la misma las cotizaciones que, en el futuro, le permitan tener una pensión de jubilación. Este requisito es común a todos los trabajadores, pero en el caso de que deseen una jubilación anticipada tendrán que acreditar unas condiciones aún más exigentes.
Las personas que, por múltiples razones, no alcanzan los criterios de cotización previa de las pensiones contributivas tienen la opción de solicitar (siempre que cumplan con las condiciones dispuestas a tal efecto) una pensión no contributiva, que se destinan a cubrir económicamente a estas personas que, además de no tener cotización suficiente, tampoco disponen de recursos.
La edad real en la que los trabajadores se jubilan en España lleva una década prácticamente estancada en los 64 años, una tendencia que apenas ha variado en los últimos 10 años y que marca la media en la que se producen las nuevas altas en el sistema de pensiones. La media del régimen general coloca la edad real de jubilación en los 64,6 años, aún un año y medio por debajo de la edad que marca la reforma de 2011, en 66,2 años este 2022.
La edad real de jubilación lleva estancada en la franja de los 64 años desde hace una década, pese a la entrada en vigor de tres reformas de pensiones que tenían entre sus objetivos cerrar la brecha respecto a la edad legal, que en este periodo ha pasado de los 65 a los 66 años y dos meses.
La brecha que sufren los autónomos al jubilarse supera los 400 euros mensuales frente a las pensiones medias de jubilación que suma el total del sistema. En todo caso, la cuantía que perciben los trabajadores por cuenta propia sitúa su nivel de renta por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la jubilación se establece como uno de los puntos de máxima preocupación del sector.
Uno de los principales problemas que se encuentran los trabajadores que desean jubilarse de forma anticipada es la reducción que sufrirán en sus pensiones de jubilación mediante la aplicación de coeficientes reductores sobre las mismas, una especie de compensación por el adelanto en sus jubilaciones respecto a la edad ordinaria.
Aunque a menudo se piensa en el cobro de una pensión como un acto que imposibilita el desarrollo de un trabajo por el que se cobre un salario, es algo la Seguridad Social puede conceder sin problemas siempre y cuando el pensionista cumpla con una serie de condiciones, incluso en el caso de cobro de una pensión tan particular como es la de incapacidad permanente.
Las pensiones contributivas en España llegan a cerca de 10 millones de personas que han de cumplir con una serie de criterios para poder cobrarlas y que tienen una cuantía que se calcula acorde a unas reglas preestablecidas para cada tipo de prestación y que a menudo depende de la cotización previa de estos ciudadanos.
¿En qué se parecen Mariano Rajoy y Pedro Sánchez? En que los dos cuando tienen un problema, en vez de intentar resolverlo, lo guardan en un cajón hasta que se pudra. La semana pasada la Autoridad Fisca (AIReF) y ésta el Banco de España han coincidido en que el problema más grave que tiene nuestro país en este momento no es la inflación, sino un déficit estructural superior al 4 por ciento del PIB. ¿Y qué significa estructural?, pues que está en la estructura del gasto público y es imposible reducirlo sin ajustes. Los dos organismos coinciden también en que si no se hace nada en un par de décadas, la deuda puede escalar 20 puntos, hasta alcanzar el 140 por ciento del PIB.
Con el comienzo del año 2022 entraron en vigor una serie de cambios en el sistema de pensiones español que han afectado especialmente a los recortes y diseño de las pensiones de las personas que se jubilan de forma anticipada. Estas modificaciones afectarán a los trabajadores que, desde este mismo año, decidan adelantar su jubilación...pero un cambio concreto puede también influir en otros que ya dieron antes ese paso.
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