Resulta casi impensable, pero a veces puede suceder: conseguir una pensión sin necesidad de pedirla, pasando la responsabilidad precisamente al organismo que la concede, la Seguridad Social. Esto, no obstante, solo ocurre en una de las pensiones contributivas que paga el Estado, las de incapacidad permanente.
La prolongación de la vida activa es un objetivo clave para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Con todo, la puesta en marcha de esa política en un primer momento puede volverse en contra, como un bumerán, de sus impulsores. Así ocurre en España donde las jubilaciones demoradas experimentan incluso retrocesos. Actualmente las altas de retiro a partir de los 65 años mantienen una senda constante que ronda las 14.000 jubilaciones demoradas cada año. Este dato contrasta con 2013, cuando este tipo de nuevas jubilaciones fueron más de 21.200. Desde entonces, la comparativa con 2020, último año completo con estadísticas disponibles muestra una caída del 34%, unas 7.200 altas demoradas nuevas menos. Ante esta situación, el Ministerio planteó para este año incentivos que den la vuelta a la tendencia con resultados aún por determinar.
El porcentaje de las jubilaciones que en España se demoran más allá de los 65 años experimenta un marcado retroceso. El volumen total de ese tipo de retiros se sitúa ahora en 10.759, más de un 30% por debajo de su nivel de 2013, cuando rebasaba la cota de las 20.000. Se demuestra así que las cada vez más necesarias políticas que buscan la prolongación de la vida activa tienen un doble filo.
El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha afrontado el segundo golpe en forma de dimisión. Tras la renuncia del secretario de Estado de Migraciones, Jesús Javier Perea, el lunes, este martes también confirmó su renuncia el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo número dos del ministro José Luis Escrivá en materia de pensiones.
La brecha entre los pensionistas y los trabajadores que llenan las arcas de la Seguridad Social amenaza con incrementarse de cara al próximo año. La inflación está haciendo mella en todas las rentas, y sólo los pensionistas cuentan en su totalidad con una ley que blinda su poder adquisitivo. Con una inflación esperada del 6% por el propio Ejecutivo, la comparativa entre los nuevos pensionistas del régimen general y el salario más frecuente en España muestra una brecha que puede incrementarse cinco puntos hasta el 17%.
La diputada de Podemos Isabel Franco ha sorpendido al anunciar un "acuerdo" con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para "destopar" las pensiones públicas, es decir, elevar el límite actual de las bases máximas. Sin embargo, lo que la formación morada anunciaba como un triunfo y una novedad en realidad ya estaba pactado con la Comisión Europea en el componente 30 del Plan de Recuperación, y así constata, a su vez, en el texto del Plan de Estabilidad 2022-2025; además está muy lejos de tratarse de un cambio inminente. No hubo por tanto ninguna novedad para las pensiones de mayor cuantía. Es más, el ministro José Luis Escrivá, tuvo que explicar una vez más que el incremento de esas cotizaciones se hará de forma acompasada a la subida de la pensión máxima. En paralelo, el PSOE corrigió el error que cometió en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social a través del voto particular.
El análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no se ha centrado únicamente en los grandes rasgos del PIB o la inflación. Su secretario general, Mathias Cormann, también avisa sobre la "necesaria" consolidación fiscal. De forma directa, el organismo internacional alude a la reforma de pensiones realizada por la cartera de José Luis Escrivá, que introdujo la indexación de las pensiones al IPC para mantener el poder adquisitivo.
Esta semana comenzará a abonarse a los pensionistas la paga extra de verano, la primera de las dos pagas extraordinarias que reciben a lo largo del año la gran mayoría de las personas que tienen una de las más de 9,9 millones de pensiones contributivas que se pagan mes a mes.
El deseo de todo trabajador (especialmente cuando se acerca a los últimos años de su carrera) es jubilarse y disfrutar de un merecido descanso. En España, aunque la edad ordinaria es de 65 o 66 años y dos meses, la edad real de jubilación se encuentra en los 64 años. Sin embargo, existen opciones para diferentes grupos de ciudadanos de jubilarse de forma anticipada incluso antes de esa edad real, como por ejemplo a los 63 años.
Pensar en el fin de nuestra vida laboral es un tema que nos inquieta, que nos hace pensar en las "seguridades" para el último ciclo de nuestras vidas y también en ese grado sentimental y psicológico que a nadie le importa, o quizás solo a aquellos que se aproximan o pasan a ese ciclo de vida.
Cuatro de cada cinco trabajadores en España pertenecen al Régimen General, por lo que en muchas ocasiones se tiende a pensar en sus integrantes como en los únicos miembros del mercado laboral. Nada más lejos de la realidad: existen otros regímenes igualmente importantes como el de los trabajadores autónomos, el de trabajadores del mar, del régimen del carbón...y no es nada descabellado pensar en que algunos trabajadores pasen de un régimen a otro con el paso de los años.
Sin duda alguna uno de los deseos de los trabajadores es poner fin a su carrera laboral lo antes posible pero garantizándose a la vez una pensión de jubilación que sea lo suficientemente cuantiosa. Si se pretende hacer antes de la edad ordinaria de jubilación, esto solo se conseguirá a través de la jubilación anticipada, un mecanismo que ha sufrido cambios recientes.
Es quizá el trámite más difícil para el solicitante y el que hace de las pensiones de incapacidad permanente las más particulares en cuanto a su proceso de concesión: el examen de los miembros del tribunal médico es un paso indispensable al que hay que acudir sin miedos, con una actitud constructiva y siendo conscientes de que no tiene por qué ser un quebradero de cabeza.
Cobrar una pensión de jubilación no evita al jubilado tener que rendir cuentas con Hacienda. Estas prestaciones contributivas son, a ojos de la Agencia Tributaria, rentas del trabajo como cualquier empleo, y por lo tanto obligan a su beneficiario a tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
La Seguridad Social cuenta con 157 centros de atención e información en riesgo de cierre por disponer de tres o menos efectivos en ellos. No obstante, tal y como aclara el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esto no implica un "cierre inminente" de estos centros.
Cuando un trabajador decide acabar con su carrera laboral para jubilarse ha de tener en cuenta factores tan comentados como el de la pensión a la que puede tener derecho, pero también otros de índole práctica, como por ejemplo el mejor momento para pedir esa jubilación una vez ya se ha tomado la decisión de hacerlo.
Con la próxima llegada del verano también se aproxima una de las citas de los pensionistas en España: la paga extra de verano que se les abona con la nómina de junio. En unos días, millones de ciudadanos tendrán un abono extra en sus cuentas y la Seguridad Social está informando acerca de todos los detalles de este pago.
En su afán por impulsar los planes de empleo públicos, el Gobierno permitirá a cada trabajador aportar 1.500 euros incluso si su empresa decide no realizar contribuciones. Una cantidad que podrá deducirse en el IRPF, aunque para ello tendrá que renunciar a beneficiarse fiscalmente de cualquier aportación a planes de pensiones individuales.
Solo por detrás de las pensiones de jubilación, las pensiones contributivas de viudedad son las que se abonan a un mayor número de beneficiarios en España. Según los datos de la Seguridad Social, a día 1 de mayo se abonaron un total de 2,34 millones de estas pensiones con un importe medio de 778,37 euros mensuales.
La edad efectiva de jubilación en España se encuentra estancada en los 64 años, algo por debajo de la edad ordinaria, que en 2022 es de 65 o 66 años y dos meses. Esto quiere decir que los trabajadores que tienen opciones de hacerlo se decantan por la jubilación anticipada si les deja una pensión de una cuantía suficiente para el resto de su vida.
Se acerca una de las fechas más importantes para la mayoría de los pensionistas españoles: el cobro de la paga extraordinaria de verano, una de las dos mensualidades extra que reciben a lo largo del año. Por eso, la Seguridad Social ha lanzado un aviso a las personas que recibirán esa paga.
La carrera laboral de un trabajador puede llegar a ser verdaderamente diversa en función de cada caso. Así, existen ciudadanos que, debido a diferentes razones, alternen su presencia en varios regímenes de la Seguridad Social a lo largo de los años o incluso se encuentren en etapas de pluriactividad.
Los nuevos pensionistas cobrarán en 2023 un nómina un 17% superior al salario más frecuente en España, lo que supone una diferencia de cinco puntos respecto a este año. Así lo indica el propio Gobierno, que prevé que la inflación media en 2022 se sitúe en el 6%.
La nueva ley para impulsar los planes de pensiones de empleo ha conseguido el apoyo suficiente del Congreso para salir adelante y pasar a la votación en el Senado. El titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá cuenta con el apoyo al vehículo de ahorro de 172 votos a favor, 6 abstenciones y 164 en contra.
El Gobierno ha pactado con el PDeCAT elevar a 4.250 euros las desgravaciones por aportaciones a planes de pensiones de empleo por parte de trabajadores autónomos y la adaptación de las mutuas de previsión social a este tipo de planes. Con esta cesión, las condiciones para los autónomos para ahorrar en el segundo pilar mejoran a cambio del apoyo del grupo catalán.
Conseguir una pensión de incapacidad permanente no es un proceso sencillo. Se trata de una de las pensiones con más particularidades dentro del sistema de prestaciones contributivas debido a las dificultades extra para determinar el acceso a la misma.
El año 2022 llegó con la 'reforma Escrivá' de las pensiones debajo del brazo. En la primera pata de medidas planificadas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha cambiado el método de revalorización de las pensiones, se han aumentado los beneficios a la jubilación demorada y se han modificado de forma sustancial los mecanismos de la jubilación anticipada.
El Gobierno sigue plasmando medidas para tratar de frenar el impacto de la crisis de subida de precios generada por la guerra de Ucrania y el aumento del coste de la energía. Una de las últimas, vinculada a la aprobación de la reforma del sistema público de planes de pensiones, ha sido el aumento de las pensiones no contributivas un 15%.
Si un trabajador decide dar el paso de jubilarse la pregunta que le invade es la siguiente: ¿cuánto tiempo tardan en concederme la pensión? Esta cuestión, a la vez que el momento desde el que genera derecho a dicho cobro de la pensión, son vitales en los primeros momentos de esa nueva etapa en la vida del ciudadano.
El Gobierno ha pactado con EH-Bildu subir un 15% las pensiones no contributivas hasta el 31 de diciembre de 2022 y una garantía para impedir que el nuevo fondo público de pensiones se financie con fondos de la Seguridad Social, a cambio de su abstención en la votación de los planes de pensiones de empleo. La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso aprobó ayer la ponencia sobre el proyecto de ley de planes de pensiones de Empleo de José Luis Escrivá que salió adelante por 19 votos a favor, 12 en contra y seis abstenciones que abre la votación ante el pleno.
México
Argentina
Chile
Colombia
Perú