El debate entre Fedea y el Consejo General de Economistas (CGE) ha tratado la necesidad del Pacto de Rentas "de forma urgente". En concreto, sobre el impacto en los jubilados, Ángel de la Fuente explica que "habría que revalorizar las pensiones mínimas con la inflación, el margen es pequeño y son rentas modestas". De cara a un acuerdo amplio entre rentas, el director ejecutivo de Fedea apuesta por que el resto de pensiones se revaloricen por debajo de la inflación media anual, igual que los salarios y los funcionarios, "con la tasa que se marque para estos".
Al terminar la vida laboral toca pensar cómo subsistir y más ahora que nos encontramos en un momento de altos precios y una crisis económicaque no da tregua. Para quienes pretenden jubilarse es necesario estrujar al máximo las posibilidades para que la pensión sea lo más alta posible. Entre otras, saber cuál es el mejor momento del año para hacerlo es fundamental para no perder dinero.
La reforma de las pensiones planificada por José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha modificado las jubilaciones anticipadas (y sus coeficientes reductores de la pensión) beneficiando retiros con menores tiempo de adelanto y penalizando las que se hacen con mucho y poco tiempo de anticipación respecto a la edad ordinaria de jubilación. Esta circunstancia ha provocado que algunos jubilados accederán a esta modalidad con mayores ventajas que otros que lo hicieron anteriormente en la misma situación.
El Estado miembro al que corresponde abonar la pensión y en el que la beneficiaria trabajó y cotizó en exclusiva, tanto antes como después del traslado de su residencia a otro Estado miembro en el que se dedicó en exclusiva a la educación de sus hijos, debe computar dichos periodos de educación de los hijos, según establece el Tribunal de Justicia (TJUE) en sentencia de 7 de julio de 2022.
Muchas veces los trabajadores acceden a la jubilación desde una situación laboral activa, desempeñando un trabajo en alguno de los regímenes de la Seguridad Social. Pero también se puede acceder a esas jubilaciones desde otras situaciones como, por ejemplo, el cobro de un subsidio para mayores de 52 años. Y en estos casos también es posible jubilarse de forma anticipada.
El debate entre la sostenibilidad del sistema de pensiones y la suficiencia de las rentas públicas de los jubilados se incrementa. Ahora, el Instituto de Actuarios Españoles critica la reforma del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y concretamente la indexación a la inflación, que "desprotege a las pensiones futuras y no garantiza la equidad del modelo español", señalan rotundos con la vista a largo plazo.
La normativa de pensiones es clara en cuanto a las posibilidades de adelantar la jubilación y pasar a la vida de pensionista. Con carácter general, todas las personas que deseen jubilarse de forma anticipada podrán hacerlo hasta dos años antes si ese adelanto se produce por expresa voluntad del trabajador. Sin embargo, existen ciertas excepciones.
La inflación ha repuntado esta primavera hasta superar el 10% en junio, récord desde mitad de la década de los 80, derribando las expectativas de los analistas privados y de las propias instituciones públicas. Una de ellas, la auditora de las cuentas públicas españolas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que alertó de un gasto adicional en pensiones, indexadas al IPC medio, que cubre el 86% del gasto extra corriente recomendado por la Comisión Europea de cara a 2023. Así, este cálculo se traduce en prácticamente 13.000 millones (12.900) para revalorizar las pensiones públicas y cumplir con la ley aprobada hace apenas seis meses a costa de afrontar un desvío del gasto público.
La escalada de los precios en España tendrá un importante impacto en la factura de las pensiones del próximo año. En concreto, la AIReF estima un coste adicional de prácticamente 13.000 millones en 2023 respecto al presente ejercicio.
Natalia de Santiago ha presentado su segundo libro, Invierte con poco, orientado a la planificación del ahorro y las finanzas personales. Con elEconomista.es hace un repaso sobre la percepción de las finanzas personales en nuestro país y la concepción del ahorro en la comparativa con Europa.
Dentro de las singularidades que caracterizan a las pensiones de incapacidad permanente a la vez la diferencian del resto de pensiones contributivas aparece la irrupción del tribunal médico como la que impresiona más al solicitante. Pasar ante el examen de sus miembros es considerado un quebradero de cabeza y motivo de nervios. Su trascendencia, en todo caso, es grande.
La ley de impulso a los planes de pensiones de empleo entra en vigor hoy, 2 de julio, tras su publicación este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque algunos aspectos de la misma arrancarán su vigencia el 1 de enero de 2023, como los límites a las aportaciones empresariales anuales.
Cobrar una pensión de jubilación no libra al pensionista de seguir ajustando sus cuentas con Hacienda. De hecho, todas las personas que perciban una de las 6,23 millones de este tipo de prestaciones han de pagar las correspondientes retenciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) al igual que los trabajadores hacen lo propio con sus sueldos y salarios.
Jubilarse antes de la edad de jubilación ordinaria es un deseo más o menos compartido por la gran mayoría de los trabajadores, pero ese anticipo depende de muchas variables. En todo caso, cuanto mayor es el adelanto, mayores serán los requisitos a cumplir. En esta situación se encuentran las personas que pretenden jubilarse de forma anticipada a los 62 años.
Aunque lo habitual es finalizar la carrera laboral cuando a un trabajador le llega la edad ordinaria de jubilación (si antes no se ha acogido a alguna de las modalidades de jubilación anticipada), algunas personas prefieren alargar esa carrera para aumentar sus cotizaciones y conseguir una mayor pensión de jubilación. Sin embargo, no siempre es posible.
Los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social hasta mayo registraron un aumento del 7,8%, lo que sitúa los ingresos por cotizaciones en 57.413 millones de euros, cifra que supera en 4.135 millones de euros la registrada en el mismo periodo de 2021 y que marca un nuevo máximo histórico hasta el mes de mayo. Sin embargo, esta cifra aún es insuficiente para cubrir el gasto en pensiones, en 59.000 millones.
Los últimos años previos a la jubilación son muy importantes para los trabajadores, dado que son los que determinan la base reguladora de acuerdo con las bases de cotización (y las respectivas cotizaciones) de ese periodo. Por eso, los tramos sin cotizar pueden penalizar a estas personas cercanas a la edad de jubilación.
Los trabajadores españoles tienen un nivel de confianza bajo en el sistema de pensiones del país. En concreto, al menos del 30% confía en recibir una pensión que le permita mantener su nivel de vida después de jubilarse, una cifra inferior a la de otros países del entorno que muestra el recelo a las futuras medidas que pueda adoptar la Seguridad Social en España, una incertidumbre para el 70% de la población. A su vez, parte de la población manifiesta gran interés en cubrir su jubilación con aportaciones a planes de pensiones.
Más de 1,3 millones de los 6,2 millones de jubilados españoles proceden del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, el RETA. Estas personas tienen una pensión media por debajo de la media y de los trabajadores de otros regímenes de la Seguridad Social, dado que una gran parte de estos profesionales suelen cotizar en buena parte de su carrera por la base mínima.
El Estado ha abonado más de 7.837 millones de euros en pensiones de jubilación, según los datos de la Seguridad Social a 1 de junio. En total, se han pagado más de 6,24 millones de pensiones de jubilación (un 62% del cómputo general de prestaciones contributivas) que suponen el 72,7% de la nómina mensual de pensiones.
El cobro de una pensión de incapacidad permanente solo se consigue tras el paso por varias fases de un proceso que a veces se antoja complicado, con trámites tan temidos como el del tribunal médico y que en los peores casos puede llegar a durar casi medio año hasta que se salda con el resultado positivo para el trabajador: el cobro de esta pensión contributiva de la Seguridad Social.
El Gobierno ha lanzado la segunda batería de medidas ante el aumento de la inflación por la guerra de Ucrania y la subida del precio de la luz. Una de ellas afecta a los más de 440.000 pensionistas que cobran una pensión no contributiva de jubilación o invalidez, las que se otorgan a las personas que no han cotizado lo suficiente durante su vida laboral para cobrar una pensión contributiva.
Adelantar la jubilación y permanecer el menor tiempo posible en el trabajo parece un deseo más o menos extendido en el grueso de los trabajadores. En muchos casos esto se lleva a cabo de forma voluntaria, cuando el ciudadano se acerca a los años previos a la edad de jubilación y reúne los requisitos necesarios que exige la normativa de pensiones. En otros casos, sin embargo, la jubilación puede llegar de forma involuntaria...e incluso a partir de los 61 años.
La nueva ley del fondo público de pensiones para impulsar el segundo pilar ha culminado con un tope de aportaciones con deducción fiscal de 4.250 euros, más 1.500 euros extra que podrán aportar en el caso de no invertir en un plan de pensiones individual. Aún así, los mutualistas, a través de conversaciones con el presidente de la Confederación de Mutualidades, Enrique Sanz Fernández-Lomana, reclama aún una mejora en el trato fiscal de los nuevos planes y pide, una vez culminado el plan, separar la tributación de las rentas de trabajo aportadas y de los intereses generados.
La subida del 15% de las pensiones no contributivas dentro del decreto anti-crisis de este sábado abre la puerta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a subir las pensiones contributivas complementadas a mínimos. Según cálculos facilitados por el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia y de Extremadura, algo más de 57.000 jubilados con pensiones contributivas se podrían beneficiar de esta subida que podría darse de forma indirecta como efecto rebote del alza de las no contributivas.
Adelantar el momento de la jubilación y finalizar la vida laboral para disfrutar de un merecido descanso es un deseo extendido en la inmensa mayoría de los trabajadores. El problema para los empleados es que, debido a las exigencias de la normativa sobre pensiones, solo muy determinadas personas reúnen los requisitos adecuados para conseguirlo.
La base reguladora y la base de cotización son dos conceptos frecuentes cuando se habla de cualquier prestación y, cómo no, de la pensión de jubilación. De hecho, son dos elementos tan relacionados y confundidos entre sí como habituales, por lo que es recomendable saber qué significa cada uno de ellos y evitar así problemas de cara al cálculo de la pensión.
Cuando una persona se prepara para jubilarse de forma anticipada atiende (al igual que en las jubilaciones ordinarias) al tiempo cotizado durante su carrera laboral y a sus bases de cotización, aspectos fundamentales tanto para el acceso al adelanto de la jubilación como para conocer la futura pensión que cobrará, pero en algunos casos será también importante la profesión desde la que acceda a esa jubilación anticipada.
A a hora de pensar en una jubilación anticipada hay que tener en cuenta factores como la edad del trabajador y los años cotizados previamente en su vida laboral, pero en algunos casos la pensión del propio trabajador así como las condiciones en las que puede llevar a cabo la jubilación anticipada se pueden ver determinadas por la profesión que desempeña.
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