Jubilarse antes de tiempo, es decir, de forma anticipada, es un sueño más o menos compartido por gran parte de los trabajadores. Sin embargo, existen muchas diferencias en el acceso a esas jubilaciones anticipadas. Por un ejemplo, una de ellas es hacerlo a los 61 años, el máximo permitido salvo excepciones.
El sistema español de pensiones ha sido sometido a una serie de reformas en la última década por las cuales aún sigue modificándose de forma anual. La razón es que buena parte de estas reformas se aplican en periodos transitorios y mediante la aplicación de calendarios progresivos compuestos por una serie de fases hasta alcanzar los objetivos finales.
El Tribunal de Cuentas de la UE señaló este jueves que España necesita replantear la reforma de pensiones porque duda de la sostenibilidad del sistema español. En una extensa evaluación de los planes de Recuperación por países, el Tribunal destacó la posibilidad de incrementar la partida del gasto a medio y largo plazo, con su consecuente impacto en las cuentas públicas.
La cotización es un elemento necesario para el derecho al cobro de la inmensa mayoría de pensiones y prestaciones contempladas por la normativa española. A esta realidad tampoco escapa una de las pensiones más particulares del abanico de las contributivas, la pensión de incapacidad permanente.
Uno de los objetivos del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos ha sido garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, que será especialmente exigido con la jubilación de los 'baby boomers'. Esa ha sido la principal finalidad de la reforma de las pensiones ideada por José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Los últimos años previos a la jubilación son extremadamente importantes en cuanto a la cotización debido al método de cálculo de la Seguridad Social, que tiene en cuenta los 25 años inmediatamente anteriores a la solicitud. Por eso, los parones en la cotización a esas alturas pueden hacer mucho daño al trabajador independientemente de si opta por la jubilación ordinaria a alguna de las modalidades de la anticipada.
El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dirigido por José Luis Escrivá tiene pendiente "adecuar" las bases máximas de cotización a largo plazo. El conocido como destope ha sido constante y gradual en los últimos 15 años, con un ritmo medio de ampliación del 2,2% anual. La próxima mesa de pensiones con los agentes sociales negociará un plan a años vista que mejore los incremente los ingresos del sistema público, si bien, a priori, iría acompañada de una consecuente subida de las pensiones máximas.
La jubilación anticipada ha sufrido algunos cambios a raíz de la 'reforma Escrivá' de las pensiones, que en su primera pata modificó los coeficientes reductores a los que se someten las pensiones con el objetivo de recortarlas para compensar el adelanto en la jubilación. Estas reducciones son en la mayoría de los casos menores a las anteriores, salvo en los supuestos que se desea incentivar (muchos meses de anticipo o los meses inmediatamente anteriores a la jubilación ordinaria).
Portugal rebajará un tramo del IVA de la electricidad del 13% al 6%, limitará las subidas de los alquileres al 2% para 2023 y apoyará a las familias con 50 euros por hijo, 125 euros por trabajador con ingresos de hasta 2.700 euros mensuales y un suplemento de medio mes de pensión a todos los pensionistas a través de un pago único en octubre como 'medida estrella'.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remarcado este lunes su compromiso con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta situarlo en el 60% del salario medio antes de que finalice la legislatura y ha garantizado la revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), como se establece por ley. "Los datos nos dicen que la economía española está creciendo a un mayor ritmo de lo que lo hace la UE", asegura el presidente.
Las obligaciones fiscales de los contribuyentes no desaparecen cuando, tras una vida laboral de décadas, deciden jubilarse y retirarse profesionalmente de forma definitiva. O lo que es lo mismo: los jubilados tienen que pagar impuestos a pesar de cobrar una pensión.
Aunque existe una edad ordinaria de jubilación, los trabajadores tienen la opción de decantarse por una jubilación anticipada para adelantar su retiro profesional. Es una decisión personal del trabajador, pero en algunas situaciones puede venir inducida por una marcha involuntaria de su trabajo a una edad avanzada, como por ejemplo a los 62 años, incluso por debajo de la edad real de jubilación, en los 64,8 años.
El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha pisado el acelerador para iniciar el proceso de creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, una nueva institución que agrupará la gestión de las distintas partes que componen la actual Seguridad Social. El compromiso firmado en el pacto de pensiones del verano de 2021, y después pactado en la Ley 21/2021, lleva algo más de dos meses de demora, si bien fuentes del ministerio confirman que el borrador se ha acelerado para hacerlo llegar a los agentes sociales.
Todos los trabajadores que deseen adelantar su jubilación y decantarse por lo tanto por una jubilación anticipada han de cumplir una serie de requisitos destinados a compensar ese adelanto en el retiro profesional. Uno de los más importantes, como en otras modalidades de jubilación, es el de la cotización previa a la Seguridad Social.
En el momento en el que un trabajador llega a la edad de jubilación ordinaria es clave en la vida del mismo, ya que en ese punto puede jubilarse si así lo desea o, por el contrario, retrasar esa jubilación y obtener beneficios extra en su futura pensión. Pero en algunos casos la elección no está en manos del trabajador, que puede verse despedido y empujado a la jubilación por decisión de su empresa.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha avanzado una triple vía para reformar el periodo de cálculo de las pensiones. En una entrevista en Al Rojo Vivo, el ministro explicó que actualmente se barajan tres fórmulas diferentes. La primera, la ampliación de los años (una opción que podría ir hasta los 35 años); otra opción para adecuar el cálculo de la retribución de los jubilados a las nuevas carreras laborales sería dar la opción de elegir los 25 mejores años laborales. Por último, la opción "más fina" sería hacer un tratamiento de las lagunas laborales (meses vacíos de cotización por desempleo).
La jubilación anticipada puede ser una oportunidad para aquellos ciudadanos que están cansados de trabajar y prefieren convertirse en pensionistas antes de que les llegue la edad de jubilación ordinaria. Una opción que, al tratarse de una especie de ventaja o privilegio respecto al resto de trabajadores, conlleva una contrapartida.
La visita al tribunal médico es uno de los pasos más importantes en el proceso de solicitud de una pensión de incapacidad permanente. Las características de este paso, que somete al aspirante a pensionista al escrutinio de los miembros del tribunal, lo convierte en el más delicado y el más temido por los solicitantes de la pensión.
Los aproximadamente 950.000 beneficiarios de una pensión de incapacidad permanente que hay en nuestro país (datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social) no están exentos de perder esa prestación. El cobro de una pensión de incapacidad está sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos y al mantenimiento de diferentes condiciones que, de cambiar, pueden acabar con el derecho de una persona a percibir la prestación.
Los pensionistas, tras el paso de la vida laboral a su etapa de retiro profesional, no se ven eximidos de sus obligaciones fiscales con el cobro de una pensión de jubilación. 'Hacienda somos todos', decía el eslógan, y eso aplica hasta el final de nuestros días. Por eso, hay que estar atento al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de estas prestaciones.
La edad ordinaria de jubilación en España avanza de año en año y para 2022 es de 65 años en el caso de que se alcance una cotización de al menos 37 años y seis meses. De lo contrario, hay que esperar hasta los 66 años y dos meses. Sin embargo, existen casos en los que los trabajadores muestran interés por retrasar esa edad de jubilación y seguir en activo un poco más.
El subsidio para mayores de 52 años es una prestación a nivel asistencial del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) que tiene una especial utilidad en aquellas personas que se han quedado en desempleo y no tienen derecho a paro cerca de la edad de jubilación. De hecho, el cobro de este subsidio puede ser el preludio de una jubilación, aunque sea de forma anticipada.
El gasto en pensiones contributivas para el mes de julio ha sido de 10.856 millones de euros, un 11,8% del Producto Interior Bruto del país, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Con todo ese dinero se han pagado más de 9,9 millones de pensiones a más de nueve millones de pensionistas.
La brecha entre los pensionistas y los trabajadores que llenan las arcas de la Seguridad Social amenaza con incrementarse de cara al próximo año. La inflación está haciendo mella en todas las rentas, y solo los pensionistas cuentan en su totalidad con una ley que blinda su poder adquisitivo. Con una inflación esperada cercana al 8% por el consenso de analistas del panel de Funcas, la comparativa entre los nuevos pensionistas jubilados del régimen general (el más numeroso) y el salario más frecuente en España muestra una brecha que puede alcanzar el 13%.
Las pensiones de incapacidad permanente son, probablemente, las más especiales dentro del abanico de pensiones contributivas que abona la Seguridad Social. Una de las particularidades que rodea a estas prestaciones es que en ellas juega un papel trascendental el grado de la incapacidad permanente que tiene el trabajador.
La última década ha sido una década de cambio para el sistema de pensiones español a través de diferentes reformas cuyos efectos aún se dejan sentir. De hecho, para el próximo año se implementarán nuevos cambios que solo forman parte de una hoja de ruta que, como mínimo, se extenderá varios ejercicios más.
La tendencia actual en el sistema de pensiones es que los nuevos jubilados lo hagan con una pensión de mayor cuantía que la pensión media. Según los datos de junio de la Seguridad Social, la pensión media de jubilación era de 1.254 euros por los 1.364 euros mensuales de media de las nuevas altas, es decir, los nuevos jubilados. Una tendencia que también aplica a las personas que se jubilan de forma anticipada.
Las pensiones de incapacidad permanente son quizá las más especiales dentro del abanico de prestaciones contributivas. Dado que hay que acreditar no solo el derecho a la pensión, sino también el grado y asegurarse de que la concesión se ajusta a las necesidades del ciudadano, el proceso puede alargarse incluso durante meses.
En la gran mayoría de las ocasiones un despido suele ser un acontecimiento traumático para los trabajadores, pero existen circunstancias en las que es posible encontrar una solución para tener ingresos tras ese adiós a la empresa y a la vez poner fin a la carrera laboral.
Las pensiones contributivas de jubilación y las de viudedad son las más abonadas del sistema. Estas 8,6 millones de prestaciones (6,25 millones de jubilación y 2,35 de viudedad, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social) no tienen por qué abonarse a otros tantos beneficiarios, ya que en algunos casos se permite el cobro de las dos pensiones a la vez.
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