Un despido siempre se trata de una situación muy delicada para el trabajador, ya que le supone un antes y un después en su vida. Un cambio que incluso puede ser todavía más complicado cuando se produce cerca de la edad de jubilación, un periodo en el que resulta complicado reintegrarse en el mercado laboral consiguiendo un nuevo trabajo.
Las pensiones de incapacidad permanente son las terceras más abonadas del todo el catálogo de pensiones contributivas de la Seguridad Social, con cerca de 950.000 prestaciones cada mes (datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social). Por su origen y las situaciones que cubre, es quizá la más peculiar de las pensiones contributivas, aquellas que dependen en mayor o menor medida de una aportación del trabajador, a través de las cotizaciones.
La última parte de la reforma de pensiones comprometida en el Plan de Recuperación centra parte de sus objetivos en la modificación de las bases máximas de cotización y de las propias pensiones más elevadas del sistema público con la vista en mitad de siglo. Dos elementos esenciales: los ingresos por cuotas y la paga que recibe el jubilado tras su carrera laboral. En público, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha situado la horquilla del aumento para la pensión máxima entre el 15% y el 20%. El ministro otorga peso a una subida de entre el 20% y el 30% del tope de las bases de cotización.
El destope implica que aumentarán las cotizaciones de los trabajadores que, por sus salarios, venían cotizando a máximos y que cuando llegan a la jubilación, la base reguladora es superior a la pensión máxima de la Seguridad Social y vuelven a reducir sus pensiones respecto a lo que cotizaron durante su vida laboral. No es tan relevante el horizonte temporal de los 30 años que plantean, sino la brecha que actualmente existe entre las bases máximas cotizadas y la pensión máxima que se obtenga al jubilarse.
La base reguladora es un concepto que se hace común en la vida de los trabajadores desde el momento en el que generan derecho a cobrar, si fuese necesario, prestaciones por desempleo y, en el futuro, pensiones contributivas. La más destacada de todas ellas, la de jubilación, no escapa a esta realidad.
Las pensiones contributivas, como la de incapacidad permanente, exigen en ocasiones requisitos de cotización para poder cobrarlas. En lo que concierne a las de incapacidad permanente esta cotización en la gran mayoría se pide en aquellos casos en los esa incapacidad derive de una enfermedad común.
La edad real de jubilación en España es de 64,8 años, según los datos provisionales para 2022 de la Seguridad Social. Esta cifra es ligeramente inferior a la edad de jubilación ordinaria y una fecha relativamente asequible para lograr una jubilación anticipada siempre que se reúnan los requisitos que solicita el sistema y se asuman los recortes en las pensiones que conllevan.
Aún queda más de un mes para las festividades de Navidad, pero en el sistema de pensiones se acerca la fecha de la paga extra de las pensiones, una de las 14 mensualidades de las prestaciones contributivas que se abona a millones de pensionistas en nuestro país y de la que quedan fuera algunos casos concretos.
Como cada año desde hace casi una década, la llegada de 2023 traerá consigo diferentes cambios en el sistema de pensiones español. Estas modificaciones afectan a diferentes materias dentro de las competencias de la Seguridad Social, pero una de las más destacadas es la de los requisitos para jubilarse.
El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) del Ministerio de Hacienda rechaza la doctrina establecida por la dirección general de tributos, en su resolución de 24 de octubre de 2022, al establecer que cuando se reciben prestaciones de diversos planes de pensiones, con aportaciones anteriores a 2007, la reducción del 40%, puede aplicarse a todas las cantidades percibidas en pago único y forma de capital en el ejercicio en el que se realice el cobro y en los dos ejercicios siguientes, y no solamente en un ejercicio.
Aunque todos los años importan, los ejercicios previos a la jubilación de los trabajadores son probablemente los más importantes de cara a lo que será en el futuro su pensión de jubilación. Especialmente en aquellos casos en los que creen que sus cotizaciones serán más bajas de lo que desea y buscando tener una cuantía que consideren suficientemente adecuada.
Con el objetivo de mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones, desde la Seguridad Social se trata de incentivar la mayor permanencia posible de los trabajadores en el mercado laboral, ya que así siguen cotizando y realizando aportaciones que se pueden destinar al abono de las pensiones, un gasto que supone el 11,8% del Producto Interior Bruto del país, de acuerdo con los datos oficiales del organismo.
Suena como a algo de otro planeta, de otra época, pero muchos ciudadanos tuvieron que realizar en su momento el servicio militar obligatorio, más conocido como la 'mili', o bien optaron por la prestación social sustitutoria si se declararon como objetores de conciencia. Todas estas personas, incluidas las mujeres que realizaron el servicio social femenino obligatorio, tienen una pequeña recompensa como contraprestación por esos periodos alejados de un trabajo que les permitiese cotizar.
La pensión de jubilación a la que nos referimos de forma coloquial es en verdad la denominada pensión contributiva de jubilación y, en honor a su nombre, obliga a los trabajadores a realizar diferentes contribuciones a lo largo de su vida profesional para tener derecho a cobrarla posteriormente. Estas contribuciones son las cotizaciones a la Seguridad Social.
Todos los componentes de la mesa de negociación por la reforma de pensiones en el seno del diálogo social cargan contra el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, por el retraso y la falta de información en esta segunda parte de la reforma que debe estar lista este semestre. Tal y como informó este medio, en privado ya mostraban un cierto malestar e inquietud que ahora trasladan públicamente cuando son preguntados por las diferencias con ministro Escrivá.
'Hacienda somos todos', decía el eslógan, y eso aplica para todos los ciudadanos españoles, tal y como reza esa frase que ha pasado a formar parte de la cultura popular española. Esto también afecta a los pensionistas, que una vez retirados de su vida profesional mantienen su condición de contribuyentes aunque estén jubilados.
Adelantar el momento de dejar la carrera profesional y tomar el camino de la jubilación es una más de las opciones que proporciona el sistema de pensiones español. No siempre puede hacerse, pero cumpliendo una serie de requisitos es posible anticipar el retiro antes de la edad ordinaria de jubilación, que varía entre los 65 y los 66 años y dos meses dependiendo de la cotización del ciudadano.
La pensión de incapacidad permanente es la tercera más abonada de todas las prestaciones contributivas que abona la Seguridad Social, pero su cobro no tiene por qué ser eterno. Están sujetas a revisiones del tribunal médico, a mejoras en la salud del trabajador...y, claro está, a la jubilación de la persona que la percibe.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha descartado que en España se necesite subir la edad legal de jubilación a los 70 años, porque los 67 años que se establecieron para 2027 es una edad "más que suficiente" para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
La jubilación anticipada es una opción muy atractiva para los trabajadores que desean adelantar su retiro profesional. Para ello tendrán que cumplir los requisitos que marca cada modalidad. En base a las circunstancias del trabajador en el momento del acceso a la jubilación tendrá que acogerse a una u otra, y en función de esa elección tendrá que acreditar diferentes requisitos.
El responsable de análisis económico de BBVA Research, Rafael Doménech, alertó ayer del "problema que supone descansar todo el ajuste de las pensiones en un aumento de la presión fiscal". El economista señaló el riesgo del aumento "significativo" de la presión fiscal para poder cubrir un gasto en pensiones creciente y, especialmente, el déficit estructural del sistema de pensiones. El próximo año, el ministerio de Escrivá aplicará un doble esfuerzo extra fiscal con el incremento de las bases máximas de cotización del 8,6% y la sobrecotización de 0,6 puntos.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá defiende los incentivos para alargar la jubilación para garantizar, en cierta medida, parte el incremento del gasto en pensiones provocado por la revalorización con el IPC. El ministro destaca que estos incentivos aliviarían de gasto al sistema en 1,5 puntos sobre el PIB, por 2,7 puntos que sumará la indexación a la inflación a largo plazo.
Las pensiones contributivas de jubilación son, de largo, las más abonadas de todo el sistema: significan el 62,9% de los casi 10 millones que se pagan mes a mes. Es por eso que también son las prestaciones más solicitadas y, por lo tanto, obligan a la Seguridad Social a dar una respuesta en un periodo de tiempo no demasiado largo.
La senda de reducción de los números rojos de la Seguridad Social se romperá el próximo año 2023. El análisis de las cuentas del departamento encargado de las pensiones, la principal partida del gasto de los Presupuestos, revela que el déficit de la Seguridad Social bajará al 0,4% del PIB a cierre de 2022 -es decir, una décima mejor de lo proyectado por el Gobierno, para repuntar al 0,7% -0,9% si se deducen los ingresos extra del Mecanismo de Equidad, que van directamente al Fondo de Reserva- el próximo año. Este desvío implica un incremento de medio punto equivalente a 8.256 millones.
Todo el mundo quiere cobrar en el futuro una pensión de jubilación de la mayor cuantía posible, pero no tanta gente conoce cómo se calcula el importe de estas prestaciones ni lo que se tiene en cuenta a la hora de proceder a ese cálculo. En lo que a muchas personas se les antoja casi como un jeroglífico tienen extrema importancia dos conceptos que, al contrario de lo que se piensa, no son lo mismo: la base de cotización y la base reguladora de los trabajadores.
La gran mayoría de los trabajadores desean jubilarse de forma anticipada, es decir, antes de la edad ordinaria de jubilación. La normativa permite hacerlo de diferentes maneras, pero en cada una de ellas se contemplan diferentes requisitos y una edad mínima a partir de la cual se puede adelantar esa jubilación.
Un día después de la euforia monclovita, economistas consultados por este diario advierten de los aspectos menos lúdicos y propagandísticos del acuerdo alcanzado en la madrugada del lunes, según el cual se da luz verde a un fondo de Recuperación de la UE de 750.000 millones de euros -140.000 millones irán destinados para España-.
La Seguridad Social registró un déficit de 740 millones de euros en los nueve primeros meses del año, tras ingresar en este periodo 104.395 millones de euros, un 8,6% más que el año pasado, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 6.981,6 millones de euros para proporcionar cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Todas las solicitudes de una pensión contributiva tienen sus tiempos de resolución por parte de la Seguridad Social (el organismo encargado de decidir si las concede o las deniega), pero en el caso de la pensión de incapacidad permanente todo se complica un poco más, ya que el procedimiento se compone de unas fases especiales.
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