La Generalitat catalana llevará al Estado a los tribunales por no abonar los pagos a cuenta que les corresponden en 2019. Sin duda, estas partidas son fundamentales para las autonomías de régimen común, ya que de ellas depende que reciban la parte que les corresponde, en cada ejercicio, de la recaudación por impuestos.
El gusto de Torra por los 'asesores transversales'
En las últimas semanas, las consejerías catalanas de Empresa y de Presidencia han coincidido en anunciar el fichaje de dos nuevos asesores, Joana Ortega y Ramir Lafuente respectivamente, cuyos cargos van acompañados en ambos casos por el llamativo adjetivo "transversal". Aclaran en los círculos políticos catalanes que esta clase de personal de confianza no fue creada por el president Quim Torra, pero el actual líder del Govern es quien más uso hace de ella, pese a la falta de transparencia que la caracteriza. Más allá del alto sueldo que les corresponde (a partir de 70.000 euros anuales), poco más se sabe sobre las atribuciones de este tipo de empleados. De hecho, la definición oficial de este cargo que ofrece la Generalitat no va más allá de una cómica concatenación de reiteraciones, ya que describe al asesor transversal como la persona que "estructura proyectos transversales" y elabora "informes estratégicos sobre la aplicación de iniciativas transversales". En suma, fuentes de la oposición en el Parlament afirman que todo se reduce a crear puestos para colocar rápido a personas políticamente afines.5/08 | El Economista
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La exdiputada de la CUP en el Parlament y miembro del Secretariat Nacional del partido, Eulàlia Reguant, avisó al Govern de que, para sentarse a negociar los Presupuestos de la Generalitat de 2020, el Ejecutivo catalán debería incrementar el gasto en políticas sociales. En el caso de permanecer como hasta ahora, prevé elecciones para la primavera de 2020. Para hablar de Presupuestos este Govern debe dar un giro de 180 grados para que la CUP vea una mínima voluntad de cambio y para no reproducir las políticas de austeridad, afirmó en una entrevista de Catalunya Ràdio.
La Generalitat de Cataluña ha hallado un "mecanismo legal" que permitirá ya este año que los funcionarios dependientes de la misma que lo deseen puedan trabajar dos festivos estatales: el 6 de diciembre, Día de la Constitución, y el 12 de octubre, la Fiesta Nacional de España.
Dicen que los partidos que conforman la oposición en el Parlamento de Cataluña se han planteado una curiosa competición. Tratan de ver cuál de ellos es capaz de conseguir que la Generalitat dé algún dato sobre el personal que trabaja en las recientemente reabiertas embajadas catalanas en el exterior. "No hay información que el Govern de Quim Torra custodie con más afán", comentan fuentes cercanas al Legislativo catalán. Aseguran que "en la Cámara, ya son multitud las preguntas que se han dirigido al equipo del president sobre los sueldos y las funciones de estas personas y siempre se obtiene la misma respuesta: no tienen condición de altos cargos y, por tanto, no están sujetos a ninguna exigencia de transparencia". Ante esta total opacidad, la oposición ha intentado buscar un atajo para ver si logran algún dato por mínimo que sea. "Ya que parece que sus salarios son secreto de Estado, hay quien se conformaría con conocer, simplemente, a qué tipo de actos asisten estos diplomáticos", explican. Pero el resultado ha sido igualmente infructuoso. La Generalitat llega al extremo inaudito de negar que dispongan "de ningún tipo de agenda oficial" y, por ello, tampoco ofrece información. "Parece que nuestros cancilleres no se dedican a nada pero, aun así, hay que pagarlos", comenta con ironía un diputado catalán.29/07 | El Economista
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La Junta Electoral Central (JEC) ha multado al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, con un total de 5.500 euros, por quebrantar el principio de neutralidad que deben respetar los poderes públicos durante los periodos electorales al haber difundido, durante la campaña electoral de las elecciones generales del 28 de abril, mensajes en favor de los políticos que están presos a la espera de sentencia por el 'procés' o huidos de la Justicia española.
Un 48,3% de los catalanes rechaza que Cataluña se convierta en un Estado independiente, mientras que un 44% la apoya, un 5,5% no lo sabe y un 2,1% no contesta.
Los rectores de las universidades catalanas llevan tiempo reclamando a la Generalitat medidas para mejorar la delicada situación financiera por la que atraviesan los centros y que los convierten en los más caros de España. Pero, hasta ahora, todas sus peticiones han recibido una negativa por respuesta. El Govern de Quim Torra se escuda en la falta de presupuestos y en la pasada aplicación del 155 para negarse a solucionar el problema. Pero, según dicen en las propias universidades, la falta de dinero no parece ser la única causa de la ignoración de la que Torra hace gala en este asunto. Tienen más de 6 millones para promocionar cátedras repartidas por todo el mundo a través del Institut Ramon Llul. Pero nada para nosotros, dice un responsable de una Facultad catalana. Según la misma fuente esta contradicción responde al interés de Torra de promocionar en el exterior la lengua y la cultura catalanas. Incrementaremos nuestras protestas y no descartamos paros en el inicio del próximo curso escolar, amenazan en ambientes universitarios.15/07 | El Economista
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Convertir a Josep Borrell en el Alto Representa de la UE fue uno de los grandes objetivos de Pedro Sánchez durante las negociaciones para elegir a los altos cargos comunitarios. Para el Gobierno español ese cargo es clave para aumentar la influencia de España en el ámbito internacional. Con esa idea, se dice que el aún ministro de Asuntos Exteriores ya tiene sus primeros deberes que llegan de España. Por lo visto Sánchez ha pedido a Borrell que sitúe las relaciones con América como prioritarias para aprovechar el reciente tratado de la UE y Mercosur y potenciar el papel de nuestro país. Pero parece que Borrell tiene otros deberes. Sánchez ya intentó hace poco más de un año que la UE financie el mantenimiento de los centros de acogida a inmigrantes, los conocidos como centros de Estancia Temporal (CETIs). De ahí que pida a Borrell que utilice su alto cargo diplomático para impulsar un pacto europeo en inmigración, que sirva para ayudar a los países receptores, como es el caso de España. Apesar de ello, dicen que en Ejecutivo son perfectamente conscientes de la dificultad que habrá para llegar a ese consenso. Convencer a los países del Este será difícil, explican. Las mismas fuentes indican que una de las claves será la postura que toma la futura presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen.11/07 | El Economista
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Ribera ordena evitar una guerra con las eléctricas
El Ministerio de Transición Ecológica no ha tardado en responder a los recortes a las redes de distribución de electricidad y gas que la CNMC plantea. Así, el departamento que dirige Teresa Ribera propone cambios en las propuestas del organismo además de convocar una Comisión de Cooperación al invadirse sus competencias. A pesar de la rápida respuesta, el sector eléctrico, con Naturgy a la cabeza, ya presiona al Gobierno paralizando las inversiones previstas en redes para este año hasta que se conozca el impacto de los recortes en sus cuentas de resultados. Pues bien, desde el entorno de Ribera se dice que la ministra no quiere que se abra una guerra con el sector energético. Con esta idea, comentan que ha dado orden para que se llegue a un acuerdo, algo que solo se podrá conseguir suavizando el "hachazo" que Competencia da a las redes. "Lo que se quiere evitar es que el conflicto dificulte la llegada de inversiones que son necesarios para impulsar el Plan de Transición Ecológica", dicen en el Ejecutivo.
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