El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que, junto con Comisiones Obreras (CCOO), van a incrementar las movilizaciones, en la medida en la que la pandemia lo permita, para combinar las protestas con la negociación para lograr la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y la derogación de la reforma de las pensiones y de la reforma laboral.
UGT y Comisiones Obreras (CCOO) han reclamado al Gobierno central sentarse a negociar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y la derogación de la reforma laboral y la de las pensiones. Esta reivindicación les ha llevado a realizar movilizaciones este jueves en todas las capitales de provincia de España bajo el lema '¡Ahora sí toca!'.
Los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, junto con los secretarios generales de ambos sindicatos en Madrid, Jaime Cedrún y Luis Miguel López Reíllo, intervienen este jueves a las 12 horas en la concentración de delegadas y delegados sindicales en Madrid, bajo el lema ¡Ahora sí toca!, para pedir al Gobierno que eleve el SMI y derogue las reformas laborales y la reforma de pensiones de 2013.
El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles las reglas del programa más importante del fondo europeo de recuperación, que establecen las condiciones y el procedimiento para acceder a los 672.500 millones de euros que la Unión Europea (UE) distribuirá a los Estados miembros entre transferencias y préstamos.
Decía recientemente la diputada y vicepresidenta de la Comisión Mixta de la Unión Europea, Teresa Jiménez Becerril que el PSOE no es el responsable de que haya una crisis económica por el COVID 19 pero sí "es el responsable de que España sea de los países que peor se ha comportado y más empleo ha destruido en esa crisis económica de todo el mundo".
El Gobierno afrontará los cambios en la reforma laboral aunque no se llegue a un acuerdo con la patronal. La puerta la abrió ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al matizar que el diálogo social "es un proceso, no un resultado" y que el Ejecutivo llevará a cabo las medidas que considere apropiadas aun sin consenso.
No tiene un minuto libre y ahora está centrado no solo en las movilizaciónes -que el sindicato que lidera ha planteado para la próxima semana-, sino en cómo tramitar el reparto de los fondos Covid. Aunque no oculta que se siente ideológicamente cómodo con un gobierno de izquierdas, dice que están hartos de que sus promesas no tengan reflejo en el BOE. "Hay un programa que deben cumplir ya", advierte. Tal vez por eso cuando le preguntas si tiene el alma dividida por su condición de sindicalista y militante del PSOE desde hace más de cuarenta años reacciona rápido: "En UGT, más allá de nuestros lazos históricos con el PSOE, no somos primos y no damos cheques en blanco a ningún gobierno". Haber liderado durante un cuarto de siglo la UGT catalana y llevar afiliado al sindicato socialista desde el 75 le han curtido en batallas laborales de todo tipo y no está dispuesto a bajar la guardia. "Debe visualizarse que hay una mayoría en España que quiere que se derogue la reforma laboral, que no se recorten las pensiones y que se suba el salario mínimo (SMI)", advierte. A Josep María Álvarez (Belmonte de Miranda, Asturias, 1956) todos en su entorno le llaman Pepe, haciendo honor a su fama de campechano y sencillo con un discurso de sindicalista en estado puro, pragmático y resolutivo. Es la voz de la UGT, el hombre que lidera uno de los dos sindicatos más importantes de España y ha conseguido lo que parecía casi imposible en estos tiempos revueltos: elevar el nivel de afiliación, en descenso desde hacía años.
Con una caída histórica del PIB del 11 por ciento, la mayor del mundo desarrollado; un déficit público disparado que se estima en torno al 9 por ciento del PIB; una deuda pública en el entorno del 120 por ciento de nuestro producto interior y un paro real de mas de cinco millones de personas incluyendo los autónomos y los afectados por los ERTE, la economía española adolece en la UCI a la espera de que llegue los casi 150.000 millones de dosis de vacuna, en forma de millones de euros del Fondo Europeo de Reconstrucción.
Una de las 17 reformas de ámbito laboral (como ya avanzó Nadia Calviño) que La Moncloa ha remitido a Bruselas se centra en la modificación del actual Erte (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). En el resumen que entregó ayer el Gobierno a los agentes sociales se apunta la creación de un Fondo tripartito (Estado, empresas y trabajadores) para financiar las prestaciones y la compensación de las cotizaciones de los trabajadores en Erte. Ésta y la reforma de pensiones son las dos únicas que faltaban por remitir a Bruselas.
CCOO y UGT han convocado este martes movilizaciones el jueves 11 de febrero a las 12.00 horas ante las delegaciones del Gobierno en todas las provincias para exigir, entre otras cosas, el aumento del salario mínimo y la derogación de las las reformas laborales y de pensiones.
CCOO y UGT han acordado llevar a cabo movilizaciones en el mes de febrero para pedir al Gobierno de coalición que cumpla con la agenda de reformas sociolaborales comprometida, según han informado ambos sindicatos tras la reunión de sus órganos directivos.
El escudo social está resquebrajado, agrietado, no defiende las clases sociales con menor poder adquisitivo. La renta mínima llega a una quinta parte de las personas que preveía Podemos (160.000 familias frente a las 850.000 anunciadas), apuntarse al desempleo o solicitar la jubilación es casi un acto de fe en estos momentos; la Administración está semiparalizada por la caótica coordinación de un Gobierno con 23 ministerios y más de cien secretarías de Estado. Las ayudas a la hostelería se retrasan por las discrepancias entre Industria y Hacienda. El rosario de ineficiencias es interminable.
El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea al cargo de Economía, Valdis Dombrovskis, se muestra optimista tras la victoria del candidato demócrata Joe Biden en las elecciones estadounidenses. En una entrevista exclusiva con elEconomista, el letón, quien también asumió la cartera de Comercio el pasado mes de octubre, espera forjar un "nuevo comienzo" en las relaciones bilaterales de Bruselas con la administración de los Estados Unidos.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador realizó este miércoles desde Palacio Nacional la presentación de la primera etapa de la Reforma Laboral, durante la cual, Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) afirmó que se da respuesta a la deuda histórica con los trabajadores y se apuesta por la conciliación.
La reciente iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para regular la subcontratación, sin integrar las perspectivas de las empresas, afecta las condiciones de inversión, alertó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
Las mentiras tienen las patas cortas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se pasó los últimos meses culpando a Europa de no poder reducir el IVA de las mascarillas, algo que se comprobó que era mentira cuando se descubrió que se trataba de una simple recomendación. Una recomendación es también lo que emitió Europa para luchar contra los bulos y la desinformación y, sin embargo, el Gobierno montó un Ministerio de la Verdad para perseguir a periodistas díscolas, con CNI incluido, dirigido por esa especie de Superman de La Moncloa, que es Iván Redondo.
El Ministerio de que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño, el de Asuntos Económicos, hizo este jueves caso omiso a las amenazas de dirigentes de Unidos Podemos, como Pablo Echenique, y Rafael Mayoral, quien en pleno debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado afirmaron que el "desmontaje" de la reforma laboral del PP será absoluto, confiando en la colaboración de la ministra Yolanda Díaz.
La próxima reforma a la subcontratación debe tener un enfoque integral, coincidieron expertos durante un seminario organizado por la Red de Mujeres Sindicalistas.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha reclamado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abordar la "corrección" de aspectos centrales de la reforma laboral del año 2012 antes de que concluya el 2020.
Para bajar la carga regulatoria de las empresas, se buscará eliminarles el pago de aportes a salud y los parafiscales, según un borrador de documento Conpes revelado en exclusiva por W Radio.
Es claro que estamos metidos en un período de gran producción legislativa en el Derecho del Trabajo. La sucesión de Reales Decretos-leyes que ha caracterizado la crisis sanitaria global ha ido ampliando su objeto para incluir otras cuestiones ajenas a las necesidades provocadas por la pandemia.
Era de esperar que, conociendo al personal con el que nos la estamos jugando, el país que tiene los peores resultados sanitarios y económicos de Europa fuera el que presentara los presupuestos más utópicos e inconsistentes de la Unión.
El presidente Sánchez presentó su trabajo de primer año de legislatura para la asignatura de economía. El tribunal era variopinto y amistoso. Todos dispuestos a darle una buena nota, los partidarios de la izquierda porque si no se juegan los asientos y el poder, la sociedad civil, económica y social, porque piensa chupar de la vaca Estado que parece va alimentar la UE. De manera que presentó un esquema aprendido de los eslóganes a la moda: transición ecológica, economía digital, inclusión social y de género, ...
Los últimos datos conocidos sobre la evolución de los costes laborales en España y el impacto conocido de la pandemia en el mercado de trabajo dan cuenta del estrecho margen de maniobra que tiene el Gobierno en su intento anunciado de reforma laboral, que más allá ya ha sido desaconsejado desde organismo como la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional, que piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez mantener vigentes los fundamentos de la reforma del PP de 2012. Pero los expertos advierten de que ciertos cambios como revertir la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, rescatar la ultraactividad de los convenios o modificar la política de subcontratación podrían, llegado el punto, suponer un elemento de mayor destrucción de empleo por el incremento de las cargas para los empresarios.
Lideramos el número de contagios en Europa y el segundo país donde más crecen en el mundo, superados solo por Uganda. No contratamos suficientes rastreadores hasta que nos vimos desbordados por los positivos en coronavirus ni sanitarios hasta que los centros de atención primaria se saturaron.
Valga el título de la laureada película de Francis Ford Coppola, el apocalipsis ahora, para describir la situación real de una economía española que, empujada por el imparable crecimiento de los rebrotes de la COVID, se precipita aceleradamente hacia el abismo. Una economía que con los datos del último informe de la Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS), corroborado un día después casi textualmente por el Banco de España, venía a confirmar el doble sentido que la historia y los lingüistas dan a la palabra apocalipsis: el de revelación y el de "situación catastrófica que evoca la imagen de la destrucción total", como la describe la Real Academia de la Lengua.
La Comisión Europea publicó este martes su informe anual sobre la situación el empleo en Europa. El informe aterriza justo cuando la UE atraviesa la mayor recesión en sus siete décadas de historia, con una destrucción de empleo solo amortiguada por los ERTE y otros esquemas similares que han puesto en marcha los Estados miembros.
El último informe anual de la Comisión Europea sobre la situación del empleo en la UE contiene una significativa valoración de los convenios salariales de empresa frente a los fijados para sectores en su conjunto. Bruselas deja claro que los acuerdos del primer tipo son especialmente eficientes a la hora de alinear la evolución de los sueldos con la productividad de las plantillas y con el contexto económico general.
La fusión entre Bankia y CaixaBank entra en la recta final. En los próximos días se anunciarán los términos del acuerdo. La principal incógnita en estos momentos es la prima para los accionistas de Bankia, que rondará el 20 por ciento.
La ministra María Jesús Montero reconoció esta semana que se plantea renunciar al alza salarial para los funcionarios en 2020. Hay analistas que quieren ver en esta decisión un paso más del Gobierno hacia una cierta moderación, un camino iniciado al renunciar a subir los impuestos en los nuevos Presupuestos.
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