El Ministerio de Transición Ecológica ha incumplido su compromiso con la Comisión Europea de reformar la tarifa regulada de electricidad -el llamado Precio Voluntario para el pequeño consumidor (PVPC)- antes del pasado mes de octubre.
A pesar de que el mecanismo de la 'excepción ibérica' está permitiendo a los clientes en España abaratar su factura de la luz (alrededor de un 11 % menos), lo cierto es que el precio que deben abonar sigue siendo demasiado alto. Tanto es así que en este mes de agosto la factura media regulada ha sido la segunda más cara de la historia, elevándose hasta los 130,99 euros para un hogar medio, según denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
La Asociación de Consumidores de Electricidad, la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía y la Asociación de Grandes Consumidores de Energía Eléctrica del Sector Servicios, que representan conjuntamente unas 20.000 empresas con elevado consumo de energía —25% del consumo eléctrico nacional—, y más de 660.000 empleos directos, han pedido al Gobierno que adopte medidas contundentes para hacer frente a la crisis energética. Las tres asociaciones se unen prácticamente por primera vez para realizar un llamamiento al Gobierno, al tiempo que aplauden las medidas adoptadas en el decreto para hacer frente a la guerra en Ucrania.
Los precios registrados en el mercado mayorista han alcanzado valores récord en 2021, llegando a superar puntualmente los 400 €/MWh el 23 de diciembre, lo que ha provocado una fuerte subida de los recibos de la luz en hogares y empresas. Los precios del gas tampoco se han quedado atrás. Según el último boletín de precios de mercados de GasIndustrial, el precio medio de Mibgas en noviembre fue de 83,11 €/MWh, un 7,4% inferior al pasado octubre (-6,6 €/MWh) y un 473,1% superior a noviembre de 2020 (+68,6 €/MWh), aunque ha llegado a alcanzar los 183 €/MWh de media el 22 de diciembre. Esta situación está provocando un verdadero drama en el sector industrial.
La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció ayer su intención de lanzar un nuevo paquete de medidas para tratar de contener la fuerte subida de los precios de la electricidad.
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia espera un boom en el autoconsumo para el próximo año. Según los datos aportados al organismo regulador, el número de pequeños clientes que contarán con una instalación de este tipo pasará de 56.886 a 203.105 clientes, lo que supone multiplicarlos por 3,6.
Iberdrola ha llegado a un principio de acuerdo con Graftech Ibérica, empresa con sede en Ororbia (Navarra), para establecer un precio eléctrico fijo para los próximos dos años. La compañía energética se comprometería a no variar los precios eléctricos fijos pactados para "no afectar a la competitividad de la empresa con los incrementos del precio del gas natural", siempre y cuando no se produzcan subastas de energía primaria.
Podría empezar esta tribuna diciendo que vivimos tiempos revueltos en el sector eléctrico, pero sería más apropiado decir que el sector eléctrico no conoce remansos y cuando no es por una coyuntura de precios altos del gas de consecuencias globales, un cambio regulatorio nos preocupa y nos genera incertidumbre.
Aelec, la patronal que aglutina a Iberdrola, Endesa y EDP, ha pedido que desaparezca la actual tarifa regulada PVPC para avanzar en el espíritu de las directivas europea y limitarla a los consumidores vulnerables, un extremo que el Ejecutivo puede retrasar todavía hasta 2025.
El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha propuesto como solución al alza desorbitada del precio de la luz, que está afectando a consumidores y disparando los costes energéticos de la gran industria, que las compañías eléctricas firmen acuerdos a largo plazo, de unos cinco años, con las grandes compañías industriales para poder aplicar así unos precios "más razonables".
El Ministerio de Transición Ecológica se da por vencido y confirma que reformará la formación de precios de la tarifa regulada en España, tal y como le solicitan desde hace años las empresas eléctricas. El Gobierno dará formalmente este paso, previsiblemente, a finales de este año, ya que por el momento va a someter a consulta pública la fórmula que piensa adoptar y la mantendrá abierta hasta el 22 de octubre.
El consejo de administración de Naturgy se reunió ayer para valorar la opa del fondo australiano IFM. El máximo órgano de administración tiene que dar a conocer su opinión sobre la oferta esta semana pero, según fuentes del mercado consultadas por este diario, se espera que del mismo salga un comunicado a la CNMV en las próximas horas en el que se indique que la oferta del inversor australiano no refleja el valor de la compañía tras la presentación del plan estratégico. En dicho comunicado, el consejo no pedirá explícitamente un incremento de la oferta del fondo.
A la espera de que empiecen a hacer efecto las medidas aprobadas este martes por el Consejo de Ministros para controlar las subidas del precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista, este bate otro récord este miércoles y se desbocará hasta los 172,78 euros el megavatio hora (MWh), lo que supone una subida del 12,6% respecto a este martes.
En el día de hoy España y Portugal pagarán 150,78 euros/MWh, un mismo precio con distintas implicaciones. Mientras las constantes subidas de luz colman las conversaciones de los españoles, pues los incrementos y la volatilidad de las facturas preocupan y presionan las economías de muchos consumidores, en Portugal el panorama es muy distinto. Las subidas de la electricidad no son razón de mayor preocupación para nuestros vecinos, a pesar de compartir el mismo mercado. ¿El motivo principal? Compañías del sector eléctrico apunta a la ineficiente metodología empleada para la fijación del precio de la energía en la tarifa PVPC.
No para y de hecho estos días está preparando las propuestas económicas que saldrán de la convención que celebrará su partido a finales de mes y celebrando reuniones con la sociedad civil y las reglas Chatham House. Ha pasado el verano en Torrelodones en familia, como a ella le gusta, pero haciendo guardia en el PP con todo el asunto del precio desorbitado recibo de la luz, pero no se queja. Economista de profesión y una de las primeras mujeres interventoras de Hacienda, Elvira Rodríguez Ferrer (Madrid, 1949) volvió de nuevo a la primera línea política de la mano de Pablo Casado que le nombró vicesecretaria general de acción sectorial. O, lo que es lo mismo, la responsable de los asuntos económicos -y también como diputada pata negra- en el Congreso, donde ha sido la portavoz del grupo de reactivación económica. Es una mujer realista y vital, que tiene una justa fama de trabajadora incansable. Capaz de conseguir la cuadratura del círculo, atender a sus labores profesionales y, además, no descuidar a su familia, a sus cuatro hijos y sus siete nietos. Tal vez por eso cuando le preguntas si haber sido casi todo en política -directora general, secretaria de Estado de Presupuestos con Cristóbal Montoro o ministra de Medio Ambiente, entre otros cargos- le hace situarse por encima del bien y del mal suele decir, sin más, que "se le pueden echar años a la vida o vida a los años, y yo estoy en lo segundo". Dice que el Gobierno es incapaz de dar solución a los problemas reales de los ciudadanos, que está haciendo vulnerables a todos "para tener pesebre y comprar votos cautivos". Comparte con los empresarios la idea de que no es el momento de subir el SMI y apuesta por dar una vuelta a los Ertes. "No hay que seguir ayudando a las empresas zombis", sentencia.
Bajo el lema Olvídate del Pool, Naturgy va a lanzar una iniciativa para paliar los efectos en los consumidores de la actual crisis de los precios eléctricos. Así lo anunció su presidente Francisco Reynés en el marco del VI Foro de Energía, celebrado por elEconomista, en el que se dieron cita los principales líderes del sector energético español.
Anda el Gobierno perdido y ciego buscando una luz que le ilumine para solucionar las desmedidas y abusivas subidas de la tarifa eléctrica. Unos, como los extravagantes ministros podemitas con medidas estrambóticas e intervencionistas, amén de inservibles y rayanas en la ilegalidad. Y otras, como la ministra Calviño, que parecía la más lista de la clase pero que se ha contagiado de la mediocridad circundante recurriendo a excusas de mal pagador como pretexto de echar la culpa al empedrado que, en esta ocasión, lleva el nombre de Rajoy, cuando hace ya más de tres años que fue expulsado de La Moncloa por quienes ahora gobiernan y que en ese tiempo ni se han preocupado ni ocupado del asunto.
La falta de conocimiento sobre el funcionamiento del mercado energético lleva a conclusiones tan erróneas como identificar a las empresas eléctricas como las primeras interesadas en que se mantenga una situación como la presente, en la que el precio en el mercado mayorista no deja de encadenar máximos (ayer subió otro 3,3%).
La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha afirmado este viernes que el Gobierno no está hablando de nacionalizar ninguna empresa energética y ha explicado que se está analizando, en el caso de las explotaciones hidráulicas, cuál es la mejor respuesta, ante la escalada en el precio de la luz.
La presión a la que el Gobierno se ve sometido por el constante alza del precio de la luz tiene un efecto inquietante.
En medio del creciente debate político por la escalada de los precios de la luz, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha planteado este jueves la creación de una empresa pública que aglutine las concesiones hidroeléctricas una vez expire su plazo de concesión, recogiendo así el 'guante' lanzado por Unidas Podemos, socio de Gobierno. Ribera también abre la puerta a reformar la tarifa regulada por su dependencia del mercado mayorista.
El precio mayorista de la electricidad sigue encadenando hitos, al llegar ayer a los 114 euros por megawatio. Ese récord será tan efímero como los anteriores debido a que hoy mismo quedará superado. Resulta así cada vez más patente la inutilidad de las medidas tomadas por el Gobierno para frenar los encarecimientos.
La organización empresarial señala que esta revisión debe incluir todos sus componentes y critica que el Gobierno se centre en medidas parciales, que derivan la responsabilidad a los consumidores y no benefician al conjunto de ciudadanos y empresas.
El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, ha señalado este jueves que la intención de la nueva tarifa eléctrica es aprovechar las infraestructuras y promover el ahorro energético. Ha comparecido en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, como también la consejera de Ciudadanía, María Victoria Broto, para dialogar sobre este asunto.
El Ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha anunciado este jueves que el Gobierno está estudiando una reducción del IVA sobre la electricidad para bajarlo del 21 al 10% ante el encarecimiento del precio de la luz de las últimas semanas. Desde Hacienda, la ministra María Jesús Montero, ha pedido "no especular" con la fiscalidad de la luz.
Durante estos últimos días las redes sociales se han llenado de críticas por la nueva tarifa eléctrica que entró en vigor este martes 1 de junio. Uno de los últimos en pronunciarse al respecto ha sido el actor Daniel Guzmán, que con frecuencia lanza sus reivindicaciones sociales y políticas en Twitter.
El Consejo de Ministros enviará al Congreso de los Diputados un anteproyecto de Ley cuyo objetivo será reducir en cerca de un 15% el recibo de la electricidad en los próximos cinco años con la aprobación del llamado céntimo verde así como de la eliminación del dividendo de carbono, es decir, las cantidades que perciben centrales que no emiten CO2 por la existencia de un mercado marginalista. En total, el recibo de la luz tendrá un ajuste de 7.500 millones de euros, lo que supondrá una rebaja de entre un 15 y un 17% para los consumidores.
La intención pública del Gobierno de tratar de atajar la sobrerretribución que perciben en el mercado mayorista la generación de las centrales eléctricas no emisoras de CO2 anteriores a 2005, no ha sido obviada en el mercado de renta variable.
El recibo medio de electricidad ha repuntado en mayo un 0,8% con respecto a abril y se ha disparado un 43,8% frente al mismo mes del año pasado, manteniendo así su tendencia alcista de los últimos meses.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que la nueva tarifa eléctrica supondrá una rebaja en la factura para los 16 millones de hogares que tenían la tarifa sin discriminación (2.0A) de 21,16 euros al año, aunque considera que los 10 millones que ya tenían activada la discriminación horaria sufrirán un incremento de 34,47 euros.
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