La autonomía estrangula a los ayuntamientos porque, a su vez, está siendo asfixiada por el Estado. Este fue el relato al que recurrió el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, preguntado el pasado viernes sobre la deuda que mantiene el Gobierno valenciano con los municipios de la comunidad autónoma.
Un total de 2.111 euros por ciudadano. Es la cantidad que recibió la Comunitat Valenciana por parte del Estado en 2019 para atender las competencias transferidas a las autonomías (Sanidad, Educación, etc.). La cifra, obtenida a partir de la suma de las entregas a cuenta y liquidaciones transferidas por el Gobierno de España a la región correspondientes a lo que recaudó de los valencianos en 2017 -el Ejecutivo tarda dos ejercicios en repartir las aportaciones- sitúa de nuevo a la autonomía que gobiernan Ximo Puig y Mónica Oltra a la cola de entre todos los territorios del régimen común (sin tener en cuenta a las privilegiadas País Vasco y Navarra).
El presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, pronunció en Madrid un marcado discurso federalista con críticas directas a la centralización del Estado, entre las que incidió especialmente en la concentración de estructuras en Madrid y el dumping fiscal. Madrid absorbe el 29% de los funcionarios de la Administración General del Estado. Es el cuádruple de lo que le corresponde por población, denunció en cuanto a la primera cuestión, y en materia de tributos espetó un mensaje contundente al denunciar un dumping fiscal antipatriótico y perjudicial para el resto de comunidades.
"La deuda de la Comunitat Valenciana ha aumentado en 6.000 millones desde la entrada del Consell del Botànic en 2015, lo que supone un crecimiento de 1.500 millones al año". Así, con meridiana claridad, expone la Conselleria de Hacienda la situación de la abultada factura que debe la autonomía, que al cierre del tercer trimestre de 2019 ascendía a 47.877 millones de euros. Se trata, con diferencia, de la más elevada de entre todas las regiones españolas respecto a su PIB, con un 41,8% (la segunda es la de Castilla-La Macha con un 35,5%). Y encima se dirige sin frenos hacia los 50.000 millones. ¿La razón? Que Gobierno de Ximo Puig no tiene intención de atajarla mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez no repare la infrafinanciación que sufre el territorio.
Un contrato de 242.000 euros públicos adjudicado a dedo para patrocinar un congreso de la Cadena SER que reflexionará sobre la socialdemocracia. Esta cifra, superior a la que perciben muchos medios durante todo un año a través de los procedimientos reglados de promoción institucional de la Generalitat Valenciana, es la que ha decidido invertir el presidente socialista Ximo Puig a través de su propio departamento para auspiciar un evento de tres días que tendrá lugar este fin de semana en Valencia, entre los días 24 y 26 del presente mes de enero.
El grupo parlamentario de Ciudadanos en Les Corts Valencianes anunció este martes que llevará ante la Fiscalía la 'quita' de 1,3 millones de euros concedida por el banco público valenciano (IVF) a Prensa Ibérica en el marco de la compra de Grupo Zeta (propietario de El Periódico Mediterráneo) al entender que la operación podría haber beneficiado al propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig (dueño del 1,16% de este diario de Castellón).
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Eva Ortiz, reclamó de nuevo este martes al Presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que explique si su entrevista en 'The Guardian' (tal y como asegura la empresa The Report Company) "fue un regalo, qué valor tiene y por qué se lo paga", así como "por qué no cumple con la ley de Transparencia". La dirigente se pronunció en estos términos en su comparecencia tras la Junta de Portavoces, en la que aseguró que el PPCV "no descarta" acudir a los tribunales si el Presidente "no lo aclara".
El jefe del Consell, Ximo Puig, ha insistido en que el recurso que va a interponer la Generalitat Valenciana contra el trasvase Tajo-Segura pretende "defender los intereses de los regantes de Alicante y del conjunto de la Comunitat", al tiempo que ha reclamado "no hacer guerras estériles del agua".
"Yo no soy radical en casi nada". La frase la pronuncia el presidente Extremeño, Guillermo Fernández Vara, preguntado por elEconomista sobre la decisión de la Junta de volver a confiar en la colaboración público-privada para la gestión del Hospital de Santa Justa (Villanueva de la Serena, Badajoz). La concesión municipal expiraba y el ayuntamiento de la localidad -también del PSOE- optó por volver a licitar este centro, que atiende tanto a pacientes privados como a los derivados de sus acuerdos de colaboración con el Servicio Extremeño de Salud. Curiosamente, la firma que se impuso en el proceso fue Ribera Salud, denostada en la Comunitat Valenciana de Ximo Puig. La hoja de ruta del socialista valenciano es bien distinta: revertir a la gestión pública las concesiones que expiran, funcionen bien o mal.
El acuerdo de Ximo Puig para salir en The Guardian costó 52.030 euros a los valencianos, los 43.000 euros que comunicó la Generalitat al declarar sus gastos en publicidad institucional de 2017 más otros 9.030 correspondientes al 21% del IVA. Así se desprende de la "copia de la factura electrónica" remitida por la propia administración autonómica ante una solicitud de información del Partido Popular.
México
Argentina
Chile
Colombia
Perú