La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado recientemente en reiteradas ocasiones su intención de implementar en la nueva legislatura una modalidad de despido denominado "restaurativo" o "reparativo". Supondría, en palabras de nuestra vicepresidenta, una variación en la regulación de las causas y consecuencias del despido, actualmente contempladas en el Estatuto de los Trabajadores y, de forma más concreta, respecto a cada sector en los convenios colectivos.
El Gobierno y la CEOE, representada por la patronal europea, International Organization of Employers (OIT, por sus siglas en inglés), dan la espalda a propuesta de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT) de elevar el coste de indemnización por despido improcedente, buscando volver a la legislación previa a 2012. Así lo reconocen los documentos, firmados por la Abogacía del Estado y la IOE, a los que ha podido acceder este medio. Moncloa y los empresarios defienden, de esta forma, la indemnización por despido improcedente de 33 días ante Europa.
Como ya ha hecho en el pasado, Yolanda Díaz volvió a mostrarse esta misma semana a favor de introducir indemnizaciones por despido por encima del tope legal, actualmente en 33 días por año trabajado.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha instado a la CEOE a tener "coherencia" y a negociar una revalorización de los salarios en toda España, tras conocerse que la patronal ha revisado la situación laboral de su presidente, Antonio Garamendi, quien pasará a tener un contrato de alta dirección, con un sueldo fijo de unos 380.000 euros anuales.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha advertido al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que si no cumple "con la legalidad vigente" en torno al servicio de mediación de conflictos laborales, SERLA, el Gobierno tomará las medidas oportunas, que podrían llegar a los tribunales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha adelantado al termino de la reunión de trabajo con los sindicatos y ha revelado que la subida del SMI será del 8%, hasta los 1.080 euros brutos al mes. El líder del Ejecutivo, que se encuentra en el pleno del Senado, ha aprovechado que se encontraba en la Cámara Alta para un debate con el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, para airear la última hora de su Gobierno. El presidente del Gobierno ha avanzado en su primera comparecencia del año en el Senado esta nueva subida del SMI, que se aplicará con efecto retroactivo, cumple con el objetivo de situarlo en el 60% del salario medio español.
La Inspección de Trabajo ha intensificado el control sobre las Big Four en la última semana y, según ha podido saber elEconomista.es, ha pedido que se le remitan más correos electrónicos para comprobar la duración de las jornadas de trabajo de sus empleados tras la macroinspección que se llevó a cabo el pasado mes de noviembre. En concreto, fuentes al tanto de estos requerimientos señalan que este organismo dependiente del Ministerio de Trabajo habría seleccionado a 80 trabajadores de PwC de forma aleatoria y habría requerido que remitiesen los correos electrónicos enviados fuera de su horario laboral.
El Feroz de Honor de Pedro Almodóvar no se lo entregaron ni Penélope Cruz ni Victoria Abril ni Cecilia Roth ni Carmen Maura ni Emma Suárez. Ninguna de ellas subió este sábado a interpretar su papel de Chicas Almodóvar en los Premios Feroz. Pero Emma, protagonista de Julieta, al menos estaba presente en el auditorio.
La vicepresidenta Yolanda Díazy el ministro de Cultura y Deporte Miquel Iceta presentaban hace apenas dos semanas las nuevas medidas de protección social para el sector artístico y este sábado ambos asistieron a la décima edición de los Premios Feroz, donde actrices, actores y trabajadores del sector aclamaron sus iniciativas.
España es el país con más paro de Europa y el gobierno parece estar contento con los resultados de su política laboral y de empleo que se reduce, junto a algunos artificios de propaganda, a subir el salario mínimo una vez al año y a maquillar las estadísticas, esconder cifras y confesar que "no tenemos ese dato". El gobierno de la igualdad no nos dice que las mujeres sufren más que los hombres el paro; el gobierno de la transparencia no nos dice los datos de los fijos discontinuos; el gobierno del escudo social mantiene la mayor tasa de desempleo juvenil de toda Europa.
La patronal CEOE desprende, tras su Comité Ejecutivo, el bloqueo del diálogo social y critica que las principales reformas económicas estén bloqueadas. Medidas clave en materia salarial, de pensiones o el despliegue de los fondos europeos centraron el debate económico de la reunión de los empresarios, que concluyen que el diálogo social "está frenado", pese a que, explican, el Gobierno haga creer que las reformas avanzan. Además, las cargas de Unidas Podemos frente a Juan Roig (Mercadona), fueron objeto de malestar dentro de la patronal.
Los sindicatos con representación en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) irán a huelga el miércoles para exigir al Gobierno el cumplimiento del acuerdo firmado el pasado 7 de julio de 2021. Durante la mañana del lunes ya se reunieron ante las sedes de la organización en todo el país en una primera jornada, para manifestar la "incapacidad del Gobierno de reforzar el organismo".
Forma parte del equipo pata negra de Alberto Núñez Feijóo, representando el ala más centrada del PP, aunque sus adversarios intentan desdibujar su perfil moderado. Su doble condición de secretaria general del partido y portavoz de su grupo parlamentario la convierten en blanco fácil. Pero no se queja. Amable, educada, precisa en sus reflexiones y profesional del Derecho, especializada en jurídico económico por la Universidad de Deusto, Gamarra ama el deporte. Intenta "correr todas las semanas y de vez en cuando hacer alguna maratón". Entretanto, disfruta de las pequeñas cosas de la vida, especialmente de sus sobrinos. Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, nacida en Logroño 1974, fue concejal en el Ayuntamiento de esta localidad, y alcaldesa de esa ciudad entre 2011 y 2019. De aquella etapa, se siente "orgullosa por haber sido la primera mujer en ese cargo rompiendo así ese techo de cristal", que completó con la vicepresidencia de la FEMP desde 2016 al 2019. En la próxima cita con las urnas, Cuca Gamarra estará en la sala de máquinas de la dirección nacional de Génova, desde donde mantiene que España necesita una amplia regeneración democrática. Además, sostiene que el "sanchismo ha devorado al socialismo" y, que nuestro país necesita a Feijóo para dar estabilidad. Pero, a estas alturas, ya tiene claro que su líder será el próximo presidente de España.
El año 2022 ha echado el cierre con una inflación del 5,7% en diciembre, reduciéndose en los últimos meses. Al contrario está evolucionando el IPC subyacente, que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos, que ha cerrado el año en el 7%. Al respecto de este último dato, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha achacado el continuo repunte de estos meses a "los beneficios empresariales".
La vicepresidenta Yolanda Díaz redobla su ofensiva iniciada con la reforma laboral contra el empleo temporal. De hecho, elimina todos los incentivos actuales, salvo en los casos de personas con discapacidad y de víctimas de violencia de género. Queda así laminada una fórmula de contratación que ha sido injustamente perseguida por el propio Gobierno acusándola de ser causa de fraude y precariedad en el mercado laboral. Una cacería que no ha tenido en cuenta que la temporalidad es fundamental para una economía basada en los servicios, como es el caso de la española. De hecho, las empresas de sectores de gran peso en el PIB nacional, como la hostelería y el turismo, se ven privados de un sistema de contratación idóneo por las características propias de sus negocios, donde se alternan periodos de gran actividad con otros de fuerte parón.
El ajuste en las cifras de desempleo realizado por el Servicio Público de Empleo Estatal, y por el que se han borrado a casi 122.000 parados registrados para incluirlos en la categoría de demandantes con relación laboral, donde se incluyen a los fijos discontinuos, se ha frenado abruptamente en diciembre. Que se produzca en plena polémica sobre la falta de transparencia de las cifras de empleo que publica el Ministerio de Trabajo no parece una coincidencia, sobre todo teniendo en cuenta que diciembre es un mes de alta volatilidad para este tipo de empleos por la campaña navideña, tal y como ocurre en verano. Estas revisiones ya se producían antes de la reforma laboral, pero el impulso dado a los fijos discontinuos las ha multiplicado por cuatro, hasta niveles inéditos que no se alcanzaron ni siquiera durante la pandemia. En este escenario, no es de recibo la manera en la que el Gobierno despacha la realidad que muestran sus propias estadísticas. Se enroca en la negativa de algo que nadie plantea: que la reforma laboral haya cambiado la forma de contar a estas personas cuando no trabajan. El verdadero problema es precisamente el opuesto: que no se conoce su situación exacta porque los registros estadísticos no se han adaptado para reflejar la realidad del mercado laboral. Pese a las reclamaciones de los expertos e incluso algunos organismos internacionales, como el BCE, Trabajo hace oídos sordos. Esta opacidad no es solo contraproducente para el propio departamento, ya que da alas a las sospechas de maquillaje; también es peligrosa para el conjunto del país, porque contribuye a mermar la confianza en la evolución del mercado laboral ante las instituciones europeas.
El Ministerio de Trabajo consulta mañana la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en una mesa de negociación bilateral: CEOE se 'planta' por la polémica enmienda de los EREs, mientras la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz se resguarda en el informe de su Comité Asesor, que exponen una mejora de hasta el 8,2% (82 euros al mes). De hecho, la ministra de Trabajo choca con la metodología del ministerio de Asuntos Económicos, que rebaja al 3,05% (unos 30 euros) la mejora.
El Gobierno ha dado un viraje de 180 grados en sus relaciones con la patronal una vez que sacó adelante la última reforma laboral y el mecanismo para revalorizar las pensiones ligado al IPC. En el año transcurrido desde que consiguió el apoyo de los empresarios para esas dos medidas, el Ejecutivo ha optado por restringir su comunicación con ellos hasta el punto de que ahora es prácticamente inexistente, según reconocen a elEconomista.es fuentes de la directiva de CEOE.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, comentó este miércoles que Unidas Podemos ha planteado al PSOE un documento "con muchas medidas" para hacer frente a la subida del IPC, que incluyen un acuerdo con las grandes empresas de la distribución, propietarias de hiper y supermercados, "para facilitar una cesta de la compra asequible con productos de calidad para las familias españolas".
La patronal de las pymes, Cepyme, calcula que la subida del salario mínimo desde 2018 ha borrado algo más de 217.000 puestos de trabajo en España. En concreto, Cepyme señala en su informe que el incremento del 35,9% que ha experimentado el SMI a partir de 2018, desde los 735,9 euros mensuales a los 1.000 euros actuales, ha generado la destrucción de 71.600 puestos de trabajo y evitado la creación de 145.900 empleos.
Finalmente, Unidas Podemos no ha puesto ningún impedimento para que ayer se aprobara el informe con todas las enmiendas transnacionales -incluidas las de socialistas y ERC- para rebajar entre seis meses y tres años el delito de malversación sin ánimo de lucro.
El patio está revuelto. Los terribles fallos que está demostrando la ley del 'Solo sí es sí' de Irene Montero han creado profundas grietas en la ya delicada estructura interna del Gobierno. Mientras que la oposición pide la dimisión de la ministra de Igualdad, sus propios compañeros eluden defenderla en público. Es el caso de Yolanda Díaz, contra la que ha arremetido Pablo Iglesias este viernes: "Ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido".
La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que aumentó un 22% hasta 950 euros en 2019, arrastra una compleja labor de análisis bajo el encargo de la actual vicepresidenta segunda y titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. El informe publicado esta semana por Iseak, uno de los grupos de expertos que asesoraron al Ministerio de Díaz, que analiza el impacto del salario mínimo sobre la desigualdad y las rentas, revela un impacto negativo sobre el empleo a jornada completa como efecto de un ajuste de las horas trabajadas.
La banca está dispuesta a llegar a un acuerdo con el Gobierno para ayudar a los hogares que tengan dificultades a la hora de pagar sus hipotecas por la subida del euríbor siempre y cuando se limite solo a las familias vulnerables. Esta propuesta es afín al planteamiento de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que encabeza las negociaciones con las patronales bancarias. No obstante, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pide extender estas ayudas al resto de afectados.
Después de Carrefour, la cadena de supermercados Ametller Origen se suma a la cesta de 30 productos por 30 euros. La compañía catalana ha preparado un lote de artículos, entre los que se incluye fruta y verdura fresca después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicase que estudian acuerdos para topar el precio de productos básicos como el pan, la leche, los huevos o la fruta.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno español y Ministra de Trabajo, propone limitar los precios de los alimentos básicos. Cuando se le pregunta por los objetivos de esa medida indica que es para frenar la inflación y proteger el poder adquisitivo de las familias.
la Cumbre mundial de la OTAN en Madrid, los días 28 y 29 de julio, y ante la eminente votación en el Congreso de los Diputados esta semana del techo de gasto o gasto no financiero, el Gobierno de Pedro Sánchez se ve ahora en la necesidad de matizar los compromisos alcanzados en esa cita, y que pasaban por incrementar la partida al 2% del PIB, antes de 2030. Es decir, unos 1.200 millones de euros al año, como ya calculó eE.
Lejos de lo que Yolanda Díaz denuncia, el incremento de los precios de los alimentos no se debe a un aumento de los márgenes de la distribución, que permanecen en un ajustado 3%.
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