Tras la irrupción de la pandemia en 2020 y las complicaciones económicas que generó su aparición a nivel mundial, el año 2021 era imprescindible para comenzar la recuperación económica tras un año prácticamente en blanco. Según los datos de la Agencia Europea de Estadística (Eurostat), En 2021, el gasto total de las administraciones públicas de la Unión Europea se situó en el 51,5% del PIB , un gran aumento en comparación con 2019, cuando se situó en el 46,6% del PIB, pero una disminución en comparación con 2020, cuando se situó en el 52,8% del Producto Interior Bruto (PIB). En 2021, la relación entre el gasto total del gobierno general y el PIB aún se vio influenciada por la pandemia y las medidas gubernamentales para mitigar sus efectos. La disminución de la ratio en comparación con el año anterior (52,8%) se debió principalmente a los aumentos del PIB, mientras que se siguió observando un crecimiento del gasto total (7,5 billones de euros en 2021 frente a 7,1 billones en 2020; un aumento de 364.000 millones, creciendo 5,1% con respecto a 2020).
Los fondos europeos Next Generation y su ejecución mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) colocan al sector público ante una oportunidad única de transformarse digitalmente, un momento histórico sin precedentes que debe aprovecharse de una forma rápida, accesible y transparente, lo cual deja entrever una serie de retos a los que tanto las agencias públicas de transformación digital de las administraciones y las entidades públicas empresariales que los acompañan tendrán que hacer frente.
El Banco de España ha publicado los datos de deuda hasta noviembre del pasado 2022, registrando un nuevo nuevo récord: 1,506 billones de euros. Aquí, el agujero de las cuentas de la Seguridad Social, aunque ha contenido su crecimiento a lo largo de los tres trimestre del año, presenta una deuda que se ha más que triplicado desde el primer trimestre de 2018, también es el doble desde el mismo mes de 2019 y supera ya los 100.000 millones.
El Ministerio de Justicia ha abierto hasta cinco procesos selectivos para cubrir 5.000 plazas para los diferentes organismos que forman el departamento. De ese cómputo global, 4.915 plazas se destinarán al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia. Tales procesos ya están publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Denuncian que durante el mandato del presidente Javier Lambán (PSOE) la temporalidad en la Diputación General de Aragón ha subido diez puntos, alcanzando este año ya el 49,6% de la plantilla, mientras la obligación legal es que no supere el 8%.
El Ministerio de Justicia, por medio de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, ha convocado el proceso selectivo para acceso por el turno libre de 2.874 plazas, correspondientes a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.
Parece una postal de un lugar del mundo rural, pero no tiene por qué: en todas las ciudades existen viviendas abandonadas por múltiples motivos que no se usan y que, aunque pueda parecer mentira, pueden acabar en manos del Estado si nadie las reclama pasado un tiempo determinado.
El patrimonio del Estado es vastísimo. La Administración posee numerosos bienes a todos los niveles y en razón de sus múltiples competencias. Una de ellas es esa gestión de patrimonio que en ocasiones le permite incluso adquirir bienes de terceros cuando se dan circunstancias muy determinadas. Y en este supuesto entran hasta las cuentas bancarias.
La Tesorería General de la Seguridad Social tiene contabilizados al mes de agosto 2.853.115 personas que trabajan para alguna de las tres administraciones públicas (general, autonómica y municipal). Eso supone 56.525 más que en enero de este año, o lo que es lo mismo, un 2% de puestos de trabajo públicos de nueva creación.
La Conferencia Sectorial de Administración Pública, en la que se han reunido los ministerios de Hacienda y Función Pública, Asuntos Económicos y Transformación Digital y Sanidad, con las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha aprobado este miércoles la distribución territorial de los créditos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados a la transformación digital y modernización de estos territorios para los ejercicios 2022 y 2023.
El empleo público vive un auge a escala nacional que se hace especialmente evidente cuando se analizan los datos de empleo a escala de las comunidades autónomas. Este análisis refleja cómo ocho de los 17 regiones españolas cuentan en su territorio con un porcentaje de empleados en las tres Administraciones que ronda, o incluso supera, el 25% del conjunto de sus asalariados, una cuarta parte de este colectivo.
La recuperación del mercado laboral español le debe mucho al auge del empleo público y, dentro de este sector, son las autonomías las que más se afanan por engordar sus plantillas. Hasta el punto de que, al cierre de 2021, dichas Administraciones acumularon un total de 2,08 millones de asalariados. Lograron así un hito del que no hay precedentes en los 20 años que acumula la serie estadística en vigor de la actual Encuesta de Población Activa (EPA).
Días después de que el Gobierno de España articulase a través del RDL 5/21 los criterios de reparto de 7.000 millones de euros de ayudas a la solvencia empresarial, la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, dio la voz de alarma: las ayudas estaban mal diseñadas y gran parte del dinero no se iba a aprovechar. Meses después, los hechos le han dado la razón, y los requisitos impuestos por el ejecutivo de Pedro Sánchez han hecho que Andalucía pueda inyectar en el tejido productivo 667,2 millones de euros de los 1.109 millones que tenía asignados.
La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, destacó tras la última Mesa de Diálogo Social celebrada el pasado 28 de diciembre la ayuda a trabajadores en ERTE tramitada por la Junta a petición sindical, con un desembolso de 99,5 millones de euros y 467.000 beneficiarios. Un hito del diálogo social, pero también de la tramitación administrativa en Andalucía: nunca se había hecho llegar tanto dinero a tantos beneficiarios en tan poco tiempo (un mes y medio de tramitación) y sin mover ni un papel. Ni siquiera una solicitud de ayuda. La Consejería de Empleo había tramitado esta ayuda 'de oficio', y con un sistema totalmente automatizado, con robots ayudando a los funcionarios en todas las tareas mecánicas. Desde el inicio de la pandemia, Empleo ha gestionado ya más de 450 millones de euros en ayudas y las ha hecho llegar a trabajadores, pymes y sobre todo autónomos con sistemas automatizados de gestión nunca antes implantados a esta escala en una administración autonómica. Y tiene en tramitación otros 665 millones.
Abengoa y la Junta de Andalucía han firmado hoy ante notario la venta del complejo urbanístico Palmas Altas a la administración andaluza. Para la Junta la compra de los edificios supondrá un desembolso de 70'6 millones de euros, a los que habrá que añadir su rehabilitación y la construcción de otros dos nuevos en parcelas anexas para llevar allí la Ciudad de la Justicia sevillana.
El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles la Ley de creación de la Agencia Pública Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía (Trade), resultante de la fusión de otras cuatro entidades públicas: la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Agencia Andaluza del Conocimiento, Extenda y la Fundación Andalucía Emprende. La ley ha salido adelante con los votos de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs), Unidas Podemos y de los diputados no adscritos, mientras que Vox ha votado en contra.
Los números rojos en las arcas españolas continúan al alza. Pese a moderar la ratio entre deuda pública y producto interior bruto (PIB) hasta el 122,1%, más de tres puntos porcentuales desde el pasado mes de marzo por el crecimiento del denominador de la división -el PIB-, la deuda del conjunto de Administraciones Públicas (AAPP) subió en el tercer trimestre hasta el máximo histórico de 1,432 billones de euros. Según los datos del Banco de España, el ratio de deuda pública sobre el PIB aumentó en términos relativos un 0,5% respecto al trimestre anterior.
La historia se repite, no es la primera vez en la que de forma imprevista ciertos materiales se encarecen en demasía. Así sucedió en los años setenta y ochenta con el incremento espectacular del precio del petróleo y por consiguiente del de los ligantes.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se ha fijado acabar con la excesiva temporalidad en la Administración Pública antes del 1 de junio de 2022. Para llevar a cabo su hoja de ruta ha avanzado que aprobará ofertas extraordinarias de empleo y ofertas ordinarias.
Tras cosechar una marca negativa histórica en junio, la deuda pública española vuelve a sumar un pico máximo con un 122,1% del total de la economía generada por nuestro país. Así, la deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanza en septiembre un nuevo máximo histórico tras registrar un incremento del 0,9% respecto al mes anterior, al sumar 12.885 millones de euros más, hasta alcanzar los 1.432.301 millones de euros, el 122,1% del PIB, según los datos publicados por el Banco de España. En total, en el mes de septiembre la deuda pública suma un crecimiento interanual del 9,5%.
La transformación digital es igual a la tecnología multiplicada por los cambios. "Esta fórmula es clave", afirma José Luis Latorre, director general de Inycom, quien añade que, hoy en día, la tecnología se está segmentando en las empresas a través de figuras como el CIO e infraestructuras como el cloud o la identidad digital. Y si la implantación de la tecnología es importante, no lo es menos el otro factor de la fórmula: los cambios. Es necesario que toda empresa tenga claros seis aspectos. El primero de ellos es el 'propósito' de la organización, cultura y valores con el fin de impactar de forma positiva en la sociedad, mientras que en segundo lugar se sitúa el 'relevo generacional' porque, ahora, otras personas están liderando el cambio.
El certificado digital se trata de uno de los métodos de acceso más habituales a la hora de realizar trámites relacionados con la Administración, pero al margen de la leyenda que rodea su obtención, suele ser menos conocido que tiene caducidad y hay que renovarlo.
La Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (AIM), que preside Jaime Cabrero García, y la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI), que preside Miguel Ángel Gómez Huecas, han firmado hoy la constitución de la Federación de Empresas de Intermediación Inmobiliaria (FEIN), con el objetivo de afrontar el nuevo ciclo inmobiliario post pandemia y apostar por la profesionalización de los servicios inmobiliarios.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución que aprueba las listas de aspirantes admitidos y excluidos para las oposiciones a las plazas de los Cuerpos General Auxiliar y General Administrativo de la Administración del Estado, así como las localidades donde se realizarán los exámenes.
Indignación en el funcionariado. A partir del 1 de octubre el teletrabajo en la Administración General del Estado se restringirá a, como máximo, a un día a la semana (un 20% de la jornada), frente a los tres días semanales que acordaron el Ministerio de Hacienda y los sindicatos en abril, ha avanzado este miércoles la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
La aprobación, en el último Consejo de Ministros, del Anteproyecto de Ley de Formacion Profesional es un intento más de solucionar una serie de problemas clave para nuestra economía. En primer lugar el desempleo, recordemos que estamos en unos de los países con una mayor tasa de desempleo; además la falta de profesionales preparados para cubrir un gran número de ofertas de empleo; en tercer lugar, el insuficiente reconocimiento de la capacidad y habilidades laborales que permiten una movilidad del trabajador con experiencia pero sin titulación que lo acredite; y por último la readaptación de profesionales a ámbitos y sectores con mayores y mejores expectativas de empleo y sueldo.
La renta de los españoles ha seguido creciendo a pesar del Covid, ya se compare con el año pasado o con 2019. Así, según los datos de la Agencia Tributaria (AEAT), en el primer trimestre de este año, último dato conocido, se reconocieron ante Hacienda 149.039 millones de euros procedentes de distintos tipos de renta, básicamente salariales y pensiones.
Fernando Díaz, Director de Sector Público y Salud de IMC GROUPA pesar de que los servicios burocráticos digitales siguen estando diseñados desde la perspectiva de la Administración y no desde las demandas de los usuarios, en los próximos años asistiremos al surgimiento de una nueva Administración con servicios fáciles de usar, inteligentes, diseñados desde el punto de vista de los ciudadanos y con una gestión anticipativa de las necesidades.
El Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles el real decreto ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público gracias al apoyo acordado con ERC, Compromís y Teruel Existe, y la abstención del PNV y Más País-Equo-Los Verdes. Contempla limitar los contratos temporales a un máximo de tres años, indemnizar a los interinos que pierdan su plaza con 20 días por año trabajado y hacer fijas más de 300.000 plazas que ahora son temporales.Además, el Gobierno ha pactado que los interinos de las administraciones públicas que lleven más de diez años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada podrán adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar una oposición, sino únicamente por una valoración de méritos. Un añadido de última hora con el que el Ejecutivo ha logrado sacar adelante una votación que a su inicio tenía perdida pero que finalmente ha salvado ERC.
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