La agilidad en la tramitación pública va a distintas velocidades, sobre todo cuando se trata de cobrar. El Ayuntamiento de Valencia se suma a varios pequeños ayuntamientos que ya permiten el pago de tributos municipales por medio de Bizum. Todo un ejemplo de agilidad que contrasta con el atasco administrativo en otros departamentos o las dificultades para un trámite en teoría tan sencillo como empadronarse.
Netial, una unión temporal de empresas formada por FCC y Prezero, asumirá el nuevo contrato de recogida de residuos urbanos y de la limpieza viaria de Alicante durante los próximos ocho años. Una contrata que reportará a los dos grupos de servicios 323,26 millones de euros.
La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha aprobado, por unanimidad, en un pleno extraordinario, una modificación presupuestaria por valor de 30,480 millones de euros, de los 30 se van a destinar a un nuevo plan de concertación para los municipios de la provincia y 480.000 euros a los ayuntamientos afectados por el incendio que tuvo lugar este verano en la zona del Moncayo.
Profesionales, emprendedores, promotores e inversores que han visto como su actividad se está viendo afectada por el cuello de botella burocrático en el Ayuntamiento de Valencia han formado la Asociación de Afectados por los Retrasos de Licencias del Ayuntamiento de Valencia (Aflival) para "atajar un problema que afecta a los valencianos y a quienes eligen nuestra ciudad para invertir dinero, crear riqueza y generar puestos de trabajo", según la propia entidad.
Las empresas públicas gestionadas por los Ayuntamientos, las diputaciones provinciales o los cabildos insulares se enfrentan a una oleada de quiebras. El Tribunal de Cuentas ha elaborado un informe en el que alerta de que una de cada diez está ya en causa de disolución y de que hay, además, un "elevado número de entidades con pérdidas, en muchos casos recurrentes". Muchas de ellas, según dice, "están en situación de desequilibrio patrimonial, al encontrarse su patrimonio por debajo de la mitad de su capital social".
Los ingenieros de caminos no pueden hacer el informe preceptivo de las licencias de obras de edificaciones de usos residenciales, según determina el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra, en sentencia de 12 de septiembre de 2022.
El Ayuntamiento de Gandía ha declarado desierto la subasta con la que intentaba deshacerse de la embarcación Bahía de Valencia, que sacó a subasta hace unos meses por un valor de 100 euros. El motivo ha sido la falta de ofertas para un buque en estado ruinoso, pese a que en la última década había sido el destino de fondos públicos.
Los Ayuntamientos pueden modificar su planeamiento urbanístico para establecer distancias mínimas entre las casas de juego y los centros escolares y entre las propias casas de juego, sin que estas corporaciones invadan las competencias de las Comunidades Autónomas.
Según los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ya se han recibido hasta 1.060 solicitudes de ayudas europeas provenientes de 992 ayuntamientos para rehabilitar edificios públicos de titularidad local, con cargo a la primera fase del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), dentro del Plan de Recuperación Económica y Resiliencia.
La Comunidad Valenciana ya ha recibido 1.694 millones de euros del Plan de Recuperación estatal financiado con los fondos europeos según la Delegación del Gobierno. Sin embargo, el propio sector público ha sido el más beneficiado hasta ahora ya que la mayoría de los 740 proyectos con dinero beneficia a 550 municipios y organismos públicos frente a apenas 140 empresas incluidas hasta ahora.
España se encuentra en el grupo de cola de los países de la Unión Europea por nivel de implantación de la auditoría en el sector de la Administración local, puesto que ni en las entidades Administrativas ni en las dependientes se lleva a cabo una auditoría anual de la información financiera, ni tampoco una auditoría de legalidad.
La masa salarial de las Administraciones españolas superó todas las marcas de la serie histórica el año pasado. De acuerdo con las cifras oficiales de Contabilidad Nacional del INE, en 2021 la suma de los sueldos de los asalariados del sector público (funcionarios junto al personal de otras categorías que integran la plantilla del sector público) más sus pagos por cotizaciones sociales ascendió a 147.363 millones anuales, y así se refleja en los datos más actualizados.
El concejal del PSOE, Rodolfo Viñas se ha convertido en el nuevo alcalde de Cadrete (Zaragoza), tras salir adelante la moción de censura contra la hasta ahora alcaldesa, María Ángeles Campillos, del PP, partido que gobernaba en la localidad en coalición con VOX.
La carrera por arañar al máximo los fondos europeos para la recuperación llega a los ayuntamientos más pequeños. La Generalitat Valenciana financiará a sus municipios y mancomunidades para que contraten a algo más de 350 técnicos destinados a elaborar proyectos y asesorar a empresas para presentarse a las convocatorias de esos fondos, según ha anunciado el propio presidente Ximo Puig, durante la sesión de control en Les Corts.
El Área de Economía, Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de La Muela ha lanzado y licitado inversiones en el último trimestre del año por importe de 2.640.956,51 euros.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que los ayuntamientos perderán un mínimo de 78 millones anuales con la nueva regulación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía municipal) tras ser adaptado mediante real decreto a la sentencia del Tribunal Constitucional que consideró nulo el sistema de cálculo anterior.
La Ley de la Vivienda es la primera Ley estatal reguladora del derecho a la vivienda desde la aprobación de la Constitución. Considerada en el sector de la vivienda como excesivamente intervencionista, la Ley se propone la acción pública para exigir el cumplimiento de la normativa aplicable en esta materia y define el principio de igualdad y no discriminación en el ámbito de la vivienda.
El pasado 26 de octubre, el Tribunal Constitucional declaraba la inconstitucionalidad y nulidad de tres artículos de la Ley de Haciendas Locales, los que regulaban la base imponible del impuesto municipal de plusvalía. Esto no era una sorpresa, hacía ya más de cuatro años que el Tribunal Constitucional había declarado que pagar como si se hubiese ganado, cuando en realidad se había perdido era injusto, confiscatorio y en consecuencia inconstitucional. El problema radicaba en que el sistema de fijación de la base imponible, es decir de la magnitud sobre la que recae el impuesto era tan defectuosa que llegaba a producir resultados confiscatorios. Ahora, el Constitucional ha determinado que todo el sistema de fijación de la base imponible es contrario a la Carta Magna.
Los Ayuntamientos españoles no saben como cuadrar sus presupuestos para 2022, tras la anulación del sistema para establecer el cobro del impuesto sobre plusvalía (IIVITNU) por el Pleno del Tribunal Constitucional (TC), que se regulaba en los artículos 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 de la Ley de Haciendas Locales.
El Tribunal Constitucional ha dado una nueva estocada al Impuesto conocido popularmente como de la plusvalía municipal (Impuesto sobre sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVITNU) al declarar inconstitucionales los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, que regulan la forma de establecer la base imponible del tributo.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2022 contempla que la subida salarial del 2% acordada para los funcionarios se aplique también en la retribución anual de los alcaldes, de modo que los regidores de las ciudades con más de medio millón de habitantes podrán llegar a cobrar el año que viene un máximo de 111.684,46 euros al año.
El alcalde de Valencia Joan Ribó ha apuntado que "un primer estudio de los presupuestos municipales para 2022 prevé un crecimiento hasta 955 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,4% respecto a 2021".
El Ministerio de Transportes se prepara para iniciar el despliegue de los fondos Next Generation. Para ello, tiene ya lista una partida de 1.080 millones de euros que se destinarán a la rehabilitación de edificios públicos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
La Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMcM), tras analizar el último informe del Ministerio de Hacienda relativo a los plazos medios de pago de las Administraciones Públicas, ha alertado de que 96 ayuntamientos tardan de media más de un año en pagar, ascendiendo su deuda a casi 213 millones.
Apenas tres de cada diez ayuntamientos españoles consiguieron aprobar en sus plenos los presupuestos previstos para el año 2019 antes de que arrancase ese ejercicio. Una muestra de como el recurso a la prorroga presupuestaria se ha convertido en una práctica mayoritaria en la Administración pública, según recoge el Tribunal de Cuentas en su último Informe de Fiscalización del Sector Público Local.
Los ayuntamientos se movilizan para que el Gobierno amplíe los plazos para devolver las cantidades que cobraron de más en 2020, en concepto de entregas a cuenta procedentes del Estado.
El Grupo Aragonés (PAR) en la Diputación de Huesca ha presentado una propuesta de resolución para su debate en el próximo pleno que reclama la participación y transferencia de recursos para las entidades locales --ayuntamientos, comarcas y diputaciones-- procedentes de la financiación extraordinaria que el Estado recibirá de los fondos europeos de recuperación.
La organización sindical ha ganado estas elecciones sindicales con el 29,5% de los votos.
"El Gobierno de España no ha destinado ni un euro en toda la pandemia para ayudar a los ayuntamientos", ha lamentado el portavoz del grupo popular en la Diputación Provincial de Teruel, Carlos Boné, para resumir la situación que están viviendo todas las entidades locales del país y, por extensión, también de la provincia turolense.
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