Hace tres años Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica en aquel momento y actual Vicepresidenta Tercera del Gobierno de España, manifestaba que el diésel tenía los días contados. Un mensaje que aunque generó y sigue generando rechazo, se reforzaba con el establecimiento por parte de varios países y ciudades de fechas para la prohibición de la venta de vehículos diésel y gasolina y con el Pacto Verde Europeo en 2019 que fijaba dicha fecha en 2035.
La descarbonización es uno de los mayores retos globales del siglo XXI y el principal que afronta el sector energético, algo que a estas alturas está claro y fuera de toda duda. Un desafío con cada vez menos de futuro y más de presente, especialmente ahora que el Covid-19 y los planes de reconstrucción económica y social europeo y español han acelerado esta transformación a un ritmo nunca visto. Que el objetivo final de alcanzar la neutralidad en carbono en 2050 o antes no nos despiste: para llegar con éxito a esa meta es crucial lo que hagamos hoy. Estamos ante un reto urgente e inaplazable, que exige que descarbonicemos ya cuanto sea posible y aprovechando todas las tecnologías a nuestro alcance. Todo el CO2 que dejemos de emitir hoy contribuye a reducir las emisiones netas totales, pues esto no es una cuestión de flujo sino de stock.
Este mes la Comisión Europea ha presentado "Fit for 55", posiblemente el paquete reformista más ambicioso de la legislatura que, mediante la revisión o aprobación de hasta 13 Reglamentos y Directivas, supone una actualización integral de la legislación de la Unión Europea (UE) para alinearla con sus ambiciosos objetivos en política climática. Sin duda, estas reformas afectarán a la práctica totalidad de los sectores económicos, obligando a las empresas a realizar cambios significativos en sus operaciones y a impulsar planes de transformación sostenible.
La transición ecológica abarca muchos aspectos, pero el más importante de todos es el cambio de las fuentes de la energía que consumimos. El aspecto clave es pasar a utilizar fuentes de energía que no contaminen, es decir que no emitan gases contaminantes ni dióxido de carbono (CO2). El CO2 no es un veneno, existe en la atmósfera y todos los animales lo emiten, lo emitimos, al respirar. Ahora bien, los procesos masivos de combustión emiten más CO2 que el que naturalmente se absorbe por el Planeta. Esto quiere decir que estamos alterando, en poco tiempo, el equilibrio de la atmósfera en la Tierra. Eso es algo que no deberíamos hacer, pero dejar de hacerlo no es gratis.
La Unión Europea ha decidido ejercer el liderazgo mundial en la lucha contra el cambio climático. Prueba de ello es el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2030 en un 55% respecto del nivel de 1990 o la existencia del sistema de "precios de carbono" más ambicioso del mundo, el Régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE-UE), en el que el precio del derecho supera hoy los 50/tm.
La transición de una economía alimentada por combustibles fósiles a una impulsada por energías renovables puede ser tan transformadora como las revoluciones agrícola e industrial. Sin embargo, a pesar de que la supervivencia del planeta está en juego, la resistencia resulta difícil de superar.
Diez días después del inicio de la segunda mitad de 2021, todo apunta a que la alta inflación marcará el resto del año. La mejor prueba es el modo en que el BCE flexibiliza su objetivo de estabilidad de precios para responder al nuevo entorno.
El principio quien contamina paga que preside la política medioambiental desde hace décadas, se pretende completar con el corolario y quien no contamina también. Así parece deducirse de la decisión adoptada en el Consejo de Ministros del 1 de junio, por la que se aprueba la tramitación del anteproyecto de Ley para corregir el dividendo que reciben las centrales no emisoras de gases de efecto invernadero. El objetivo es reducir unos presuntos ingresos extraordinarios que están recibiendo varias energías que contribuyen a la lucha contra el cambio climático: las centrales nucleares, la mayor parte de las hidroeléctricas y unos 1500 MW de energía eólica, debido al alza en los precios de los derechos de emisión de CO2 que tienen que adquirir las eléctricas que usan combustibles fósiles para su producción.
La Alianza Europea de Consejeros Delegados, que aglutina a dirigentes de compañías europeas como Francesco Starace (Enel), Ignacio Galán (Iberdrola) o Jean Pascal Tricoire (Schneider Electric), ha demandado una fuerte señal de precios para el CO2 a nivel europeo.
Para la mayor parte de la gente, durante décadas, la globalización no fue sino otro nombre para la liberalización universal. A partir, principalmente, de la década de 1980, los Gobiernos permitieron que los bienes, servicios, capital y datos cruzaran las fronteras con pocos controles: triunfó el capitalismo de mercado y se aplicaron sus normas económicas en todo el mundo. Como señala correctamente el título del último libro de Branko Milanovic, finalmente el capitalismo se había quedado solo.
El encarecimiento de la electricidad deja de ser un fenómeno aislado en Europa, hasta el punto de que se puede hablar de una crisis en el sector provocada por las subidas de precios.
El sector energético europeo vive una jornada histórica. Los precios de la electricidad, el gas natural y el CO2 han alcanzado niveles récord, lo que supondrá una importante barrera para la recuperación económica europea al tiempo que un profundo impacto en los bolsillos de las familias.
El recibo del gas natural para un cliente doméstico con calefacción (TUR 2) subirá alrededor de un 4% a partir de hoy y traslada lentamente -a diferencia de lo que sucede en el sector eléctrico- el incremento de precios en los mercados internacionales.
El agua es fuente de vida, y, por supuesto, también de energía. Por ello, Canal de Isabel II, consciente de la necesidad de realizar una gestión responsable de los recursos que ayude a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, ha desarrollado varias iniciativas para la generación de energía limpia a través de procesos sinérgicos con la gestión del ciclo del agua.
La transición energética está provocando una tormenta perfecta en los costes de la energía. Los derechos de emisión de CO2 han duplicado su precio hasta superar los 50 euros por tonelada y han generado un encarecimiento de la electricidad y el gas natural en toda Europa que supone un riesgo para la recuperación.
Comienza un verano histórico en cuanto al alto precio que alcanzará la electricidad. Ahora bien, lejos de corregirse con el otoño, la energía cerrará el año en máximos y el problema afectará también a 2022. Así ocurrirá debido a que ya no sólo actúan factores coyunturales como el encarecimiento de las materias primas por la mayor demanda.
Este mes, el presidente Joe Biden se reunió con Charles Michel y Ursula von der Leyen en Bruselas para celebrar una importante cumbre Unión Europea-Estados Unidos que pretende relanzar la cooperación bilateral tras cuatro años en los que se ha marchitado. La eliminación de los aranceles vinculados al conflicto de Airbus y Boeing acaparó todos los titulares pero el cambio climático ha figurado en lo más alto de la agenda, lo que hace albergar esperanzas sobre el posible papel de los socios transatlánticos en el fomento de la descarbonización global.
La Comisión Europea prepara la creación de un fondo que sirva para ayudar a los consumidores vulnerables a hacer frente a la fuerte subida de tarifas que implica el aumento de precios de los derechos de emisión de CO2.
La vicepresidenta cuarta y ministra de Transformación Ecológica, Teresa Ribera, lleva meses diciendo que la reforma de la tarifa eléctrica iba a bajar el precio de la luz. Pero resultó que es mentira. Comparado con mayo del año pasado, cuando la actividad era prácticamente inexistente por culpa del Covid, los precios crecieron el 44 por ciento. ¿Por qué se coló la ministra? La culpa la tiene el CO2, que más que se duplicó. El mercado eléctrico es marginalista debido al ordenamiento de la Unión Europea, lo que significa que la energía más cara determina el precio del pool para el resto. De manera que el gas, con 50 euros en impuestos por tonelada de CO2, encarece a las demás.
La Comisión Europea ultima una reforma energética para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones del 55% marcado el pasado septiembre por la presidenta, Ursula von der Leyen.
Los ciudadanos ya se preparan para una fuerte subida de su recibo de la luz, tras la presentación de la nueva tarifa eléctrica que penaliza la demanda en las horas de consumo más habituales (e inevitables en muchas actividades).
Quien contamina, paga: Éste es uno de los principios rectores de la política comunitaria en temas medioambientales. Ésta es una de las ideas que parece simple pero que tiene muchas más consecuencias que las que se pueden prever a primera vista. Por ejemplo, si se quiere evitar la contaminación no se puede dar un permiso indiscriminado para contaminar simplemente por pagar. Por otra parte, si los que contaminan dejasen de hacerlo, entonces no se recaudaría
El próximo 4 de noviembre se cumplirán cinco años de la entrada en vigor del Acuerdo de París, un compromiso histórico para combatir el cambio climático y emprender acciones que conduzcan a una economía baja en carbono. Este tratado, adoptado por 195 países además de la Unión Europea en la Conferencia de las Partes (COP21) sobre cambio climático en diciembre de 2015, ha sentado las bases de la conversación global sobre el clima y, sobre todo, ha fijado un objetivo claro: limitar el calentamiento global muy por debajo de 2 °C y hacer todo lo posible por no superar los 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales.
Un mundo cada vez más digital ofrece nuevas oportunidades para avanzar en eficiencia energética y conseguir una economía descarbonizada. En este sentido, el planteamiento de Telefónica estriba no solo en optimizar sus operaciones, sino también en ayudar a sus clientes a reducir su impacto ambiental. La teleco tiene el compromiso de desplegar las redes de fibra y 5G más eficientes alimentadas por energía 100% renovable en el plazo de cuatro años. Entretanto, logró en 2020 que las empresas evitaran la emisión de 9,5 millones de toneladas de CO2 y que el 88% del consumo de electricidad provenga de fuentes renovables, proporción que llega al 100% en sus mercados principales.
El Consejo de Ministros enviará al Congreso de los Diputados un anteproyecto de Ley cuyo objetivo será reducir en cerca de un 15% el recibo de la electricidad en los próximos cinco años con la aprobación del llamado céntimo verde así como de la eliminación del dividendo de carbono, es decir, las cantidades que perciben centrales que no emiten CO2 por la existencia de un mercado marginalista. En total, el recibo de la luz tendrá un ajuste de 7.500 millones de euros, lo que supondrá una rebaja de entre un 15 y un 17% para los consumidores.
El mundo tiene prisa. Se lo exige el medioambiente y también la certeza de que una actividad económica no sostenible hará que el propio mundo, en el futuro, no sea. Hace ya décadas en Europa se impuso el principio de quien contamina paga. No obstante, es precisamente la prisa la que conduce a establecer pautas a veces demasiado elevadas; a veces, demasiado ilusionantes. En ocasiones, también, difíciles de implementar cuando se topan con unas inercias que hasta ahora no atendían ninguna máxima que no mirase más allá del corto o, en todo caso, del medio plazo.
El Gobierno presentará hoy un paquete de medidas que puede suponer un cambio de radical para el mercado mayorista de electricidad. El Ministerio de Transición Ecológica dará un paso adelante con el llamado céntimo verde y por otro sumará otra polémica medida, pactada en el acuerdo entre PSOE y Podemos, para que las centrales que no emiten CO2 vean minorada su retribución.
El Gobierno podría lanzar un mecanismo para atajar la sobrerretribución que perciben en el mercado mayorista la generación de las centrales eléctricas no emisoras de dióxido de carbono o CO2 (hidráulicas y nucleares) anteriores a 2005. El Ejecutivo podría llevar al Consejo de Ministros de mañana martes un anteproyecto de ley con el que pretende frenar este exceso de retribución.
La concentración en la industria del azulejo español en los últimos años ha provocado que las diez mayores empresas del sector concentren ventas y, sobre todo, rentabilidad, según el informe Situación y Perspectivas del Sector Cerámico, elaborado por la consultora Deloitte.
Masmovil ha alcanzado las cero emisiones netas de carbono en 2020, posicionándose como el primer operador de telecomunicaciones en Europa en alcanzar tal logro y el de menor nivel absoluto residual de emisiones.
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