El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho público este miércoles la modificación del Código Penal en materia de protección de los animales para la reducción del maltrato. Con esta modificación, el Gobierno agrava las condenas en proporción a la gravedad de los hechos y la falta de protección de los animales que a menudo son víctimas del abuso y el maltrato sometido por el ser humano.
Los expertos en laboral y penal piden al Gobierno más precisión en la nueva redacción del artículo 311 del Código Penal, que se aprobó el 23 de diciembre, que abre penas de entre seis meses y seis años de cárcel para los empresarios, e incluso también para los responsables de los departamentos de Recursos Humanos de las compañías, por imponer condiciones ilegales a los trabajadores mediante la contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo. Este añadido permite que falsos autónomos, y también puede extenderse a falsos becarios con funciones de un trabajador, cooperativas ficticias o socios, por ejemplo de despachos de abogados que en vez de estar vinculados al régimen de la Seguridad Social están como autónomos, puedan demandar por la vía penal al empresario y corra el riesgo de asumir penas de prisión o multas que pueden ir desde los seis meses a los 12 meses.
La plataforma de delivery Glovo continúa con sus problemas judiciales en España. El Ministerio de Trabajo y Economía Social acaba de anunciar que prepara la elaboración de un nuevo escrito contra la compañía basado en la nueva redacción del artículo 311 del Código Penal, el cual permitirá castigar los incumplimientos reiterados de requerimientos realizados por la Inspección de Trabajo.
El delito de deslealtad profesional, asociado al artículo 467. 2 del Código Penal (CP), solo se efectúa en los escenarios donde los abogados se encuentran dados de alta en el Colegio de Abogados en calidad de profesionales "ejercientes", eximiendo a los letrados que, por condiciones como la jubilación, ejercen la profesión jurídica en virtud de "no ejercientes".
La reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y atenúa las penas máximas del de malversación, abre la puerta al regreso del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a España, según apuntan juristas consultados, aunque la vuelta no será tan sencilla. Para poder acogerse a los beneficios que le traería esta reforma, antes tendrá que volver a España y personarse ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo (el sentenciador del procés) para poder redimir su acusación y con ella, la petición de entrega a las autoridades europeas.
El Gobierno ha sacado adelante la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición y modifica el de malversación, tras aprobarla este jueves el Pleno del Senado, después de una semana de crispación política y judicial en la que el Tribunal Constitucional (TC) se ha llevado todas las miradas. La Proposición de Ley presentado por PSOE y UP añadió dentro de la reforma una modificación del sistema de mayorías para la elección de jueces tanto al Tribunal de Garantías como del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El PP recurrió al Constitucional estas enmiendas que admitió en la noche del pasado lunes. Así, tras reunirse de nuevo este miércoles el Pleno del Constitucional para dar respuesta a la súplica del Senado para incorporar estas dos enmiendas a la votación de este miércoles, el tribunal ratificó su decisión, quedando fuera de la votación.
El Gobierno ya tiene plan b para sacar adelante las dos enmiendas de la reforma penal vetadas este lunes por el Tribunal Constitucional (TC) sobre la modificación del sistema de renovación de los magistrados del tribunal de garantías y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que recurrió el PP. El Ejecutivo registrará esta semana en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que incluya el objeto de las dos enmiendas. La proposición de ley se hará mediante la tramitación urgente y para ello ya ha mantenido conversaciones con varios partidos políticos que han censurado la decisión del Constitucional con el objetivo de que se sumen a la iniciativa.
El PSOE, en un nuevo paso en las medidas para despenalizar las condenas de los condenados del 'Procés', ha ofrecido este miércoles al PDeCat limitar el alcance del artículo que permitió suspender de sus cargos a los líderes del 'procés', elevando diversos requisitos, como que el delito por el que se les procesa sea "grave o muy grave" y medie "violencia o intimidación", en una enmienda transaccional al Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa.
La aprobación de la Comisión de Justicia del Congreso de la reforma del Código Penal (CP) abordada por Unidas Podemos, PSOE y ERC que deroga el delito de sedición y modifica el de malversación, permitirá reducir las penas de inhabilitación de los condenados del `procés´ y disminuir las penas para los huidos cuando no haya ánimo de lucro o el dinero público se destine a otros fines previstos. Sin embargo, la interpretación de jueces y tribunales resultará clave para la resolución de estas condenas.
El fiscal general del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, ha lanzado una circular, con motivo de la entrada en vigor de la nueva modalidad agravada del delito de hurto para delincuentes reincidentes, en la que insta a que el escrito de acusación se refleje con precisión los antecedentes penales en los que se apoyan para aplicar el agravante y el importe sustraído en cada caso.
PSOE y Unidas Podemos han presentado una iniciativa parlamentaria conjunta para modificar diversos artículos del Código Penal, entre los que un nuevo delito de enriquecimiento ilícito, para quienes no puedan justificar los aumentos en su patrimonio o la desaparición de sus deudas mientas ejercen funciones públicas o en los cinco años siguientes al fin de su cometido.
PSOE y Unidas Podemos han presentado una iniciativa conjunta para modificar diversos artículos del Código Penal, entre los que se incluye el 311 que castigará los incumplimientos reiterados de la legislación laboral, con elevación de penas para los empresarios, según ha informado en rueda de prensa el el presidente del grupo parlamentario confederal en el Congreso, Jaume Asens.
Desde que se publicó la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual, la famosa "Ley del solo sí es sí", muchas son las publicaciones que se hacen eco de las consecuencias que ha tenido y tendrá respecto a las condenas penales. Sin perjuicio de todo ello, creemos que está pasando desapercibido el cambio legislativo penal que ha supuesto para el mundo de la empresa.
El Gobierno ha decidido evitar el desgaste de imagen que le está produciendo la anunciada negociación con ERC para modificar el delito de malversación. Así, por ejemplo, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha avisado este viernes de que la reforma del delito de malversación "no está sobre la mesa al no contemplarse en la proposición de ley presentada registrada por PSOE y Unidas Podemos.
El mundo de la justicia alerta de un inminente fraude de ley, de tramitarse la derogación del delito de sedición y la modificación del delito de malversación, a través de una proposición de ley como ya está haciendo el Gobierno.
Los jueces españoles dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 21 personas en dos procedimientos por corrupción. De las 21 personas que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos, tres eran personas jurídicas.
El Código Penal cuenta a partir de hoy con un nuevo delito, el de abandono del lugar del accidente, por el que serán castigados los conductores de automóvil o ciclomotor que se vaya del lugar, voluntariamente y sin que concurra riesgo para otros, tras causar un accidente de tráfico en el que fallezca o sufra lesiones graves alguna persona.
La persona en cuyo favor se ha dictado una medida cautelar que incluye la prohibición de comunicarse no asume la obligación de desconectarse de canales telemáticos o redes sociales anteriormente activos, de suerte que la omisión no reduce la responsabilidad del acusado, según determina el Tribunal Supremo, en sentencia de 2 de junio de 2022.
Los jueces deben valorar las circunstancias económicas reales de la persona que incumple su compromiso de pago, que condiciona la suspensión de una pena, antes de proceder a revocarlo y emitir la orden de ingreso en prisión, según establece el Tribunal Constitucional, en sentencia de 7 de marzo de 2022.
Enrique Sanz Delgado, junto con Daniel Fernández Bermejo, ha ejercido la coordinación del 'Tratado de Delincuencia Cibernética', lo que le ha permitido adquirir un conocimiento de todos y cada uno de los aspectos que componen una materia tan novedosa como complicada y analizar las tendencias de futuro que se plantean.
No son admisibles para la liquidación de una deuda tributaria considerada como no ingresada o para la imposición de sanciones tributarias los documentos obtenidos en un registro domiciliario a terceros, que resultan de una prueba declarada nula por la jurisdicción Penal, al considerar los jueces que se han vulnerado derechos fundamentales en la operación.
Quienes realicen operaciones con información privilegiada sin tener acceso reservado a la información privilegiada podrán ser castigados con penas privativas de libertad cuya duración máxima sea de, al menos, cuatro años.
A quién no le ha ocurrido que ha ido caminando por la calle y ha tenido la suerte de encontrarse una cantidad de dinero, por lo general pequeña, o un objeto que puede tener cierto valor (un móvil, un colgante o unas gafas). Una apropiación casual pero que puede estar considerada ilegal, por lo que se estipula cierta multa según el Código Penal y el Código Civil.
En las últimas semanas se viene hablando de que el Gobierno de la Nación concederá el indulto a las personas condenadas por la sentencia del denominado caso del proces.
El Ministerio de Justicia prepara una normativa para reducir los plazos de cancelación de inscripción de antecedentes sexuales de los infractores menores de edad.
La responsabilidad penal del padre es absoluta, cuando ayuda a su hijo menor a conducir un vehículo y le graba desde fuera, porque no se trata solo de un descuido en la vigilancia del menor, sino que presta su colaboración para ello.
La Comisión de Venecia del Consejo de Europa anima al Parlamento español a modificar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana -LOSC- (Ley 4/2015, de 30 de marzo), para entre otras modificaciones, establecer que las autoridades permitan las manifestaciones espontáneas, incluso aquellas que no hayan sido notificadas previamente o que se desvíen de las condiciones establecidas en la notificación, a menos que exista un riesgo constatable de "desórdenes sustanciales".
Las autoridades españolas deben modificar el Código Penal para reforzar las garantías del derecho a la libertad de expresión y facilitar la labor de los tribunales españoles en la toma de decisiones, en consonancia con el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, mediante la definición exacta de delitos como el de enaltecimiento del terrorismo, del artículo 578, que considera "problemático desde el punto de vista de los derechos humanos", según le ha comunicado al ministro español de Justicia, Juan Carlos Campo, la de Derechos Humanos del Consejo de Europea, Dunja Mijatovic.
¿Pueden tener responsabilidad penal las empresas? La exigencia de responsabilidad a las personas jurídicas es una materia que ha dejado de ser novedosa tanto en los países de nuestro entorno como en el propio ordenamiento jurídico español.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la sentencia de un juicio con jurado popular y ha ordenado repetirlo con otro grupo distinto de ciudadanos al entender que uno de los miembros que lo integraba pudo cambiar el sentido de su voto cansado de las largas horas de deliberaciones sin que se llegara a un acuerdo sobre la culpabilidad o inocencia del acusado.
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