La red que aglutina a los centros tecnológicos valencianos ha llegado a un acuerdo para con CAF Banco de Desarrollo de América Latina para impulsar la innovación y el intercambio de experiencias en el ámbito de las pymes de Latinoamérica.
La cadena supermercados considera que la revocación de las licencias de su tienda en el municipio alicantino le obligará a tener que derribarla, pese a que estaba contemplada en un acuerdo urbanístico de 2004.
La constructora alicantina Ecisa cambia de manos de nuevo. Tras hacerse con el 100% el grupo catarí Al Alfia ha llegado a un acuerdo con Urbas, que tomará el 51%.
El 95,5% de las clases de la Comunidad Valenciana no han registrado casos de Covid-19 tres semanas después del inicio de curso y el conseller de Educación, Vicent Marzà, se ha mostrado "prudentemente satisfecho" ante estos datos.
El consejo de la Autoridad Portuaria de Valencia planteará retrasar de nuevo el proceso para adjudicar al grupo naviero un proyecto en el que prevé mil millones de inversión.
Uno de los mayores eventos que acoge año tras año la ciudad de Valencia, la muestra del sector de la cerámica, la piedra natural y los materiales de construcción, de momento se aplaza hasta mayo para intentar mantener su carácter presencial.
El complejo promovido por el presidente de Mercadona, Juan Roig, en la Marina de Valencia ha hecho balance de sus primeros cinco años. El centro aúna la aceleradora de empresas emergentes Lanzadera, la firma de inversión en empresas innovadoras del propio Roig, Angels, y la escuela de negocios Edem.
Por su propia actividad, Suez es un actor clave en la acción por el clima. En España, su plan estratégico pasa por el impulso de la reutilización del agua y la economía circular, así como la protección de los ecosistemas.
El presidente valenciano Ximo Puig tiene claro que el sector turístico es uno de los motores económicos de la Comunidad Valenciana y por ello está dispuesto a incentivar su de-manda con ayudas directas, tal y como sucede en otros sectores, como el del automóvil.
Casi tres meses después de que el Gobierno aprobase el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible, denominado Plan Moves II, tan solo tres comunidades autónomas (Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Aragón) han publicado las bases para poder beneficiarse de estos incentivos.
La Conselleria de Sanidad ha anunciado que pondrá a disposición de la comunidad educativa un teléfono para atender las dudas que puedan tener ante la vuelta a las aulas, en cuya planificación ha subrayado que llevan dos meses trabajando y contemplando "todos los escenarios" para garantizar las condiciones de seguridad adecuadas, y ante la necesidad de que la educación sea presencial.
Un total de 794.243 alumnos de la Comunitat Valenciana comenzarán un curso 2020-2021 "extraordinario" por la Covid-19. La cifra supone que habrá en las aulas valencianas 4.035 estudiantes más que en el ejercicio 2019-2020, un incremento del 0,51%. Por provincias, 410.993 estudiantes corresponden a la de Valencia (+0,43%); 288.823 en Alicante (un 0,64% más) y 94.427 en la demarcación de Castellón (+0,44%).
Los presidentes de Asturias y de la Comunidad Valenciana, Adrián Barbón y Ximo Puig, respectivamente, han asegurado este jueves que no comparten la afirmación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando dice que "prácticamente todos los niños se contagiarán del virus". "El riesgo cero no existe pero desde luego que trabajaremos para que los centros escolares sean muy seguros", han coincidido los jefes del ejecutivo asturiano y valenciano.
La Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana está a la espera de que la Abogacía del Estado emita un informe sobre cómo actuar en los casos en los que los padres decidan no llevar a sus hijos al colegio por temor al contagio de la Covid-19. Se trata de un documento solicitado por el Ministerio, de acuerdo con la petición "unánime" de los consejeros de las CCAA.
El 'conseller' de Economía de la Generalitat Valenciana, Rafael Climent, reconoce que la gestión de la pandemia ha sido su mayor reto desde que accedió al cargo en 2015. En los 5 meses transcurridos desde marzo su departamento ha tramitado ERTEs que afectan a más de 420.000 trabajadores, el grueso los primeros meses. Además, su conselleria impulsó, entre otras, las ayudas para autónomos que completaron el "gran vacío" que detectó en el decreto estatal. Y para compensar este esfuerzo público, el dirigente de Compromís no se esconde: aboga por la introducción de impuestos compensatorios, y entre ellos se atreve a proponer la tasa turística -rechazada por sus socios del PSPV- en medio de la grave crisis que afecta al sector en la Comunitat.
Ante las nuevas medidas de restricción o contención que se han impusto en la mayoría de las comunidades autónomas se ha producido un interés de muchas empresas por solicitar el nuevo Erte rebrote que el Gobierno aprobó el 26 de junio fruto del acuerdo con los empresarios y sindicatos.
En plena temporada turística, el mapa de rebrotes del Covid-19 nos recuerda que esta crisis va para largo y que la mejor fórmula para combatirla es ser responsables; un ejercicio de responsabilidad que nos incluye a todos, a los ciudadanos, a los agentes sociales, a la Administración y a los partidos políticos.
La factoría de Benimar es una excepción en su entorno empresarial. Se encuentra en el linde de Peñíscola con Benicarló, localidades costeras del norte de Castellón donde el turismo y la agricultura dominan la actividad económica. La marca, no obstante, tiene a sus espaldas más de 40 años de trayectoria industrial en el lugar. Forma parte del grupo francés Trigano, y emplea a 400 trabajadores entre tres sociedades (que producen autocaravanas, casas móviles y los muebles para equiparlas, y que suman un negocio conjunto de cerca de 170 millones). Fernando Ortiz, su director general, abre a elEconomista las puertas de esta peculiar fábrica, que lejos de menguar su actividad por la pandemia se prepara para elevar las ventas un 10% hasta las 4.400 autocaravanas.
Toda crisis es una oportunidad, y entre las firmas que han sabido aprovechar la presente se encuentra la valenciana Esfera Ingeniería, especializada en la creación de instalaciones industriales críticas para la fabricación aséptica (sus creaciones sirven para elaborar productos con las máximas condiciones de higiene, tales como alimentos, cosméticos, químicos o fármacos -incluso soluciones inyectables-).
La constructora alicantina Ecisa comunicó este viernes que Al Alfia Holding, con sede en Qatar, se ha convertido en propietario de "todas las acciones de Ecisa que aún no poseía", lo que lo convierte en "el accionista único" de la compañía.
La consejería valenciana de Vivienda, liderada por el vicepresidente segundo Rubén Martínez Dalmau (Unides-Podem), explicó este jueves que la Generalitat Valenciana ha ejercicio su derecho de tanteo para adquirir un paquete de viviendas protegidas que Banco Sabadell iba a traspasar al fondo Cerberus. Se trata de un total de 218 inmuebles ubicados en distintos municipios valencianos por los que la autonomía pagará 8,5 millones de euros (a una media de 39.000 euros por vivienda).
Torrevieja Salud y los representantes de los trabajadores y trabajadoras -CEMS, UGT, SI-CV, CCOO y USAE- han firmado por mayoría, con la excepción del sindicato SASTE, el tercer convenio colectivo para el Departamento de Salud, gestionado por Ribera Salud, que será de aplicación desde el momento de su publicación en el BOP y hasta el 31 de diciembre de 2021.
La Comunidad Valenciana lleva meses trabajando en su posicionamiento como destino seguro y de referencia, tanto para el turismo nacional como para el internacional, en la etapa post-covid.
La Agencia Tributaria solicitó este jueves al Ayuntamiento de Valencia licencia de obras para la construcción de su nueva sede en Valencia, un gran edificio en el que prevé concentrar a los 1.500 funcionarios de las Delegaciones Especiales de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda de la ciudad, según confirmaron a elEconomista fuentes de la propia AEAT.
La consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha sido la primera de España en otorgar el contrato del suministro de dispositivos de control con la mirada a la compañía vasca Irisbond. Se trata de un contrato de 150 unidades por un importe de 200.000 euros y que se extenderá durante los próximos dos años.
Caixa Popular obtuvo en el pasado ejercicio unos beneficios de 14 millones de euros, lo que implica un crecimiento de un 16 por ciento. Estos resultados después de impuestos ascendieron a 11 millones de euros.
España puede tener una segunda oportunidad para captar una inversión con la que sueñan todos los países productores de automóviles: la creación en su territorio de una factoría de Tesla, la compañía que abandera la fabricación de vehículos 100% eléctricos. Alemania hizo valer su condición de líder europeo del sector para atraer la primera fábrica en el continente de la firma de Elon Musk, pero la enseña parece dispuesta a desarrollar una segunda infraestructura, y la consultora IBC & Partners pugna por que España sea esta vez la nación elegida y propone Valencia y Barcelona como posibles ubicaciones, según ha podido contrastar elEconomista.
La filial de ACS que impulsó el almacén de gas Castor, dos de sus directivos y tres aseguradoras se sentarán en el banquillo de los acusados por los seísmos que provocó la infraestructura. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vinaròs ha decretado la apertura de juicio por un "delito contra el medio ambiente" contra Escal UGS SL como persona jurídica -la sociedad del grupo de Florentino Pérez adjudicataria del proyecto-, contra dos de sus altos cargos, y también contra Chartis Europe, Lloyds y Zurich Insurance como "responsables civiles directos/subsidiarios".
Los órganos de gobierno de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) --comité ejecutivo y junta directiva-- se han mostrado, en una reunión conjunta celebrada este jueves, "contrarios al aumento de la carga fiscal incluido en el borrador del plan de reconstrucción social y económica de la Comunitat propuesto por los partidos del gobierno del 'Botànic'".
Sin sorpresas en el Supremo. La sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal ha desestimado los recursos presentados -entre ellos el de la Abogacía de la Generalitat Valenciana- contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que concluyó el pasado mes de octubre que la administración autonómica vetó de forma injustificada el proyecto de la alianza Intu-Eurofund Investment para la construcción de un macrocentro comercial y de ocio en la localidad de Paterna. Y lo que puede ser peor para las arcas valencianas: este nuevo pronunciamiento refuerza la defensa de la alianza empresarial en la causa paralela en la que reclama alrededor de 300 millones de indemnización al Ejecutivo de Ximo Puig (PSPV) y Mónica Oltra (Compromís) por haber paralizado su proyecto.
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