Los jueces españoles abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 164 personas físicas y a 36 personas jurídicas en 2022 al dar por concluidos 38 procedimientos por este tipo de delitos, según ha informado este viernes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Se llama Allen Sanginés-Krause y solo era un desconocido inversor mexicano hasta que su vida cambió cuando Corinna Larsen, entonces amante del rey Juan Carlos I, presentó a los dos hombres. El empresario trabó amistad con el emérito hasta llegar a convertirse en su testaferro, su financiador de gastos, cobró enormes cantidades en comisiones por intermediar en negocios realizados a través de sus offshores, y adquirió en España un palacete, un edificio de lujo y el Hotel de cinco estrellas Villa Magna, situado en plena Castellana de Madrid.
El Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid ha dado por concluida la instrucción del conocido como 'Caso Eólicas' y ha elevado la causa a la Audiencia Provincial, órgano competente para celebrar el juicio.
El polémico exalcalde de Gandía con el Partito Popular, Arturo Torró, que también fue el fundador y dueño de la cadena de ópticas +Visión hasta su traspaso en 2008, ha visto como la Audiencia Provincial de Valencia le condena a una pena de cárcel por la causa judicial iniciada por la finalización del contrato para la gestión de la televisión local en el año 2013.
Ville Itälä, director general de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN), han suscrito un convenio de colaboración en materia de investigación contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, incluido el blanqueo de capitales, que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea.
Las compañías que operan en nuestro país con más de 50 empleados afrontan multas que van entre los 600.001 euros y el millón de euros si no implantan un canal de denuncias interno para que los empleados puedan comunicar de forma anónima infracciones de las que tengan conocimiento dentro de las compañías, tal y como establece la nueva ley de protección de las personas informantes.
La semana pasada se disparó un escándalo (el caso Tito Berni) cuyo final no es fácil de prever. Si todo queda en unas chapuzas insulares, la cosa podrá ser reciclada por Sánchez, pero si el asunto sale de las Islas Canarias la cosa puede ser políticamente mortal, con efectos como los de una bomba de racimo, en términos usados por Ignacio Varela.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Ávila abrió diligencias previas en 2019 por un delito de malversación a raíz de un atestado de Servicios Internos de la Guardia Civil, relacionado con empresas vinculadas a la trama del caso 'Mediador', que luego fueron remitidas a los tribunales de Madrid.
La Ley de Protección al Informante llega tarde, pero llega. El pasado 16 de febrero se aprobó en el Congreso esta Ley (transposición de la Directiva Europea Whistleblowing) que ayudará en la lucha contra la corrupción y el acoso laboral , protegiendo a aquellas personas que alerten sobre infracciones graves o muy graves.
Las compañías de entre 50 y 249 empleados tienen hasta el próximo 1 de diciembre de 2023 para habilitar un canal interno a través del cual los trabajadores puedan denunciar de forma anónima conductas de corrupción.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves definitivamente la ley que protege a las personas que denuncien actuaciones corruptas en el seno de empresas y administraciones públicas.
El Congreso vota este jueves el Proyecto de Ley para proteger a las personas que informen sobre corrupción, una norma que transpone la directiva comunitaria de 2019 conocida como Whistleblowers. Esta nueva normativa, que se espera que entre en vigor en 2023, obligará a las compañías de más de 50 trabajadores a tener un sistema interno por el que tanto directivos como empleados puedan denunciar de forma anónima posibles infracciones o casos de corrupción dentro de la organización. La Ley española, ante el coste que esta carga pueda generar en las empresas, permite que las firmas de entre 50 y 249 trabajadores puedan compartir medios y recursos para la gestión de las informaciones que reciban, quedando siempre clara la existencia de canales propios en cada empresa.
María Dolores de Cospedal le echa arreos y abre su propio despacho. La exministra del Partido Popular ha decidido emprender e iniciar su andadura en solitario con un bufete especializado en asuntos administrativos, civiles y mercantiles. No le falta experiencia, puesto que anteriormente fue socia de la firma de abogacía CMS Albiñana y es abogada del Estado en excedencia.
Los jueces españoles dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 21 personas en dos procedimientos por corrupción. De las 21 personas que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos, tres eran personas jurídicas.
Era solo cuestión de días. Después de varias jornadas pidiendo su dimisión, PSC, ERC y la CUP suspenden a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. La Mesa de la institución aprobó la inhabilitación de la dirigente independentista con los votos a favor del triunvirato y solo la oposición de su formación (Junts). Sucede después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decidiese enviarla a juicio por, presuntamente, fraccionar contratos en favor de un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
Desde hace un tiempo, con el término corrupción ya no designamos tanto lo que degrada o estropea los objetos que se corrompen por el paso del tiempo, la humedad, etc., sino la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de las organizaciones públicas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores y sus amigos o familiares.
Los jueces españoles han concluido en el primer trimestre de 2022 un total de nueve procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 45 personas (una de ellas, persona jurídica), que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.
Los gobiernos europeos deberían aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en torno a los grupos de presión (lobbies) para garantizar que los ciudadanos sepan qué actores tratan de influir en las decisiones políticas, de modo que se pueda reducir el riesgo de prácticas corruptas, afirma el organismo anticorrupción del Consejo de Europa (Greco), en su informe anual, publicado hoy.
"El impuesto más caro para los españoles es la corrupción", dijo el presidente Pedro Sánchez hace unos días en una entrevista en Antena 3. "Hay una palabra que desgraciadamente va asociada al PP de forma reiterada que es corrupción", había dicho anteriormente el secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, en un acto público. Con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina y al calor de los escándalos por comisiones en Madrid, no cabe hablar de declaraciones aisladas, sino que forma parte de una estrategia que marcará la agenda política de las próximas semanas. Una agenda que está plagada de citas con casos heredados de la anterior administración socialista.
La Audiencia nacional ha condenado al empresario leonés José Luis Ulibarri a 18 meses de cárcel por los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública dentro de una de las cusas de Gürtel.
El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, en su informe sobre la situación de la lucha contra la corrupción en España, da un fuerte 'tirón de orejas' al Gobierno español al considerar que las medidas adoptadas en los últimos tiempos se centran en los funcionarios públicos en general, pero denuncia que "no hay ninguna indicación sobre cómo esas medidas abarcarían específicamente las esferas de riesgo de conflicto de intereses y corrupción con respecto a las personas con funciones ejecutivas superiores".
El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, en su informe sobre la situación de la lucha contra la corrupción en España, ha suspendido al Gobierno español en su informe de evaluación sobre las medidas de prevención de la corrupción y sobre la integridad en la Policía y la Guardia Civil, por lo que lamenta la inexistencia de una estrategia de prevención de la corrupción dedicada y proactiva (y no meramente reactiva) en la Policía y en la Guardia Civil, para lo que exige una acción decidida.
El 67,69 % de las sentencias por corrupción de 2021 fueron condenatorias. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado. Los Juzgados y Tribunales dictaron un total de 65 sentencias en procedimientos en los que se investigaron delitos de corrupción.
La Audiencia de Valladolid ha acordado finalmente suspender de forma definitiva el juicio por el denominado caso de 'La Perla Negra' y ordenar su devolución al juzgado de instrucción con el fin de garantizar que todas las partes personadas en el proceso han recibido la totalidad de la causa para evitar así incurrir en una posible nulidad por vulneración del derecho de defensa.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y la corrupción. Se trata de una norma que transpone la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Seguramente Pablo Casado, a nivel personal, se merece esa salida honrosa que le han facilitado los barones. Nadie duda de su talante y bonhomía. Pero en política los errores se pagan y Pablo Casado ha cometido tres errores básicos.
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta en su día por el denominado 'caso PGOU' al jefe del Área de Urbanismo, Modesto Mezquita, y al arquitecto municipal, Luis Álvarez Aller, a los que impone además el pago de las costas ocasionadas por su recurso.
Los dos últimos años han sido claves para el avance de la inversión responsable. Por un lado, la Comisión Europea puso a rodar su Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, con el objetivo de canalizar los flujos hacia las actividades verdes. Por otro, el Covid-19 situó en el foco las necesidades sociales. Consulte más artículos sobre sostenibilidad en elEconomista Inversión sostenible y ESG.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a tres años y un día de cárcel y a seis años y un día de inhabilitación absoluta al ex presidente de Invercaria Tomás P.S. como autor de un delito de prevaricación administrativa en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos en relación con el préstamo participativo de 300.000 euros otorgado en el año 2008 a la empresa Fumapa, dedicada a la manufactura de piezas metálicas y cuyo principal cliente era la empresa automovilística Santana Motor. Tomás P.S. ya había sido condenado anteriormente por otras ayudas irregulares y por subirse el sueldo ilegalmente.
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra 35 personas -entre ellas tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía- y dos entidades -Permar 21 S.L. y Cureña S.L.- en la pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) por las presuntas sobrecomisiones que se pagaron por encima de la media del mercado en las pólizas de prejubilaciones vinculadas a los ERE financiados por la Junta, que se cifran en el auto en la cantidad de 66.033.237,30 euros.
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