Vodafone España ha informado a los sindicatos la apertura de un procedimiento de despido colectivo que inicialmente afectará a un máximo de 515 empleados, con especial incidencia en los departamentos comerciales como medida para paliar la caída de ingresos de los últimos meses. Por lo pronto, la compañía ha convocado a los representantes sindicales para iniciar antes de dos semanas el preceptivo periodo de consultas, cuya duración será de un mes.
Los comentarios más recientes de los directivos de las empresas estadounidenses muestran una atención sin precedentes al riesgo que supone el aumento de los salarios para los beneficios. Durante las conferencias de la presentación de resultados del segundo trimestre, el porcentaje de empresas que hicieron referencia a los sueldos registró su nivel más alto desde al menos 2010.
No hay acuerdo sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que el Gobierno ha confirmado se va a producir para el último tramo del presente año. La reunión mantenida el lunes por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, con los empresarios y los sindicatos se cerró sin pacto, pero con una confusión respecto a la continuidad del diálogo. Según explicaron los negociadores de CCOO y de UGT -no hubo comentarios ni del Ministerio ni de la patronal CEOE a este respecto- ya no se celebrarán nuevas reuniones, aunque se mantendrán contactos informales para seguir tanteando un acuerdo, algo que no descartaron los sindicatos. Fuentes empresariales consultadas por el elEconomista reconocen que si el Gobierno opta por una subida del SMI para este año se tensarán las relaciones con las patronales, dificultándose así otras negociaciones pendientes, tales como la prórroga de los Ertes, cuya mesa se debe abrir en los próximos días; la reforma laboral, que debería contar con un borrador en octubre; y la segunda fase de la reforma del Sistema para apuntalar la sostenibilidad de las pensiones.
El presidente Pedro Sánchez inauguró el curso político con un acto de marcado carácter económico, no sólo por la asistencia de los primeros ejecutivos de varias de las principales empresas españolas (con especial protagonismo de las eléctricas).
Era inevitable que los constantes máximos que el precio mayorista de la electricidad registró en agosto (y que hoy volverán a batirse) se trasladaran al IPC y así ha ocurrido. El indicador adelantado de inflación se situó este mes en nuestro país en el 3,3%, su mayor tasa interanual en casi una década.
Los efectos de las restricciones y las dificultades para abastecer las cadenas de suministros en el último año parece ahondar en la herida de la competitividad de las empresas españolas respecto a las de la zona euro. Al menos, en estos meses de pandemia, entre junio de 2020 y 2021, el Índice de garantía de competitividad que publica cada mes el INE, aún refleja una caída del 1,18% en el último año.
Los costes salariales para los empresarios crecieron en el primer trimestre del presente año el triple que los precios de consumo, según las últimas cifras sobre costes laborales para las empresas publicadas por el INE. La tendencia refleja como en los primeros tres meses del año, pese a las previsiones de una inflación alcista a niveles precrisis para el conjunto de este año, la evolución de los precios fue por debajo del esfuerzo realizado por los empresarios en términos de incremento de la masa salarial de sus trabajadores. Lo que supone, más allá, que los trabajadores ganaron en este periodo de arranque de 2021, un 1,2% de poder adquisitivo.
BBVA logrará un ahorro de costes de 250 millones a partir de 2022 gracias al ERE que pondrá en marcha estos días tras el acuerdo alcanzado el martes con los sindicatos para despedir a 2.725 trabajadores en nuestro país, incluidas las 210 excedencias voluntarias incentivadas. Este ahorro es equivalente a un 10% de los gastos operativos totales que la entidad asumió el pasado ejercicio en su filial española.
El coste por hora trabajada aumentó un 3,1% en el cuarto trimestre de 2020 respecto al mismo periodo de 2019, ocho décimas por encima del trimestre anterior, según se desprende de los datos provisionales del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Es curioso: hace sólo un par de semanas se hablaba del reflation trade como algo positivo para las bolsas y ahora, como había que buscar algún motivo para explicar lo que no es más que una corrección normal en un mercado alcista, se le echa la "culpa" a la inflación. Pero lo que hay detrás es algo más profundo: el miedo a que los bancos centrales cierren el grifo.
Los ajustes de la banca de los últimos años, que continuarán en los próximos ejercicios con las salidas de personal proyectadas y el cierre de sucursales, han empezado a dar sus frutos y ya tienen un reflejo en sus niveles de eficiencia, que se aproxima a los niveles reclamados por el Banco de España para impulsar la rentabilidad del sector.
Los hondos ajustes de plantilla y redes que la banca española acomete en los últimos años dan frutos. Los costes globales del sector financiero bajan un 25% lo que propicia que su eficiencia se sitúe en el 45%.
Estamos en mitad de una reforma laboral, aunque por la forma en que se está produciendo no seamos muy conscientes de ello. Estamos acostumbrados a cambios más espectaculares en normas de urgencia que modifican multitud de instituciones. Lo que tenemos ahora es un goteo de medidas puntuales, centradas en temas concretos, que, al final, van a tener un profundo efecto. El debate sobre la derogación de la reforma laboral de 2012 nos está distrayendo de ello.
Las últimas cifras de paro publicadas recientemente son sólo la punta del iceberg de todo lo que llevamos viviendo. Ya cerca de cumplir un año de pandemia, los resultados empiezan a poner en contraste blanco sobre negro. Y es que la moda empresarial se ha bañado de ERTES y de cierres para poder sobrevivir la situación económica y la incertidumbre generada sobre la vuelta de cierta normalidad. Las empresas para sobrevivir deben poder planificar, principalmente los gastos.
Más País logra que el Gobierno lance un proyecto piloto para implantar la semana laboral de cuatro días. Resurge así una idea que, por su naturaleza y por la crítica coyuntura actual, sólo podría experimentarse en una muestra reducida de empresas y en sectores muy específicos, como el tecnológico.
El coste laboral de las empresas se situó en 2.525,41 euros mensuales por trabajador en el tercer trimestre del año, un descenso del 1,1% respecto al año anterior, lo que muestra una moderación frente a la caída del 8,3% del segundo trimestre en pleno parón económico por la pandemia.
Buen dato semanal para el mercado laboral, a un día solo de que el Departamento de Empleo publique la nueva cifra de trabajos creados en el último mes. Las peticiones de subsidio por desempleo en EEUU fueron de 712.000 durante la semana, una cifra que mejora en 60.000 peticiones lo esperado por los expertos.
El 2 de noviembre, el Ministerio de Trabajo publicó que se llevaban gastados 12.000 millones de euros en las prestaciones de los Ertes (las exoneraciones de cuotas las abona la Seguridad Social). Sin embargo, son datos globales. Si se desagregan por comunidades autónomas y provincias se observan grandes diferencias del coste por cada trabajador beneficiado. Según la información aportada por el Ministerio de Trabajo en sede parlamentaria a petición del grupo popular, el coste medio de los empleados en Erte en Málaga hasta agosto fue de 3.120 euros, mientras que el de la provincia de Álava se situó en 1.480. El máximo dobla con creces al mínimo. Según Trabajo, hasta agosto se produjeron 4.684.836 altas de prestaciones con un importe agregado de 9.319 millones de euros. De media, cada persona en alta ha recibido entre marzo y agosto 1.989 euros.
El nuevo entorno digital ha impuesto unos ritmos competitivos que fuerzan a las empresas a optimizar procesos y costes para defender sus posiciones. Así, la transformación digital es un proceso por el que todas las organizaciones empresariales están apostando a día de hoy para aumentar su crecimiento y adaptarse a las nuevas tendencias del mercado.
BBVA, a diferencia de otros bancos, está llevando a cabo un ajuste silencioso de plantilla en todo el mundo para ahorrar costes. En lo que va de año, el grupo ha reducido el volumen en 2.863 empleados, lo que supone un 2,2% de su fuerza laboral. Estas disminuciones las ha llevado a cabo a través de salidas ordinarias y planes puntuales de prejubilaciones e incentivos.
Probablemente hay personas que lo desconozcan pero durante años España tuvo una de las industrias textiles más consolidadas. A finales del siglo XIX y principios del XX, el sector textil era la industria moderna que más aportaba al PIB. Cataluña se consolidó por aquel entonces como uno de las principales productoras de tejido textiles tanto a nivel nacional como en el resto de Europa.
Los últimos datos conocidos sobre la evolución de los costes laborales en España y el impacto conocido de la pandemia en el mercado de trabajo dan cuenta del estrecho margen de maniobra que tiene el Gobierno en su intento anunciado de reforma laboral, que más allá ya ha sido desaconsejado desde organismo como la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional, que piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez mantener vigentes los fundamentos de la reforma del PP de 2012. Pero los expertos advierten de que ciertos cambios como revertir la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, rescatar la ultraactividad de los convenios o modificar la política de subcontratación podrían, llegado el punto, suponer un elemento de mayor destrucción de empleo por el incremento de las cargas para los empresarios.
Los costes no salariales para los empresarios crecieron casi un 15% en el segundo trimestre del año, tal y como arroja la encuesta de Costes Laborales publicada este jueves por el INE. Se trata de un fuerte repunte de este concepto concreto de percepciones no salariales que responden a aquellas retribuciones percibidas por el trabajador no por el desarrollo de su actividad laboral sino como compensación de gastos ocasionados por la ejecución del trabajo o para cubrir necesidades o situaciones de inactividad no imputables al trabajador. Y que en nuestro país está altamente afectado por las bajas temporales, indemnizaciones por despido o pagos por desempleo causados por el impacto de la pandemia en la economía y en el mercado laboral. Cabe recordar que entre el primer y el segundo trimestre de 2020 el número de inactivos creció en un millón de personas en nuestro país tras el confinamiento y el estado de alarma impuesto para atajar la crisis sanitaria.
La semana de cuatro días como respuesta a la masiva destrucción de empleo de la pandemia coronavirus es una teoría tan atractiva como controvertida que está despegando en los últimos días en Alemania, evidenciando las dificultades para su implementación. El asunto fue suscitado por IG Metal, el mayor sindicato sectorial de Alemania y Europa (con más afiliados que CCOO y UGT juntos), que lanzó este agosto la propuesta como una respuesta a las dificultades que ha provocado el coronavirus en la economía, pero también en previsión a otros retos futuros.
La semana de cuatro días como respuesta a la masiva destrucción de empleo de la pandemia coronavirus es una teoría tan atractiva como controvertida que está despegando en los últimos días en Alemania, evidenciando las dificultades para su implementación. El asunto fue suscitado por IG Metal, el mayor sindicato sectorial de Alemania y Europa (con más afiliados que CCOO y UGT juntos), que lanzó este agosto la propuesta como una respuesta a las dificultades que ha provocado el coronavirus en la economía, pero también en previsión a otros retos futuros.
Durante los pasados meses, tanto las compañías como la administración han tenido que enfrentarse a una serie de desafíos como consecuencia de la crisis del coronavirus: desde reducciones del personal o plantillas completas trabajando desde casa, hasta caídas en la demanda de ciertos productos o servicios y aumentos exponenciales en la demanda de otros. Esta situación implica la necesidad de adaptarse rápidamente a la nueva realidad, impulsando la productividad y reduciendo costes para poder seguir siendo competitivos y subsistir. Ante este panorama ha quedado patente que la tecnología es un gran aliado. Si muchas empresas han podido seguir manteniendo su actividad, y por tanto sus ingresos, ha sido gracias a haberse preparado adoptando tecnología. En esta línea, según la encuesta Global Capital Confidence Barometer de EY, realizada en 46 países entre los meses de febrero y marzo de este año, el 36% de los encuestados aumentaron la inversión en automatización. El mismo informe indica que cerca del 70% de los encuestados está avanzando o revaluando su transformación tecnológica para mitigar los efectos de la pandemia. Estos datos avalan la consideración de que la innovación y la automatización son dos de los factores que mejoran la competitividad empresarial.
¿Se está disparando la presión fiscal en España? A primera vista no lo parece porque la recaudación de impuestos se está reduciendo debido a los efectos de la pandemia del Coronavirus sobre la actividad económica. Sin embargo, en los seis primeros meses del año, la recaudación de impuestos gestionados por la Agencia Tributaria se redujo en un 11%. En ese mismo periodo, la caída del PIB fue de más del doble, del 22,1%. Si esto continúa así, España experimentaría un importante incremento de la presión fiscal, que no es más que el cociente entre la recaudación de impuestos y el PIB.
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