La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado hoy las cuentas de las administraciones públicas españolas en 2022, que cerraron con un déficit del 4,8% del PIB. Estos datos se sitúan por debajo de las previsiones manejadas por el Ejecutivo, del 5% del PIB, debido al aumento de la recaudación, que registró un máximo histórico de 255.463 millones de euros, un 14,4% más que el año anterior.
El precio del petróleo ha sufrido una caída intensa en las últimas semanas, mientras que la propia producción de Rusia se ha reducido. A la vez, los gastos de Moscú en la guerra se mantienen o incluso se incrementan, mientras que la economía sufre las consecuencias de la caída del crudo y de las sanciones. El resultado es que Rusia está incurriendo en un déficit fiscal notable, que a su vez está llevando al Gobierno a presupuestar un gasto 'secreto' que va en aumento.
La Comisión Europea dejará atrás el año que viene la cláusula de escape que permite a los países sobrepasar el límite del 60% de deuda pública sobre el PIB y el déficit 3% del PIB, retomando la disciplina fiscal tras un periodo transitorio, ya en 2026. España es uno de los países señalados por sus comprometidas cuentas públicas. Con un nivel endeudamiento que supera el 113% del PIB, también tiene un nivel de déficit considerado "excesivo" por Bruselas. Para cumplir con el objetivo del 3%, España deberá esforzarse para bajar en unos 19.500 millones -1,5 puntos del PIB- los números rojos si se toma la estimación de déficit de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para el cierre de 2022, del 4,5% del PIB.
Bruselas cumple con su compromiso de retomar las reglas de estabilidad fiscal, suspendidas excepcionalmente con motivo de la pandemia. En concreto, la Comisión demanda ya que se elaboren planes de ajuste y advierte de que ya en 2024 se abrirá expediente a los países cuyo déficit exceda el 3% del PIB. Es indudable que el retorno a la normalidad sorprende a España en un momento comprometido. En nada ayuda a corregir la situación el hecho de que el 64% de las recomendaciones que la AIReF dirige al Gobierno sea desatendido, como el propio supervisor denuncia. Pero aún resulta más preocupante el modo en que el Ejecutivo sigue acelerando el gasto, atendiendo más a la proximidad de periodos electorales, que a la sostenibilidad de las cuentas públicas.
"Nada nuevo bajo el sol", con esta frase como prólogo el conseller de Hacienda, Arcadi España, desveló que el déficit de la Comunidad Valenciana se volvió a disparar en 2022 y superará los 3.000 millones de euros, según los datos que en los próximos días se publicarán en el Diari Oficial de la Generalitat.
La racionalización del gasto sigue siendo la gran asignatura pendiente para asegurar la sostenibilidad de las cuentas de la Seguridad Social y eliminar su déficit. Actuando estrictamente sobre esta vía (y también sobre los ingresos), los expertos ven el recorte de las prestaciones como una opción cada vez más factible. En concreto, las fuentes consultadas alertan de un recorte del 9,4% para la pensión media, aquella que en el tercer trimestre de 2022 superaba ligeramente los 15.000 euros anuales. En paralelo, sería necesario articular medidas que incrementaran los ingresos del sistema por cuantías similares. Si no se hiciera así, el tijeretazo en las prestaciones tendría que ser aún mayor.
La deuda de la Seguridad Social supera los 106.000 millones. Cuando Sánchez llegó al Gobierno, en 2018, la deuda era de 41.000 millones. Un año después alcanzó los 55.000 millones. En cinco años, sencillamente, la deuda ha aumentado cuatro veces su propio tamaño. Casi el doble, cada año.
El envejecimiento poblacional es el reto demográfico, social y económico de occidente durante este siglo. El progresivo retiro de la generación del baby boom, con una base de la pirámide demográfica ya debilitada por la leve natalidad, tensará financieramente los sistemas de pensiones públicos en Europa y, por supuesto, en España. El actual sistema arrojará un déficit del 4,5% del PIB a mitad de siglo -unos 54.000 millones de la actualidad- derivado de un mayor gasto en pensiones incapaz de ser absorbido por los ingresos pese al mayor esfuerzo que asumirán todas las nóminas en las próximas décadas.
Castilla y León cerró el mes de noviembre de 2022 con un déficit presupuestario del 0,33 por ciento con respecto a su Producto Interior Bruto (PIB), y de 214 millones de euros en términos absolutos. Una cantidad que supone más que duplicar los 97 millones registrados en octubre. Además, la cifra contrasta con los 354 millones de euros de superávit que presentaba la Comunidad en el penúltimo mes de 2021.
El control del déficit y de la inflación subyacente se presentan como los grandes retos de la economía durante 2023. El Consejo General de Economistas señalan a la importancia de corregir estos dos valores, especialmente a partir del próximo marzo, mes en el que el Banco Central Europeo (BCE) deje de comprar deuda y España se enfrente a los mercados en solitario. "Se van a mirar mucho nuestras cifras internas.
Sucedió el pasado martes durante la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año. Cuando más petulante y engreído estaba Sánchez un compañero periodista le amargó el show al preguntarle si no le preocupaba su falta de credibilidad, a lo que el presidente respondió con una tediosa perorata de divagaciones, sin contestar a lo que se le demandó. Claro que, tanto el montaje como el contenido de la comparecencia fue una evidencia incontestable de que esa falta de credibilidad ni le preocupa, ni le avergüenza, ni le afecta.
La teoría económica sugiere que demasiada igualdad no es buena para el crecimiento económico. Pero, normalmente, el problema es que la desigualdad es excesiva, algo que debería preocupar a los inversores.
El Ministerio de Transición Ecológica ha decidido amortizar de golpe más de la mitad del déficit de tarifa de gas. Según los cálculos que maneja la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, el agujero existente se situaba a cierre del año de gas (30 de septiembre) en 151 millones de euros.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha avanzado que Castilla y León cerrará 2022 con un déficit del 0,9 por ciento del PIB, una previsión que señala a que siete comunidades cerrarán 2022 con un déficit por encima del 1 por ciento PIB, mientras que tan solo dos finalizarán el año con un saldo positivo en términos de Contabilidad Nacional.
El think tank económico Funcas critica en un extenso informe dedicado a los Presupuestos que el Gobierno no sea capaz de ajustar el déficit estructural pese al incremento extraordinario de la recaudación. Los dos escenarios que recoge el Ejecutivo mantienen las finanzas españolas con un déficit del 3,9% pese a un alza superior al 6% de los ingresos totales, con el riesgo de que sean coyunturales por la inflación, y una presión fiscal que también supera el 42% del PIB. Así, el déficit rebosaría los 50.000 millones pese a que prácticamente todas las partidas de ingresos no financieros están previstas que mejoren respecto al año previo.
La senda de reducción de los números rojos de la Seguridad Social se romperá el próximo año 2023. El análisis de las cuentas del departamento encargado de las pensiones, la principal partida del gasto de los Presupuestos, revela que el déficit de la Seguridad Social bajará al 0,4% del PIB a cierre de 2022 -es decir, una décima mejor de lo proyectado por el Gobierno, para repuntar al 0,7% -0,9% si se deducen los ingresos extra del Mecanismo de Equidad, que van directamente al Fondo de Reserva- el próximo año. Este desvío implica un incremento de medio punto equivalente a 8.256 millones.
La autoridad fiscal independiente de la Comisión Europea, el Consejo Fiscal Europeo (EFB, por sus siglas en inglés), refuerza su postura de cara a la vuelta de las reglas fiscales de control de deuda y déficit en los países comunitarios. Eso sí, su propuesta abre la puerta a una reforma de este control y, por tiempos, se produce en semanas clave. Está previsto que la propia Comisión Europea se pronuncie el próximo 9 de noviembre acerca de una previsible reforma de las reglas fiscales antes de 2024.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) plantea un marco fiscal alternativo en el que el Gobierno tendría que adoptar un ancla de deuda a medio plazo bajo el cumplimiento de una senda de gasto neto desde el inicio de la legislatura. La principal variable sería la deuda pública. El objetivo, en el marco europeo, se alejaría de la generalidad de las actuales reglas fiscales que marcan el objetivo de deuda pública en el 60% para todos los países y persigue la predictibilidad en el medio plazo.
La victoria de la derecha en Italia está prevista por todos los informes que los principales bancos de negocios están difundiendo en estas semanas a sus clientes. De hecho, la ventaja de la coalición liderada por Giorgia Meloni en las últimas encuestas, publicadas dos semanas antes de los comicios como prevé la ley transalpina, rozaba los 20 puntos. Pero en un país como Italia ni siquiera un triunfo electoral es garantía de estabilidad.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), auditora de las cuentas públicas españolas, realizó hasta 11 recomendaciones al Ministerio de Hacienda y al de Economía que, según explicaron ayer, han rechazado cumplir. Una de las principales alertas de la institución presidida por Cristina Herrero va en relación al déficit estructural, un punto que desde el Ministerio de María Jesús Montero consideran que están cumpliendo.
La pasada semana Nadia Calviño ya rebajó el optimismo que hasta entonces mostraba el Ejecutivo sobre la marcha de la economía, anticipando trimestres complejos por la alta inflación.
El Banco de España, la Airef, la Comisión Europea, la OCDE, el FMI y todos los institutos de estudios públicos y privados que se han referido a la situación económica de nuestro país en el último año han señalando la necesidad de trazar un plan de consolidación fiscal, para trasladar a los inversores privados la seguridad de que se puede confiar en nuestra deuda soberana y como herramienta contra la inflación.
Se intensifica el olor a quemado en la 'locomotora' económica de Europa. A cada dato macro que se va conociendo, queda más en evidencia que la economía de Alemania empieza a mostrar sufrimiento. Cuando aún no ha recuperado el PIB previo a la pandemia, factores como la crisis mundial de suministros y, sobre todo, la crisis energética por la guerra en Ucrania, amenazan con una contracción económica que repercutirá dolorosamente en el resto de la eurozona. El último 'telegrama' como malas noticias ha llegado este lunes: Alemania registra su primer déficit comercial en 31 años.
Si vamos a hacernos un análisis de sangre y todos los marcadores nos salen en negrita, la preocupación por nuestro estado de salud sería máxima. La situación económica y geopolítica de España empeora por momentos, aún más si cabe, a la vista de que todos los indicadores macroeconómicos apuntan a que las constantes vitales de nuestro país marcan un grave deterioro diario, a pesar de que vemos cómo los ciudadanos siguen viviendo en una especie de metaverso que nos oculta la realidad que amenaza nuestros ahorros y nuestra calidad de vida como ya ocurrió con rescates del pasado.
Con el objetivo de frenar el repunte de las primas de riesgo de España e Italia, el BCE anunció el miércoles una nueva herramienta antifragmentación en Europa para que los pasivos de los países periféricos ganen peso en el balance del BCE.
Un fallo de cálculo. Así calificaban desde La Moncloa el incendio diplomático que la improvisación e irresponsabilidad de este gobierno ha desencadenado con Argelia, con ruptura de las relaciones comerciales incluidas, y para el que ahora llaman a los bomberos de Bruselas a ver si les salvan de la quema.
Las comunidades autónomas tuvieron un déficit estructural del 0,4% en 2021, por debajo del 1% de 2020, según cálculos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en su informe 'El saldo estructural de las Comunidades Autónomas, 2020-2021'.
Los trabajadores de las Administraciones Públicas suponen ya uno de cada cuatro asalariados en ocho comunidades autónomas.
El pasado miércoles, Pedro Sánchez cumplió cuatro años al frente de la Presidencia del Gobierno, tras ganar el 1 de junio de 2018 la primera moción de censura de la democracia a un jefe del Ejecutivo; en este caso, a Mariano Rajoy Brey.
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