Enmienda a la totalidad. El Círculo de Empresarios ha calificado este martes los Presupuestos Generales del Estado de 2023 de imprudentes, insolidarios e irreales, por lo que pide al Gobierno que los devuelvan y elaboren unos nuevos con otras previsiones macroeconómicas, y donde se plantee una reducción del déficit público. Además, los empresarios también echan en falta la deflactación de la tarifa del IRPF.
La brecha entre el creciente gasto público de España y unos ingresos récord, que no sirven para corregir los desequilibrios de nuestras cuentas, han generado un déficit estructural cerca de un 5% del PIB. Muy lejos del compromiso adquirido por Pedro Sánchez con la UE, de alcanzar en 2025 la senda de estabilidad por debajo del 3%.
Las cuentas públicas españolas prevén cerrar en el 5% de déficit este año, todavía dos puntos por encima del 3% objetivo que marcan las normas de la Comisión Europea y que desde el Banco Central Europeo (BCE) consideran "procedimiento de déficit excesivo". Si España quiere evitar una brecha financiera con el resto de países miembro y pretende optar a los escudos la institución bancaria, Calviño y Montero se deberán coordinar para cumplir con una cláusula insalvable que marca Frankfurt: reducir en algo más de 24.000 millones de euros el déficit presupuestario de las arcas públicas como una de las condiciones inexorables para poder optar a esta herramienta.
El déficit del conjunto de las Administraciones públicas -salvo las corporaciones locales- se redujo en los cuatro primeros meses del año un 70,3% interanual, hasta 7.884 millones de euros equivalentes al 0,60% del PIB, en un contexto de mejora de la recaudación tributaria y de moderación del gasto.
El gobernador del Banco de España ha constatado este miércoles que los españoles somos "más pobres que antes de la subida de los precios energéticos", razón por la que pide, entre otras actuaciones, un pacto de rentas. Mantienen Pablo Hernández de Cosa que "la pérdida de riqueza es ineludible, y lo único que podemos hacer es repartirla". Por eso, y para controlar el déficit público y evitar una espiral inflacionista, propone un pacto de rentas de carácter plurianual entre trabajadores y empresas, en lo relativo a los salarios. Por el mismo motivo, insiste en evitar un impulso fiscal generalizado y evitar un uso muy extendido de cláusulas de indexación automáticas en las partidas de gasto como el de las pensiones o el sueldo de los funcionarios.
El déficit del conjunto de las administraciones públicas, salvo las entidades locales, alcanzó en el primer trimestre los 4.633 millones de euros, una cifra un 77,8% inferior a la del mismo periodo de 2021 y que equivale al 0,35% del PIB, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda.
¿En qué se parecen Mariano Rajoy y Pedro Sánchez? En que los dos cuando tienen un problema, en vez de intentar resolverlo, lo guardan en un cajón hasta que se pudra. La semana pasada la Autoridad Fisca (AIReF) y ésta el Banco de España han coincidido en que el problema más grave que tiene nuestro país en este momento no es la inflación, sino un déficit estructural superior al 4 por ciento del PIB. ¿Y qué significa estructural?, pues que está en la estructura del gasto público y es imposible reducirlo sin ajustes. Los dos organismos coinciden también en que si no se hace nada en un par de décadas, la deuda puede escalar 20 puntos, hasta alcanzar el 140 por ciento del PIB.
Seguro que todos recordamos, de nuestra infancia, el cuento de Pedro y el lobo, que nos enseñó que no debemos contar mentiras ni burlarnos de los demás porque dejarán de creer en nosotros y saldremos mal parados. Y es que todos tenemos ese conocido mentiroso que es un almacén de promesas y excusas. Pero en las relaciones económicas y sociales no hay nada peor que la pérdida de confianza en una de las partes sobre todo si está asociada a la pérdida de credibilidad, pues ello determinará la relación futura. Por ejemplo, si un banco no confía en una persona, difícilmente le concederá un crédito, mucho menos si ha tenido varios impagos en su historial, pues al final termina siendo el pastor del cuento.
Existe una clara discrepancia entre los principales partidos españoles por la manera en la que se debe afrontar la crisis provocada por la guerra en Ucrania, la visión más liberal apuesta por bajar los impuestos, mientras que los partidos más a la izquierda proponen no reducir los impuestos y seguir apoyando a la economía con medidas de mayor gasto público cuyo mayor ejemplo sería la subvención de 20 céntimos por litro de gasolina.
El Gobierno desaprovechó en el Consejo de Ministros de este martes una oportunidad histórica para anunciar un plan de choque para paliar los efectos de la guerra. La rebaja de veinte céntimos en el precio de los carburantes después de una semana en la que se paralizó la economía por la huelga salvaje del transporte es como intentar curar un cáncer con aspirinas. La Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas)evalúa en un punto el recorte que puede tener la inflación desbocada, que en marzo saltará el listón de los dos dígitos. Los expertos consultados por elEconomista califican el efecto de "insignificante".
España cerró el déficit de las Administraciones Públicas en el 6,76% del PIB en 2021, frente al 10,08% del año anterior. Se trata de la mayor reducción de la serie histórica y mejora en punto y medio lo previsto inicialmente por el Ejecutivo. Además de la innegable recuperación económica tras la crisis del Covid, dos factores han posibilitado este descenso.
La escalada de la inflación amenaza con inflar la factura de las pensiones en hasta 11.700 millones de euros a pagar en 2023, casi duplicando el coste a hacer frente en este 2022. Con el estallido de la guerra en Ucrania se abren distintos escenarios de previsiones del IPC que se mueven entre la horquilla del 5,6% y el 6,5% en una coyuntura de crisis por la tensión geopolítica y económica global. Con la reforma de José Luis Escrivá, encargado de Seguridad Social, la revalorización del año próximo toma como referencia el IPC medio entre diciembre de 2021 y noviembre del 2022.
Pese al modo en que la alerta sanitaria se modera desde los niveles máximos que alcanzó en 2020, la necesidad de plantear la contención del gasto público que la emergencia motivó no entra en los planes, ni siquiera a medio plazo, de las comunidades autónomas. Y esa complacencia tendrá graves consecuencias en el equilibrio fiscal de esos territorios. En la situación actual, el catedrático y colaborador de Funcas Santiago Lago, junto a los economistas Manuel Díaz y Carmen Marín, estiman que el 60% del desembolso extra acometido por estas Administraciones quedará consolidado en sus cuentas, es decir, no se revocará cuando la crisis quede atrás.
La reforma del sistema público de pensiones llevada a cabo por el Gobierno hará que a medio plazo se reduzca el gasto por al menos en dos vías: el endurecimiento de la jubilación anticipada en el supuesto más extremo y el eventual incremento de años cotizados para el cálculo de la cuantía, que podría extenderse de 25 años a 35 años. La primera de las medidas implicaría un ahorro en el medio plazo de casi medio punto del PIB, mientras que el aumento del periodo de cálculo rebajaría la factura anual en un 0,88% del PIB. Ambas medidas implicarán una reducción del gasto de hasta 15.000 millones (1,3 puntos porcentuales de PIB) de euros en el momento de mayor tensión financiera de la Seguridad Socia, previsto para la década entre 2040 y 2050, cuando la jubilación del baby boom amenaza con abrir una brecha entre ingresos y gastos de 50.000 millones de euros al año -según las estimaciones del Banco de España-.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha alertado del riesgo en la sostenibilidad de la deuda española a medio y largo plazo. Concretamente, AIReF prevé que el déficit público alcanzará el 190% del Producto Interior Bruto (PIB) español para 2050. Para mitad de siglo, prevén en su Observatorio de Deuda que la deuda pública española sumaría un 140% en un escenario en el que no hubiera cambios en las políticas fiscales y el gasto estructural relativo al envejecimiento, es decir, las pensiones, sumaría otros 52 puntos a la deuda.
Este pasado miércoles estaba marcado en rojo en el calendario del mundo financiero y económico. La Reserva Federal americana, la Fed, celebraba el Comité Federal de Mercado Abierto (Fomc, por sus siglas en inglés), se esperaban noticias sobre las actuaciones, que el banco central norteamericano tomaría en cuanto a su política monetaria. La actuación de la Fed se miraría con ojos críticos tanto por las repercusiones en la economía americana, como por ser la referencia para ver que puede ocurrir con otras autoridades monetarias como el Banco Central Europeo (BCE).
Joe Biden decía a principios de este año: "Hay un coro creciente de los mejores economistas diciendo que deberíamos estar menos enfocados en el déficit y más en las inversiones que podemos hacer, en empleos, en mantener a las familias fuera de la pobreza y en prevenir daños económicos a largo plazo a nuestra nación. La simple verdad es que si hacemos estas inversiones ahora, con tasas de interés a un nivel histórico bajo, generaremos más crecimiento, mayores ingresos, una economía más fuerte y nuestras finanzas también estarán en una posición más sólida".
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avaló unos Presupuestos Generales del Estado para 2022 con las reglas fiscales suspendidas y un déficit para ese ejercicio del 5%. La ministra destacó que la suspensión, por tercer año, de las reglas de gasto son "un paso más para que nuestro país cuente el año que viene con unos Presupuestos estatales que consoliden una recuperación económica justa socialmente que llegue a todas las personas y todos los territorios".
Ahora que se cumple un mes de la remodelación del Gobierno de Pedro Sánchez, perpetrada más con alevosía que con premeditación, me viene a la memoria ese cambiar para que nada cambie de la paradoja de Giusseppe Tomasi di Lampedusa, porque el lifting operado en el Consejo de Ministros ni ha mejorado la gestión, ni ha apaciguado las discordias y enfrentamientos en el gabinete y, ni siquiera, ha dado la vuelta a las encuestas que continúan acentuando esa cuesta abajo en la rodada en que ha entrado el PSOE y una mayoría absoluta del centroderecha si hoy se celebraran elecciones.
Mientras nuestros deportistas se esforzaban en Tokio por conquistar una medalla que les permitiera ascender al pódium de los Juegos Olímpicos, nuestro presidente del Gobierno se solazaba en Lanzarote disfrutando de esas otras medallas que se autoimpuso por su sancha voluntad y que ni ha trabajado ni le corresponden. Como la de las vacunas que, por cierto, las compra la Unión Europea y las gestionan e inoculan las comunidades autónomas que son quienes ponen los recursos y la logística.
El primer semestre del año, marcado, a excepción de los primeros compases del año, por una apertura de la actividad y un repliegue de las restricciones por la pandemia ha estado jalonado por un aumento de la recaudación tributaria en todas las figuras fiscales, que han permitido -además de dar un impulso a la recuperación que refleja el avance del PIB del 2,8% entre abril y junio en comparación con el arranque de 2021- contener el avance del déficit público, que en el acumulado hasta el mes de mayo roza el 3% del PIB. Así, el desequilibrio presupuestario se sitúa en 36.074 millones de euros hasta mayo, lo que supone restar 13.810 millones a la cifra registrada un año antes, es decir, un 27,7% menos.
El desorbitado gasto público forzado por la pandemia ya ha dejado un perdedor en el Reino Unido: el presupuesto de ayuda al desarrollo internacional. El Parlamento británico ha aprobado este martes, por 333 a 298 votos, recortar las aportaciones e inversiones en países pobres en unos 5.000 millones de libras anuales, unos 23.420 millones de euros en esta legislatura.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) demostró ayer que el aprobado, ya concedido por la UE, al Plan de Recuperación del Gobierno no implica que esa hoja de ruta esté libre de puntos oscuros.
El plan del Gobierno para abordar la reforma de pensiones prevé la vinculación por ley de las futuras subidas de las pensiones según la inflación. La medida, que aúna un amplio consenso en la mesa de diálogo social supone no obstante todo un reto en términos de financiación de las futuras pagas de jubilación. Concretamente, ante la ausencia de medidas concretas y en base a las medidas previstas sobre el Sistema con la reforma, la jubilación a partir de 2025 de la generación del baby-boom incrementará el déficit estructural de las pensiones hasta los 60.000 millones de euros, entre un 5% y un 6% del PIB.
Las comunidades autónomas deberán afrontar la devolución de unos 3.000 millones de euros en 2022 por la liquidación negativa de los recursos recibidos por la Administración central, según estima la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero. Durante su intervención en el seminario La economía de la pandemia, organizado por la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, Herrero apuntó que los cálculos de la autoridad pasan por una liquidación negativa del entorno de unas tres décimas de PIB, aproximadamente.
El futuro siempre puede entenderse como un canto a la esperanza pensando firmemente en que todo irá mucho mejor. Sin embargo, el presente es el que es y en él estamos. Nuestra inquietante deuda pública sigue engordando a pasos agigantados, síntoma de que las cosas no funcionan y que nos adentramos en terrenos pantanosos de los que habrá que ver cómo y cuándo salimos.
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