La Fiscalía General de la República mantiene abiertas las carpetas de investigación en contra del destituido exvicepresidente del Club Deportivo Cruz Azul, Víctor Manuel Garcés Rojo, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, evasión fiscal y trata de personas.
Una precaria situación económica y las ansias por mantener un estatus social acomodado son el caldo de cultivo que ha motivado muchos de los fraudes más famosos de la historia. Fue el caso de Baldomera Larra, hija del escritor español Mariano José de Larra, que posee el título de ser la inventora de las estafas piramidales.
Víctor Manuel Garcés Rojo, quien a través de un comunicado se ostenta como "actual vicepresidente del Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul", ya no ocupa ningún cargo dentro de la organización.
El presidente Sebastián Piñera anunció nuevos proyectos de ley para combatir delitos de cuello y corbata como el uso de información privilegiada y la colusión, como parte de las propuestas que atenuar la ola de protestas contra la desigualdad.
El plazo de 30 años que está regulado para la cancelación de inscripciones en el Registro Central de Delincuentes Sexuales es un plazo ajustado a derecho, en aquellos casos en que se haya cumplido la pena sin volver a delinquir, y la víctima sea menor de edad y el condenado mayor, según establece el Tribunal Supremo en una sentencia de 2 de marzo de 2020.
En Oaxaca, los el ataque con ácido contra mujeres fue tipificado como delito, por lo que los agresores serán castigados hasta con 30 años de prisión.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se han congelado 12,191 cuentas bancarias relacionadas con diversos delitos, como robo de hidrocarburos y empresas fachadas que emitían facturas, entre otros.
El dispositivo de seguridad desplegado por la Policía Nacional con motivo del carnaval de Santa Cruz de Tenerife culminó con la tramitación de 341 actas por infracciones, entre ellas 321 por consumo de drogas en la calle y nueve por tenencia de armas prohibidas.
En los últimos cinco años se desviaron 4,179 millones de pesos de instituciones de salud federales y estatales a través de empresas fantasmas, denunció la organización Impunidad Cero.
El responsable del cumplimiento normativo de las empresas es responsable penal de los delitos cometidos por la empresa y no denunciados. La afirmación, aunque con voces jurídicas contrarias, gana terreno en los debates jurídicos sobre la figura del compliance officer.
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