El Real Decreto que extiende la prohibición de los desahucios no ha dejado indiferente al sector inmobiliario. "Las nuevas medidas llegan tarde y mal. Tarde porque muchos propietarios llevan más de 9 meses de impagos, y mal, porque tendrán que soportar ahora tres meses o más de morosidad, hasta que puedan ser compensados, quizás, y por una ínfima parte del perjuicio causado", destaca José Ramón Zurdo, Director General de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).
El Gobierno ha aprobado este martes la prórroga de la suspensión de los lanzamientos y desahucios, que estaba vigente hasta el 31 de enero, hasta la finalización del estado de alarma el 9 de mayo de 202.
Con más de un mes de retraso, el Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros el plan de choque dirigido a la hostelería, restauración y cafeterías, además de un paquete de ayudas al comercio. Además del plan de choque, Moncloa también aprobará en este penúltimo Consejo de Ministros el decreto antidesahucios y, la modernización de la administración para agilizar la ejecución de los fondos de la Unión Europea e impulsar la colaboración público privada como recomienda la Comisión.
Las nuevas suspensiones de los desahucios que va a aprobar previsiblemente el Gobierno antes de que acabe el año supondrán un impacto medio para los propietarios de pisos en alquiler de unos 9.000 euros, según las estimaciones elaboradas por la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).
Tras una larga travesía, el decreto antidesahucios y el Plan de choque a la Hostelería, el Comercio y el Turismo llegarán este martes al Consejo de Ministros, según fuentes del Palacio de Moncloa consultadas por eE. La ralentización del primer plan provocó este miércoles un desencuentro dialéctico entre Pablo Iglesias y María Jesús Montero, mientras que el plan del Turismo ha sido objeto de numerosas críticas por parte del sector que alcanza al turismo, al ocio, la restauración y el comercio, pese a que este fue uno de grandes anuncios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace más de un mes.
El borrador del decreto antidesahucios que maneja el Gobierno contempla la opción de solicitar una compensación económica para los grandes tenedores de vivienda cuando pasen tres meses sin que la administración ofrezca una alternativa habitacional al inquilino en situación de vulnerabilidad, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.
El decreto propuesto por el Gobierno para paralizar los desahucios de familias vulnerables mientras se mantenga en vigor el estado de alarma, que está previsto que se apruebe de forma inminente, supone, según Asval, la legalización de la ocupación ilegal, lo que va a convertir a España "en el único país avanzado que permite este tipo de prácticas fuera de la ley y peligrosas, como se ha visto recientemente con el incendio de una nave ocupada en Badalona".
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España a pagar demandantes 2.400 euros en concepto de daños no pecuniarios y 8.417,50 euros por costas y gastos, al considerar que violó el derecho a ser escuchados por un tribunal de una pareja, formada por una ciudadana finlandesa y un ciudadano gambiano, residentes en Málaga, al no notificarles correctamente un procedimiento de desahucio, impidiendo su defensa.
El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha explicado este lunes que el real decreto para prohibir desahucios que está preparando su departamento no plantea la necesidad de compensar económicamente a los grandes propietarios cuando se paralice un desahucio, pero sí deben estudiar cómo hacer frente a sus posibles reclamaciones por no poder disponer de las viviendas que les pertenecen durante ese tiempo.
El sector inmobiliario se prepara para encajar un nuevo golpe por parte del Ejecutivo, que tiene previsto aprobar un decreto que prohíbe los desahucios a familias vulnerables mientras dure el estado de alarma.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha afirmado este miércoles que el real decreto que está preparando el Gobierno para prohibir los desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables mientras dure el estado de alarma estará listo antes de que acabe el año.
A 12 días de que el vicepresidente Pablo Iglesias anunciara el decreto según el cual el Gobierno ampliará la moratoria para evitar los desahucios, la letra pequeña y las desavenencias en el interior del Ejecutivo ponen de manifiesto que, la medida, será más descafeinada de lo que a priori pretendió el líder de Unidas Podemos, a través de su autoenmienda a los Presupuestos Generales -de la mano de ERC y EH Bildu- y, de que que en ese decreto no quedará recogido quién se responsabiliza del coste del agua, la luz y la calefacción en el caso detener que evitar cortes de suministros de las familias vulnerables.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha apuntado que el Gobierno abordará en un próximo Consejo de Ministros la lucha contra los desahucios, señalando que el Ejecutivo está trabajando en el ajuste de las cuestiones jurídicas, así como en la implicación de otras administraciones a la hora de abordar el problema.
Aunque el juez no puede paralizar indefinidamente el desalojo forzoso de una vivienda ocupada ilegalmente por una víctima de violencia de género con hijos, este tiene que ponderar si se están adoptando medidas de protección para las personas vulnerables afectadas para que se pueda proceder al desahucio, por lo que de no ser así, puede denegar la solicitud de la Administración correspondiente para entrar en la vivienda.
El número total de lanzamientos, comúnmente desahucios, sumó en los nueve primeros meses del año 18.138, un 55% menos que los 40.394 que se contabilizaron entre enero y septiembre de 2019, según las cifras que ha publicado este jueves el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Ya hay un acuerdo en el seno del Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos para paralizar los desahucios de familias vulnerables que no tengan alternativa habitacional mientras dure el estado de alarma, es decir, hasta mayo de 2021. Así lo ha transmitido este miércoles por la tarde la Vicepresidencia Segunda del Ejecutivo, que también ha confirmado que la medida llegará mediante un decreto ley que se aprobará cuanto antes en el Consejo de Ministros.
El decreto ley que prepara el Gobierno para prolongar la moratoria de los desahucios de alquiler a los afectados por la crisis del coronavirus extenderá la medida a los colectivos que se encontraban en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia, ha confirmado la ministra portavoz, María Jesús Montero.
Unidas Podemos, ERC y EH Bildu han retirado la enmienda conjunta que habían presentado a los Presupuestos para prohibir los desahucios hasta enero de 2023 después de haber alcanzado un acuerdo dentro del Gobierno para promover esta medida a través de un real decreto.
El Gobierno no quiere entrar en nuevas polémicas con su socio podemita, y por eso este jueves permitió que Pablo Iglesias 'vendiera' el aplazamiento de los desahucios hasta el próximo 9 de mayo, fin del estado de alarma. Eso sí, subrayan fuentes ejecutivas consultadas por elEconomista, el líder de Podemos ha acabado aceptando negociar la reducción del aplazamiento de esa moratoria del 31 de diciembre de 2022, como pedía en un principio, a un máximo de cuatro meses vista.
El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha vuelto a adelantarse al sector socialista del Gobierno y ha avanzado este jueves que en dos semanas el Ejecutivo presentará una medida para ampliar la prohibición de los desahucios hasta mayo de 2021, cuando concluye el actual estado de alarma. Tras días de polémicas, roces y 'tiras y aflojas' se constata que Unidas Podemos consigue que la medida salga adelante tras presionar al PSOE y el ala socialista logra que esta extensión se haga fuera del trámite de Presupuestos y no dure hasta 2023, como querían inicialmente los 'morados'.
La mayoría que socialistas y podemitas tienen en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados se ha hecho valer este martes para rechazar en bloque y veto directo a 85 enmiendas parciales del Partido Popular, entre las cuales se encuentran iniciativas como bajada de impuestos, un plan de apoyo a los autónomos, el fondo adicional para los ayuntamientos, apoyo a la hostelería, al turismo, una subida del sueldo de funcionarios de Prisiones, complementos retributivos para los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado o, complementos para fiscales y jueces en Cataluña.
El PSOE y Unidas Podemos han votado este martes permitir el debate y votación de la enmienda antidesahucios en la Comisión de Presupuestos del Congreso, desoyendo el criterio de los letrados, que se habían posicionado en contra de tramitar esta enmienda por considerarla materia ajena a una Ley de Presupuestos. Finalmente, tras votarse en la tarde del martes, la enmienda fue rechazada.
El apoyo de Unidas Podemos a la enmienda de Esquerra Republicana y EH Bildu -que exige ampliar la paralización de los desahucios hasta el comienzo de 2023- ha provocado un inesperado acercamiento entre el ala socialista del Gobierno y el ala podemita, lo que en consecuencia ha suscitado los recelos de los socios de investidura de Pedro Sánchez, advirtiendo éstos que esa prohibición ha de extenderse hasta enero de 2023, y no hasta el 9 de mayo de 2021 como quiere negociar Moncloa.
La recuperación económica de Estados Unidos continúa abriéndose paso entre una pandemia que desde el pasado 21 de enero deja ya más de 11,3 millones de infecciones y 248.824 muertes por el impacto del Covid-19. La media diaria en la última semana se sitúa en estos momentos en los 157.425 casos. Una situación que no ha impedido que el S&P 500 suba ya casi un 12% desde el arranque de 2020 y revisase recientemente junto al Dow Jones nuevos máximos.
El partido del vicepresidente Pablo Iglesias ha firmado el último desencuentro en el seno del Gobierno de coalición al sumarse a la enmienda de ERC y EH Bildu para incluir en los Presupuestos la prohibición de los desahucios y el corte de suministros hasta 2023.
Unidas Podemos está presionando a través de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 que lidera Pablo Iglesias, para que el Gobierno de coalición impida "de forma efectiva" los desahucios y los cortes de suministros mientras se extienda el estado de alarma, recién prorrogado hasta el 9 de mayo. Un requerimiento más en materia de vivienda, que se suma a la regulación de los precios del alquiler comprometida en el acuerdo sobre Presupuestos.
El Gobierno de la Generalitat de Cataluña aprobó ayer el Decreto Ley 37/2020, mediante el cual suspenden los desahucios de grandes tenedores, que ya venían obligados a ofrecer un alquiler social a personas o familias vulnerables, incluidos a los ocupantes ilegales de sus viviendas. Esta medida será de aplicación mientras dure el estado de alarma o estén vigentes las restricciones a libre circulación por el coronavirus.
El Govern ha aprobado un decreto que suspende los desahucios de grandes tenedores hasta que el propietario ofrezca un alquiler social al que está obligado según la ley, en una medida que se aplicará mientras dure el estado de alarma o estén vigentes restricciones por el coronavirus.
El Consejo de Ministros de este martes ha prorrogado hasta el 31 de enero la prohibición de desahucios por motivos económicos y la de subidas en el precio del alquiler, así como la obligación de que los grandes tenedores de pisos tengan que facilitar a sus inquilinos, o bien una quita, o bien una reestructuración de la deuda.
La cifra de ejecuciones hipotecarias (embargos) durante el segundo trimestre del año fue cero. Así lo ha reflejado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señala en sus estadísticas trimestrales que entre abril y junio de este año, trimestre marcado por la virulencia de la pandemia y el confinamiento, no se realizó ningún embargo sobre viviendas habituales de personas físicas.
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