El Gobierno ha aprobado este martes un decreto por el que extenderá medidas sociales como la moratoria del alquiler y la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables tres meses más después de que el domingo 9 de mayo decaiga el estado de alarma.
La última decisión del Gobierno de coalición tendrá consecuencias económicas sobre la banca. El anuncio de Pedro Sánchez, de prorrogar tres meses la suspensión de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, así como el pago del alquiler, se traducirá en un castigo de 5.000 millones para las entidades financieras que durante este periodo dejarán de amortizar las hipotecas. Además, en este tiempo, la banca dejará de ingresar 100 millones en intereses.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que se ampliarán tres meses más las políticas de moratoria de alquiler y suspensión de desahucios para colectivos vulnerables que se pusieron en marcha durante la pandemia.
Más de la mitad de los arrendadores españoles considera que el intervencionismo del estado en los alquileres privado frenaría la oferta de viviendas en alquiler y defienden que solo se debería controlar el mercado de alquileres públicos. Esta es una de las conclusiones que refleja el informe Radiografía del arrendador en España. ¿Cómo afectarían las medidas intervencionistas en el mercado del alquiler?, realizado por Fotocasa y la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).
Las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual subieron un 37,4% en 2020 hasta las 7.367, registrando el mayor aumento desde el inicio de la serie en 2014 y tras cinco años de caídas, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2020 fue de 20.460, un dato que refleja un importante aumento -un 17,5% más- respecto a las iniciadas en 2019 y que constituye el primer incremento interanual observado desde el año 2012.
El 71,4% de los lanzamientos registrados en el cuarto trimestre de 2020, 8.046, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 2.659 (el 23,6%) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 557 restantes obedecieron a otras causas, según el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales', que hoy ha hecho público la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.
Las conversaciones entre Unidas Podemos y PSOE sobre la futura ley de vivienda han avanzado este jueves en un acuerdo para extender a la nueva la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para personas en situación de vulnerabilidad actualmente recogida en el decreto antidesahucios activo hasta el final del estado de alarma.
El Gobierno ha aprobado este martes la prórroga de la suspensión de los lanzamientos y desahucios, que estaba vigente hasta el 31 de enero, hasta la finalización del estado de alarma el 9 de mayo de 202.
El magistrado Juan José Escalonilla investiga a Juan Carlos Monedero por una factura presuntamente falsa de 26.000 euros que cobró de Neurona; Pablo Echenique fue sancionado por Hacienda por no pagar el IRPF de su asistenta e Irene Montero, la ministra de Igualdad y pareja de Pablo Iglesias, coloca de adjunta a su jefa de gabinete, Teresa Arellano, para que haga de niñera con cargo a los Presupuestos del Estado. Y en Podemos aún se extrañan de que los youtubers, que ingresan cantidades millonarias, trasladen su domicilio fiscal a Andorra para rebajar su factura fiscal.
La protección de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad social y económica es una de las responsabilidades de los poderes públicos que, sin duda, debe ejercerse en toda su extensión, especialmente en momentos tan dramáticos como los que vivimos con una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes en la historia reciente.
Unidas Podemos propondrá en la nueva Ley de Vivienda que se defina como gran tenedor a los propietarios que tengan cinco o más inmuebles, según han explicado fuentes de la formación. Sin embargo, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha rechazado este lunes la propuesta.
El Gobierno impulsa una modificación de calado en el decreto que prohíbe los desahucios en el estado de alarma. Hasta el momento, esa norma contemplaba una importante excepción: el desalojo podía ejecutarse si la entrada en la vivienda constituía delito.
Pablo Iglesias vuelve a servirse de la legislación sobre desahucios como caballo de batalla frente al PSOE en el Gobierno. De hecho, el vicepresidente lleva al extremo sus exigencias en esta materia al abogar por que la nueva Ley de Vivienda prohíba de forma permanente los desahucios cuando no exista alternativa habitacional.
Unidas Podemos quiere incluir en la nueva Ley de Vivienda, que negocia con el PSOE desde hace varias semanas, la prohibición permanente de desahucios sin alternativa habitacional y el corte de suministros a la población vulnerable, medidas que ahora están en vigor mientras dure el actual estado de alarma por el coronavirus.
El Real Decreto que extiende la prohibición de los desahucios no ha dejado indiferente al sector inmobiliario. "Las nuevas medidas llegan tarde y mal. Tarde porque muchos propietarios llevan más de 9 meses de impagos, y mal, porque tendrán que soportar ahora tres meses o más de morosidad, hasta que puedan ser compensados, quizás, y por una ínfima parte del perjuicio causado", destaca José Ramón Zurdo, Director General de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).
Con más de un mes de retraso, el Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros el plan de choque dirigido a la hostelería, restauración y cafeterías, además de un paquete de ayudas al comercio. Además del plan de choque, Moncloa también aprobará en este penúltimo Consejo de Ministros el decreto antidesahucios y, la modernización de la administración para agilizar la ejecución de los fondos de la Unión Europea e impulsar la colaboración público privada como recomienda la Comisión.
Las nuevas suspensiones de los desahucios que va a aprobar previsiblemente el Gobierno antes de que acabe el año supondrán un impacto medio para los propietarios de pisos en alquiler de unos 9.000 euros, según las estimaciones elaboradas por la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).
Tras una larga travesía, el decreto antidesahucios y el Plan de choque a la Hostelería, el Comercio y el Turismo llegarán este martes al Consejo de Ministros, según fuentes del Palacio de Moncloa consultadas por eE. La ralentización del primer plan provocó este miércoles un desencuentro dialéctico entre Pablo Iglesias y María Jesús Montero, mientras que el plan del Turismo ha sido objeto de numerosas críticas por parte del sector que alcanza al turismo, al ocio, la restauración y el comercio, pese a que este fue uno de grandes anuncios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace más de un mes.
El borrador del decreto antidesahucios que maneja el Gobierno contempla la opción de solicitar una compensación económica para los grandes tenedores de vivienda cuando pasen tres meses sin que la administración ofrezca una alternativa habitacional al inquilino en situación de vulnerabilidad, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.
El decreto propuesto por el Gobierno para paralizar los desahucios de familias vulnerables mientras se mantenga en vigor el estado de alarma, que está previsto que se apruebe de forma inminente, supone, según Asval, la legalización de la ocupación ilegal, lo que va a convertir a España "en el único país avanzado que permite este tipo de prácticas fuera de la ley y peligrosas, como se ha visto recientemente con el incendio de una nave ocupada en Badalona".
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España a pagar demandantes 2.400 euros en concepto de daños no pecuniarios y 8.417,50 euros por costas y gastos, al considerar que violó el derecho a ser escuchados por un tribunal de una pareja, formada por una ciudadana finlandesa y un ciudadano gambiano, residentes en Málaga, al no notificarles correctamente un procedimiento de desahucio, impidiendo su defensa.
El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha explicado este lunes que el real decreto para prohibir desahucios que está preparando su departamento no plantea la necesidad de compensar económicamente a los grandes propietarios cuando se paralice un desahucio, pero sí deben estudiar cómo hacer frente a sus posibles reclamaciones por no poder disponer de las viviendas que les pertenecen durante ese tiempo.
El sector inmobiliario se prepara para encajar un nuevo golpe por parte del Ejecutivo, que tiene previsto aprobar un decreto que prohíbe los desahucios a familias vulnerables mientras dure el estado de alarma.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha afirmado este miércoles que el real decreto que está preparando el Gobierno para prohibir los desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables mientras dure el estado de alarma estará listo antes de que acabe el año.
A 12 días de que el vicepresidente Pablo Iglesias anunciara el decreto según el cual el Gobierno ampliará la moratoria para evitar los desahucios, la letra pequeña y las desavenencias en el interior del Ejecutivo ponen de manifiesto que, la medida, será más descafeinada de lo que a priori pretendió el líder de Unidas Podemos, a través de su autoenmienda a los Presupuestos Generales -de la mano de ERC y EH Bildu- y, de que que en ese decreto no quedará recogido quién se responsabiliza del coste del agua, la luz y la calefacción en el caso detener que evitar cortes de suministros de las familias vulnerables.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha apuntado que el Gobierno abordará en un próximo Consejo de Ministros la lucha contra los desahucios, señalando que el Ejecutivo está trabajando en el ajuste de las cuestiones jurídicas, así como en la implicación de otras administraciones a la hora de abordar el problema.
Aunque el juez no puede paralizar indefinidamente el desalojo forzoso de una vivienda ocupada ilegalmente por una víctima de violencia de género con hijos, este tiene que ponderar si se están adoptando medidas de protección para las personas vulnerables afectadas para que se pueda proceder al desahucio, por lo que de no ser así, puede denegar la solicitud de la Administración correspondiente para entrar en la vivienda.
El número total de lanzamientos, comúnmente desahucios, sumó en los nueve primeros meses del año 18.138, un 55% menos que los 40.394 que se contabilizaron entre enero y septiembre de 2019, según las cifras que ha publicado este jueves el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Ya hay un acuerdo en el seno del Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos para paralizar los desahucios de familias vulnerables que no tengan alternativa habitacional mientras dure el estado de alarma, es decir, hasta mayo de 2021. Así lo ha transmitido este miércoles por la tarde la Vicepresidencia Segunda del Ejecutivo, que también ha confirmado que la medida llegará mediante un decreto ley que se aprobará cuanto antes en el Consejo de Ministros.
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