En caso de créditos concursales ordinarios y subordinados, no reconocidos, cuyo plazo de pago en período voluntario no se ha iniciado o iniciado no ha concluido a la fecha de la declaración del concurso, el derecho de la Administración tributaria para exigir el pago de los mismos nace con la firmeza de la resolución judicial de conclusión del procedimiento concursal por cumplimiento del convenio, según el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), en resolución de 16 de noviembre de 2022.
Póngase en situación. Sin previo aviso, el inquilino deja de pagar el alquiler durante meses. La primera medida, como es lógico, es preocuparse por la situación que motiva los retrasos. Buscar una alternativa que permita solucionar el problema. Pero la insistencia en los impagos obliga a iniciar un proceso judicial para recuperar la vivienda. Entre que se produce el impago y se acude a la Justicia pueden pasar de 2 a 3 meses. Y la sentencia, después de sortear diferentes estrategias procesales para dilatar la resolución, todas ellas bien conocidas por los okupas y sus asesores, puede tardar en llegar perfectamente alrededor de un año más. Mientras tanto, el okupa sigue utilizando la vivienda, gratuitamente.
30/10 | El Economista
elEconomistaAmerica Argentina
El presidente Alberto Fernández sostuvo esta mañana que tanto el desalojo del predio de Guernica como la resolución en el caso Etchevehere "se resolvieron respetando el juego de las instituciones que la República impone".
Recientemente la eurodiputada de los verdes King van Sparrentak ponente del Parlamento Europeo en la Comision de Empleo y Asuntos Sociales ha aprobado un informe para abordar la problemática de la vivienda en el ámbito de la Unión Europea, si ya es difícil encontrar un punto de encuentro para poder regular el derecho a una vivienda digna en aquellos países de Europa muy descentralizados, resulta casi impensable que podamos intentar regular el derecho a una vivienda digna desde Instituciones como la Unión Europea. Como mucho la UE debe fijar unas líneas de trabajo para regular la vivienda social.
La instrucción publicada este martes por la Fiscalía General para dar "inmediatez" a los desalojos de viviendas de particulares ocupadas olvida el lastre que supone para la inversión inmobiliaria la ocupación ilegal al no extender la petición del desalojo cautelar al supuesto de la usurpación de inmuebles que pertenezcan a bancos o fondos.
10/06 | El Economista
elEconomistaAmerica Colombia
Un policía colombiano se negó a continuar en un operativo de desalojo de al menos diez personas que ocupaban varios predios públicos en Pance, una localidad cercana de Cali (suroeste), por considerar que esta era una medida injusta en tiempo del confinamiento ordenado por el coronavirus.
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