
Sostenibilidad: no hay tiempo para las dudas
Después de 7 años en el cargo, Emmanuel Faber, defensor de la regeneración del sistema alimentario fue relevado de su cargo como CEO de Danone.
Después de 7 años en el cargo, Emmanuel Faber, defensor de la regeneración del sistema alimentario fue relevado de su cargo como CEO de Danone.
El ERE que Danone ha planteado a nivel global y que afectará a 1.850 trabajadores en todo el mundo implicará la supresión de 160 "posiciones" entre España y Portugal, donde emplea a más de 2.160 personas.
La crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma han desembocado en una crisis económica y social que ha sentado precedentes en nuestro país. Se ha generado con ello una incertidumbre en el sector empresarial respecto de la inclusión de la famosa medida garantista, la cláusula de salvaguarda del empleo o "prohibición de despido".
Desde LABE Abogados nos ayudan a esclarecer algunas de las cuestiones relativas a cómo se pueden encauzar los despidos en este contexto tan convulso.
La dirección de El Corte Inglés ha anunciado que los mayores de 50 años se verán excluidos del proceso voluntario de reducción de plantilla y reorganización que afectará a un máximo de 3.000 trabajadores.
Las empresas se han visto apoyadas en el último año por un esquema de Ertes que ha permitido mantener a la plantilla en alta ajustando sus horas de trabajo o prescindiendo de parte de ella durante un periodo. Ahora bien, un año después del estallido de la pandemia, el requisito de no despedir hasta los seis meses de aplicación del Erte está provocando que ciertas empresas tengan dificultades para llevar a cabo ajustes de plantilla, pese a la certeza de que no volverán a recuperar los niveles de actividad previos a la crisis. Sin embargo, la Justicia ya avala ciertos despidos de trabajadores pese a estar en situación de Erte por causas económicas relacionadas con el Covid.
Ibercaja redujo el año pasado sus beneficios un 72%, hasta los 23,6 millones, como consecuencia de las provisiones para hacer frente a los impagos de la pandemia y al cargo extraordinario para costear el ERE sellado en diciembre por el que saldrán de la entidad 750 trabajadores.
Los cierres, despidos colectivos y concursos de acreedores que afectan a grupos industriales en España que se suceden cada semana escenifican la crudeza de una crisis, la derivada de la pandemia, que amenaza con acabar con una parte sustancial del tejido empresarial del país. Los últimos golpes atañen de nuevo al motor, con el cierre de una segunda planta de Bosch en Cataluña que provocará el despido de 330 trabajadores, y a una de los emblemas de la industria andaluza, Abengoa, que el pasado lunes solicitó el concurso voluntario de acreedores. Solo los casos más mediáticos suponen la extinción o peligro de desaparición de más de 22.000 empleos en España.
Airbus España ha puesto sobre la mesa un fuerte recorte salarial para mejorar su competitividad y dar por finalizado el ajuste de plantilla anunciado en 2020, que está lejos de alcanzar el objetivo de suprimir 1.600 puestos de trabajo. Alberto Gutiérrez, presidente del negocio español, ha asegurado en el Foro Nueva Economía que todavía quedan por eliminar "unas 600 posiciones", y que, aunque "no está descartado un plan de despidos forzosos", están negociando alternativas con los sindicatos para evitar "minimizar el impacto".
Con la práctica paralización del tráfico de pasajeros desde el inicio de la pandemia y la escasa movilidad en la segunda y tercera ola, "la industria aeroespacial vasca y global está en unos ratios de producción de alrededor del 40% respecto a niveles pre-pandemia", explican desde Hegan, clúster de aeronáutica y espacio del País Vasco.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) pide en su último boletín que se suprima la 'prohibición' de despedir en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y "reducir las penalizaciones" si se incumple la cláusula que obliga a mantener el empleo durante seis meses, así como dar ayudas directas a las empresas más afectadas en forma de créditos participativos o deuda tributaria de carácter contingente.
La división española de Heineken ya negocia con los sindicatos un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para su plantilla en el país, tras cerrar 2020 con una caída de sus ventas en un volumen próximo al 15%.
Despidos, colectivos (ERE) o temporales (ERTE) -financiados por el Gobierno en el contexto de la pandemia de coronavirus-, recortes salariales, prejubilaciones, reducciones de los bonus de los directivos, presiones a proovedores, subidas de precios de los productos y servicios sin expulsar a los clientes... Más cancelaciones de dividendos, absorciones de los fondos de reconstrucción -principalmente de la Unión Europea (UE)- o rebajas de los intereses de la deuda gracias a las medidas monetarias del Banco Central Europea (BCE). Un conjunto de sucesos que eufemísticamente se engloban en economía como ahorro de costes, o reestruccturación empresarial, y que se van conociendo a golpes, secos, a veces muy duros en el plano laboral, en crisis como la actual. Y que permiten que muchas compañías mejoren su rentabilidad, que suelten lastre para subir en bolsa, hasta el punto de lograr antes beneficios previos al shock que ingresos, acelerando la recuperación pese al deterioro del negocio por la vía de la mejora del margen (la capacidad de exprimir las ventas y obtener ganancias de ellas).
La improcedencia en el despido es el fallo generalmente emitido por los juzgados de lo Social (JS) al abordar los despidos de trabajadores bajo la vigencia por causas económicas durante el estado de alarma.
El Juzgado Social 1 de Mataró (Barcelona) ha anulado por primera vez en Cataluña el despido a un trabajador dos días después de comunicar que tenía coronavirus, al considerar que "puede equipararse a la enfermedad estigmatizante, es decir, una enfermedad que produce en terceras personas actitudes de rechazo, objeción o miedo", ha explicado el Col·lectiu Ronda en un comunicado este lunes.
El Gobierno cerró ayer la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte) hasta el 31 de mayo tras sellar un acuerdo con los agentes sociales por el que se mantiene el esquema de exoneraciones y de prestaciones pero que agiliza los trámites administrativos y con pequeños cambios en los sectores.
El Gobierno y los agentes sociales han acordado este martes prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) hasta el próximo 31 de mayo con arreglo a la última propuesta realizada por el Ejecutivo, que contempla la prórroga de todos los ERTE sin necesidad de nuevas autorizaciones administrativas. Así lo han anunciado en una rueda de prensa la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
CEOE y Cepyme se muestran ya dispuestas a aceptar la prórroga, más allá de enero, de los Ertes ligados a la crisis en los términos en que la plantea el Ministerio de Trabajo.
El Juzgado de lo Social nº 1 de Barcelona ha declarado procedente el despido de un trabajador por causas económicas y productivas relacionadas con el Covid 19, al considerar que el artículo 2 del Real Decreto-Ley 9/2020, vigente hasta el 31 de enero de este año, establece que "no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido".
El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia, de 9 de diciembre de 2020, en la que revisa el goteo de posibles ceses en los 90 días anteriores y posteriores a la fecha de despido de un trabajador para comprobar si se trata de un despido colectivo camuflado, tal y como se estipula en n el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores.
Aeroméxico, la principal aerolínea del país, despedirá a 374 sobrecargos tras una caída del 54.2% en el transporte de pasajeros en 2020 por la crisis de covid-19, según trascendió este jueves.
Trabajo confía en cerrar de modo inminente (este mismo viernes) el acuerdo con los agentes sociales para la nueva prórroga de los Ertes vinculados a la crisis del Covid. Con la negociación tan avanzada, resulta ya posible detectar las importaciones limitaciones que condicionarán el pacto.
Salvo imprevistos de última hora, todo apunta a que el Gobierno y los agentes sociales firmarán, la semana próxima, el acuerdo que permitirá prorrogar los Ertes de fuerza mayor ligados a la crisis, cuya vigencia termina el próximo día 31.
Esta crisis es diferente, pero hay cosas que no cambian. El mercado laboral de España vuelve a ser una vez más el que peor se comporta durante una recesión, como muestran los datos publicados este viernes por la agencia de estadística de Bruselas (Eurostat). El paro medio en Europa baja, incluso en países como Portugal o Italia, mientras que en España la tendencia es la opuesta.
El Comercio (Perú)
La batalla contra la cláusula de salvaguarda del empleo, que exige que las empresas acogidas a un Erte no puedan despedir hasta transcurridos seis meses desde el día en que incorporaron al primer trabajador, no se dará en los despachos del Ministerio de Trabajo, sino en los tribunales. Así al menos opinan los expertos en derecho laboral.
Trabajo y los agentes sociales iniciarán en enero las negociaciones para otorgar una nueva prórroga, tras la acordada en septiembre, a los Ertes ligados a la crisis. Hay ya un acuerdo tácito entre todas las partes sobre la necesidad de extenderlos hasta junio.
Desde el surgimiento del Covid-19 como una amenaza global, quedó claro que iba a poner a prueba las capacidades de respuesta, resiliencia y solidez de las sociedades del mundo. Pasado casi un año, es el momento de evaluar quién aprobó y quién suspendió el examen.
Más de un tercio de los comercios del país tienen previsto despedir personal en los próximos tres meses por las restricciones que aún siguen vigentes por la pandemia. El dato surge de una encuesta difundida este martes por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).