Los analistas internacionales de la organización Tax Foundation rechazan el argumento de que en España se pagan pocos impuestos. A su juicio, la presión fiscal de la economía española es de las más elevadas de su entorno, si se tienen en cuenta factores como la economía sumergida o los niveles de renta. Según su último informe, las empresas españolas pagan más impuestos que la media europea y la cuña fiscal de los trabajadores está en el 39,5%, 4,5 puntos por encima de la media de la OCDE.
HBO España declara en Suecia la mayoría de los ingresos que obtiene en España, donde presenta una facturación ridícula de solo 4,6 millones. El mecanismo del que el gigante de la televisión de pago se sirve es el habitual en otras multinacionales relacionadas con el sector tecnológico.
España aplica la fiscalidad más severa de Europa a sus operadores de telecomunicaciones con 17 figuras impositivas diferentes, entre las generales y las propias del sector, tanto de ámbito estatal, autonómico como local. De esa forma, el listado de compromisos con las distintas administraciones está formado por el Impuesto sobre Sociedades; el Impuesto sobre el Valor Añadido; la Tasa General de Operadores; la tasa de telecomunicaciones; la tasa por numeración, dirección y denominación; la Tasa por reserva del dominio radioeléctrico; las tasas propias de licitaciones de espectro mediante concursos y subastas; las aportaciones para financiación televisión pública; el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas; el Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente; la tasa por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público; la tributación local especial (régimen voluntario - Telefónica); el Impuesto sobre Actividades Económicas; Impuesto sobre Bienes Inmuebles; el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras; la tasa por apertura de zanjas, calicatas y calas; el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
La Conselleria de Hacienda prevé investigar este ejercicio 38 casos de posible fraude fiscal por cambio de domicilio a Madrid para evitar el pago de los impuestos sobre Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones. Un anuncio que se produce después de que los técnicos de Hacienda de Gestha rechazasen el argumento del 'dumping' fiscal' que Puig atribuye a Madrid.
La entidad independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha lanzado una campaña para promover el pago de los impuestos a la Agència Tributària de Catalunya (ATC), para ir arrebatándole poder la administración española y otorgárselo a la catalana de cara a una declaración de independencia.
Las grandes empresas tributaron a un tipo efectivo sobre el resultado contable en el Impuesto de Sociedades del 6,6% en el año 2018, lo que supone 1,1 puntos porcentuales menos que el ejercicio anterior, mientras que las medianas empresas lo hicieron al 15,04% y las pequeñas al 15,7%, lo que supone un 0,6% menos y un 3,42% menos, respectivamente. De esta forma, la media total se situó en el 9,49%, frente al 10,73% del año previo.
Las dos estrellas del régimen fiscal de Canarias deben renovarse el 1 de enero de 2021. En teoría, antes de la pandemia del Covid-19 era algo automático; pero hay matices: el Gobierno central es ambiguo porque considera que hay margen de tiempo para negociar con Bruselas la renovación de estas herramientas fiscales.
Los incentivos a la contratación no son suficientes para cambiar el panorama laboral y empujarlo a unas coordenadas aceptables en cuanto al desempleo y la temporalidad, parámetros demasiado elevados en la última década. Es la conclusión del estudio de la segunda fase del Spending Review 'Incentivos a la contratación y al trabajo autónomo' elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que anima al Estado a redirigir los esfuerzos para acortar el número de incentivos y llevarlos a colectivos de baja empleabilidad.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) avaló ayer que el Gobierno se acogiera a la cláusula de escape para saltarse el límite de gasto en el marco de la pandemia pero emplazó al Ejecutivo a diseñar una estrategia fiscal a medio plazo que sirva de orientación fiscal.
En una jornada aciaga para el Gobierno en el que el TSJM tumba las medidas restrictivas de Salvador Illa sobre Madrid, y con la presión de la pre-imputación a Pablo Iglesias por el 'caso Dina Bousselham', el Grupo Popular en el Congreso cosechó este jueves una pequeña victoria al lograr imponer que se vote en el Parlamento la excepcionalidad de la senda fiscal -es decir, que no sea necesario presentar los objetivos de déficit y deuda pública dada la agravada situación económica actual-.
El pleno del Parlamento europeo ha dado su visto bueno a prorrogar hasta diciembre de 2027 el régimen actual de exención del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM), un mecanismo creado en 2002 para compensar a la industria local por los costes de producción adicionales derivados del aislamiento del archipiélago.
Los efectos devastadores de la pandemia de Covid-19 en la economía de Canarias no frenan el interés por desarrollar su agenda de captación de inversiones.
Sigue concretándose el borrador del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno está estudiando recortar las bonificaciones de los planes de pensiones individuales y trabaja en la modificación de los tipos reducidos del IVA del 4% y el 10%, según han confirmado fuentes conocedoras de la negociación de las nuevas cuentas públicas.
El Gobierno valenciano presenta el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2021 sin recoger los nuevos impuestos verdes y el cambio del IRPF que presentó su socio, aunque su tramitación parlamentaria podría introducir cambios.
El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha confirmado la ilegalidad y ha tumbado el régimen fiscal español que establecía beneficios tributarios a los astilleros por contratos de arrendamiento financiero. Según la Comisión Europea, este sistema permitía trasladar estos beneficios en el precio final que pagaban las navieras por la construcción de un barco. Luxemburgo considera que esta normativa es una ayuda de Estado encubierta y obliga a las compañías a restablecer el dinero que se ahorraron al acogerse al sistema fiscal.
El Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), órgano especializado del Consejo General de Economistas (CGE) recomienda reducir el ámbito de aplicación de los módulos, reformar la tributación de la riqueza y que las Administraciones tributarias frenen el progresivo endurecimiento de sus comprobaciones. Los fiscalistas destacan que "el sistema tributario no ha mejorado con el tiempo, es demasiado complejo y el IVA tiene excesivos costes de cumplimiento".
Pedro Sánchez asume el tributo a las centrales nucleares que Quim Torra implantó a inicios de julio. Era la tercera vez que el Ejecutivo autonómico lo imponía, después de que la Justicia lo anulase por inconstitucional en las dos intentonas anteriores, tras los respectivos recursos del Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, esta vez, Sánchez, necesitado de apoyos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, ha dejado pasar el plazo para apelar a la Justicia, que venció el 4 de septiembre. Más allá del impacto de 120 millones de euros anuales que tendrá sobre las cuentas de las plantas atómicas de Ascó y Vandellós, el impuesto amenaza con finiquitar el pacto entre las eléctricas y el Gobierno para cerrar escalonadamente todas las centrales nucleares entre 2028 y 2035.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advierte al Gobierno de que el nuevo impuesto que quiere aplicar sobre los plásticos de un sólo uso -confía en recaudar con él alrededor de 700 millones de euros al año- podría generar una doble imposición sobre las bolsas de plástico ligeras, que los comercios ya están obligados a cobrar a los consumidores desde el año 2018.
Las reformas fiscales y administrativas aplicadas en Andorra desde 2012 han sido una atractivo para la inversión extranjera y han despertado el interés de empresas, pymes y profesionales para elegir el Principado para sus nuevos negocios.
España ha puesto en marcha medidas fiscales para estimular la economía y hacer frente a las necesidades generadas por la pandemia por un gasto cercano al 10.6% del PIB, frente a Alemania (31,5%), Italia (31,5%), Reino Unido (16,9%) o Francia (16,2%), según recoge el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus Base de Datos sobre estímulos fiscales por el Covid-19.
El espejo europeo pone de relieve numerosas debilidades del sistema de pensiones en España. Pero sobre todo en el ámbito de desarrollo de la previsión social complementaria donde queda constatado el retraso de nuestro país en comparación con el resto de vecinos europeos y con los más desarrollados, de la OCDE. Concretamente, en nuestro país, los incentivos fiscales para el ahorro privado suponen la mitad de la media de la UE, pero si observamos algún caso concreto como es Holanda, esta diferencia es de tres veces menos. Esta, la distancia de nuestro país con la regiones más ponderantes de la UE y la OCDE es una de las principales conclusiones que recoge el informe sobre El marco fiscal de los planes de pensiones publicado este miércoles por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y que da cuenta de la coyuntura de la fiscalidad del ahorro.
El acuerdo europeo para el fondo de reconstrucción ha dado vía libre al Gobierno de Pedro Sánchez para subir impuestos en España, con el foco puesto especialmente en materia de IVA y tributos especiales. Sin embargo, todos los empresarios consultados por elEconomista rechazan esta subida impositiva al considerar que frenaría la recuperación de la actividad y del empleo. "Necesitamos incentivos no castigos. No se atrae inversión con más impuestos. No se facilitan nuevas empresas con más impuestos", señala Fermín Albaladejo, presidente de Ceaje, la patronal de los jóvenes empresarios.
Estabilidad macroeconómica, reducido peso de la deuda y cuentas exteriores saneadas: son las fortalezas de la Europa frugal o la Europa de los países despectivamente denominados pequeños tras su golpe encima de la mesa en la votación para la Presidencia del Eurogrupo. Pueden presumir de tener una situación saneada, la cual es sin duda fuente de autoridad moral (o más bien financiera) para exigir a los países que mayores desequilibrios arrastran, no de ahora, sino desde hace años, que hagan las reformas y ajustes necesarios para, con una condicionalidad concreta y una supervisión tanto ex ante como ex post, recibir transferencias y préstamos de la UE.
La sentencia de ayer del Tribunal General de la Unión Europea en el caso de la Comisión contra Apple e Irlanda es importante, por varias razones. En primer lugar, por el importe que decide: más de 13.000 millones de euros. Pero también porque afecta de lleno a varios asuntos cruciales de la Unión Europea. El más importante de todos estos asuntos es la fiscalidad de las grandes empresas multinacionales. Y esta fiscalidad tiene implicaciones en la actividad de las multinacionales en toda Europa, e incluso fuera de Europa.
La Comisión Europea se plantea acabar, de una vez, con que las propuestas comunitarias sobre impuestos tengan que se aprobadas por unanimidad de los 27 Estados miembros de la UE en lugar de por mayoría cualificada.
Este miércoles 15 de julio es un día de especial trascendencia para Apple, para el futuro de tratamiento fiscal de las multinacionales estadounidenses con operaciones en Europa y hasta para las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa. La responsabilidad recae sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyos jueces anunciarán a primera hora de este miércoles la sentencia relacionada con las presuntas ayudas de Estado -valoradas en 13,000 millones de euros- recibidas por Apple por parte del Estado irlandés.
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