Castilla y León se sitúa en el sexto puesto entre las Comunidades con un sistema fiscal más competitivo, según el Indice Autonómico de Competitividad Fiscal (AICF) de 2021, que sitúa a Madrid en primera posición y a Cataluña en último.
Las recomendaciones de la Unión Europea en materia de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se alejan del modelo español de tipos reducidos y exenciones. El Parlamento Europeo aconseja, en su último informe, reducir la presencia de estas tasas para poder revisar el tipo general a la baja. Según los expertos de la Eurocámara, suprimir los tipos reducidos de IVA podría rebajar el tipo general medio europeo en 7 puntos, hasta situarlo en el entorno del 15%. En el caso de España, el segundo país europeo con un IVA más ineficiente por detrás de Chipre, los especialistas creen que recaudaría lo mismo con un tipo único del 10%, 11 puntos por debajo del actual, tal y como adelantó elEconomista en mayo.
El avance de la economía, pese a los titubeantes niveles de inflación globales, está provocando una sensación de optimismo en el plano laboral entre los directivos de las grandes empresas. El informe CEO Outlook 2021, publicado por KPMG, ratifica que el 86% de los directivos proyecta aumentar su plantilla en los próximos años con el talento como activo imprescindible en las empresas. De igual manera, a nivel global estas previsiones son incluso dos puntos porcentuales mayor: los 1.325 CEO mundiales consultados prevén contratar más hasta 2025.
Los expertos en fiscalidad consideran que el actual tipo del Impuesto sobre Sociedades del 25% no debería incrementarse en la reforma que prepara el Gobierno, al tiempo que recomiendan que no se incorporen nuevas medidas recaudatorias en este tributo, aunque, en todo caso, será inevitable si así los decide la UE como consecuencia de las recomendaciones de la OCDE.
Los ministros de Finanzas de la UE llegaron este viernes a Kranj (Eslovenia) con toda la artillería lista para la batalla de la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Bajo el buen tono de las declaraciones se adivinan ya avisos y líneas rojas, algunas puestas por escrito, como las del grupo de los 'halcones' avisando contra cualquier reforma que agriete la estabilidad fiscal.
Los retrasos en los pagos de las ayudas a empresas por la crisis del Covid que gestionan las Comunidades Autónomas ha llevado al Gobierno a replantearse las condiciones fijadas para acceder a ellas, después de tener que solicitar ampliar los plazos a Bruselas ante el riesgo de que esos fondos no se agoten.
Casi todos coinciden en que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las reglas fiscales que controlan el déficit y la deuda de los países, necesita mejoras. Sin embargo, los cambios no significan lo mismo en Holanda y España, o en Alemania y Francia. Para unos, la revisión del Pacto, o más bien de los paquetes legislativos que lo articulan, debe incorporar sendas de reducción de la deuda menos draconianas y dejar más hueco a las inversiones verdes, para reflejar el impacto de la pandemia en el endeudamiento nacional y nuevas prioridades como los miles de millones necesarios para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Para otros, es necesario terminar con las numerosas excepciones que han agujereado su cumplimiento a rajatabla.
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha avanzado que en 2022 mantendrá la bajada de impuestos y, en especial, ha dicho que se mejorará la fiscalidad de las empresas para favorecer que se asienten en la ciudad y creen riqueza y empleo.
El presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte, ha reprochado este martes al Ejecutivo autonómico que "ha abandonado la gestión política durante la pandemia", y ha defendido un cambio fiscal en la Comunidad, como los que se han llevado a cabo en otras comunidades, como Madrid.
El Gobierno ha confirmado que presentará a finales de septiembre o principios de octubre los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. Moncloa estudia ya las nuevas cuentas tras los malos resultados de las nuevas figuras impositivas que introdujo para este ejercicio. Según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Hacienda ingresará menos de la mitad de lo estimado por el Ejecutivo.
La patronal catalana Foment del Treball advierte de la pérdida de competitividad fiscal de Cataluña con la entrada en vigor del nuevo impuesto autonómico a los vehículos según su nivel teórico de emisiones de CO2.
Uno de los objetivos del Gobierno es ir reduciendo nuestro déficit de presión fiscal con relación a la media de la UE hasta su plena convergencia en 2050. Nuestra presión fiscal, recordémoslo, es, en 2019, un 35,4 %. Le media de la UE, un 41,6 %. Pues bien, la pregunta es si la convergencia es un objetivo en sí mismo. Y la respuesta, para mí, es que no. Y no lo es porque el objetivo es obtener los recursos necesarios para sufragar el gasto. Recursos, claro está, fruto de un sistema tributario justo, sostenible y asumible. La habilidad de todo Gobierno es pues conseguirlo optimizando la presión fiscal.
Un 61% de los empresarios considera que se debería reducir el Impuesto de Sociedades. Además, El 60% opina que se deberían revisar a la baja los impuestos sobre las personas, mientras que un 50% propone disminuir los impuestos indirectos, según el cuarto sondeo de KPMG sobre La empresa española ante la Covid-19.
En el marco de los estudios que el grupo de expertos formado por el Ministerio de Hacienda para aquilatar los cimientos de la reforma tributaria Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha trasladado para su análisis una propuesta para la exención de los dividendos y de las ganancias derivadas de la desinversión en las pequeñas y medianas empresas cotizadas, así como la no sujeción al Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), con el objetivo de frenar la fuga de capitales experimentada en los últimos meses por las mejores condiciones existentes en otros países del entorno comunitario, como Luxemburgo.
El multilateralismo ha estado a la defensiva estos últimos años. Hoy en día, en un entorno mundial que es más multipolar que multilateral, la competencia entre Estados parece anteponerse a la cooperación. No obstante, el reciente acuerdo mundial para reformar el sistema internacional de fiscalidad de las empresas es una prueba positiva de que el multilateralismo no ha muerto.
Los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G-20 aprobaron recientemente el histórico acuerdo sobre la fiscalidad de las empresas multinacionales. El acuerdo establece un tipo mínimo del impuesto de sociedades de al menos el 15% a las empresas con una facturación que supere los 750 millones de euros, y sitúa en el foco a todas las compañías que tengan una facturación mundial superior a los 20.000 millones de euros y una rentabilidad (ratio beneficios sobre ingresos) superior al 10%.
En plena canícula, subida de la luz y, metidos en la contienda por el modelo fiscal que diferencia a unas formaciones de otras, el Partido Popular denunció la "agenda oculta" del Gobierno para imponer un 'hachazo fiscal' recogido someramente en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, enviado a la Unión Europa a cambio de 140.000 millones de euros.
Hasta un 25% de los ingresos tributarios destina la Comunidad de Madrid para nutrir el fondo de financiación autonómica. Es decir, la cuarta parte de la recaudación de la región va para el reparto anual y, más allá, supone el triple del esfuerzo que realiza Cataluña, cuya aportación supone un 8,75% de los ingresos registrados. A estas autonomía, se suma las Islas Baleares como las únicas tres regiones que contribuyen netamente a este fondo, en el caso de la autonomía insular con el 11,5% de los ingresos, tal y como señala Fedea en un informe publicado este lunes sobre La liquidación de 2019 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común.
Serio, riguroso, didáctico, Enrique López, juez y magistrado ejerce desde el triunfo de mayo de Isabel Díaz Ayuso de consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Desde su despacho frente a la madrileña plaza de Pontejos, López ha conversado con el eE, en una entrevista donde ha ponderado las políticas de la Comunidad de Madrid frente a las de Pedro Sánchez en el Gobierno. Desde aquí, también aventura un cambio de ciclo, y una tecla clave: la política fiscal; la batalla que se va a librar en las próximas elecciones generales.
Inmersos todavía en la quinta ola de la pandemia del Covid-19, cuando sobre una parte importante de la economía española sobrevuela la amenaza de nuevas limitaciones al comercio y la hostelería, y algunos países origen de muchos de los turistas que nos visitan cada verano recomiendan no viajar a nuestro país, recientemente hemos conocido la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística.
Los tipos nominales máximos del Impuesto sobre Sociedades han descendido 10 puntos, del 35% al 25%, en España en los últimos años, mientras que en la media de la Unión Europea el descenso ha sido algo mayor, 13,6 puntos, concretamente del 35% al 21,4% de este 2021, según un estudio realizado por UGT sobre este impuesto empresarial.
Este mes la Comisión Europea ha presentado "Fit for 55", posiblemente el paquete reformista más ambicioso de la legislatura que, mediante la revisión o aprobación de hasta 13 Reglamentos y Directivas, supone una actualización integral de la legislación de la Unión Europea (UE) para alinearla con sus ambiciosos objetivos en política climática. Sin duda, estas reformas afectarán a la práctica totalidad de los sectores económicos, obligando a las empresas a realizar cambios significativos en sus operaciones y a impulsar planes de transformación sostenible.
La nueva ley anifraude, la tasa Google, la tasa Tobin, la DAC 6, la armonización fiscal entre comunidades, la reforma tributaria en IRPF o Sociedades. Es todo parte de las medidas fiscales impulsadas por el Gobierno en menos de un año. Y las que aún quedan pendientes para desarrollar a partir de septiembre, como las que estudia el grupo de expertos presentado esta primavera por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Este curso, en plena crisis del coronavirus, ha sido de los más intensos en materia tributaria. Además de las reformas, ha surgido nueva jurisprudencia europea, como la sentencia del IVA de las ventas ocultas y las conclusiones del Abogado General, que considera que las multas del 720 son desproporcionadas.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, volvió a cargar contra lo que considera dumping fiscal y competencia desleal de Madrid, además de criticar la concentración de inversiones y empleo público estatal en esa región. Puig insiste en defender la armonización fiscal para impedir ese desequilibrio y aboga por crear un nuevo instrumento fiscal para las rentas más altas de Madrid que considera los más beneficiados por la concentración en la capital para compensar a otros territorios.
Tras años de escándalos acumulados, a pesar de haber revisado hasta en seis ocasiones la legislación comunitaria, la Comisión Europea ha puesto toda la carne en el asador para combatir el lavado de dinero y la financiación de terrorismo en la Unión Europea.
En pocas áreas la UE ha generado más propuestas que en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación de terrorismo, y por ello también ha sido uno de sus más visibles fracasos. A pesar de las seis revisiones de la directiva para evitar el blanqueo de capitales en Europa, los escándalos no han parado de sucederse en los Estados miembros durante los últimos años. El más notorio salpicó al danés Danske Bank, el cual introdujo en el circuito legal al menos 200.000 millones de euros a través de su sucursal en Estonia. Europol estima que alrededor del 1% del PIB de la UE está relacionado con actividades sospechosas.
La Comisión Europea presentó ayer uno de los paquetes legislativos más ambiciosos en décadas. Una auténtica revolución en el sector energético, del transporte o la construcción para facilitar que la UE consiga alcanzar la neutralidad climática (cero emisiones de CO2 netas) para 2050. La meta volante pasará por reducir las emisiones de CO2 al menos un 55% para 2030. Las 13 iniciativas aprobadas por el Ejecutivo comunitario bajo el título Fit for 55 representan el exigente camino para atar ese objetivo.
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