Lo normal es que se identifique el término violencia con una agresión de tipo físico, aunque hay otros tipos de violencia que pueden producir efectos más dañinos incluso que la propiamente física. Me estoy refiriendo a lo que se denomina violencia administrativa, un tipo de maltrato no físico, pero que produce daños y situaciones que pueden complicar de manera extrema la vida a los ciudadanos.
Choque de fuerzas en el Congreso por la polémica disposición del Proyecto de Ley de Función Pública que busca que el Gobierno pueda modificar a dedo cuerpos y escalas de funcionarios, lo que incluye los respectivos ascensos que considere oportunos. Mientras tres grupos parlamentarios buscan incrementar de seis meses a un año el tiempo al Ejecutivo para modificar cuerpos de funcionarios, concretamente Unidas Podemos, PNV y Grupo Parlamentario Plural, otros tres grupos como PP, Ciudadanos y Vox proponen eliminar esta disposición adicional séptima del proyecto de ley.
La Federación de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (FEDECA) ha lanzado un comunicado en el que anunció que emprenderá todas las acciones legales con tal de "defender la prestación de los servicios públicos de calidad, con arreglo a una función pública independiente y con una elevada cualificación basada en unas oposiciones justas que sean garantía de todos".
Con premeditación y alevosía. No con nocturnidad, pero sí en festividad, el gobierno y sus socios parlamentarios de la Frankestein vuelven a utilizar la tramitación de reformas legislativas para intentar plantar cara a las encuestas y la proyección del voto ciudadano mediante la introducción de medidas destinadas a consumar el asalto y la usurpación de las instituciones del Estado y el sometimiento de aquellos estamentos que todavía mantienen, o intentan mantener, la independencia y la efectiva división de poderes que es principio fundamental de los sistemas democráticos.
La nueva Ley de Función Pública, actualmente en trámite parlamentario, reduce de 15 a 10 años la excedencia voluntaria de los funcionarios por agrupación familiar.
El Gobierno se arroga en la futura Ley de Función Pública la potestad para realizar modificaciones en los cuerpos y escalas de los funcionarios durante un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la nueva norma. Según explican los inspectores de Hacienda, este paréntesis temporal que pretende hacer el Ejecutivo en la ley podría permitirle decidir "el ascenso de categoría" de un determinado cuerpo de funcionarios (sin la formación necesaria) o incluso que se desglosasen partes de un cuerpo y hacer a "algunos" de sus funcionarios de una mayor categoría.
La Central Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha trasladado a los diferentes grupos parlamentarios un total de 32 enmiendas de cara a potenciar el proyecto de Ley de Función Pública. Entre sus principales propuestas, se incluye desarrollar el teletrabajo para promover "reivindicaciones fundamentales" dentro del funcionariado público.
Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) se han reunido este jueves con la Secretaría de Estado de Función Pública y con el secretario general para seguir buscando fórmulas y alternativas de cara a poner punto y final a la huelga indefinida, que lleva desde el pasado 24 de enero causando severos estragos al sector jurídico y a los ciudadanos que dependen de él.
El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves en segunda vuelta el anteproyecto de la Ley de la Función de la Administración del Estado, también conocida como la Ley de Función Pública. El Gobierno ha dado marcha atrás, tras atender más de mil aportaciones de 400 participantes, a uno de los puntos más polémicos de los primeros borradores de la norma: que los empleados perdieran la condición de funcionarios públicos por falta de buen desempeño en el puesto.
El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, ha anunciado este lunes que la Junta de Castilla y León establecerá las 35 horas en la función pública a partir del 1 de junio, un asunto "fundamental" y una "pretensión" del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.
Descontento de los empleados públicos, especialmente de los cuerpos superiores, ante la Ley de Función Pública que prepara el Gobierno (el texto del Anteproyecto se publicó en diciembre) que rebaja el nivel del contenido en las oposiciones, permitiendo el acceso a determinados puestos de élite a opositores con menor preparación. Los inspectores de Hacienda fueron los primeros en dar la voz de alarma protagonizando una huelga en diciembre contra las oposiciones 'suaves' del Gobierno y de hecho han presentado alegaciones al Anteproyecto de Ley con el objetivo de no rebajar los conocimientos para la promoción interna sino tratar de formar a los funcionarios para que alcancen la excelencia.
El anteproyecto de ley de la Función Pública delimita las funciones entre funcionarios de carrera y personal laboral. Sigue el criterio que fijado por la Sentencia 99/1987, de 11 de junio, del Tribunal Constitucional, sobre el principio general de reserva al personal funcionario de carrera de los puestos de trabajo, complementada por la sentencia 37/2002, de 14 de febrero.
Esta norma pretende adaptar el contenido del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público a la Administración del Estado, así como derogar definitivamente la multitud de normas con rango legal en vigor sobre la materia y terminar con el complejo sistema de vigencias y aplicaciones transitorias.
Con motivo de la reforma del acceso a la Función Pública que se está perfilando, una persona que conoce bien el mundo de las oposiciones reflexionaba sobre una idea interesante: acceder a la Función Pública es un derecho. Efectivamente, los ciudadanos pueden, cumpliendo unos requisitos legales, presentarse a unas oposiciones para, en igualdad de condiciones y demostrando mérito y capacidad, convertirse en servidores públicos.
El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha dicho que la propuesta que estudia el Gobierno para el empleo público prohibirá la temporalidad por más de tres años y sancionará a las administraciones que contraten con fraude de ley. El dirigente socialistas también ha avanzado que ha avanzado que el Consejo de Ministros de la semana que viene o el de la siguiente verá la aprobación del decreto ley sobre el proceso de estabilización del empleo público.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha propuesto este lunes a los sindicatos conceder una indemnización de 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades, para los interinos que estén más de tres años en esa situación, según han informado CSIF y CC.OO.
El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha presidido el acto de constitución del grupo de análisis y propuesta de reformas en la Administración Pública. Está compuesto por expertos de distintos ámbitos y disciplinas que se encargarán de analizar y formular propuestas de reforma de la Administración Pública, así como identificar, ensayar y evaluar iniciativas que actúen a corto y medio plazo de palanca y motor de innovación en la Administración General del Estado (AGE).
Si un efecto laboral ha tenido la pandemia por la covid-19, ese es el teletrabajo. La jornada desde casa que lleva un año normalizándose en determinados sectores, con vistas a implantar un considerable cambio en el futuro, y a la que ahora ya tienen acceso legal los funcionarios. Todo tras el acuerdo del Ministerio de Función Pública con los sindicatos, para permitir a la plantilla desarrollar sus funciones desde su domicilio tres días a la semana.
La Administración General del Estado (ministerios, organismos autónomos, Seguridad Social y otras entidades públicas) destinará este año más de 1.376 millones de euros a pagar los incentivos de su personal, según cálculos realizados por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO con datos extraídos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
La menguada plantilla del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) se enfrenta a la renovación de 2.200 temporales (el tercio de su personal) y a la jubilación del 25% de sus actuales efectivos hasta 2022. Una situación extrema que preocupa a los sindicatos del organismo, a su dirección y al Ministerio de Trabajo. Las respuestas a estas deficiencias están en manos del Ministerio de la Función Pública que debe autorizar las plazas, aunque a la postre, debe obtener los fondos del Ministerio de Hacienda.
El secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, ha avanzado este jueves que el Gobierno está negociando en diciembre la subida salarial adicional del 0,3% para los empleados públicos este año, que se sumaría al 2% ya aprobado, y ha añadido que se aprobará "en breve" la Ley de Función Pública tras haber logrado el "consenso" con las Comunidades Autónomas para modificar el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para regular los interinos.
Comisiones Obreras (CCOO) en Aragón ha organizado una protesta este martes en la que ha exigido a Función Pública que cumpla lo pactado en 2017 y que no cambie su política de personal. El sindicato ha anunciado que, de no ser así, seguirá con las movilizaciones.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha mejorado su propuesta de oferta de empleo público de 2020 para la Administración General del Estado (AGE) incrementando su planteamiento inicial en 1.923 plaza. En total, fija 15.236 plazas pero los sindicatos apuntan a que que sigue siendo insuficiente porque siguen siendo menos que el año pasado.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que la editorial Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V., violó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público al presentar información falsa en una adjudicación directa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2018.
El Departamento Administrativo de la Función Pública informó que 64.348 servidores públicos del orden nacional cumplieron con la declaración de bienes y rentas.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la subida salarial del 2% de los funcionarios. Tal y como adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer, la subida será efectiva desde el pasado 1 de enero.
En Colombia el Departamento Administrativo de la Función Pública avanza en plataformas digitales para mejorar servicio a los ciudadanos con el nuevo Sistema de Información Estratégico (SIE) del sector público.
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