La Seguridad Social destinó en el presente mes de marzo la cifra récord de 11.945,6 millones de euros al pago de pensiones contributivas, un 10,8% más que en igual mes de 2022, tras su revalorización en un 8,5% para este año, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Tras la irrupción de la pandemia en 2020 y las complicaciones económicas que generó su aparición a nivel mundial, el año 2021 era imprescindible para comenzar la recuperación económica tras un año prácticamente en blanco. Según los datos de la Agencia Europea de Estadística (Eurostat), En 2021, el gasto total de las administraciones públicas de la Unión Europea se situó en el 51,5% del PIB , un gran aumento en comparación con 2019, cuando se situó en el 46,6% del PIB, pero una disminución en comparación con 2020, cuando se situó en el 52,8% del Producto Interior Bruto (PIB). En 2021, la relación entre el gasto total del gobierno general y el PIB aún se vio influenciada por la pandemia y las medidas gubernamentales para mitigar sus efectos. La disminución de la ratio en comparación con el año anterior (52,8%) se debió principalmente a los aumentos del PIB, mientras que se siguió observando un crecimiento del gasto total (7,5 billones de euros en 2021 frente a 7,1 billones en 2020; un aumento de 364.000 millones, creciendo 5,1% con respecto a 2020).
En mi artículo anterior explicaba que no tenía ningún sentido colocar el dinero un año en un depósito que paga un interés en el entorno del 1,50%, cuando puedes colocarlo en letras del tesoro a un año al 2,84% (la letra ofrece un 2,99%, pero hay que descontar un corretaje del 0,15%). Y me refiero a los bancos más sólidos, que son los únicos que se pueden comparar en seguridad con el Estado.
El conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Arcadi España, reconoció que el objetivo del incremento constante de los presupuestos públicos año tras año deja en el aire una cuestión: "¿Estamos gastando bien?". España, mano derecha del presidente valenciano Ximo Puig anunció varias medidas que tiene intención de poner en marcha el Ejecutivo valenciano cuando apenas quedan uso meses para las próximas elecciones autonómicas precisamente con el objetivo de asegurar la eficiencia del gasto autonómico, que se ha incrementado sin freno desde la llegada del Botànic hace 8 años y aún más con la pandemia y la crisis inflacionista. "No es solo ahorrar, es gastar mejor", apuntó.
Está confirmado que la reforma de las pensiones tendrá que esperar a 2023. Después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones emplazara en la última semana del año a los agentes sociales a un acuerdo sobre las pensiones que no se produjo, ha sido imposible pactar antes del cierre de 2022. Y si el Gobierno había acordado con Bruselas que la segunda parte de la reforma de las pensiones, en el marco del Plan de Recuperación, estaría lista antes de 2023 parece que a la Comisión Europea le importa más el cumplimiento de objetivos que los plazos.
Este 2022 que termina es el año del regreso de muchas cosas, como una guerra convencional en Europa, la amenaza nuclear, crisis energética y, también, como no, inflación Para compensar, en buena parte del mundo, aunque no en China, la pandemia parece ir quedando atrás, junto con las mayores restricciones a la libertad que hayamos conocido en esta generación. Este año que concluye probablemente no haya sido un buen año, tampoco en términos económicos, pero algunos de los problemas ya venían de atrás.
Eurostat muestra cómo la deuda pública crece a dos dígitos (medido en diferencia por puntos porcentuales) en varias de las principales economías europeas desde 2019 a 2021. Sin embargo, solo en el caso de España este avance supera los 20 puntos. Por ello, el pasivo nacional terminó el pasado año en el 118,3% frente al 98,2% de 2019. Se trata de una diferencia que supera en casi 10 puntos el avance promedio en toda la eurozona, situado en 11,5 y muy por encima de primeras economías de la UE, como Francia (15,4) Italia (16,2) o Alemania (9,7). La crisis sanitaria provocada por el Covid no sirve de excusa para explicar este mayor endeudamiento de España, ya que ha sido un problema que ha afectado a todos los países prácticamente por igual. De ahí que el único argumento válido resida en una política económica basada en el aumento del gasto público impulsada por el Gobierno. Un incremento que en este 2022 podrá compensarse por el incremento récord de la recaudación, por el fuerte rebote de la actividad y por el alza de inflación, tras la pandemia. El problema es que estos factores coyunturales dejarán de aportar ya en 2023. El proceso de normalización monetaria contendrá el IPC lo que mermará los ingresos públicos. Un menoscabo al que también contribuirá el menor crecimiento económico previsto para el próximo ejercicio. Ante este escenario de menor recaudación, el Ejecutivo debería haber llevado a cabo medidas de ajuste del gasto. Más aún en un contexto de agresivas subidas de tipos de interés, que encarecen la financiación. Pero, por desgracia, la única realidad es que el Gobierno sigue estirando el chicle del gasto para conseguir recuperar votos a costa de agravar el desequilibrio de las cuentas públicas y la mochila de la deuda.
El gasto social que abandera los Presupuestos Generales del gobierno de coalición para el próximo 2023 está cubierto en su mayor parte por el gasto dedicado a las pensiones. En una nota del director de Fedea, Ángel de la Fuente, sobre las cuentas presupuestarias alerta del incremento del gasto en pensiones sobre el PIB. Esta partida "ha crecido a un ritmo medio anual de cuatro décimas de PIB durante el último lustro, pese a que todavía no ha comenzado la jubilación de los baby boomers", alertan desde Fedea.
Gregorio Izquierdo, ex presidente del INE y actual director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), repasa una coyuntura macroeconómica que ofrece un cierto tambaleo de cara al último trimestre de un año lleno de incertidumbre del que únicamente se prevé una moderación de la presión de los precios. Carga contra la estrategia fiscal del Gobierno por el nuevo impuesto a las grandes fortunas que perjudicará incluso al empleo.
Las crisis económicas, la precariedad laboral, la dificultad de los jóvenes para emanciparse o los problemas para acceder a una vivienda digna resuenan como algunos de los aspectos que más han influido en que los jóvenes de nuestro país no quieran tener hijos, como se puede observar en la continua disminución que sufre la tasa natalidad en España desde hace décadas.
La inflación lleva ya meses entre nosotros, incluidos los EE.UU. y las más desarrolladas economías de la UE, y la inflación da miedo y no sólo a quienes viven de sus sueldos. Las palabras de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los EE.UU. lo demuestran:
La inflación nos empobrece. Por eso, el objetivo prioritario de política económica en estos momentos debe ser terminar con ella. A veces se olvida que si la inflación acumulada en el segundo trimestre del año fue del 2,8% (del 3,3 de abril al 6,1 de junio), un crecimiento del PIB del 1,1% en el mismo período no nos hace más ricos, reduce nuestro poder de compra 1,7 puntos. Además, la subida de precios hace a nuestras empresas menos competitivas, lo que se traducirá en desempleo en el medio plazo, pues tampoco debemos quedar atrás que, si bien la inflación afecta a nuestros competidores más directos, España tiene un diferencial negativo respecto a ellos también en esta variable.
Las cuentas públicas españolas prevén cerrar en el 5% de déficit este año, todavía dos puntos por encima del 3% objetivo que marcan las normas de la Comisión Europea y que desde el Banco Central Europeo (BCE) consideran "procedimiento de déficit excesivo". Si España quiere evitar una brecha financiera con el resto de países miembro y pretende optar a los escudos la institución bancaria, Calviño y Montero se deberán coordinar para cumplir con una cláusula insalvable que marca Frankfurt: reducir en algo más de 24.000 millones de euros el déficit presupuestario de las arcas públicas como una de las condiciones inexorables para poder optar a esta herramienta.
Juan Bravo, el cerebro económico del PP de Alberto Núñez Feijóo, departe para nuestros lectores de la situación que atraviesa el país, haciendo hincapié en el diagnóstico, los problemas, pero también en las soluciones, que en su opinión, tienen que evitar cambiar las reglas de juego sobre la marcha y subir impuestos como hace el Gobierno de Pedro Sánchez.
El gasto público de la Generalitat Valenciana no ha dejado de ganar peso en la economía de la Comunidad Valenciana, hasta suponer el 20,4% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2021, según refleja el último estudio realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).
El gasto público se incrementará en 17.000 millones en 2023. Una cifra que supera el nivel marcado por Bruselas, situado en 15.000 millones.
La inflación ha repuntado esta primavera hasta superar el 10% en junio, récord desde mitad de la década de los 80, derribando las expectativas de los analistas privados y de las propias instituciones públicas. Una de ellas, la auditora de las cuentas públicas españolas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que alertó de un gasto adicional en pensiones, indexadas al IPC medio, que cubre el 86% del gasto extra corriente recomendado por la Comisión Europea de cara a 2023. Así, este cálculo se traduce en prácticamente 13.000 millones (12.900) para revalorizar las pensiones públicas y cumplir con la ley aprobada hace apenas seis meses a costa de afrontar un desvío del gasto público.
El nuevo decreto anti-crisis que amplía el Plan de Respuesta contra la Guerra y que se aprobará hoy, incluye una batería de medidas que pesarán sobre las cuentas públicas hasta diciembre. Las acciones, que incluyen subidas de pensiones no contributivas, la bajada del IVA en la luz y el abono de transporte, la bonificación a los carburantes y el cheque familiar de 300 euros, incrementan hasta casi 4.400 millones el gasto público destinado a paliar la inflación. En lo que respecta a los ingresos, tal y como publicó elEconomista.es, la subida de Sociedades a las eléctricas en el rango máximo que se ha barajado (10 puntos extra sobre los 25 actuales) sumaría tan sólo 370 millones de euros.
El Gobierno aprueba hoy un nuevo paquete anticrisis con el que intenta paliar el impacto de los altos precios. Como ya realizó anteriormente, el Ejecutivo recurre en su mayoría a medidas de carácter general, como rebajar el abono transporte, en vez de concentrarlas en los sectores más vulnerables y las empresas que más sufren.
Con máximos en la prima de riesgo española, expertos consultados por elEconomista coinciden en demandar una actuación rápida por parte del Gobierno atajando el gasto público improductivo, con una reducción, para empezar, de 12.000 millones de euros -de gasto estructural-, sobre todo, "teniendo en cuenta que el Ejecutivo seguirá sin deflactar las tarifas de los impuestos, y por tanto, generando más recaudación de la debida, sostiene Javier Santacruz, economista de la Think Tank Civismo.
El temor a una crisis de deuda en la eurozona ya se empieza a observar en los bonos soberanos europeos. Es el caso del papel español a diez años que escala por encima del 3%, o del italiano, ya en el 4%. Asimismo, la deuda alemana, la referencia más segura, ya rebasa el 1,7%.
El nuevo cortafuegos del BCE para evitar otra crisis de deuda en la eurozona, anunciado esta semana, aún carece de diseño definitivo. Sin embargo, los países del norte de la Unión Monetaria (los llamados frugales) ya tienen claro que sus homólogos del sur se someterán a un alto peaje a cambio de beneficiarse de dicho escudo. Fuentes cercanas al eurobanco revelan a elEconomista que los frugales del Consejo de Gobierno de la institución monetaria se mostraron "muy reticentes" ante la reactivación de las compras de deuda para proteger a España e Italia, y sólo la aceptarán imponiendo "estrictas condiciones" a esas economías.
La suspensión durante un año más de los límites de deuda y déficit públicos que Bruselas exige a los Estados miembros no implica que las cuentas de estos últimos estén libre de toda supervisión. Aún está en pie el tope al gasto corriente, una especie de regla de gasto como la que en España se aplica a las comunidades autónomas, monitorizada anualmente y que establece que ese desembolso no debe superar el crecimiento del PIB potencial a medio plazo.
El empleo público vive un auge a escala nacional que se hace especialmente evidente cuando se analizan los datos de empleo a escala de las comunidades autónomas. Este análisis refleja cómo ocho de los 17 regiones españolas cuentan en su territorio con un porcentaje de empleados en las tres Administraciones que ronda, o incluso supera, el 25% del conjunto de sus asalariados, una cuarta parte de este colectivo.
El exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, instó este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a propiciar un pacto de rentas que tenga en cuenta una medida como el plan de Alberto Núñez Feijóo, que pasa por deflactar las rentas bajas y medias, hasta los 40.000 euros.
La eficacia y eficiencia del gasto público en España han caído a los últimos puestos entre las economías de la OCDE, según constata un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE).
Bruselas da un duro golpe al Gobierno en sus recomendaciones sobre las medidas que debe tomar España y su valoración del Plan de Estabilidad 2022-2025.
El gasto ejecutado aumentó en Castilla y León en 2020 un 14 por ciento, lo que supone 1.468 millones de euros más hasta los 12.222 millones, según se extrae del análisis económico y financiero del impacto de la pandemia generada por el Covid en el sector público administrativo de la Comunidad elaborado por el Consejo de Cuentas.
La confianza es un factor determinante para el crecimiento sano y duradero del PIB potencial, porque es la premisa básica de la inversión. Por eso, no hay nada peor que la falta de credibilidad de quienes tienen que generar las condiciones para que aparezca. Sin embargo, escuchando a los responsables económicos del país, se constata que parecen empeñados en repetir errores pasados que niegan cualquier oportunidad a la certeza. Así, del mismo modo que Zapatero, Solbes y Salgado negaron la crisis de 2008, ahora lo hacen Sánchez, Calviño y Montero: lo que aquellos llamaban "brotes verdes" es lo que estos llaman hoy "crecimiento robusto". Cuando el shock fue innegable encontraron la razón del mismo en la especulación financiera e inmobiliaria internacional, ahora lo encuentran en Putin, porque lo relevante, para esta peculiar manera de gestionar el interés general, no es solucionar los problemas, sino encontrar culpables para eludir cualquier responsabilidad y así estar un día, una semana, un mes o un año más en el gobierno.
Los salarios públicos han crecido un 10,5% acumulado en los dos últimos años. Uno de los aspectos más llamativos de esta evolución es que 2021 recoge el fin de los contratos temporales realizados en Sanidad y Educación para hacer frente al impacto de la pandemia.
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