El Gobierno ha anunciado este lunes una "gira" por todas las provincias de la Comunidad para explicar qué puede aportar el corredor Atlántico, mientras la Junta ha criticado la falta de concreción sobre plazos e inversiones para esta infraestructura.
Todos sabemos y compartimos lo indispensable que es para cualquier pueblo mantener a toda costa abierta su escuela. Es la mejor garantía de supervivencia, de que es posible un futuro. Con estas palabras, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha inaugurado esta mañana el I Congreso Nacional de Escuela Rural, que se celebra en Navalmoral de la Mata (Cáceres).
La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, aseguró este jueves, durante su comparecencia en la comisión mixta del Congreso-Senado para la UE, que España ha autorizado en poco más de dos meses casi el 40% de los fondos Next Generation presupuestados para 2023, lo que equivale a 28.692 millones de euros. Calviño habló de autorización, lo que no implica que se hayan todavía ejecutado de modo efectivo y se encuentren en manos de sus destinatarios finales.
El vicepresidente de la Junta, junto con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y el titular de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, han mantenido este lunes una nueva reunión con la Mesa de la Automoción de Castilla y León.
Nervioso y exaltado Pedro Sánchez por la caída irrefrenable en las encuestas, el estallido de la guerra civil en un gobierno de coalición que nunca estuvo unido, la excarcelación de violadores y delincuentes sexuales -van ya 74 y más de 700 rebajas de condena- por la ley del solo sí es sí, la escalada imparable de los precios, el paro que no cesa, el empobrecimiento general, y el rechazo de las mujeres -muchas socialistas incluidas- por los efectos negativos de la Ley trans, con el añadido del casposo affaire de corrupción del Tito Berni con sus añadidos de prostitución y cocaína, decidió ponerse el disfraz de feminista ante la conmemoración del 8-M y anunció la aprobación de una ley de paridad.
El presidente del Gobierno y algunos ministros hacen uso del poder con arrogancia y cierta dosis de matonismo arremetiendo contra los empresarios con cualquier excusa. No lo justifica que las acometidas más frecuentes procedan de quienes han pasado de ser dirigentes de una ONG o de portar una pancarta, a un despacho en el que se diseña el destino de la cuarta economía del euro; o de ser concejal en la oposición del Ayuntamiento de Madrid a presidir el gobierno, porque es algo premeditado. El populismo se comporta así cuando los ciudadanos descubren la inoperancia de sus políticas y la falsedad de sus relatos: sostener un discurso les resulta más sencillo que afrontar la realidad y hacer propaganda más fácil que resolver problemas. Primero hacen una condena general a los "poderosos", "a los bancos", "a los fondos buitres", "a los de arriba" y, si las encuestas aprietan, concretan al "reo" en empresas o en sus accionistas más relevantes con nombres y apellidos, resultándoles indiferente si es el presidente de Mercadona, el de Inditex o la presidenta del Banco de Santander.
El Instituto de la Empresa Familiar y las dieciocho asociaciones territoriales, en representación de las más de 1.500 empresas familiares asociadas, han reclamado hoy "un clima de respeto y diálogo constructivo que facilite el desarrollo de las empresas y su contribución a la sociedad".
El Ejecutivo ha anunciado este fin de semana, y coincidiendo con la cercanía del 8M, que el Consejo de Ministros aprobará este martes la tramitación parlamentaria del Anteproyecto de Ley de Representación Paritaria de Mujeres y Hombres en los Órganos de Decisión. Esta nueva norma, que modificará varias de las actuales leyes, busca que tanto en el Gobierno central, como autonómicos y municipales, así como en las grandes compañías, haya paridad en los órganos de decisión entre hombres y mujeres.
Las Comunidades Autónomas han multiplicado por más de cuatro su deuda desde el año 2008, cuando el volumen total de las 17 administraciones no alcanzaba los 75.000 millones de euros. Hoy su importe total se sitúa cerca de los 315.000 millones de euros, según los datos del Banco de España, y aunque los fondos de financiación extraordinarios del Estado han permitido que el grifo no se cortase, aún hay cinco Gobiernos autonómicos para los que no es posible acudir a los mercados para financiarse.
La marcha de Ferrovial a Holanda rasga el debate sobre la presión impositiva soportada por las grandes empresas españolas. Su presidente, Rafael del Pino, aprovechó la presentación de resultados del pasado martes para anunciar el traslado de su sede social a Ámsterdam, revolucionando el tablero político a unos meses de la primera de las dos citas de España con las urnas.
El presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), Julián Núñez, ha salido este viernes en defensa de Ferrovial por su decisión de trasladar la sede a Países Bajos. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que confronta "las informaciones inexactas e injustas descalificaciones" que, a su juicio, se están están vertiendo "desde diferentes ámbitos de dentro y fuera del Gobierno contra la empresa".
La salida de la sede corporativa de Ferrovial de España ha provocado una polémica intensa no sólo por la importancia de sus consecuencias sino, sobre todo, por ser un outsider en un momento en que existen altas expectativas de atracción de inversiones al calor de la aplicación de los famosos 'fondos europeos'. Más allá de la polvareda política que se ha levantado hasta el punto de que el propio presidente del Gobierno acuse públicamente al principal accionista individual y presidente de la compañía de actuar contra el país (acusación al más puro estilo latinoamericano), la cuestión central es que Ferrovial es un exponente muy preciso de la falta de diplomacia económica que España tiene para con sus empresas.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha destacado la histórica inversión del Gobierno en política educativa, que en 2021 duplicó los fondos respecto a 2020, según la Estadística del Gasto Público en Educación. En total, la partida destinada a este ámbito de todas las administraciones públicas marcó un nuevo máximo histórico, con 59.657,2 millones de euros.
Susana Solís, integrante de la misión europea que visitó Madrid la semana pasada, explica en elEconomista.es la doble cara que el Gobierno exhibió ante los hombres de negro que venían a evaluar la gestión de los fondos Next Generation. Desde el inicio, Moncloa se mostró dispuesta a ofrecer "muchos datos". Ahora bien, esa información es "ininteligible", en palabras de Solís, si no se aclaran criterios tan básicos como las condiciones bajo las cuales las partidas se consideran realmente pagadas. Existe aún demasiada opacidad en las explicaciones que el Gobierno da no solo a la UE sino también a las autonomías, otro actor clave en la gestión de unos recursos fundamentales para la economía española, en cuya gestión exige más agilidad y transparencia.
El Gobierno deja en el aire la creación de 32 juzgados de lo Social reclamados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado mes de diciembre a través de un informe. El Ejecutivo ha respondido a una cuestión planteada por Ciudadanos que estos nuevos juzgados se crearán si hay presupuesto para ello en 2023 y si se estima que son necesarios en función de un análisis de la carga de trabajo.
La cooperativa familiar navarra Valle de Odieta ha pedido a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León que continúe la tramitación administrativa del proyecto de vaquería de Noviercas (Soria), que prevé albergar 23.000 vacas.
Once patronales del sector eléctrico lanzaron el pasado miércoles un manifiesto en el que incluían una batería de propuestas sobre la reforma del mercado mayorista de electricidad que, tal y como adelantó elEconomista.es, distan notablemente de la propuesta del Gobierno a Bruselas. Este documento marca enormes distancias con medidas como la intervención de precios de la nuclear o hidráulica que planteó el Ejecutivo en enero.
Un total de 40.723 castellanos y leoneses han solicitado la ayuda de 200 euros para personas con bajos ingresos y patrimonio en las primeras 48 horas de plazo, un periodo en el que la web de la Agencia Tributaria ha recibido 885.654 en toda España.
El Gobierno está trabajando en los últimos detalles para un nuevo decreto en el que se actualizarán las tarifas del canon digital que se aplican a smartphones y otros dispositivos electrónicos, lo que llevará a un aumento de precio de todos estos aparatos y afectará directamente a los consumidores.
El titular del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, cuando decía ser independiente y Presidente de la Airef, cuestionaba el índice de revalorización de las pensiones aprobado por el anterior gobierno. Sostenía que era excesivo e introduciría desequilibrios financieros en el sistema. Ahora, no le debe parecer excesivo subir todas las pensiones de acuerdo con la inflación independientemente de su cuantía, lo que ha elevado el gasto mensual en tasa interanual hasta el 10,8% en el mes de enero, alcanzando el desembolso total el 12% del PIB.
El Gobierno vuelve a servirse de la vía de urgencia para sacar adelante el Proyecto de Ley para la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. El Consejo de Estado ya criticó la semana pasada en su dictamen sobre el gravamen a la banca y a las energéticas el uso de la "urgencia" por parte del Ejecutivo y la falta de informes pertinentes que justifiquen el rechazo de las objeciones de legalidad formuladas en el trámite de audiencia.
Decir que la capacidad de adaptación al entorno digital de Pymes y Grandes Empresas es el parámetro que mide y delimita el crecimiento de las empresas parece obvio. Sobre todo, tras la significativa revolución digital forzada, como consecuencia de la crisis de la covid-19.
El Gobierno endurecerá por ley la vigilancia sobre las empresas para evitar que utilicen a los becarios como auténticos trabajadores y eludan el pago correspondiente de las cotizaciones a la Seguridad Social.
ASAJA Castilla y León ha calificado de "verdadero ensañamiento con los ganaderos" que España esté entre el grupo de países de la UE que rechazan la resolución del Parlamento Europeo para cambiar el estatus de sobreprotección del lobo, que se traduce ataques continuos al ganado que suponen una presión insoportable para las explotaciones.
Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han desmentido las cifras de participación de la huelga indefinida que pusieron en marcha el pasado 24 de enero, que ha anunciado el Ministerio de Justicia. Según el Gobierno, alrededor del 28% de miembros de la administración los que movilizaron la huelga desde la Plaza de Callao (Madrid) hasta la puerta del Ministerio, en Guadalajara, un 22,23% y en la Rioja un 48,39%
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presumido este martes durante su primera comparecencia del año ante el Congreso de los Diputados de la evolución de la economía española pese a las incertidumbres por las consecuencias de la guerra en Ucrania y ha anticipado que España recuperará "pronto" los niveles de Producto Interior Bruto (PIB) previos a la pandemia.
Los sindicatos con representación en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) irán a huelga el miércoles para exigir al Gobierno el cumplimiento del acuerdo firmado el pasado 7 de julio de 2021. Durante la mañana del lunes ya se reunieron ante las sedes de la organización en todo el país en una primera jornada, para manifestar la "incapacidad del Gobierno de reforzar el organismo".
El Ministerio para la Transición Ecológica se prepara para dar el pistoletazo de salida a la energía eólica marina en España. El Consejo de Ministros del próximo martes se espera que apruebe el real decreto que regula los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) que servirán para delimitar el uso de estos espacios y fijar dónde se pueden ubicar este tipo de instalaciones.
KPMG ha incorporado en su oficina de Bilbao a Amadeo Valcarce como nuevo responsable de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de la firma para toda la zona norte. Esta área se enmarca en Consulting Corporates, que cuenta con alrededor de 800 profesionales en España.
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