La pandemia y la invasión de Ucrania justificaron numerosas intervenciones esta tales para suavizar sus daños. Superada la emergencia, lejos de desactivar esas medidas excepcionales, el Gobierno de España ha emprendido una estrategia peligrosa para la estabilidad de las instituciones en que se asienta la actividad económica.
El Gobierno de Pedro Sánchez pone fin a su mandato a la espera de las elecciones del 23 de julio con 138 Reales Decretos-Leyes aprobados desde que en junio de 2018 tomó el poder. Este volumen de normas suponen un 26% más que los Reales Decretos-Leyes aprobados por su antecesor, Mariano Rajoy, a pesar de que estuvo un año más al frente del Ejecutivo, y un 15% más que los aprobados por Rodríguez Zapatero en sus ocho años.
Ya está aquí. Justo un año después del primer anuncio, ahora comienza la fase decisiva el denominado Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores, más conocido como PERTE Chip. De hecho, la convocatoria de Misiones Perte Chip se anunció hace apenas diez días y este lunes, 5 de junio, arranca el plazo para la admisión de las primeras solicitudes de ayudas.
El adelanto precipitado de las elecciones por parte del Gobierno, tras la debacle socialista del 28M, obliga a disolver las Cortes con 54 días de antelación de los comicios. Es decir: este martes. El cese de la actividad parlamentaria deja en el aire más de 60 textos legales entre decretos-ley, proyectos de ley del Ejecutivo y proposiciones de ley de los distintos grupos parlamentarios. Algunos ministerios verán como de golpe sus propuestas estrella se han quedado a tan solo un paso de ver la luz, como es el caso de la Ley de Atención al Cliente, encabezada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que lleva en tramitación desde 2021, y que estaba en el Senado solo a falta de votación de las enmiendas para ver la luz.
Luis Cueto (Madrid, 1961) es funcionario y concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Se presenta a la alcaldía de la capital bajo las siglas de Recupera Madrid, una "agrupación de profesionales" que nace con la intención de gobernar Madrid con "más profesionales y menos políticos".
La Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha mostrado su rotundo rechazo al Proyecto de Ley de Función Pública que se está tramitando actualmente en las Cortes Generales.
Los expertos juristas y abogados reclaman al Gobierno y a los tribunales que fijen a partir de qué porcentaje se considera confiscatorio un tributo, como ya han hecho países como Alemania o Francia que lo han situado en el 50%. Hasta el momento, en España no hay nada fijado y, exclusivamente, el Tribunal Constitucional señaló hace ya cuarenta años que un tributo que agota la riqueza imponible, es decir, que alcanza el cien por cien de tributación, es confiscatorio, dejando fuera así qué ocurre cuando alcanza el 80% o el 99% de la riqueza.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una nueva inversión que consolida la transformación de la Formación Profesional llevada a cabo por el Gobierno a lo largo de la legislatura. Se trata de cinco acuerdos por los que las comunidades autónomas recibirán 1.307 millones de euros para distintas acciones en el ámbito de la FP.
El Gobierno ha puesto encima de la mesa una nueva propuesta a los jueces y fiscales para solventar el conflicto. Sin embargo, las asociaciones convocantes de la huelga indefinida para el 22 de mayo han afirmado que el Ministerio de Justicia que dirige Pilar Llop no ha mejorado la oferta económica de 44,7 millones que había planteado en la reunión que mantuvieron la semana pasada, sino que han propuesto una mejora "cualitativa" en las condiciones del gremio.
Choque de fuerzas en el Congreso por la polémica disposición del Proyecto de Ley de Función Pública que busca que el Gobierno pueda modificar a dedo cuerpos y escalas de funcionarios, lo que incluye los respectivos ascensos que considere oportunos. Mientras tres grupos parlamentarios buscan incrementar de seis meses a un año el tiempo al Ejecutivo para modificar cuerpos de funcionarios, concretamente Unidas Podemos, PNV y Grupo Parlamentario Plural, otros tres grupos como PP, Ciudadanos y Vox proponen eliminar esta disposición adicional séptima del proyecto de ley.
Operación Campamento es uno más de los anuncios y promesas ligadas a la vivienda que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado en las últimas semanas. Pese a que el ejecutivo ha logrado desbloquear la compra de estos terrenos que estaban en manos del Ministerio de Defensa (Invied), los expertos en urbanismo aseguran a este medio que no será hasta dentro de unos 10 años cuando sea una realidad.
Las asociaciones convocantes de jueces y fiscales han aceptado finalmente la propuesta del Gobierno de aplazar la huelga indefinida que estaba programada el 16 de mayo y han desplazado la fecha para el próximo lunes 22 de mayo, para que el Ministerio de Justicia tenga margen de maniobra y pueda elaborar una oferta económica que consiga frenar el conflicto. A cambio de aplazar la jornada, los líderes asociativos se reunirán en la mesa de retribuciones para avanzar con la negociación.
La tercera reunión entre el Gobierno y los jueces y fiscales que persiguen una mejora digna de sus retribuciones salariales ha concluido sin acuerdo después de más de cinco horas sentados en la mesa de negociaciones en la que las asociaciones convocantes han tachado de "inaceptable" la nueva oferta económica de 46.7 millones de euros ofrecida por la Administración de Justicia. A raíz de los acontecimientos, el Gobierno ha solicitado posponer la huelga programada para el próximo 16 de mayo para conseguir más tiempo y así proponer una nueva cantidad salarial que consiga seducir los intereses de los jueces y fiscales.
Los secretarios generales de los sindicatos, Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO), y los presidentes de las patronales, Antonio Garamendi (CEOE) y Gerardo Cuerva (Cepyme), han puesto hoy su firma sobre el texto del V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que recomienda una subida salarial de al menos un 10% entre 2023 y 2025. Los agentes sociales se han felicitado por lograr un acuerdo "responsable" y que pone en valor el diálogo bipartito a la hora de alcanzar acuerdos, con independencia de si está o no el Gobierno en las negociaciones que llevan a cabo.
“Los empresarios familiares no somos el enemigo de nadie y somos muy conscientes del papel esencial que nos corresponde en nuestro modelo de sociedad”, ha asegurado el presidente del Instituto de la Empresa Familia (IEF), Andrés Sendagorta, esta mañana durante el cierre de la Asamblea IEF 2023. Además, ha aprovechado la ocasión para pedir “consenso político y social” para abordar los problemas económicos actuales, que “solo superaremos con esfuerzo de todos” y si se pone en el foco tanto la productividad como la eficiencia.
La sequía es cada vez un problema mayor, lleva meses sin llover y no hay soluciones sobre la mesa para tratar de mitigar las consecuencias negativas. En plena polémica por el control sobre el Parque Natural de Doñana, el Gobierno ha alabado en Bruselas el sistema de regadío de Andalucía.
Tengo que empezar hoy estas líneas dando las gracias a la ministra de Justicia, doña Pilar Llop, que vestida de faralaes en la Feria de Sevilla ha reconocido algo que no sólo yo sino la mayoría de los analistas y de las instituciones económicas nacionales e internacionales venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que estamos en crisis económica y que por eso no pude subir el sueldo de los jueces, aunque eso no fuera óbice para subírselo a los letrados judiciales. Señora Llop, bienvenida al club de los catastrofistas como nos califican su jefe Sánchez y sus coleguillas del trío 'la, la, la' que se ocupan de los asuntos de la economía.
Lorenzo Amor (Córdoba, 1965), presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, es contundente con el Gobierno, "que ha roto unilateralmente" la negociación alcanzada con la reforma del sistema de cotización de los autónomos. Los gastos no paran de aumentar para los pequeños empresarios y no ve en el Gobierno actitud de cambio, mientras continúan los ataques a la clase empresarial y es que no "ha habido ningún gobierno de la Unión Europea que haya hostigado, insultado, señalado al tejido empresarial a dirigentes empresariales ", dice el dirigente empresarial.
Este martes se cumplen los 45 años de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) desde su nacimiento en Zaragoza. Durante una de las mesas incluidas en la jornada celebrada en la sede de la patronal CEOE-Cepyme, integrada por Gregorio Izquierdo (IEE), María Jesús Valdemoros (IESE), Rafael Pampillón (IE) y José Carlos Díez (economista), y moderada por el director de elEconomista.es, Amador G. Ayora, destacaron la falta de competitividad y eficiencia de las empresas por falta de apoyo por parte del Gobierno.
El PSOE ha aprovechado el proyecto de ley que tramita el Senado para transponer una directiva europea en materia de cooperación en el ámbito fiscal para colar una enmienda para que los contribuyentes devuelvan la primera ayuda de los 200 euros que otorgó el año pasado el Gobierno si la han cobrado de manera indebida. El Ejecutivo aprobó en junio de 2022 una ayuda por esta cuantía para personas con ingresos inferiores a 14.000 euros. Este cheque es distinto a la ayuda dada este año para personas con ingresos inferiores a 27.000 euros.
El Consejo de Ministros aprobará, previsiblemente, este próximo martes la reforma de la tarifa regulada de electricidad -el llamado Precio Voluntario para el pequeño consumidor (PVPC)- que supondrá una importante reducción de la volatilidad de los recibos de la luz.
El número de contratos a dedo se multiplica en las comunidades autónomas ante la falta de control. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), un órgano independiente pero que está adscrito a la Subsecretaría de Hacienda, alerta en su último informe de que "es abrumadora la presencia de la contratación menor atendiendo al número de expedientes en términos absolutos".
Se acerca el 1 de mayo y los sindicatos han repasado las necesidades y los objetivos alcanzados en materia laboral durante el último año. Entre las necesidades han destacado la necesidad de lograr un acuerdo salarial con la patronal para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores de nuestro país, con fecha límite para alcanzarlo antes del periodo estival. En caso de no lograr un acuerdo, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) emplazan al Gobierno a actuar sobre la contribución mínima del Impuesto de Sociedades para ayudar a los más vulnerables a través de un "reparto por la vía de los impuestos y política de transferencia".
El choque entre Ferrovial, por un lado, y Gobierno, regulador bursátil (CNMV) y gestor de la bolsa española (BME), por otro, se enquista a la hora de despejar por completo uno de los grandes interrogantes de las últimas semanas. ¿Realmente es posible que una empresa de la bolsa española pueda cotizar a la vez en Wall Street o existe esa necesidad de mudarse a otros parqués como el de Ámsterdam para hacerlo? Es una de las cuestiones que hasta hace pocas semanas nadie había puesto encima de la mesa -ninguna empresa se había interesado, ni supervisor ni gestor de la bolsa se habían adelantado a esta posibilidad- y que suscita grandes dudas sobre el cambio de sede de la matriz a Países Bajos que el grupo llevará a la junta de accionistas de este mismo jueves.
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha dirigido por carta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, instando la "urgente convocatoria" de la Conferencia Sectorial de Vivienda para tratar el recién aprobado proyecto de Ley de Vivienda.
En muy extrañas ocasiones una operación empresarial se convierte en la apertura de los telediarios durante varios días. Ferrovial lo ha conseguido esta semana por la trascendencia política que el Gobierno ha dado al asunto.
El Consejo Asesor Institucional de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) critica la actuación del Gobierno para evitar la marcha de Ferrovial a Países Bajos. En un comunicado, el consejo ha puesto en relieve su preocupación por la "inaceptable reacción del Poder Ejecutivo" ante el propósito de Ferrovial de "ejercitar la libertad de establecimiento en el mercado interior de la Unión Europea, proclamada por el artículo 49 de su Tratado de Funcionamiento como uno de los pilares sobre los que se asienta la construcción de un espacio jurídico común y compartido en el Viejo Continente".
Una hora y cuarenta minutos fueron suficientes para tomar la decisión que más expectativas ha despertado en Ferrovial en sus setenta años de historia. La junta general de accionistas de la compañía española acaparó todas las miradas y tuvo como mínimo denominador común el apoyo de los accionistas en todas sus intervenciones a la decisión de mudarse a Países Bajos para iniciar la primera fase de su proyecto de fusión transfronterizo, que tiene como fin último poder cotizar en Estados Unidos y medirse con los gigantes del sector en un tablero de juego cada vez más global. El turno de intervenciones reflejó de manera nítida un claro apoyo frente a los ataques que la empresa y su presidente, Rafael del Pino, han recibido desde el Gobierno y las formaciones políticas que lo componen.
El Gobierno ha otorgado casi seis de cada diez contratos a dedo desde que comenzó la legislatura de Pedro Sánchez. Los contratos menores, aquellos que no requieren publicidad ni competencia, ascienden ya a 158.092 y las licitaciones a 106.363. Es decir, en total desde enero de 2020 los ministerios han repartido un total de 264.455 contratos, según los datos publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Las presiones del Gobierno para que Ferrovial frene su marcha a los Países Bajos mediante la amenaza de un alto coste fiscal coincide de pleno con el impulso por parte del propio Ejecutivo de una nueva ley para fomentar la libertad de establecimiento en la Unión Europea de las sociedades mercantiles. El Consejo de Ministros aprobó el pasado febrero el Anteproyecto de Ley de Modificaciones Estructurales de Sociedades Mercantiles, ahora en tramitación parlamentaria, que tiene como objetivo "la supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento", según expone la Administración en la Memoria de Análisis del Impacto Normativo (MAIN) de la nueva norma.
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