La banca continúa modificando su política comercial para adaptarse a los cambios legislativos. BBVA ha sido el último en sumarse a esta ola, asumiendo todos los criterios que establece la nueva normativa. A cambio, encarece los tipos de interés.
ING acelera su paso en España tras el proceso de transformación que está llevando a cabo en los últimos años para adaptarse al entorno de tipos bajos y al impulso de la transformación digital. La entidad, que ha dejado a un lado la remuneración de las cuentas nómina y la cuenta Naranja por los tipos de interés en negativo, ha encontrado otras serie de productos para enganchar a los usuarios, como las hipotecas o los fondos de inversión.
La banca empieza a ajustar sus estrategias en el negocio hipotecario tras casi tres meses de impasse para adaptarse y anticiparse a la nueva legislación, que entrará en vigor a partir del segundo trimestre. Algunas entidades ya han movido ficha y asumen desde ahora todos los gastos de constitución que llevan aparejados los préstamos para la adquisición de una vivienda bajo distintas condiciones. Incluso, CaixaBank y Unicaja va más allá, ya que también afrontan el coste de la tasación, el único en que la normativa pendiente de aprobación definitiva por el Senado da libertad para que los bancos lo sufraguen o no.
Funcas afirma que pese al repunte que está experimentando el precio de la vivienda en los últimos años, todavía no hay elementos objetivos que den pie a pensar en la formación de una nueva burbuja inmobiliaria en el país. De hecho, el volumen total que representan los nuevos préstamos hipotecarios solo supone una cuarta parte de los que llegaron a concederse en 2006, justo antes del estallido de la última gran crisis económica.
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad se situó en 28.835 el pasado mes de noviembre, cifra un 14,2% superior a la del mismo mes de 2017, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).
No hay tregua (todavía) para el sector financiero en su largo periplo por los tribunales. Aunque esta semana se cerró un capítulo después de que el Tribunal Supremo resolviera algunas dudas importantes, como la validez de la legalidad de la comisión de apertura, quién es el obligado tributario del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) hasta el decretazo de Pedro Sánchez en noviembre -que traspasó a la banca la obligación tributaria-, o quién debe pagar los gastos de registro y notaría de la hipoteca, quedan temas pendientes. Hasta ahora, la doctrina del Supremo, limita notablemente las posibles reclamaciones de los consumidores.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en pleno, ha dictado varias sentencias fijando doctrina sobre la distribución de los gastos hipotecarios, que no incluyen el Impuesto de Actos jurídicos y Documentados. El alto tribunal ha decido que los gastos de notariales y de gestoría de la constitución de la hipoteca se deben repartir a la mitad entre la entidad financiera y el cliente. Además, dice que la cuantía por inscribir la hipoteca en el registro la deberá asumir el banco y la de cancelación el cliente. Y considera que la comisión de apertura en los préstamos hipotecarios no es abusiva. La nueva doctrina del Supremo es parcialmente contraria a nueva ley hipotecaria, que está en trámite parlamentario, y que establecerá que las entidades financieras asuman todos los gastos hipotecarios, salvo la tasación.
Los créditos otorgados por las entidades bancarias privadas a las familias culminaron el 2018 con un importante incremento de 10.60% (S/ 94,971 millones ), impulsados por el fuerte repunte de los préstamos de consumo e hipotecarios.
Los fondos de cesantías privados (Colfondos, Old Mutual, Porvenir y Protección) siguen siendo la opción preferida de la mayoría de trabajadores para ahorrar sus cesantías, al registrar en 2018 un total de 7,5 millones de afiliados, esto es, 345.548 más que el año anterior, y cuyo ahorro total superó los $10,75 billones.
Barcelona, 21 ene (EFE).- Una veintena de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y del Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinos) han ocupado el vestíbulo de la sede del PSC, dispuestos a "pasar la noche", en protesta contra el real decreto ley de vivienda que se votará mañana en el Congreso.
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