La Dirección General de Tributos (DGT) cambia el criterio sobre las exenciones en el Impuesto de Sociedades a compañías que obtengan beneficio por la venta de participadas. Hacienda permitirá a las empresas la deducción en el impuesto aunque la filial vendida no haya iniciado materialmente su actividad.
La Dirección General de Tributos ha considerado recientemente en contestación a una consulta referida al juego online que la posible calificación como actividad económica no exige necesariamente su inicio material, sino que, en actuaciones previas, como la obtención de las licencias preceptivas, puede ser un indicio del inicio de aquella. Este criterio tiene especial trascendencia para otros sectores como el de las renovables.
José Ramón Riera publicó el domingo pasado en El Debate un artículo donde calculaba el peso de la recaudación fiscal de todas las administraciones dentro del PIB español: 46,1%. Las fuentes que utilizó fueron el INE y Eurostat.
El Tribunal Supremo (TS) ratifica su cambio de criterio en materia de fiscalidad. El Alto Tribunal determina que la deducción fiscal en el Impuesto de Sociedades por la publicidad o promoción que hacen las empresas privadas sobre eventos de interés general (como por ejemplo, un evento deportivo en una ciudad) debe aplicarse sobre la base de todo el coste que le supone a la compañía realizar esa campaña publicitaria. Tras el fallo del Supremo del 13 de julio de 2017 que creó jurisprudencia, las empresas solo podían aplicar esta deducción sobre el coste adicional que le había supuesto la promoción de ese evento (como puede ser el precio de imprimir en un envase el logotipo de ese evento) y no sobre el coste total de la actuación publicitaria.
El Gobierno pretende elevar la presión fiscal hasta el 40,6% a lo largo de los próximos tres años. El documento que el Gobierno remitió la pasada semana a Bruselas dibuja una estrategia que permitirá seguir incrementando de manera sostenida los ingresos tributarios. El pasado 2022 ya fue un año récord para la recaudación, las administraciones públicas recibieron 570.521 millones de euros gracias al ímpetu del empleo, al aguante del consumo y al efecto secundario del despegue de la inflación.
Se acerca el 1 de mayo y los sindicatos han repasado las necesidades y los objetivos alcanzados en materia laboral durante el último año. Entre las necesidades han destacado la necesidad de lograr un acuerdo salarial con la patronal para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores de nuestro país, con fecha límite para alcanzarlo antes del periodo estival. En caso de no lograr un acuerdo, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) emplazan al Gobierno a actuar sobre la contribución mínima del Impuesto de Sociedades para ayudar a los más vulnerables a través de un "reparto por la vía de los impuestos y política de transferencia".
La Agencia Tributaria amenaza a Ferrovial con un millonario castigo fiscal para frenar su marcha a Países Bajos. Hacienda podrá quedarse con hasta el 25% de las plusvalías latentes que la compañía española traspase a la nueva matriz radicada en Ámsterdam (Ferrovial International). Una factura que las fuentes consultadas tachan de "considerable" y sobre la que aseguran que acabará en los tribunales.
A partir del año que viene, Ferrovial obtendrá dividendos de todas las autopistas que gestiona en Estados Unidos. Esta situación supone un indudable avance para la constructora. Por un lado, Ferrovial logrará más ingresos provenientes de Estados Unidos, lo que justifica aún más que este mercado constituya la máxima prioridad en su estrategia de crecimiento desde hace años. Pero, además, debe valorarse la ventaja derivada de que esos mayores dividendos, una vez que se repatríen, tributarán en la nueva sede de Ferrovial en Países Bajos. Gracias a ello disfrutarán de una exención en el Impuesto de Sociedades del 100%, frente al 95% que ahora ofrece España, lo que demuestra el beneficio fiscal que el cambio de sede reporta a la constructora.
El presidente del Gobierno y algunos ministros hacen uso del poder con arrogancia y cierta dosis de matonismo arremetiendo contra los empresarios con cualquier excusa. No lo justifica que las acometidas más frecuentes procedan de quienes han pasado de ser dirigentes de una ONG o de portar una pancarta, a un despacho en el que se diseña el destino de la cuarta economía del euro; o de ser concejal en la oposición del Ayuntamiento de Madrid a presidir el gobierno, porque es algo premeditado. El populismo se comporta así cuando los ciudadanos descubren la inoperancia de sus políticas y la falsedad de sus relatos: sostener un discurso les resulta más sencillo que afrontar la realidad y hacer propaganda más fácil que resolver problemas. Primero hacen una condena general a los "poderosos", "a los bancos", "a los fondos buitres", "a los de arriba" y, si las encuestas aprietan, concretan al "reo" en empresas o en sus accionistas más relevantes con nombres y apellidos, resultándoles indiferente si es el presidente de Mercadona, el de Inditex o la presidenta del Banco de Santander.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha sacado a consulta pública la transposición de la directiva europea que impone un tipo mínimo del Impuesto de Sociedades (IS) del 15% a grandes grupos que facturen más de 750 millones de euros y estén en países con una imposición inferior y a la par grava a las filiales de estos grupos que estén en nuestro país con un impuesto complementario para compensar su baja imposición.
El economista e inspector de Hacienda Francisco de la Torre está convencido de que "todas las formas de populismo fiscal son desastrosas". A combatirlas, y explicar al mismo tiempo una "economía para adultos", De la Torre dedica su último libro Y esto, ¿quién lo paga? (Debate, 2023).
El Parlamento Europeo propuso el pasado día 18 generar recursos propios para el presupuesto de la Unión Europea, para, entre otros, financiar las ayudas de los Fondos Next Generation. En este sentido, se han contemplado tres nuevas fuentes de ingresos, siendo la "reasignación de los derechos de imposición" una de ellas.
Las nuevas deducciones fiscales ha empresas han generado gran polvareda por su escaso alcance, ya que de acuerdo con los datos proporcionados por Hacienda, sólo 407.384 empresas se beneficiarán de la rebaja del tipo nominal del impuesto de Sociedades del 25% al 23%, cuando 1,5 millones de pymes están sometidas a este impuesto. En otras palabras, sólo el 25% de las pymes podrán beneficiarse de las medidas y esto, en buena parte, es consecuencia de la difícil situación que atraviesan muchas de estas.
PSOE y Unidas Podemos han sorprendido este jueves al presentar una figura tributaria muy rebuscada, como es la de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, limitada hasta ahora a la contratación pública y a las concesiones administrativas, en lugar de los nuevos impuestos, temporales y extraordinarios, para las grandes entidades financieras y las empresas energéticas, tanto eléctricas como gasistas y petroleras, sobre las que los fiscalistas tenían serias dudas de su viabilidad.
La presión de su propio partido y la desintegración del Gobierno tras la fuga de ministros han llevado a Boris Johnson a dimitir como líder del Partido Conservador.
El Gobierno anunciaba la pasada semana la subida del tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades a las empresas eléctricas, haciéndoles tributar al 30%, como en la actualidad lo hacen las entidades financieras y las sociedades de hidrocarburos. Esta medida en absoluto conseguirá una reducción del precio final que el consumidor paga por la electricidad, ya que una subida de la presión fiscal en un sector que opera en oligopolio nunca es asumida por el propio empresario. La elevación de los costes de producción a un oligopolista siempre se traslada, o bien hacia adelante mediante una elevación del precio final de venta- y los usuarios de la electricidad son los que absorben ese encarecimiento. O, si la regulación del precio del sector no permite subir los precios, la traslación del coste del impuesto se realizará hacia atrás provocando una reducción de salarios o destruyendo empleo-. En cualquier caso, la subida de cinco puntos sobre Sociedades no redundará en una reducción de los beneficios de las compañías eléctricas, y puede que, ni siquiera en un aumento de la recaudación si merman los beneficios del sector.
El Gobierno de Pedro Sánchez no ha dicho la última palabra ni tampoco se ha cerrado en banda a subir 10 puntos el actual impuesto de Sociedades a las empresas eléctricas -que hoy tributan al 25%-, en el decreto que se aprobará este sábado, en un Consejo de Ministros que tendrá carácter extraordinario.
Siguiendo los pasos de la vicepresidenta Díaz, la ministra Montero asegura que en 2023 habrá un "recargo fiscal" para las eléctricas. Lo que subyace a esta acción es el propósito del Gobierno de señalar a esas empresas como las grandes beneficiarias de los altos precios de la energía que las medidas del Ejecutivo, como topar el precio del gas, apenas corrigen. Está así plenamente justificada la réplica a esta política que el consejero delegado de Endesa, José Bogas, hace en elEconomista. Desde el inicio es discutible la existencia de esos "beneficios extraordinarios" de los que el Gobierno habla. Pero lo que carece de toda justificación es el castigo fiscal a unas empresas cuya actividad y tributación se sujeta en todo momento a lo que el mercado y las leyes mandan.
Las cuatro enmiendas (PP, PdCat, Vox y Ciudadanos) que, en principio, han sido aprobadas por el Gobierno incluyen unas deducciones en cuota del Impuesto sobre Sociedades del 10% de la aportación empresarial a los planes para trabajadores cuyas rentas no superen los 27.000 euros. A partir de ese nivel de renta, la rebaja fiscal para la empresa será la parte proporcional de la aportación realizada. La aprobación de esta enmienda abriría la puerta a la aprobación de la ley en el Parlamento.
Kylian Mbappé tenía un sueño: ser jugador del Real Madrid. A veces los sueños no se cumplen, y en ocasiones se renuncia a ellos. Como todos ustedes saben, este sábado se juega la final de la Champions League frente al Liverpool. Allí no estará Mbappé, precisamente porque el "club de sus sueños" había eliminado al club con el que el jugador ha renovado hasta 2025, el Paris Sant Germain.
Al cierre de 2019 las empresas españolas tenían bases imponibles negativas (BINS) en el impuesto de sociedades, es decir pérdidas fiscales, pendientes de compensación por 575.334 millones de euros, equivalentes a más del 50% del PIB. Este dato procede del libro blanco sobre la reforma tributaria del pasado 3 de marzo, fecha en la que también cerré la actualización de mi libro "¿Hacienda somos todos?", impuestos y fraude en España. (Debate 2014). En el libro se explican algunas de las claves y misterios de esta cifra, bastante desconocida, que condiciona muchas cosas y no sólo en el impuesto de sociedades.
España es el único país europeo que ha establecido una subida del Impuesto de Sociedades sin esperar al acuerdo en la Unión Europea para fijar un tipo mínimo común para las multinacionales.
Los ingresos de Hacienda se disparan un 15,1% arrastrados por la inflación. La Agencia Tributaria recaudó 223.385 millones millones de euros en 2021, según ha avanzado esta mañana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La ministra ha destacado este aumento de los ingresos pese a las rebajas fiscales de la electricidad, cuyo impacto ha cifrado en 1.600 millones de euros. El dato de recaudación ha permitido una rebaja del déficit, aunque aún se sitúa en el 6,76% del PIB.
La presión fiscal sobre las empresas en España supera hasta en casi cuatro puntos a la media de la Unión Europea (UE). Según los datos de PIB y recaudación para 2021, recientemente publicados, la presión fiscal empresarial en 2021 aumenta hasta el 12% del PIB. Y todo ello incluso sin considerar el diferencial que significa la economía sumergida, ya que, si tenemos este factor en cuenta, la presión fiscal empresarial en España sería de un 15% frente al 11,1% de la UE. En 2018, la presión fiscal empresarial en España era del 11,1% del PIB frente al 9,6% de la media de la UE.
El gobierno suizo ha anunciado que plantea implementar el impuesto mínimo de Sociedades del 15% acordado por la OCDE a partir de enero de 2024. Las nuevas reglas están dirigidas a las multinacionales, mientras que las empresas nacionales y las pequeñas y medianas empresas no verán ningún cambio, según confirmó el Ejecutivo. Los impuestos serán recaudados por los cantones suizos, que también conservarán los recibos de impuestos adicionales.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prepara un golpe fiscal a las multinacionales de hasta 275.000 millones de dólares. El organismo sostiene que estas compañías evaden hasta un 10% de la recaudación total del Impuesto sobre Sociedades (IS) con sus establecimientos en territorios de baja tributación. La nueva propuesta fiscal de la OCDE obligará a estas empresas a trasladar un 25% de los beneficios a los países donde tengan a sus clientes y usuarios para que tributen allí.
Desde la Tax Foundation, un think tank con sede en Washington, su economista, Cristina Enache, explica en un análisis que el escenario macroeconómico sobre el que se han elaborado los Presupuestos para 2022 "parece demasiado optimista". Según justifica, a principios de la semana pasada, el Banco de España revisó a la baja sus previsiones para la economía española, esperando que el PIB aumente un 6,3 por ciento para 2021 y un 5,9 por ciento en 2022. Esto se produce después de que el Fondo Monetario Internacional también revisara sus previsiones, concluyendo que en 2021 el PIB español subirá un 5,7 por ciento.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, anunció este jueves que en la redacción del establecimiento del tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades se excluirá a Canarias de su aplicación. Así lo dijo durante el debate en el Congreso sobre las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 tras la intervención del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo.
Hace unas semanas, Irlanda tomó una decisión histórica que puede determinar su futuro. Al aceptar el acuerdo de la OCDE para subir al 15% el impuesto de sociedades, pone fin a la política de baja fiscalidad con la que logró convertirse en uno de los principales centros tecnológicos de Europa. Ahora, la pelota está en el tejado de las empresas, las cuales pueden decidir quedarse en el país o ir en busca de pastos con impuestos más bajos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no cumplirá con su promesa de deshacer la reforma tributaria implementada por su predecesor en el cargo, el republicano Donald Trump, a finales de 2017. La columna vertebral de la misma, una rebaja en el impuesto de sociedades del 35% al 21% así como un impuesto sobre la renta del 37% para los estadounidenses más acaudalados, sobrevive a los esfuerzos de los demócratas por incrementar el gasto social a través de incrementos impositivos.
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