Los abogados, que en razón de su secreto profesional, están dispensados de informar de los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal de sus clientes a Hacienda, ya no deberán comunicárselo al resto de intermediarios, tal y como exige el artículo 45.4.b) del Reglamento general de aplicación de los tributos (RGAT).
En el incremento de la recaudación previsto por Hacienda para 2023 son protagonistas tanto las nuevas figuras tributarias y como las novedades en los tributos tradicionales. Hacienda espera recaudar 262.781 millones de euros en 2023, según las previsiones de los Presupuestos Generales del Estado, lo que supondrá un incremento del 7,7% respecto al avance de liquidación de 2022.
En torno a una cuarta de los ciudadanos españoles presentan un cierto desconocimiento sobre aspectos básicos de la tributación como la Administración destinataria de la recaudación, sobre cuales son las figuras que generan más ingresos o en que consiste el concepto de la progresividad impositiva.
Durante el ejercicio pasado las empresas del Ibex 35 contribuyeron a las arcas públicas con más de 37.717 millones de euros, de los cuales 14.311 millones de euros (38%) fueron impuestos soportados y 23.406 millones de euros (62%) impuestos recaudados. según los datos del informe Contribución Tributaria Total del Ibex 35 2021, elaborado por PwC.
La cantidad cuya devolución se acuerda como consecuencia de una regularización por actuaciones inspectoras en las que se reconoce una deducción no aplicada por el contribuyente, devenga intereses de demora desde la fecha del ingreso, dado que se trata de una devolución de un ingreso indebido.
No pueden reformularse las cuentas anuales ya aprobadas y cuyo plazo de impugnación ha transcurrido, para corregir el resultado contable y calcular la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades a fin de solicitar la rectificación de la autoliquidación y la devolución de ingresos indebidos.
Los gastos financieros son deducibles en el Impuesto sobre Sociedades, aunque los préstamos no estén relacionados con un ingreso u operación determinada, sino que basta con estén relacionados con la actividad empresarial, según establece el Tribunal Supremo (TS), en dos sentencias de 26 de julio de 2022.
Las empresas pueden deducir como gasto, en su Impuesto sobre Sociedades, las retribuciones abonadas a un socio mayoritario que no sea administrador.
El Tribunal Supremo determinará en una próxima sentencia si las retribuciones que perciben los administradores de una entidad mercantil, acreditadas, contabilizadas y previstas en los estatutos de la sociedad, constituyen una liberalidad no deducible por el hecho de que no hayan sido aprobadas por la Junta General de Accionistas, o si, por el contrario, al tratarse de una sociedad integrada por un socio único, no es exigible el cumplimiento de este requisito o, aun siéndolo, su inobservancia no puede comportar la consideración de liberalidad del gasto y la improcedencia de su deducibilidad.
El 87,4% de los asesores fiscales afirman que es urgente que se adapten los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o el de Sociedades para clarificar la tributación de las rentas derivadas de operaciones con criptoactivos, según los datos de un reciente informe elaborado por el Reaf.
La cifra estimada de recaudación total que se podría alcanzar en este ejercicio a través de la Casilla Empresa Solidaria del Impuesto de Sociedades, destinada a financiar proyectos de interés social gestionados por el Tercer Sector podría ascender a 186 millones de euros.
El beneficio empresarial en España sigue un 6,8% por debajo del nivel de 2019, antes de la crisis del coronavirus. Los datos de la Agencia Tributaria muestran que, aunque en 2021 los ingresos se recuperaron y los beneficios crecieron un 32% respecto a 2020, siguen lejos de los valores previos a la pandemia del Covid.
España ha marcado un nuevo récord de recaudación de impuestos en el primer trimestre de año. Los ingresos de la Agencia Tributaria alcanzaron durante los tres primeros meses del año los 54.749 millones de euros, un 20,2% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando Hacienda logró una recaudación ya entonces en máximos de 45.530 millones de euros.
España grava los beneficios empresariales 4,5 puntos por encima de la media de los países europeos de la OCDE. España tiene un tipo impositivo integrado sobre las ganancias de las empresas -que incluyen los dividendos- que llega al 44,5%, mientras que la media de las economías del entorno se sitúa en el 40%. De esta forma, el país se sitúa en los puestos de cabeza de la OCDE, al nivel de los países nórdicos, en gravamen del beneficio empresarial.
El conjunto de las 124 multinacionales con facturación anual superior a 750 millones y matriz española declaran un tipo efectivo global del 16,7% y del 13% para España, 8,5 puntos por debajo del que aplican en jurisdicciones de fuera de la UE, según los datos elaborados por la Agencia Tributaria (Aeat) sobre la información suministrada sobre 2019 por las empresas a través del modelo 231 de declaración de información País por país.
El Tribunal Económico-Administrativo Central (Teac), en resolución de 25 de febrero de 2022, ha cambiado el criterio que venía manteniendo, al aceptar la posibilidad de aplicar el mecanismo de compensación de bases imponibles negativas cuando la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades se presenta extemporáneamente.
Hacienda puede comprobar los actos, operaciones y circunstancias que tuvieron lugar en ejercicios tributarios prescritos para el Impuesto sobre Sociedades desde 2004, y que pueden extender sus efectos a ejercicios que no están prescritos.
La Agencia Tributaria va a remitir un número reducido de cartas informativas dirigidas a empresas que presentan inconsistencias significativas entre sus datos bancarios y los financieros declarados (entradas y salidas en cuentas bancarias y cifras de ventas declaradas Modelo 200), según ha informado el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) del Consejo General de Economistas en una nota. Adicionalmente, se informará también de los márgenes brutos declarados.
En la responsabilidad en cadena, que aplica la Inspección de Hacienda como derivación de responsabilidad a los socios de las empresas, cuando afecta a varios responsables, el último de los investigados puede revisar la totalidad del expediente desde el inicio y llegado el caso impugnarla.
La Audiencia Nacional rechaza la fórmula que Hacienda utiliza para calcular las sanciones sobre el perjuicio económico sufrido al dejar de ingresar el contribuyente la deuda tributaria o haber obtenido indebidamente devoluciones en el Impuesto sobre Sociedades y otros tributos con pagos fraccionados.
Están excluidos del régimen especial de empresas de reducida dimensión las sociedades o grupos cuya cifra neta de negocios supere el umbral de 10 millones de euros, incluidos los casos en que el control empresarial del grupo esté en manos de una persona individual o natural, directa o indirectamente, y la cifra de negocio de dicho empresario individual, unida a la del grupo de sociedades que controla, rebase la indicada cantidad.
La Comisión Europea ha presentado este miércoles una propuesta de directiva europea que sentará las bases para imponer un tipo mínimo del 15% a las grandes empresas en el bloque, por lo que la Unión Europea podría convertirse en la primera entidad en traducir en legislación el acuerdo alcanzado hace apenas dos meses en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Los intereses de demora son gastos deducibles en el Impuesto sobre Sociedades, tanto los que se exijan en la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación o los devengados por la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado.
Los contribuyentes tienen derecho a compensar las bases imponibles negativas con las rentas positivas de los períodos impositivos siguientes, aun cuando la autoliquidación se presente de manera extemporánea, sin que la decisión de compensarlas o no, constituya una opción tributaria de las reguladas en el artículo 119.3 de la Ley General Tributaria (LGT).
¿Cómo es posible que la recaudación y los afiliados a la Seguridad Social marquen récord si el PIB aún no ha recuperado ni la mitad de lo perdido en la crisis del Covid? La respuesta está en dos fenómenos económicos que se están agudizando en los últimos trimestres. Por un lado, uno muy visible como es la inflación. Y, por otro, un asunto más difícil de ver. El afloramiento de la economía sumergida.
Los especialistas en fiscalidad estiman que no se debe ceder a las Comunidades Autónomas el Impuesto sobre Sociedades, porque consideran que generaría muchos problemas si las comunidades tratasen de utilizarlo para atraer empresas.
Golpe fiscal a las empresas, a los grandes caseros y a los planes de pensiones. El Gobierno ha presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados los Presupuestos de 2022 con estas tres grandes novedades. El proyecto incluye una reducción de la bonificación fiscal en el impuesto de sociedades para empresas que se dedican al arrendamiento de vivienda del 85% al 40%, una medida prevista para la futura ley de vivienda que ahora se adelanta.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha dado un nuevo paso en su tarea de alcanzar un acuerdo internacional para aplicar una fiscalidad mínima para las empresas multinacionales con la suma de 136 países al pacto, frente a los 130 que había logrado unir el pasado mes de julio.
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) recuerda que el tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades en 2018 fue, de forma global, igual al 22,60%, tal y como se recoge en su informe sobre Los tipos efectivos del Impuesto sobre Sociedades en España. En dicho documento se estudia la situación de la carga fiscal de las empresas, con base en los datos estadísticos tributarios recogidos en el Informe Anual de Recaudación de la AEAT correspondiente a 2019, así como la verdadera evolución de los tipos efectivos del Impuesto sobre Sociedades en las empresas españolas.
En muchas zonas de España son habituales los montes cuyo titular es un colectivo de propietarios en proindiviso. Se estima que hay más de 1,5 millones de hectáreas de los llamados 'montes de socios', con un número de condueños desconocido en la actualidad, que se estima que posiblemente supere el millón de personas.
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