Los empleados de la ya extinguida empresa de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) sufren un varapalo por parte del Tribunal Supremo (TS), que deja a los maquinistas sin compensación económica por los días de descanso no disfrutados. La Sala de lo Social del Supremo ha dado la razón al grupo Renfe y los trabajadores no tienen derecho a percibir la indemnización porque no se ajusta a la aplicación del convenio colectivo de Renfe.
Los trabajadores tienen derecho a reclamar una indemnización en los casos donde las empresas ejecuten una práctica prolongada en el retraso las retribuciones salariales en aquellas situaciones donde el periodo de demora resulta excesivo. Según la doctrina del Tribunal Supremo, en la Sala de lo Social, en una sentencia que consta a 10 de enero de 2023.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la indemnización de 1.238.171 euros impuesta por un juzgado a Osasuna por la rescisión del contrato de Enric Gallego Puigsech.
La Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena de seis años y tres meses de prisión impuesta a un abogado laboralista que se apropió de los 225.000 euros a que ascendía la indemnización por despido improcedente reconocida por la jurisdicción social a un cliente suyo.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) determina en una sentencia que los suplementos salariales en el sueldo que una compañía pague al empleado en concepto de manutención o vivienda, y que vengan recogidos en el contrato, tienen que tenerse en cuenta a la hora de calcular la indemnización por despido del trabajador.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) ha establecido en una sentencia conocida este martes que no constituyó una discriminación por razón de edad el acuerdo sobre despido colectivo alcanzado en sede judicial entre una empresa privada y los representantes de los trabajadores que pactó una menor indemnización para los afectados de edad igual o superior a 60 años, teniendo en cuenta que, con independencia de su edad, las indemnizaciones pactadas para todos los trabajadores mejoraban el mínimo legal aplicable.
La sección sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha confirmado una sentencia de primera instancia que obliga a una empresa a indemnizar en 10.000 euros a un ciudadano vigués por haber cedido sus datos a los ficheros de solvencia patrimonial de dos firmas por una supuesta deuda que no existía.
En los últimos días se ha producido un terremoto en el sector empresarial y de las relaciones laborales a consecuencia de las declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Las mismas iban dirigidas a la revisión del sistema de indemnización por despido, haciendo especial mención a un nuevo término acuñado como "despido reparativo" y cuyo contenido ha dado lugar a todo tipo de conjeturas.
La Audiencia Provincial de Pontevedra avala indemnizar a una mujer con 34.980 euros por las labores del hogar que realizó mientras estuvo casada. La magistrada Rodríguez González ratifica en un fallo la sentencia del Juzgado de Instrucción número 2 de Redondela que indemnizó a la mujer por este motivo.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha establecido una indemnización por despido que supera los 33 días por año trabajado, concretamente hasta los 48 días por año trabajado, en una sentencia pionera en España que aunque avala el despido detecta un perjuicio para el trabajador.
La indemnización por despido de uno de los cónyuges, en régimen de gananciales, no supone la pérdida de un derecho privativo, por ser inherente a la persona, como es el derecho al trabajo, ya que este permanece indemne, puesto que el trabajador despedido sigue en el mercado de trabajo y puede contratar su fuerza laboral inmediatamente después del despido, según reconoce el Tribunal Supremo, en una sentencia de 23 de diciembre de 2022.
Las empresas no pueden negar a sus trabajadores la posibilidad de ejercer sus labores en materia de teletrabajo si no se demuestra antes la estricta necesidad presencial de los empleados en el entorno donde se desarrolle la función de la entidad empresarial.
Mediapro gana a la Federación Española de Fútbol (RFEF) en los tribunales. La organización presidida por Luis Rubiales, tomó la decisión de impedir a GOL y beIN SPORTS emitir la final de la Copa de la Reina 2019 y va a costarle 242.000 euros más intereses, según informa Mediapro en un comunicado. Esta es la indemnización solicitada por el grupo y que la Audiencia Provincial de Madrid ha atendido en su totalidad. Es la cuarta vez en un año que los tribunales condenan la gestión de Luis Rubiales al frente de la RFEF. "Esta larga lista de litigios perdidos confirma la injustificada y arbitraria actuación del presidente de la Federación contra Mediapro", dice la compañía. En tres anteriores ocasiones, los Tribunales han fallado a favor de Mediapro ante las "ilícitas actuaciones" de la Federación para excluir a Medriapro de la adjudicación del servicio de VAR, la comercialización de los derechos de la Copa del Rey para las temporadas 2019-2022 y los derechos de emisión de la final de la Copa del Rey de 2019.
En un caso de despido improcedente, a pesar de que el empresario anticipara previamente su opción por la readmisión, no puede declararse como extinguida la relación laboral con derecho a indemnización en aquellos casos en los que se encuentre ya extinguida por la calificación del trabajador como persona con incapacidad permanente total (IPT). Así lo establece el Tribunal Supremo en la Sala de lo Social Primera en la sentencia del 11 de noviembre de 2022.
Un juez de Las Palmas condena a pagar 900 euros a un acompañía telefónica por atosigar a un cliente haciéndole llamadas, mensajes y comunicaciones constantes para intentar cobrarle penalizaciones y consumos no justificados.
El Tribunal Constitucional (TC) declara, en una sentencia de 26 septiembre de 2022, que es contrario al derecho a la tutela judicial efectiva denegar la responsabilidad del Estado por el tiempo pasado en prisión en el extranjero durante la ejecución de una orden europea de detención y entrega emitida por un tribunal español, si se sobreseen las actuaciones penales contra la persona investigada.
La extinción del contrato de trabajo de un relevista, si la Seguridad Social deniega la jubilación anticipada parcial al trabajador sustituido, debe materializarse mediante el despido objetivo del relevista.
La indemnización sustitutoria por la omisión del preaviso en un supuesto de desistimiento de la relación laboral especial de alta dirección es compensable con la indemnización por despido improcedente, si el juez declaró que la relación laboral entre las partes no era especial sino era común, según establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 10 de mayo de 2022.
Europa respalda al Banco Santander. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) libra a la entidad financiera de indemnizar a los accionistas del Banco Popular. El grupo cántabro adquirió el Popular en junio de 2017 por un euro, tras ser intervenido por la Junta Única de Resolución Europea (JUR) por problemas de liquidez. El TJUE señala que la directiva europea de resolución de entidades se opone a que con posterioridad a la intervención de la entidad, los accionistas reclamen responsabilidades al banco resuelto o contra el grupo que le sucede, en este caso, el Santander.
La indemnización por un despido improcedente se calcula a la fecha del despido no a la fecha de la sentencia, si tras la decisión extintiva empresarial, se produce una causa nueva de extinción del contrato por incapacidad permanente absoluta, jubilación, fallecimiento o finalización del contrato temporal, que impide la opción por la readmisión.
Que el perjudicado en un accidente de tráfico acepte pagos a cuenta de la indemnización que le debe abonar la aseguradora no supone que pierda su derecho a percibir el interés legal por el tiempo transcurrido desde el accidente, según determina el Tribunal Supremo, en sentencia de 21 de diciembre de 2021.
La Justicia falla a favor de Andrea Orcel y obliga a Santander a pagarle una indemnización de 68 millones por su frustrado fichaje como consejero delegado.
El Gobierno quiere arrancar 2022 con el sistema de valoración de daños personales por accidentes de tráfico, o más conocido como baremo de autos, actualizado. Por eso ha acelerado el proceso y ha puesto a consulta pública una regulación, previamente analizada con la industria, que mejorará de forma sustancial gran parte de las indemnizaciones por daños personales, con intención de que entre en vigor a partir del mismo 1 de enero.
El despido de Ronald Koeman ha sido uno de los más caros de la historia del fútbol. El entrenador neerlandés, que firmó por dos temporadas, se embolsará nada más y nada menos que 11,7 millones de euros después de entrenar al Fútbol Club Barcelona tras un año y tres meses de malos resultados deportivos en los que solo logró una Copa del Rey.
El Círculo de Empresarios propone apostar por una simplificación de los tipos de contrato a tres, unida a una disminución de las indemnizaciones por despido, "con el propósito de acabar con la temporalidad y reducir el desempleo". En concreto, la organización plantea que los tipos de contratos se centren en el indefinido -que debería ser la figura contractual por defecto-, el temporal -que tendría motivación causal- y uno para la formación y el aprendizaje -como el actual-, que favorezca la transición al empleo indefinido una vez completado el proceso formativo.
Cuando el juez considera que la indemnización por despido no es adecuada puede superar los límites legales establecidos y determinar una indemnización más elevada que la que le correspondería al trabajador despedido.
Cualquier cambio en las condiciones de trabajo supone una alteración de la rutina para un trabajador. Sin embargo, existen casos en los que estas modificaciones pueden llegar a ser tan perjudiciales que dicho trabajador se plantee dejar la empresa. Y, de hecho, en algunas ocasiones no solo pueden hacerlo, si no que además tienen derecho a cobrar una indemnización.
La Comisión Europea ha iniciado una investigación sobre el laudo arbitral por el que España debe pagar 100 millones de euros a Antin por el recorte aplicado a su retribución en 2011. El fondo recibía una retribución basada en un régimen que no había sido previamente autorizado por Bruselas y que ahora podría considerarse una ayuda de estado. En caso de que la investigación de la UE calificase estas ayudas como ilegales y obligase a su devolución podría llegar a suponer que España quedara libre del pago de casi cualquier indemnización por el recorte de las renovables.
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