Una entidad que interpone una demanda antes de ser declarada en concurso de acreedores que conlleva la suspensión en el ejercicio de sus facultades patrimoniales, mantiene la representación en ese pleito de la masa mientras no sea sustituida por la administración concursal y después de dictarse sentencia, mientras no se haya producido la sustitución, estará legitimada para interponer recursos si la administración concursal presta su conformidad.
No es muy común en el mundo de la franquicia que haya que pasar por instancias judiciales, ya que la franquicia es un sistema de comercio que tiene una escasa litigiosidad, manteniéndose el porcentaje medio del 0,09%, en relación con el número de establecimientos abiertos al público en régimen de franquicia en España en los años analizados. En los casos más frecuentes, es el propio franquiciador el que propone el litigio, en un 60,4% de las ocasiones, siendo ellos mismos los que, por lo general, suelen obtener unas resoluciones más favorables por parte de las autoridades pertinentes.
Las medidas de restricción a la movilidad implantadas por las autoridades desde que se desató la pandemia en España en marzo de 2020 ha asestado un impacto histórico en la demanda de las infraestructuras, con el consecuente efecto en la cuenta de resultados de las empresas concesionarias. A raíz del primer estado de alarma decretado el 14 de marzo del año pasado, las compañías procedieron a reclamar a las Administraciones por la pérdida de usuarios, que vino forzada por las decisiones del Gobierno de confinar a los ciudadanos y restringir los movimientos.
Sacyr y sus socios italianos y ASTM, la sociedad transalpina controlada por la familia Gavio y el fondo de infraestructuras francés Ardian, han llevado a los tribunales los concursos de dos macroproyectos de autopistas en Italia, con una valoración conjunta de más de 4.500 millones de euros.
Las constructoras han multiplicado sus reclamaciones a Adif en plena pandemia por discrepancias en las obras del AVE. Una situación que ha llevado al gestor ferroviario a aumentar las provisiones por estas disputas más de un 20% entre enero y septiembre de 2020. De este modo, la compañía pública asume riesgos asociados a estos litigios, que se dirimen en vía contencioso-administrativa, por más de 803 millones de euros, frente a los 664 millones que registraba al cierre de 2019.
La Comunidad de Madrid tendrá que devolver a OHL 15,8 millones de euros por el tren de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero correspondientes a los avales que el Gobierno regional ejecutó en 2017.
La filial chilena de la constructora San José, Sociedad Concesionaria San José-Tecnocontrol, y el Gobierno de Chile han llegado a un acuerdo por el que se resuelve un contencioso que mantenían por los sobrecostes y multas en la construcción de los hospitales de Maipu y La Florida.
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