En apenas un mes y medio hará dos años desde que por la crisis sanitaria, social y económica provocada por el Covid-19 se estableció la moratoria concursal. Es decir, la suspensión "temporal" del deber legal de solicitar la declaración de concurso voluntario de acreedores cuando estamos ante una situación de insolvencia.
Una de las medidas más destacadas para combatir los efectos de la crisis del Covid en las empresas, las moratorias en los plazos que obligan a declararse en concurso de acreedores, tiene los días contados en la agenda del Gobierno. En concreto, fuentes del Ejecutivo revelan a elEconomista su expectativa de que, tras anunciar a finales del año pasado otra prórroga de esta medida, que la mantendrá en vigor hasta el próximo 30 de junio, no habrá más extensiones de este tipo.
A pesar de las favorables perspectivas económicas, los impagos comienzan a despuntar en la financiación expedida 'ad hoc' y con condiciones especiales para evitar mayores males a las empresas y familias a raíz de la crisis provocada por la pandemia del Covid. Un 7,7% del stock vivo en moratorias crediticias de la banca española sufre ya morosidad y es similar al 6,4% que acusan las financiaciones con moratorias vencidas, mientras que los impactos en préstamos avalados por el ICO continúan a raya en el 2%, aunque en clara tendencia al alza.
Los magistrados mercantiles y penales denuncian que la reforma de 2015 ha llevado a que se considere insolvencia punible no solo la actuación de mala fe, sino, también, las decisiones adoptadas con falta de diligencia, que analizan por el juez Penal bajo la influencia del conocimiento del resultado de insolvencia.
Los directores ejecutivos de algunas de las firmas de referencia en el sector eléctrico aprovecharon ayer su participación en el VIII Foro Solar, organizado por UNEF (Unión Española Fotovoltaica), para recordar la problemática de la caducidad de los permisos de acceso y conexión en diciembre y en julio. "El problema se encuentra en la tramitación de los proyectos con esta caducidad", reivindicó Carlos Moro, Director Comercial de Vector Renewables.
Las moratorias de crédito comienzan a formar parte del relato de lo que fue una pandemia, alejándose de la actualidad. Aunque, sin embargo, permanece la huella que han dejado en los estados financieros de las entidades. Los principales grupos del país aplazaron préstamos durante los peores momentos de la crisis por un valor conjunto de más de 166.600 millones de euros, de los que ahora, un año y medio después de que se empezara a poner en marcha esta medida de alivio, solo queda un 12,5% vigente. O dicho de otro modo, el 87,5% de las moratorias ya ha vencido.
El Santander ha tenido que extender las facilidades de pago al 60% de los créditos avalados por el Estado, después de las ampliaciones aprobadas por el Gobierno en marzo para dar alivio a las empresas y a los autónomos ante la incertidumbre de la pandemia.
Las medidas impulsadas por el sector y el Gobierno han ayudado a mantener a raya la morosidad desde que estalló la crisis del coronavirus. Pero el fin de las moratorias concedidas a los clientes para afrontar sus cuotas crediticias hace temer una subida de las insolvencias próximamente.
La moratoria para las renovables termina este 1 de julio a las ocho de la mañana tras más de un año en el que los promotores de energías limpias no han podido presentar nuevos proyectos para conseguir los preceptivos permisos de acceso y conexión a la red.
Desde la declaración del estado de alarma son múltiples las diferentes medidas implementadas por el Gobierno para intentar ayudar a las empresas a sortear la crisis económica causada por la pandemia, entre ellas, la moratoria en el deber de solicitar concurso.
El Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación durante tres meses más, hasta el 9 de agosto, de la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda, cuando el alquiler sea un gran tenedor o entidad pública. Esta medida solo puede ser solicitada una vez durante todo el periodo en el que ha estado vigente esta medida.
En la Estimación Objetiva se aplican indicadores que representan las características económicas de cada sector de actividad económica (signos, índices o módulos).
La moratoria para las renovables terminará el próximo 1 de julio a las ocho de la mañana tras más de un año en el que los promotores de energías limpias no han podido presentar nuevos proyectos para conseguir los preceptivos permisos de acceso y conexión a la red.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que se ampliarán tres meses más las políticas de moratoria de alquiler y suspensión de desahucios para colectivos vulnerables que se pusieron en marcha durante la pandemia.
El Gobierno y el sector financiero han dado carpetazo a la solicitud de moratorias hipotecarias y de préstamos al consumo en plena alza de la demanda. El pasado 31 de marzo terminó el periodo para que las familias y empresas más impactadas por la pandemia pudieran solicitar a la banca el aplazamiento del pago de sus hipotecas por un periodo de nueve meses y de los créditos personales, por hasta seis.
La banca española obtuvo en enero pasado un beneficio de más de 1.270 millones. Se trata del mejor arranque del año registrado por el sector desde 2014 (una vez superada la crisis financiera que se desarrolló entre 2008 y 2013) y, además, multiplica por dos las ganancias obtenidas en enero del año pasado.
Gonzalo Gortázar ha empezado a tomar las riendas del nuevo gigante financiero español, surgido de la fusión el viernes de CaixaBank y Bankia. El consejero de la entidad se muestra optimista sobre la recuperación de la economía a partir de la segunda mitad de este año, confía en que la morosidad bancaria se mantenga bajo control y suba menos de lo esperado, aunque continuará siendo prudente y elevará las provisiones.
La banca española continuará aplicando moratorias a los clientes con dificultades para afrontar sus deudas en esta crisis, a pesar de que culmine el periodo oficial para solicitarlas, con el objetivo de evitar impagos. El sector financiero aprobó el pasado 6 de abril aplazamientos de pagos de las hipotecas por hasta doce meses -que comienzan a expirar ahora- y de los créditos al consumo por seis meses para aquellas familias y empresas que hubieran visto disminuidos sus ingresos por la pandemia. La medida culminó en septiembre, pero los bancos volvieron a abrir en diciembre el periodo para que los clientes se acogieran a las moratorias, en esta ocasión por nueve meses en el caso de las hipotecas y por seis, en los créditos personales.
Es más que notoria la crisis sanitaria derivada en económica -y social- provocada por la aparición del COVID-19 que ha llevado a multitud de empresas de diferentes sectores a verse en situación de insolvencia y de pérdidas económicas.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado por la que se aprobaron las cuentas para 2021 contempló que tanto empresas como autónomos pudieran acceder a la moratoria de las cuotas que se pagan a la Seguridad Social. Esta moratoria es de tres meses y, llegados al mes de marzo, está a unos pocos días de finalizar...por lo que los interesados deben ponerse en marcha cuanto antes.
La banca española tenía concedidas 1,38 millones de moratorias de créditos hipotecarios y de consumo a sus clientes a finales de enero, con un saldo total pendiente de amortización que supera los 54.000 millones de euros, según los datos actualizados este lunes por el Banco de España.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva moratoria que libere a las familias más afectadas por la pandemia del pago durante nueve meses de una hipoteca o de un crédito de consumo, una medida de alivio que se podrá solicitar hasta finales de marzo.
La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha anunciado este lunes que las familias más afectadas por la pandemia podrán solicitar hasta finales de marzo una moratoria de tres meses que les libre del pago de su hipoteca o de un crédito de consumo.
La Moratoria 2020 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) generó 1,2 millones de planes de pago que permitieron regularizar $533.000 millones en deuda impositiva, previsional y aduanera vencida, según informó el organismo. Esto equivale a unos US$ 6.000 millones de dólares.
Bankia ha destacado este martes que, como consecuencia del COVID-19, ha financiado con 718 millones de euros a las empresas de Castilla y León hasta el mes de noviembre, mientras que ha concedido más de 5.000 moratorias de créditos a las familias, de ellas 1.825 en el ámbito hipotecario.
Las entidades financieras que operan en España habían concedido a sus clientes algo más de 1,38 millones de moratorias al final de noviembre frente a los 1,37 millones del mes anterior, cifra que incluye créditos hipotecarios y de consumo.
Este año, ha sido un año de pérdidas en todos los sentidos posibles. Con esta pandemia, el país completo ha sufrido una gran sacudida y debemos enfrentarnos todos a una situación atípica, compleja, variable y con inmensa incertidumbre. Pero si hay un sector de este país que está sufriendo de forma extraordinaria es la hostelería. Uno de los sectores productivos más importantes de la economía española, que representa el 6,2% del PIB nacional y que emplea a casi 2 millones de personas, está pasando ahora por su peor momento.
El Gobierno no quiere entrar en nuevas polémicas con su socio podemita, y por eso este jueves permitió que Pablo Iglesias 'vendiera' el aplazamiento de los desahucios hasta el próximo 9 de mayo, fin del estado de alarma. Eso sí, subrayan fuentes ejecutivas consultadas por elEconomista, el líder de Podemos ha acabado aceptando negociar la reducción del aplazamiento de esa moratoria del 31 de diciembre de 2022, como pedía en un principio, a un máximo de cuatro meses vista.
El Govern ha dado luz verde este martes al Decreto ley que evitará el pago del IRPF penalice a aquellas rentas más bajas, en concreto a los trabajadores que tengan doble pagador y que hayan tenido unos ingresos brutos de entre 14.000 y 22.000 euros anuales.
El pleno del Congreso aprobó ayer la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados, conocidos como transgénicos, al territorio nacional por un periodo de 15 años, es decir hasta el 2035.
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