Una vez superado el riesgo de recesión, los expertos se muestran moderadamente optimistas sobre la evolución de la economía española en 2023, debido principalmente al buen comportamiento de las exportaciones y a que el consumo de las familias parece que seguirá aguantando en los próximos seis meses. Así lo recoge el Consenso Económico y Empresarial del primer trimestre de 2023 elaborado por la consultora PwC a partir de la opinión de un panel de 450 expertos, empresarios y directivos.
El Tribunal Supremo avala en una sentencia que los jubilados de banca cuya vida laboral empezó antes de 1979 puedan solicitar la devolución de parte de su pensión, que tributó al 100 % en el IRPF cuando debería haberse beneficiado de una deducción.
Una de las principales preocupaciones del trabajador a lo largo de su vida laboral es la de la cotización que va acumulando con el paso de los años. Y no es para menos, ya que de ella dependerá la cuantía de su futura pensión de jubilación.
La gran mayoría de las personas piensa que la concesión de una pensión de incapacidad permanente es complicada debido a las peculiares características del proceso por el que la Seguridad Social concede (o deniega) esta pensión contributiva, la tercera más abonada de este tipo tras las de jubilación y viudedad.
Lo habitual es que el trabajador, cuando piense en su futura jubilación, contemple el cobro de una pensión que le garantice un cierto nivel de ingresos en su etapa como pensionista. Pero, ¿y si tuviera derecho a percibir dos pensiones de jubilación? No siempre sucede, pero a pesar de todo está permitido por la normativa española.
El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, reconoció ayer, ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, el escaso alcance de su propia reforma de pensiones, acordada con la UE hace escasos días. Escrivá prevé una mejora de ingresos del orden del 1,1% del PIB a mitad de este siglo, apenas una cuarta parte del mayor gasto previsto para el sistema, según el contenido del Ageing Report de la Comisión Europea, situado en el equivalente al 4,5% del PIB. Ese será el bajo rendimiento de medidas como la ampliación de la base máxima de cotización más la creación de dos extracotizaciones "sin derecho a prestación", es decir, dos impuestos como son el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y cuota de solidaridad.
Los sindicatos confirman junto al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, su apoyo a la última parte de la reforma de pensiones. El acuerdo recoge un aumento de las pensiones mínimas y no contributivas con el IPC más "uno o dos puntos", explican fuentes negociadoras. Sobre la mesa, el Ministerio ha acordado con los sindicatos una mayor presión sobre los trabajadores y empresarios mediante una mayor carga en cotizaciones a través del destope de cuotas, y con la creación de dos nuevos impuestos que no generarán prestación: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que llegará al 1,2% en 2029, y el recargo de solidaridad del 6% sobre todo el salario que exceda la base máxima.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la última parte de la reforma de pensiones ideada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Como detalle de última hora, el Gobierno ha aceptado una modificación en la cuota de solidaridad que introduce una cotización extra sobre todo el salario que excede la base máxima prevista por el Gobierno para cada año. Dejando atrás el 6% como cuota única para todos los salarios que superen dicho tope, la propuesta de PDeCAT aplica una cuota de hasta el 7% para los salarios que excedan un 50% la base máxima prevista en 2045, tras el periodo transitorio. En términos actuales, la sobrecotización del 7% se aplicaría sobre sueldos superiores a 90.000 euros.
La jubilación de los trabajadores tiene lugar única y exclusivamente cuando han acreditado una edad que les permite dar ese paso y una cotización suficiente establecida por la ley. Esta cotización se exige debido a que la pensión de jubilación es contributiva y, por lo tanto, depende de las contribuciones de los ciudadanos en activo.
Cuando una persona se jubila y se convierte en pensionista aparta definitivamente su condición de trabajador pero no sucede lo mismo con la de contribuyente. Así, sus obligaciones en materia de impuestos siguen siendo las mismas y por lo tanto deben hacer frente al pago del correspondiente Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
El Gobierno galo se enfrentaba esta tarde a dos mociones de censura contra su actual dirección, que finalmente no salieron adelante por apenas 9 votos, pero que dejan muy tocado al presidente y a la primera ministra de Francia. A pesar de que la Asamblea Nacional no logró aprobar ninguno de los procesos, las mociones motivas por LIOT y la extrema derecha de Marine Le Pen por la reforma del sistema de pensiones (que retrasa de los 62 a los 64 años la edad de jubilación), el desgaste es evidente en Emmanuel Macron y Elisabeth Borne.
Sorprende que las medidas tomadas en esta legislatura para garantizar la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo den como resultado un aumento en el gasto por pensiones. En las dos fases de esta reforma, se han aprobado: la vinculación del crecimiento de las pensiones al IPC, la eliminación del factor de sostenibilidad, la mejora que supone el nuevo cálculo de las pensiones para los empleados con carreras irregulares y la subida de las pensiones mínimas.
La reforma de pensiones recién aprobada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, incluye el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización del 0,6% del salario que se duplicará hasta el 1,2% esta década y llegará hasta 2050. Esta cuota se aplicará a todos los salarios y está destinada a nutrir la hucha de las pensiones con una previsión recaudatoria de 130.000 millones a mitad de siglo para afrontar el elevado gasto provocado por el retiro masivo de la generación del baby boom.
Un despido es siempre una etapa traumática debido al abrupto final de una relación laboral que además tiene lugar sin la intención del trabajador. Y se trata de una situación todavía más difícil si ese despido se produce cuando el empleado está cerca de la edad de jubilación.
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha aseverado, este jueves, en Zaragoza, que es el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien tiene que presentar la propuesta sobre las pensiones.
El Consejo de Ministros ha ratificado la última parte de la reforma de pensiones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. El encargado de las pensiones ha pactado con sindicatos y los tradicionales socios de Gobierno, principalmente Unidas Podemos, y sin la patronal, una reforma que centra sus esfuerzos en subir las cotizaciones sociales hasta un 1,1% del PIB y no aplica un recorte del gasto.
La jubilación anticipada (es decir, la que tiene lugar antes de la edad ordinaria de jubilación) es una opción muy atractiva para las personas que no desean prolongar más de lo estrictamente necesario su vida laboral y pasar a disfrutar de un merecido descanso y su pensión de jubilación correspondiente.
Los trabajadores con sueldos más elevados y las empresas serán los que financien en gran parte las pensiones a través del destope de las cotizaciones, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cuota de solidaridad. Con esta última medida, todo salario superior a la base máxima de cotización (ahora en los 54.000 euros anuales) cotizará hasta un 6% en 2045, sin que ello sea compensado en su futura pensión. Un verdadero impuesto encubierto que expulsará a los trabajadores más cualificados, que son los que más cobran. Con todo, este castigo a las rentas altas será inútil, ya que sólo pagará un 25% del aumento estimado del gasto en pensiones. Un porcentaje escaso que aboca a una mayor insostenibilidad del sistema e hipoteca las prestaciones futuras.
Punto y final a la segunda parte de la reforma de pensiones. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, dirigido por José Luis Escrivá, logra cerrar la reforma con el apoyo de los sindicatos UGT y CCOO tras la negativa patronal a aceptar la última oferta del Ministerio. En la rueda de prensa posterior al pacto, Escrivá también aporvechó para acordarse de los informes publicados por BBVA Research, Banco de España y Fedea, en los que se cuestiona la viabilidad de la reforma para con el mantenimiento del sistema público de pensiones.
Cualquier interrupción en la cotización que tenga lugar durante los últimos años de la carrera del trabajador, que son los que tiene en cuenta la Seguridad Social a la hora de calcular la cuantía de la pensión, tiene un impacto perjudicial para la futura prestación.
El goteo de dinero que sale de los planes de pensiones del sistema individual es constante desde que el Gobierno redujo los incentivos fiscales de estos productos en dos ocasiones. Desde 2020 hasta ahora, las prestaciones netas en el sistema individual ascienden a 1.000 millones de euros.
Las pensiones contributivas suelen ser incompatibles entre sí, por lo que no es habitual conocer a una persona que cobre dos pensiones a la vez. Sucede en algunos casos de trabajadores que han cotizado en dos regímenes de la Seguridad Social o, por ejemplo, cuando una persona tiene derecho a una pensión de viudedad y después se jubila, o viceversa.
La jubilación anticipada se trata de una opción con la que todos los trabajadores fantasean en algún momento de su vida laboral. Disfrutar de un más que merecido descanso antes de lo que marca la edad ordinaria de jubilación es siempre algo a tener en cuenta, aunque conviene conocer cuáles son las condiciones en las que se ejecuta esta opción.
El Gobierno intentará cerrar este martes con los sindicatos la segunda parte de la reforma de pensiones tras descartar la CEOE todo acuerdo ante la penalización que la reforma supone para las empresas. Después de la reunión mantenida este lunes entre el equipo del Ministerio liderado por José Luis Escrivá, y los agentes sociales, el Ejecutivo intentará convencer a Comisiones Obrersas (CCOO) y a la Unión General de Trabajadores (UGT) sin contar con el apoyo de los empresarios; que critican que los cambios implementados en el texto se traducen en un aumento de costes para las sociedades. Los sindicatos, por su parte, esperan una mayor "concreción" desde el Ministerio respecto a las pensiones mínimas; pero ambos sindicatos son optimistas respecto al final de la negociación.
Aunque una solicitud de pensión de incapacidad permanente pasa por una serie de fases y trámites desde la apertura del expediente, el paso por el tribunal médico es el que más inquietud genera a los solicitantes y sobre el que más confusión existe.
En pleno debate por la segunda parte de la reforma de pensiones, la directora de Relaciones Laborales de la patronal, Rosa Santos, ha denunciado hoy que la actualización de la norma "no es una negociación, sino una claudicación". Santos ha atacado de esta forma al Gobierno por llevar a la mesa de negociación una reforma ya pactada en el seno de la coalición, con la Unión Europea "y con los grupos de la izquierda". Del mismo modo ha alertado que esta reforma dificultará la negociación salarial al mermar la capacidad de las empresas.
El Gobierno ha logrado encaminar la última pata de la reforma del sistema de pensiones, la que ha modificado el número de años a tener en cuenta para el cálculo de las prestaciones y ha previsto aumentos en las pensiones mínimas y no contributivas e incrementos en las pensiones máximas, así como el destope de las bases de cotización.
La segunda parte de la reforma del sistema español de pensiones, presentada el viernes pasado, destaca por la ausencia de medidas de contención del gasto en estas prestaciones, que ya se encuentra en un nivel récord equivalente a casi 12.000 millones mensuales (dato de febrero de 2023). La ausencia de frenos de ese tipo provocará que el desembolso continúe al alza, no solo por factores como la jubilación masiva de la generación del baby-boom. Además, los expertos consultados por elEconomista.es, alertan de que hay características intrínsecas a la propia reforma que contribuyen a espolear al alza el gasto.
Cómo elaborar una presunta reforma sin que el escenario cambie sustancialmente en nada. Éste es el resumen más conciso que se puede hacer de la propuesta de reforma del sistema público de pensiones que pergeña el Gobierno. Aunque el foco está puesto en la posibilidad de elegir el período de cómputo de cotización para calcular la pensión algo que tiene un efecto prácticamente neutro sobre el gasto sobre PIB lo conocido no deja lugar a dudas, confirmando las declaraciones de los últimos meses: subida de la pensión media a inflación junto al destope progresivo de las bases máximas de cotización.
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