Ferrovial ha alcanzado un acuerdo para vender su filial inmobiliaria en Polonia, Budimex Nieruchomosci, por más de 336 millones de euros a CP Developer, un vehículo creado por la firma polaca Cornerstone Partners y la checa Crestyl Real Estate.
Ferrovial ha impulsado en los últimos meses su división de construcción gracias a la positiva evolución del negocio en la mayoría de sus mercados, pero muy especialmente en Estados Unidos, donde tiene a Webber como referencia, y Polonia, con Budimex como punta de lanza. La filial polaca ha acelerado en el últimos trimestre con un crecimiento sustancial de su resultado y ha arrancado 2021 con la adjudicación de contratos por unos 250 millones de euros.
En el mes de julio, el anuncio del nuevo fondo de recuperación de la Unión Europea de 750.000 millones de euros (918.000 millones de dólares), llamado Next Generation UE, fue considerado revolucionario por muchos (y con justa razón). Nunca antes la UE se había endeudado, de forma mutualizada, para financiar transferencias y préstamos blandos para ayudar a los estados miembro a recuperarse de una importante sacudida económica. Al romper con tabúes de tan larga tradición, la iniciativa puede inclusive allanar el camino para una unión fiscal.
Ferrovial ha seleccionado la oferta de un grupo de inversores para traspasar su inmobiliaria en Polonia, en una operación cuyo valor se estima en el entorno de los 300 millones de euros. Budimex, su filial en el país de la que es el accionista de control con el 51% del capital, se ha fijado el periodo de exclusividad para sellar el acuerdo hasta el próximo 15 de febrero.
La Unión Europea enfrenta una amenaza existencial, pero su dirigencia responde con concesiones, aparentemente convencida de que la amenaza se irá con sólo desearlo. El régimen cleptocrático del primer ministro Viktor Orbán en Hungría y, en menor grado, el gobierno iliberal de Ley y Justicia en Polonia han plantado un desafío descarado a los valores en los que se basa la Unión Europea. Considerar que ese desafío es una postura política legítima, digna de reconocimiento y negociación, implica multiplicar los riesgos que ya enfrenta la UE.
He escrito mucho sobre la conveniencia de que la Unión Europea emita bonos perpetuos. Pero hoy, propongo que lo hagan los Estados miembros en forma individual.
En las últimas crisis económicas, Alemania ha demostrado ser una economía con gran resiliencia. En la crisis de 2008 y la posterior recaída en 2012, la economía germana lo hizo mucho mejor que la mayor parte de países europeos. Y ahora, pese al golpe de la segunda ola de covid, todo hace indicar que la locomotora alemana está carburando para lograr una recuperación sólida y menos incierta que la de países como España, al menos a corto plazo. La industria del automóvil, el 10% del PIB germano, ya está produciendo más coches que antes de la crisis del covid. Sin embargo, la industria que parece inmune al virus puede ser muy vulnerable al mundo que vendrá tras la pandemia.
La Unión Europea (UE) ha logrado desbloquear su plan de recuperación tras llegar a un compromiso para que Hungría y Polonia levantasen su veto pero el paquete de casi dos billones de euros en ayudas aún debe superar varios obstáculos para entrar en vigor y llegar a los países.
Tras tres semanas de vetos, postureo político, amenazas e incluso la posibilidad de quedar excluidos del estímulo europeo, Hungría y Polonia aceptan levantar su veto al mega paquete presupuestario de la UE, incluido el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros. A cambio, han conseguido rascar algunas concesiones respecto el mecanismo del Estado de derecho, que este jueves tendrán que validar los líderes durante la cumbre europea.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea estudiarán este jueves si dan el visto bueno al principio de acuerdo alcanzado con Polonia y Hungría para que estos levanten su veto el presupuesto comunitario para los próximos siete años y el fondo de recuperación de 750.000 millones con el que el bloque comunitario quiere relanzar su economía tras la pandemia de coronavirus.
Hungría y Polonia están terminando con la paciencia del resto de sus 25 socios de la UE. Su veto al fondo de recuperación y al presupuesto plurianual comunitario para 2021-2027, en total más de 1,8 billones de euros, escuece mucho, justo cuando Europa más necesita el estímulo frente a la pandemia, y además intenta zanjar otros complicados dosieres, como acordar la futura relación comercial con el Reino Unido.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, probablemente no hubiera podido imaginar una cumbre más complicada para cerrar su primer año al frente del cónclave de los líderes europeos. Los jefes de los Ejecutivos se encontrarán en Bruselas el próximo jueves y viernes con la negociación de la futura relación con el Reino Unido en el aire, el presupuesto plurianual comunitario y el fondo de recuperación bloqueados por Hungría y Polonia, una estrategia frente a la problemática Turquía aun en cocción, dificultades para lograr un acuerdo sobre las metas climáticas, además del complicado trasfondo de la pandemia y el batacazo económico.
El sanedrín europeo ya ha iniciado el ritual de estas fechas de pasar revista y también de mirar al futuro. Toca sacar conclusiones del año que termina y construir narrativas para dar sentido a los 12 meses por delante.
Persán ha cerrado la adquisición de un suelo en Polonia para trasladar su actual plan de producción a unas nuevas instalaciones con mayor capacidad y con mayor desarrollo tecnológico. Según fuentes conocedoras de la operación, con esta compra, la compañía se asegura el incremento de la capacidad de producción en un país en el que ya ha invertido en torno a 32 millones de euros desde que inició su actividad hace cinco años.
Era un secreto a voces que costaba reconocer. Diplomáticos y funcionarios comunitarios especulaban estas semanas sobre las fórmulas para salvar el veto de Hungría y Polonia al megapaquete presupuestario de 1,8 billones de euros para relanzar la economía europea tras el impacto de la pandemia
Hungría y Polonia han vetado el presupuesto de siete años propuesto por la Unión Europea de 1,15 billones de euros y el fondo de recuperación europeo de 750.000 millones de euros. Aunque los dos países son los mayores beneficiarios del Presupuesto, sus gobiernos se oponen rotundamente a la condicionalidad del Estado de Derecho que la UE ha adoptado a instancias del Parlamento Europeo. Saben que están violando las exigencias del Estado de Derecho de manera atroz y no quieren pagar las consecuencias.
La recuperación de la economía mundial está perdiendo impulso en algunos países por el repunte en las tasas de infecciones según indicó el jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un informe elaborado para el G-20.
El multimillonario inversor George Soros ha publicado un editorial en el portal Project Syndicate donde considera que el veto de Hungría y Polonia al presupuesto de la Unión Europea así como al plan de recuperación deben esquivarse.
La disyuntiva entre valores e intereses a menudo se ha colado la sala de mandos europea, cuando a la UE le tocaba actuar más allá de sus fronteras. Los socios vuelven ahora a estar ante este viejo problema con diferentes ropajes. Hungría y Polonia bloquearon este lunes la aprobación del mega estímulo europeo frente a la crisis causada por el covid-19. La razón es su rechazo al nuevo mecanismo del Estado de Derecho que incluye, y que puede llevar a la suspensión de los fondos europeos en casos de corrupción o problemas con la independencia de la justicia. En juego está la llegada de 1,81 billones de euros, incluyendo el presupuesto plurianual comunitario para los próximos siete años y el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros.
La UE se adentra en una nueva crisis tras ratificar los gobiernos de Hungría y de Polonia su decisión de bloquear la puesta en marcha el presupuesto de la Unión Europea para los próximos siete años y el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros con el que el bloque quiere relanzar la economía dado su rechazo a que las cuentas y ayudas europeas se vinculen al cumplimiento del Estado de derecho entre los socios. Este movimiento retrasará aún más la llegada de estas ayudas a los socios europeos.
La sombra del veto húngaro, al que se sumó recientemente Polonia, planeaba desde hace tiempo sobre la aprobación del gran estímulo frente a la crisis causada por el covid-19, la mayor recesión en siete décadas de vida de la UE. Ambos países eran muy críticos con el nuevo mecanismo del Estado de Derecho, que vincula el desembolso de los fondos comunitarios al respeto de los principios buena gestión presupuestaria. Más aún porque ambos están en la picota comunitaria por haber erosionado el Estado de Derecho dentro de sus fronteras.
Polonia y Hungría vetan al Presupuesto de la UE. El uso de este mecanismo por parte de Varsovia y Budapest se daba por descontado desde hace semanas. Ambas capitales se sienten molestas con los reproches lanzados por Bruselas ante el deterioro que sufren sus respectivos Estados de Derecho.
La compañía Cellnex Telecom aterriza en Polonia con la compra y despliegue de 7.000 emplazamientos del operador Play (Illiad). En concreto, el acuerdo consiste en la adquisición del 60% de la red nacional de la teleco líder del país (7.000 estaciones base) y de otras 5.000 en los diez próximos años, para así sumar 12.000 sites. El importe total de la operación se cifra en 800 millones de euros, todo ello financiado con la caja disponible. La alianza entre las dos compañías se mantendrá, como mínimo, durante los 20 próximos años.
El viceministro de Exteriores de Polonia, Pawel Jablonski, ha preguntado a la Comisión Europea si también abrirá un expediente sancionador a España si cambia la forma de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como ha propuesto el Gobierno de Pedro Sánchez.
El nuevo ministro de Educación de Polonia, Przemyslaw Czarnek, ha dado positivo este lunes en COVID-19 tan solo horas antes de que se llevara a cabo la investidura del nuevo gobierno polaco.
Aldesa se refuerza en Polonia con su mayor obra del año. La compañía española ha resultado adjudicatario del contrato para la construcción del tercer y último tramo de la autopista S7 entre Plonsk y Czosnów, en el centro del país. El valor del proyecto alcanza los 692,5 millones de zlotys, lo que equivale al cambio actual a casi 155 millones de euros.
Con la reciente aprobación del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, España ha pasado de no tener regulada esta modalidad de prestación de servicios a contar con un texto legal en el que se recogen no solo los derechos y deberes de estos trabajadores sino también las facultades de organización y control del empresario.