Cataluña perdió el año pasado 181 empresas, mientras que La Comunidad de Madrid ganó 191, una tendencia que se observa en los últimos cuatro años, según la estadística mercantil de Registradores de España.
El PSOE, en un nuevo paso en las medidas para despenalizar las condenas de los condenados del 'Procés', ha ofrecido este miércoles al PDeCat limitar el alcance del artículo que permitió suspender de sus cargos a los líderes del 'procés', elevando diversos requisitos, como que el delito por el que se les procesa sea "grave o muy grave" y medie "violencia o intimidación", en una enmienda transaccional al Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa.
Elda Mata (Barcelona, 1953) se ha convertido en la primera presidenta de Sociedad Civil Catalana (SCC), la entidad cívica de referencia para el constitucionalismo en Cataluña. También aporta como novedades su perfil de empresaria, su procedencia de fuera del Área Metropolitana de Barcelona (se mudó a un pueblo de Girona con veintipocos para hacerse cargo del negocio agrario de su familia, perteneciente a la burguesía textil catalana), y que no tiene carnet de ningún partido político, aspectos que influirán en su mandato estrenado a principios de abril y al que prevé dedicarse de lleno, ya que está jubilada.
La Fiscalía ha rebajado de 9,5 millones de euros a 3,4 millones las estimaciones del Tribunal de Cuentas sobre la cifra de los fondos presuntamente desviados por excargos del Govern para la acción exterior de Catalunya y para los gastos del 1-O enmarcados en el proceso independentista.
Las características de la economía catalana, con un peso turístico e industrial superior a la media nacional, se traducen en que se ve más afectada en las crisis, pero a la vez se recupera mejor cuando el ciclo vuelve a la senda alcista. Y lo ocurrido con la pandemia no ha sido una excepción. Tras un desplome del PIB del 11,5% en 2020, cinco décimas más que la media estatal, Cataluña crece ahora por encima de la media, al 3,4% interanual según los indicadores provisionales del tercer trimestre, siete décimas por delante del conjunto de la economía española, y también prevé crecer por encima de la media nacional en 2022, según las estimaciones del Govern y de otros organismos independientes.
"José Mari, tu no vives aquí. Goebbels al lado de estos era un aprendiz”. Así respondía un catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, cuyo nombre prefiero omitir, a mi pregunta, hace unos años, sobre como la sociedad catalana había perdido el seny para adocenarse o acobardarse ante el adoctrinamiento totalitario y el racismo segregacionista del nacionalismo gobernante en esa comunidad autónoma, aderezado con actitudes de violencia física y verbal, señalamiento con el dedo, amenazas o escraches contra quienes no piensan como ellos o no comparten su credo intransigente, xenófobo y totalitario.
ERC ha pagado unos dos millones de euros para avanzar la fianza que pide el Tribunal de Cuentas a todos los afectados que tenían responsabilidades en el Govern entre 2016 y 2017, han explicado fuentes republicanas.
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha confirmado a través de Twiter este fin de semana, que hoy lunes irá a declarar ante el al Tribunal de Apelación italiano de Sassari "con los deberes hechos". Con ello, se refería a su presentación como candidato a la asamblea de representantes del Consell per la República.
He aquí el tinglado de la antigua farsa. La frase con que Jacinto Benavente inicia el acto primero de sus inmortales intereses creados sirve para definir lo que está ocurriendo con la llamada Mesa de Diálogo de Cataluña qué, a fuerza de antigua, insólita y sumamente larga está pasando de farsa a culebrón, y cuyo último episodio ha sido la exhibición de ingenuidad, ceguera o de docilidad demostrada por los barones territoriales del PSOE dando el beneplácito a esa negociación bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña sólo aceptando la palabra de Sánchez de que la Mesa no supondrá discriminación alguna hacia las otras autonomías del Estado.
Ningún demócrata negará la necesidad de controles, se trate de la separación de poderes, de los tribunales constitucionales, defensores del pueblo, tribunales de cuentas, administraciones imparciales, órganos consultivos o cualquier otra institución diseñada para controlar los excesos del poder. Lo malo es que el Ejecutivo tiende a someterlos, y lo mismo se puede decir de los medios de comunicación.
La delegada instructora del Tribunal de Cuentas que impuso una fianza de 5,4 millones de euros por la acción exterior de la Generalitat, Esperanza García, tiene "dudas" sobre la "suficiencia y legalidad" de avales presentados por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) -conocido como el ICO catalán- y por eso ha solicitado a la presidencia de la Sección de Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado.
En la recta final del plazo, con el rechazo de las entidades bancarias a avalar el fondo impulsado por la Generalitat, el Govern catalán hizo ayer el depósito al Tribunal de Cuentas de 5,4 millones de euros para pagar las fianzas impuestas a los 34 exaltos cargos por la malversada política de acción exterior de la principal institución catalana.
El Instituto de Estudios Estratégicos, el think tank impulsado por la patronal catalana Foment del Treball, se ha estrenado con su primer informe o nota de coyuntura, en el que se centra en reflexionar sobre la situación tras la pandemia y recopila sus recomendaciones ante el inicio de una nueva legislatura política en Cataluña.
El plan del Gobierno catalán para avalar las fianzas de los ex trabajadores de la administración catalana investigados por el procés se ha topado antes con trabas financieras que judiciales, ya que la estrategia de vehicular las coberturas de forma indirecta a través de una entidad financiera para esquivar una acusación de malversación de fondos públicos ha sido recibida con incomodidad por el sector bancario, nada proclive a posicionamientos políticos.
El Tribunal de Cuentas ha fijado inicialmente en 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable que se reclama al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; al expresidente Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull y a otros 37 excargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para impulsar ilícitamente el procés en el exterior.
La leyenda de la música pop española, Ana Torroja (61), vuelve a salir a la palestra mediática, tras muchos años fuera de los focos, gracias al nuevo single que acaba de sacar con Alaska, otro de los iconos musicales de este país, titulado Hora y cuarto. Para promocionar esta nueva canción y su vuelta al 'ruedo', la cantante de Mecano ha concedido una entrevista a ABC donde habla de forma clara, entre otras cosas, de los indultos del Procés.
Hace ya mucho tiempo que no está en la primera línea política y procura, sin conseguirlo, mantenerse alejado de los focos y las cámaras, pero sigue teniendo una actividad frenética y una opinión precisa y perfectamente conformada de todos los temas de la actualidad política tanto de nuestro país como de su partido. Siempre que le preguntas insiste en que es un militante de base más "sin mando en tropa", pero son muchos los que siguen recabando su opinión en estos tiempos revueltos y de hecho una vez por semana, como una especie de ritual, mantiene un encuentro con destacados socialistas o dirigentes de otros partidos e instituciones, todavía muy activos en la cosa pública.
El Gobierno quiere ir más allá de los indultos a los presos independentistas y apunta ahora a la causa contable en marcha en el Tribunal de Cuentas por los gastos ilícitos de la Generalitat en el procés, una factura millonaria -que se agrandará el martes- que puede suponer el embargo de bienes a una cuarentena de excargos de la administración catalana.
El líder de ERC, Oriol Junqueras; los exconsellers Quim Forn, Josep Rull, Jordi Turull y Raül Romeva; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; y el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, han salido de la cárcel de Lledoners (Barcelona) este miércoles pasadas las 12h, tras haber quedado en libertad al recibir el indulto del Gobierno. Por su parte, la exconsellera Dolors Bassa ha salido en libertad de la prisión de Puig de les Basses, en Figueres (Girona) a las 12.16 horas y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha hecho lo propio a las 12 horas en la prisión de mujeres de Barcelona Wad-Ras.
Culminado el indulto por el gobierno de España a los líderes del golpe de Estado separatista del otoño 2017, cavilemos sobre cuáles pueden ser sus efectos.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los indultos para los nueve condenados por sedición y malversación en el 'procés' independentista en Cataluña que todavía seguían en la cárcel. Según ha anunciado Pedro Sánchez en su comparecencia posterior, los indultos son parciales, es decir, se conmutan las penas de prisión pero no las de inhabilitación y quedan condicionados a no producir ningún delito grave en un plazo de entre tres y seis años.
Desde Bruselas, donde pasa la mayor parte de la semana, Dolors Montserrat, portavoz del Grupo Popular español en el Parlamento europeo, y conocedora por tanto de los nuevos fondos que España empezará a percibir a partir del próximo mes de julio, ha concedido esta entrevista a elEconomista para conversar de los temas de más candente actualidad. Sin censuras y con claridad, claro que intentando no entrar en charcos, la dirigente catalana opina, entre otros asuntos, de los indultos, de la presencia de Casado en Barcelona la semana pasada, de la gestión de las ayudas, de los controles de Europa o de los compromisos que habrá de cumplir el Gobierno de Pedro Sánchez para que los 140.000 millones de euros no acaben emulando al relato berlanguiano del magnífico filme, Bienvenido Mister Marshall.
En las últimas semanas se viene hablando de que el Gobierno de la Nación concederá el indulto a las personas condenadas por la sentencia del denominado caso del proces.
El presidente del Cercle d'economia, Javier Faus, ha subrayado este domingo que la institución que dirige está a favor de indultar a los condenados por secesión en Cataluña, al considerar que la confrontación está ocasionando a las empresas "un coste económico" porque "política y economía no están desligadas". "Consideramos que la estabilidad política tiene un valor económico en sí misma", ha apuntado.
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