La aprobación del RDL 32/2021 de medidas urgentes para la reforma laboral abrió uno de estos períodos de inseguridad jurídica que tanto inquietan a las empresas y que tan incómodos (aunque retadores) nos resultan a los profesionales del Derecho. Nos ha supuesto afrontar un sinnúmero de nuevas reglas que producen cambios radicales que hubieran requerido una notable claridad por la trascendencia de los contenidos tratados. Sin embargo, al estar redactadas de forma confusa, fruto del complejo proceso negociador, de las enmiendas de ida y vuelta y de una técnica legislativa de dudosa calidad, nos han sumido en infinidad de debates en gran parte aun abiertos.
El PSOE, el PP, Vox, Ciudadanos y el PNV han rechazado este martes en el Pleno del Congreso tomar en consideración una proposición de ley de Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu y BNG para reformar de manera integral el Estatuto de los Trabajadores y recuperar los 45 días de indemnización por despido improcedente.
El Gobierno y la CEOE, representada por la patronal europea, International Organization of Employers (OIT, por sus siglas en inglés), dan la espalda a propuesta de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT) de elevar el coste de indemnización por despido improcedente, buscando volver a la legislación previa a 2012. Así lo reconocen los documentos, firmados por la Abogacía del Estado y la IOE, a los que ha podido acceder este medio. Moncloa y los empresarios defienden, de esta forma, la indemnización por despido improcedente de 33 días ante Europa.
El titular del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, cuando decía ser independiente y Presidente de la Airef, cuestionaba el índice de revalorización de las pensiones aprobado por el anterior gobierno. Sostenía que era excesivo e introduciría desequilibrios financieros en el sistema. Ahora, no le debe parecer excesivo subir todas las pensiones de acuerdo con la inflación independientemente de su cuantía, lo que ha elevado el gasto mensual en tasa interanual hasta el 10,8% en el mes de enero, alcanzando el desembolso total el 12% del PIB.
Parece que fue ayer, pero ha pasado un año desde la publicación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.
Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre del año pasado confirman que el potencial de la economía española para crear empleo se ha desinflado, con el menor ritmo de creación de empleo desde 2013 y el menor descenso del paro desde 2012. Y esto pone el foco en el efecto de la reforma laboral. Una norma diseñada para elevar la contratación indefinida, pero cuyos efectos en la ocupación y el paro parecen mucho más modestos. De hecho, en el cuarto trimestre solo se creó empleo en el sector público, en el que apenas se aplica.
La reforma laboral ha supuesto una revolución en la manera de contratar, pero también de finalizar esos contratos. Hasta el punto que la media diaria de bajas de afiliación por despido registradas durante los once primeros meses de vigencia de la norma ya supera en un 44,6% a la de 2021 y marca el máximo de una serie que se remonta a 2012. Este incremento se debe exclusivamente a los contratos indefinidos, para los que el aumento llega al 61,7%, mientras los temporales marcan un retroceso del 8,6%.
El comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Nicolas Schmit, se muestra optimista con la reforma laboral española. No obstante, Schmit demuestra que está al corriente de la polémica relacionada con el modo en que el Ministerio de Trabajo contabiliza los trabajadores fijos discontinuos sin actividad en las listas del paro. Durante su entrevista con elEconomista.es en el Foro de Davos, el comisario matiza que "puede haber discusión sobre cómo se calculan esas cifras" de desempleo. Eso no impide a Schmit destacar "la clara mejora especialmente en términos de empleo más estable y respecto al desempleo juvenil" del mercado laboral español.
Las últimas leyes en materia empresarial y de empleo puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez suponen un freno para las quiebras empresariales y el desempleo, en algunos casos hasta 2024, una vez pasadas las elecciones generales.
En virtud del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Popular en la Cámara Baja presentó ayer una Proposición no de ley con el fin de que el Gobierno se avenga a modificar y adaptar el actual método empleado por el Sepe para el cálculo del paro. Y es que los populares sospechan que el Ejecutivo está ocultando los verdaderos datos del empleo y desempleo en España. La contratación de empleo se congela en noviembre.
Virginia Guinda se ha presentado hoy ante la prensa como candidata a la presidencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para rivalizar con Antonio Garamendi, el actual presidente de la patronal, a falta de presentar lo avales que oficialicen su candidatura. Guinda ha asegurado que, si sale presidenta, pedirá una revisión total de la reforma laboral de 2021 para adaptarla al actual contexto inflacionista.
Un día después de la euforia monclovita, economistas consultados por este diario advierten de los aspectos menos lúdicos y propagandísticos del acuerdo alcanzado en la madrugada del lunes, según el cual se da luz verde a un fondo de Recuperación de la UE de 750.000 millones de euros -140.000 millones irán destinados para España-.
La Reforma laboral introducida por el Real Decreto Ley 32/2021, que modificó el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores (ET), no solamente supuso la restricción drástica de las posibilidades de acudir a la contratación temporal, suprimiendo el contrato de obra y regulando el contrato de circunstancias de la producción, sino que en el artículo 16 de dicho Real Decreto, además, desarrolló la figura del fijo discontinuo como -aparentemente- la gran alternativa a los antiguos contratos de obras realizados en fraude de ley. De esta manera, generalizando, en los supuestos de necesidades productivas no permanentes en el año, la prestación de servicios en un mismo puesto que se produjera de manera más o menos cíclica terminaría siendo un contrato fijo discontinuo.
Las bajas de afiliación por despidos y por no superar el periodo de prueba se disparan ocho meses después de la reforma laboral. En un mercado de trabajo marcado por la estacionalidad del empleo, muchas empresas se ven obligadas a ajustar plantilla ante la incertidumbre económica, y hacerlo además de la manera más traumática para los trabajadores.
Los contratos de muy corta duración, de menos de siete días, han tenido un descenso creciente desde enero. La reforma laboral les gravaba con una fuerte sanción, una medida introducido por el ministerio de Seguridad Social que liderá José Luis Escrivá. Sin embargo, las caídas en su uso no se han producido hasta abril. Entre abril y julio el número de contratos de corta duración fue de 1,29 millones, frente a los 1,47 millones del mismo periodo de 2021 (casi 180.000 menos), lo que arroja un descenso del 12,2%.
La EPA del segundo trimestre deja la tasa de paro en el 12,48%, la menor desde 2008. Además, el nivel de ocupados se aproxima al máximo histórico de 2007, con 20,4 millones.
Nos situamos en el primer verano tras la aprobación en el Congreso de los Diputados (en unas circunstancias bien imprevistas) de la nueva legislación española en materia laboral, lo que nos da suficiente perspectiva para que nos preguntemos si a la norma aprobada podemos denominarla, de forma genuina, "reforma".
El Barómetro de la gA de septiembre de 2021 indicaba que cerca del 20% de los pequeños y medianos negocios estaban planteándose, seriamente, "salirse del sistema". Se trata de una manera eufemística de hablar de economía sumergida.
Cuando un gobierno no esta genéticamente preparado para la gestión sino para la propaganda, y cuando ese gobierno carece de proyecto y de soluciones para los problemas del país, al final se dedica a lo único que sabe hacer, populismo para intentar solucionar su propia supervivencia, derrochar dinero público en subvenciones y limosnas para comprar votos cautivos, y asaltar las instituciones y los organismos estadísticos y de control para falsear los resultados a su antojo. Y eso es lo que está sucediendo aquí y ahora singularmente con la economía y la espiral inflacionista, donde los parches, que no medidas, adoptadas se han caracterizado por su inutilidad cuando no como un agravante del problema.
El mercado laboral modera su ritmo de crecimiento. Aunque junio sumó 115.607 afiliados a la Seguridad Social con el tercer mejor dato de la serie en ese mes, y la barrera de los 20 millones queda más que consolidada con 20.348.330 cotizantes, el avance en el número de ocupados se ralentizó al crecer solo un 0,57%, frente al más del 1% que lo hizo en mayo.
Las personas que dejaron de trabajar en un periodo inferior a 3 meses suponen más de un 5% del total del empleo en España, la tasa más elevada con diferencia de toda la Unión Europea.
Mientras buena parte de los expertos en empleo siguen siguen discutiendo si ha llegado a España el fenómeno de la Gran Dimisión, el verdadero problema del mercado laboral sigue estando en la entrada y salida de trabajadores de la ocupación a un ritmo masivo que lastra la creación real de empleo. Una Gran Rotación sin comparación con la del resto de países de la Unión Europea.
¿En qué se parecen Mariano Rajoy y Pedro Sánchez? En que los dos cuando tienen un problema, en vez de intentar resolverlo, lo guardan en un cajón hasta que se pudra. La semana pasada la Autoridad Fisca (AIReF) y ésta el Banco de España han coincidido en que el problema más grave que tiene nuestro país en este momento no es la inflación, sino un déficit estructural superior al 4 por ciento del PIB. ¿Y qué significa estructural?, pues que está en la estructura del gasto público y es imposible reducirlo sin ajustes. Los dos organismos coinciden también en que si no se hace nada en un par de décadas, la deuda puede escalar 20 puntos, hasta alcanzar el 140 por ciento del PIB.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aclaró ayer que los estudiantes que hagan prácticas tutorizadas, los conocidos como becarios, no cobrarán un salario como tal. "Recibirán una compensación económica por los costes derivados de formarse", remarcó la ministra tras la reunión que mantuvo ayer con los representantes del Consejo de la Juventud y la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas.
Los datos de empleo de abril recogen el impacto positivo del inicio de una temporada turística similar a la de los años previos a la pandemia. La Semana Santa ha compensado el peso de la incertidumbre derivada de la guerra en Ucrania, la inflación desbocada o el agravamiento de los cuellos de botella en los suministros de componentes y materias primas.
El periodo trascurrido entre enero de 2020, -subida del SMI a 950 euros-, hasta febrero de 2022, -convalidación de la reforma laboral- es uno de los más fructíferos en materia de diálogo social de nuestra historia.
El impacto de la reforma laboral sobre el empleo indefinido ha provocado que en el primer trimestre de este año se rompa por primera vez la barrera de diez millones de afiliados con contrato fijo, según un informe elaborado por el Servicio de Estudios de UGT.
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