Desde la entrada en vigor del Acuerdo de París, el sector privado, como no podía ser de otra manera, se ha unido a la lucha contra el cambio climático. En muchos casos, a través del anuncio de grandilocuentes compromisos sobre los que, posteriormente, queda poco claro su grado de cumplimiento sin la intervención de terceros que los verifiquen. Con la guerra en Ucrania empresas del gas y petróleo están además abandonando sus compromisos a corto plazo.
Las economías avanzadas están experimentando su inflación más alta en 40 años, con una tasa mediana de casi el 9% para los 12 meses previos a septiembre de 2022. En el caso de los bancos centrales y los mercados financieros, la expectativa -o, más precisamente, la esperanza- de que el incremento de la inflación sea transitorio ha sido en gran medida reemplazada por una toma de conciencia aleccionadora de que el crecimiento de los precios es un problema persistente que exige un ajuste monetario importante y sostenido. Con excepción del Banco de Japón, los principales bancos centrales ahora están subiendo los tipos de interés y tomando medidas para estabilizar o revertir el crecimiento de los balances.
Trabajar en el sector público o en el sector privado cuenta con diferentes matices. Si se observa la recompensa monetaria, la más fácil de percibir para un empleado, el sueldo medio de los trabajadores públicos supera los 2.800 euros brutos, mientras la retribución media de los asalariados del sector privado, queda en 1.900 euros antes de impuestos. Como resultado, una brecha del 32% en favor de los trabajadores de la Administración Pública y de las empresas públicas, según los últimos datos referentes a 2021 que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El número de afiliados a la Seguridad Social es, desde hace meses, superior a los niveles que presentaba en 2019, antes de la pandemia. El empleo crece tanto en el ámbito privado como en el público, pero lo cierto es que este último, en términos relativos, sufrió la crisis de muy diferente modo en comparación con el propio de las empresas privadas.
El coste neto que afronta cada trabajador del sector privado para mantener el gasto en pensiones asciende a 9.960 euros anuales. Si se añade a la fórmula a los trabajadores del sector público, la factura a pagar por la población activa se coloca en los 6.771,9 euros por ejercicio. El coste neto de las pensiones suma la recaudación por impuestos que pagan los pensionistas y los desembolsos de la Administración pública frente a los ingresos por cotizaciones sociales de los trabajadores.
La foto fija del mercado laboral tras el impacto de la pandemia da cuenta de la importante contribución del empleo público para sostener los niveles de ocupación en España. Con algo más de perspectiva, desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en el segundo trimestre de 2018, esta aportación es tan crucial como que los ocupados en el sector público se han incrementado cuatro veces más que los del sector privado. Concretamente, y con el paso de la pandemia mediante, las empresas han generado en estos dos años y medio un total de 359.200 empleos (un 2,7% más que el nivel registrado en la EPA del segundo trimestre de 2018), mientras que el conjunto de las Administraciones ha añadido al mercado laboral a 357.700 empleados, un 11,4% más que el nivel de 2018.
Entre el mes de febrero de 2020 y finales de enero de 2022, el periodo marcado por el impacto de la pandemia, el mercado laboral habrá logrado crear unos 429.000 empleos más respecto al momento en que estalló la crisis sanitaria, y la cifra total de afiliados a la Seguridad Social cerrará el presente mes al borde de los 20 millones de ocupados. Ahora bien, estas cifras esconden un hecho relevante: el 53% de los empleos creados en el periodo de pandemia corresponden al sector público. Concretamente, un total de 229.000 trabajadores se habrán incorporado a puestos de la Administración pública en el plazo de estos dos años de crisis sanitaria, siendo así responsables el Estado y las CCAA de más de la mitad del empleo recuperado tras el fuerte desplome experimentado en los meses del confinamiento estricto.
La renta de los españoles ha seguido creciendo a pesar del Covid, ya se compare con el año pasado o con 2019. Así, según los datos de la Agencia Tributaria (AEAT), en el primer trimestre de este año, último dato conocido, se reconocieron ante Hacienda 149.039 millones de euros procedentes de distintos tipos de renta, básicamente salariales y pensiones.
Miles de empresas privadas podrán incorporarse al mercado cubano durante los próximos meses. Esta reforma se convierte en una de las medidas más importantes tomadas por el Gobierno de la isla en los últimos 60 años.
Las nóminas privadas en Estados Unidos aumentaron en 330.000 puestos de trabajo el mes pasado, según mostró el miércoles el Informe Nacional de Empleo de ADP.
La entrevista se concierta a modo de balance del primer semestre y tan solo horas antes de que inicie las vacaciones en familia: "Ha sido un año muy duro y es conveniente cargar las pilas y tener un poco de tranquilidad para los importantes retos que tenemos por delante", señala. Antonio Garamendi, la cara y la voz de los empresarios españoles (Getxo, 1958), licenciado en Derecho por Deusto, es un hombre amable y educado, de sonrisa fácil, que ha adoptado una estrategia absolutamente pragmática respecto al Gobierno de coalición.
elEconomista brindó su homenaje a todos los ámbitos (Policía, Ejército, empresas de servicios básicos, logística...) que mantuvieron su actividad a pleno rendimiento durante los peores momentos del confinamiento.
elEconomista celebra este jueves 27 de mayo un evento en The Westin Palace en el que reconocerá el papel del sector privado durante la pandemia del coronavirus. La bienvenida al acto la darán Amador G. Ayora, director de elEconomista, y Gregorio Peña, presidente de Editorial Ecoprensa. El acto cuenta con el apoyo de Iberia, Pharmamar, Siemens Healthineers y Correos.
Mucho se habla de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) y, mas aún se habla de la necesidad de cuidar nuestro planeta frente a las consecuencias adversas del cambio climático, por lo que, en una buena parte de ocasiones, la 'E' emerge como un factor central en el debate sobre la sostenibilidad. Sin embargo, cada vez es más evidente que para avanzar como sociedad de una manera equilibrada es fundamental encontrar la combinación perfecta de los tres criterios. Un desafío que no es nada fácil de diseñar y mucho menos de ejecutar.
La sostenibilidad lleva mucho tiempo en la agenda de empresas, reguladores e inversores. Hasta ahora ha habido avances importantes, pero aún queda mucho trabajo que hacer, y es una responsabilidad de todos.
El sector privado ha dejado atrás la recuperación y lleva cuatro meses consecutivos en caída, según recogen los últimos datos del el índice compuesto de gerentes de compras (PMI). El indicador se situó en febrero en los 48,8 puntos frente a los 47,8 de enero, lastrado por la contracción del sector servicios. El dato sugiere que la economía del bloque podría enfrentarse a una doble contracción, según los especialistas de IHS Markit.
El crédito al sector privado que incluye préstamos otorgados por bancos, financieras, cajas municipales y rurales y cooperativasregistró un crecimiento anual de 11,6 por ciento en enero, favorecido por el desarrollo del Programa de Préstamos Garantizados por el Gobierno. Sin los desembolsos de los créditos asociados a dicho programa, el crédito total al sector privado habría caído en 5,3 por ciento anual.
La crisis económica provocada por la pandemia ya se deja notar en el crecimiento de la morosidad y de los impagos entre las empresas del sector privado, pero también en el sector público. Concretamente, según el Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2020 publicado este jueves por la PMcM, el plazo medio de pago a proveedores aumentó el pasado año tanto en el sector público (en 7 días, un 10%, pasando de 70 a 77 días), como en el sector privado (un incremento del 5%, sumando 4 días, situándose en 77 días frente a los 73 de 2019).
La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pidio al Gobierno autorizar al sector privado la importación y distribución de las vacunas contra el coronavirus.
La colaboración público privada en España es, desde hace tiempo, una modalidad de gestión de la cosa pública que no sólo ha generado valor añadido económico sino también ha servido para prestar servicios públicos de manera eficaz y eficiente. En un mundo de recursos escasos es la mejor manera para aprovechar todos los disponibles y así conseguir mejor los fines y objetivos buscados.
En la guerra del Covid 19 el enemigo no ha retrocedido, sino que ha avanzado posiciones. El arma definitiva para acabar con él, la vacuna que se ha utilizado en la primera batalla de 2021, se ha atascado tras los primeros disparos. Los proveedores y los clientes se enfrentan y estos han empezado a exigir tímidamente responsabilidades. De nuevo, falta de previsión y anticipación ante un problema que, utilizando la jerga del control de riesgos, no es un "cisne negro", sino un "rinoceronte gris": una amenaza que se ve venir desde lejos, pero nadie hace nada para evitarlo porque se desprecia el riego que supone.
El crédito al sector privado, que incluye préstamos otorgados por bancos, financieras, cooperativas, cajas municipales y rurales, se expandió 12.3% en el 2020, la tasa anual más alta desde el 2013, informó hoy el Banco Central de Reserva (BCR).
Caixabank informó este martes que ha concedido el pasado año más de 860 millones de euros en créditos a autónomos, pymes y grandes empresas de Canarias a través de 8.620 operaciones, duplicando el volumen de operaciones respecto al ejercicio anterior en aras de inyectar liquidez y apoyar las necesidades del tejido empresarial y productivo de las islas frente al impacto de la crisis económica derivada de la expansión del coronavirus.
La liquidez del sector privado, que incluye tanto el circulante como los depósitos, creció 24.2% anual en noviembre del presente año, indicó hoy el Banco Central de Reserva (BCR).
En la COP 21 en París, el 12 de diciembre de 2015, las Partes de la CMNUCC alcanzaron un acuerdo histórico para combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. El Acuerdo de París se basa en la "Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas" y, por primera vez, une a todas las naciones en una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, con un mayor apoyo, para ayudar a los países en desarrollo a hacerlo. Como tal, traza un nuevo curso en el esfuerzo climático global.
El informe del segundo año del presidente Andrés Manuel López Obrador no corresponde con la realidad económica del país, apuntó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
La producción petrolera de empresas privadas en México sumó 55,110 barriles de crudo por día en octubre, un aumento de 21.9% en su comparación anual, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
La liquidez del sector privado, que incluye circulante más depósitos, pasó de crecer 26,0 por ciento anual en setiembre a 26,1 por ciento anual en octubre, destacando la expansión de la liquidez en soles (34,2 por ciento).
El crédito al sector privado que incluye préstamos otorgados por bancos, financieras, cajas municipales y rurales y cooperativas creció 13,1 por ciento anual en octubre, favorecido por el desarrollo del programa Reactiva Perú, informó el BCR.
Entre los cambios que el coronavirus ha acelerado está la generalización y consolidación del teletrabajo. No es de extrañar que el Gobierno haya decidió regular esta materia ante la rápida expansión de esta modalidad de trabajo a distancia, sobre todo pensando en el escenario post pandemia. En este sentido, se acaban de aprobar sendas normas que afectan tanto a las empresas y trabajadores del sector privado como a todas las Administraciones y empleados públicos. Aunque parecidas en el objetivo que persiguen, la regulación del teletrabajo en el sector privado es bastante más extensa y detallada que la parca redacción que modifica el Estatuto del Empleado Público.
México
Argentina
Chile
Colombia
Perú
