La recaudación neta de la Administración, tanto por tributos como por cotizaciones sociales a la Seguridad Social, empieza a dar muestra de debilitamiento a partir de abril con un claro deterioro de los ingresos totales, que el Estado absorbe por entero. Así, las cotizaciones de abril caen un 6% en relación al año anterior y las de mayo y junio en un 14%. En cuanto a los ingresos tributarios, su cuantía total cae en torno a un 30% en relación a 2019 en abril, mayo y junio y el acumulado hasta este último mes en un 11%, según se recoge en el quinto boletín de seguimiento de los aspectos económicos de la crisis del Covid de Fedea publicado este martes.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este jueves que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) "han llegado para quedarse estructuralmente en España" y ha explicado que la situación se reevalúa cada tres meses ante la "gran incertidumbre" y "elementos inesperados" como la decisión del Gobierno británico de imponer una cuarentena a viajeros españoles.
La cifras que arroja el empleo autónomo en los meses de pandemia arrojan casi tantas luces como sombras. Por un lado, la comparación con el régimen general es positiva si se tiene en cuenta que este ha sufrido una pérdida de cotizantes, en términos proporcionales, seis veces superior a la del Reta. Sin embargo, en términos absolutos, el impacto de la pandemia en el colectivo de trabajadores por cuenta propia ha provocado la mayor destrucción de empleo de la última década, según el registro a mes de junio que registraba 41.348 trabajadores cotizando que hace un año, lo que supone el mayor desplome desde el año 2010, cuando el Reta perdió 86.500 empleados en un año y similar a la registrada en 2012 de 41.807 profesionales que echaron el cierre a sus negocios o cesaron su actividad comercial.
El Pacto de Toledo estudiará la reivindicación de la Asociación de Jubilados con más de 40 años cotizados (Asjubi40) de eliminar los coeficientes reductores que se aplican a las jubilaciones anticipadas en los casos en que concurren cotizaciones de 40 o más años.
La Seguridad Social registró un superávit de 9.738,18 millones de euros hasta junio, el equivalente al 0,87% del Producto Interior Bruto (PIB), según ha informado este jueves el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este saldo positivo es consecuencia de unos ingresos de 86.177,26 millones de euros, un 19,7% más, y unos gastos por valor de 76.439,08 millones de euros, un 8,7% más que en el mismo periodo de 2019.
En las primeras semanas del ingreso mínimo vital se han producido ciertas disfunciones que provocaron el pago por duplicado de la renta mínima, concretamente de la paga autonómica por un lado y del ingreso mínimo concedido por la Seguriad Social. Pero la recuperación, o no, de estas ayudas duplicadas recaerá directamente en cada región. Como explican fuentes del ministerio del ramo la ayuda estatal es un suelo homogéneo para todo el territorio y las pagas autonómicas de inserción sirven para completar en según qué medida este ingreso mínimo vital del Gobierno para mejorar la situación financiera de los beneficiarios.
El atasco en las oficinas del Sepe ya refleja su impacto en las cifras de empleo que publica el Ministerio de Trabajo cada mes. Más bien, refleja la distorsión que se aprecia entre el número de parados que declara el Gobierno de manera oficial y el verdadero efecto de la destrucción de empleo, ya que son "decenas de miles" las prestaciones que aún no se han podido conceder por el atasco que se produce a causa de la avalancha de solicitudes de prestaciones por desempleo, y no solo las asociadas al Erte (donde aún quedan trabajadores esperando los primeros pagos de la administración). De este modo, si la ocupación se redujo en España en 1.074.000 puestos de trabajo durante el segundo trimestre del año, -según los datos de la EPA, situándose el número de ocupados en 18,6 millones contra los 19,6 millones de trabajadores registrados en el primer trimestre de 2020- el incremento de inscritos en la lista del desempleo solo es de 55.000 personas, pasando a los 3.368.000 de este trimestre desde los 3.313.0000 de los primeros tres meses.
UGT ha demandado empezar a negociar en el marco del Diálogo Social los desarrollos reglamentarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para mejorar su implementación y ha pedido refuerzos en la Seguridad Social ante el desbordamiento que acusa para gestionar las citas tanto telefónicas como presenciales.
La Seguridad Social ha puesto en marcha un protocolo de intercambio de información con las comunidades autónomas para el traspaso de datos de las solicitudes resueltas del Ingreso Mínimo Vital (IMV) con el que buscan facilitar la adaptación de las rentas autonómicas a la nueva prestación.
El acuerdo alcanzado por la UE sobre su fondo contra la crisis diluyó mucho la condicionalidad a la que, según las previsiones, se sometería la percepción de transferencias a fondo perdido.
Los agentes de la propiedad inmobiliaria reclaman que se introduzca una cobertura de aseguramiento, ya sea ofrecida por el Estado o por el sector privado, para cubrir el quebranto económico que les puedan producir las situaciones de confinamiento y restricciones, teniendo en cuenta la posibilidad de que puedan volver a producirse en el futuro. Así lo han indicado el 59% de los profesionales incluidos en una encuesta realizada por el Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID AIM), para analizar el impacto económico que les ha supuesto la ralentización de la actividad durante el confinamiento y las restricciones del estado de alarma.
La evolución desbocada del gasto público que asume el Estado en la financiación de los Erte sitúa la medida del ingente esfuerzo que está realizando la Administración y la dificultad de prolongar estos esquemas de protección de empleo durante el último trimestre de este año, más aún en la actual situación de desplome de la recaudación tributaria y escasez de recursos. De momento, hasta finales del mes de septiembre la factura ascenderá hasta los 42.000 millones de euros entre las exenciones con cargo a la Seguridad Social y la prestaciones con cargo al Sepe, lo que es equivalente a 3,5 puntos de PIB.
España recauda menos por impuestos y cotizaciones sociales que la media de los países del euro. Esta brecha impide, probablemente, que el Estado de Bienestar español sea equiparable al de los grandes socios de la Eurozona y quede muy lejos del de países como Dinamarca o Suecia. Cerrar esta brecha es una opción que depende del modelo de país que elija la sociedad española a través de las urnas. Hay países que recaudan menos que España y funcionan bien (Irlanda o Australia son algunos ejemplos) y otros que recaudan más (Francia o Dinamarca) y también presentan unos estándares de vida muy elevados. Si se opta por incrementar la recaudación para converger con Europa, la clave está en saber por qué España obtiene menos ingresos públicos que la media de la zona euro. A grandes rasgos la respuesta está en las deducciones fiscales, los tipos reducidos del IVA y la economía sumergida.
Los primeros pasos del ingreso mínimo vital no están siendo ajenos a las habituales disfunciones, de carácter operativo, que surgen alrededor de la aprobación de una nueva prestación de este calado a nivel nacional. La pasada semana, la vicepresidencia y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, reconocía en público que se habían producido pagos duplicados del ingreso mínimo vital en la región y aseguró que se seguirían produciendo ante la falta de definición de la colaboración entre la administración central y el órgano autonómico. Ahora bien, el Gobierno reconoce estas duplicaciones en el pago, pero advierte de que se reclamará el reembolso de todos ellos, "por su puesto".
El Informe de Evaluación y Seguimiento de las Recomendaciones de los Acuerdos del Pacto de Toledo se cerró el pasado diciembre de 2019 sin consenso suficiente por parte de los Grupos Parlamentarios y por lo tanto su aprobación quedó pendiente para esta nueva legislatura. Sin embargo el Borrador elaborado sin duda servirá de base del nuevo debate que ya ha vuelto a quedar abierto en marzo de 2020, retrasado por las condiciones impuestas por la COVID-19, pero que se pondrá definitivamente en marcha de nuevo en septiembre de este año.
El organismo es responsable de las ayudas directas a los autónomos por cese de actividad de carácter extraordinario, también de la ayuda especial para empleadas del hogar y de exenciones en la cuota de cotización de los empleadores y de los trabajadores inscritos en ERTE y la prestación por desempleo.
La epidemia alteró por completo el calendario de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. El regreso a la normalidad, sin embargo, permitirá que el organismo retome en breve el debate sobre la nueva reforma del sistema de pensiones.
La cornada que la pandemia ha asestado al mercado laboral es de proporciones bíblicas. No cabe duda que estamos ante el desplome de afiliaciones e incremento de parados más abrupto de la historia de nuestro país, como constatan las cifras que publican mensualmente la Seguridad Social y Trabajo. Pero sin embargo, la relación de los datos aún no da la cara de la verdadera pérdida de puestos de trabajo que afronta nuestro mercado laboral. Tanto es así que sumando las personas que se encuentran inscritas en las listas del paro y los trabajadores incluidos en un ERTE que aún no han sido reactivados en la Seguridad Social, la cifra de expulsados del mercado laboral asciende a 6,1 millones de personas, que trasladado al desempleo implicaría una tasa de paro del 26,5%, doce puntos por encima de la que refleja el listado del SEPE a cierre del primer trimestre.
La sombra de la pandemia sigue siendo muy alargada para nuestro mercado de trabajo. Como todos sabemos, como consecuencia de la temporada estival, junio suele ser un buen mes para el empleo, pero este año, como todo lo que está sucediendo, es distinto: el paro ha aumento levemente en algo más de 5 mil personas, dejando la cifra de desempleados en 3,86 millones, y la afiliación a la Seguridad Social, por su parte, ha avanzado con un saldo medio final de 68.mil afiliados dejando la cifra total en 18,6 millones. Lo sucedido el último día desvirtúa este dato ya que se perdieron 160.000 afiliados.
La recuperación del mercado laboral pierde fuelle en junio tras la buena respuesta del pasado mes, y da síntomas de la debilidad de la temporada veraniega que afrontan los agentes económicos. Según los últimos datos de empleo ofrecidos por el Gobierno en el mes de junio el número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en 18.624.337 personas, lo que representa un aumento de 68.208 cotizantes respecto a la media de mayo tan solo un 0,37% más, mientras que en el mismo periodo el paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha aumentado en 5.107 personas. Ambas cifras, dibujan una senda menos peligrosa que la observada en los meses anteriores, si bien supone el peor dato de afiliación en un mes de junio en cinco años y el primer incremento de parados en este periodo desde 2008.
La Administración Pública está sufriendo en estos momentos los efectos del cuello de botella que ha generado el estallido de la pandemia y la gran afluencia de ciudadanos que solicitan las ayudas aprobadas por el Gobierno para mitigar los efectos de la crisis económica. La Seguridad Social no se ha librado tampoco del atasco en sus oficinas, que según denuncian fuentes de CSIF ya retrasa pagos de ayudas hasta tres meses debido a estos factores, a lo que suma la dificultad de liberar el trabajo acumulado a una plantilla mermada que en los últimos diez años ha perdido un 21% de su plantilla.
Hace dos años Carles Puigdemont impulsó la Crida Nacional per la República, una especie de plataforma transversal cuyo objetivo era unir al independentismo. Pasado todo ese tiempo, la única realidad es que la Crida hace aguas por todos los lados. Para empezar, los actos organizados por esta coalición que cuenta con el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, como líder, se pueden contar con los dedos de una mano. Se comenta que para evitar un sonoro fracaso, el expresidente de la Generalitat está moviendo todos los hilos independentistas con el objetivo de convocar un evento multitudinario en julio que dé muestra de unidad. Pues bien, todo apunta a que no lo va a conseguir. Al menos eso es lo que se comenta desde el entorno secesionista, al indicar que el acto ya nace con importantes ausencias. La más llamativa la de ERC. Por lo que se dice, los de Oriol Junqueras están más pendientes de consolidar un pacto por la izquierda con el PSC y Los Comunes que en acompañar a Puigdemont en su última aventura política. Algo similar ocurre con los radicales de la CUP, que ven en La Crida una especie de PNV catalán. De hecho ni siquiera el PDeCat, que es la formación que abandera Puigdemont, tiene clara su participación en el acto. Un nuevo fracaso diluirá el movimiento, avisan desde la Crida. 27/06 | El Economista
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El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las asociaciones de autónomos sitúa un nuevo marco para el trabajo autónomo hasta el próximo 30 de septiembre, fecha en la que decaerían las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros de este viernes. Se prolonga así la red de protección para los trabajadores por cuenta propia, los más afectados por el parón de la actividad económica que instauró el decreto de estado de alarma. Estás son las claves para solicitar las nuevas ayudas para autónomos aprobadas por el Gobierno:
Llega el mes de junio, uno de los más complicados y que más tensiona las arcas de la Seguridad Social, al abonarse en estos días la primera paga extra de los pensionistas del año. El Estado tendrá que desembolsar este mes, de golpe y porrazo, la friolera de casi 20.000 millones de euros en los dos ingresos que percibirán los pensionistas de nuestro país. Según informó este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la nómina ordinaria de este mes asciende a 9.862 millones de euros, mientras que la extra suma al desembolso otros 9.586 millones de euros, agregando un gasto de 19.448 millones, exactamente. Cabe recordar en este punto la delicada situación financiera que atraviesa la Seguridad Social al ser el organismo sobre el que está impactando la gran mayoría de las ayudas aprobadas por la pandemia y que según la AIReF ello supondrá que el déficit que venía registrando en los últimos años, en el entorno de los 18.000 millones de euros se triplicará al finalizar el presente ejercicio hasta los 60.000 millones de euros, lo que supone 5 puntos porcentuales de PIB.
Tras más de tres meses de parón por el impacto del coronavirus, las oficinas de la Seguridad Social han reabierto sus puertas este jueves para la atención al cliente. Un proceso en el que es imprescindible la obtención de cita previa.
Fumata blanca para el acuerdo entre el Gobierno y los autónomos para extender más allá del 30 de junio la red de protección para el colectivo aprobada por el Ejecutivo con motivo de la pandemia de coronavirus. Finalmente, tras duras semanas de negociación el Gabinete del ministro José Luis Escrivá y las asociaciones representativas del trabajo autónomo han acordado la eliminación de la ayuda extraordinaria por cese de actividad que se aprobó en el primer paquete de medidas económicas por la crisis sanitaria de 660 euros a partir del 30 de junio. Como contraparte, se facilita el acceso de los trabajadores por cuenta propia al modelo ordinario de cese de actividad, pero con mejoras, y se aprobará el subsidio extraordinario para aquellos autónomos de temporada que no han podido iniciar su actividad económica en estos meses por causa de las restricciones.Cabe recordar que este subsidio había sido reclamado por UPTA con insistencia en las últimas semanas, así como por ATA y UATAE, y que finalmente supondrá una protección crucial para este colectivo que aún no ha recibido ningún tipo de ayuda desde el incio de la pandemia. "Viven de lo que producen fundamentalmente en los meses estivales, es importante para las economías familiares", señalaba en la rueda de prensa de presentación del acuerdo el presidente de UPTA, Eduardo Abad, subrayando que con el consenso alcanzado este jueves "se esfuma la incertidumbre para miles de autónomos" gracias a este "balón de oxígeno". Del mismo modo, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, destacó durante la presentación que este acuerdo se sustenta sobre las propuestas y peticiones realizadas por estas asociaciones representantes del trabajo autónomo durante las últimas semanas, en lo que destaca la capacidad de consenso para extender estas ayudas, cuyo coste ha cifrado entre prestaciones y exoneración en 3.500 millones de euros.
La pandemia de coronavirus ha descuartizado todas las proyecciones económicas de los países occidentales para este año y asestado un severo golpe a los mercados de trabajo que ha terminado por instalar una crisis económica de proporciones desconocidas y con una evolución incierta, si bien la mayoría de organismos de estudio macroeconómicos internacionales apuntan a que nuestro país no recuperaría el nivel del PIB previo a la crisis sanitaria hasta el 2023. En España, precisamente, este shock económico ha impactado con especial dureza en el mercado laboral ya que entre las personas que han perdido su empleo durante los últimos dos meses y aquellos trabajadores que se han visto afectados por un ERTE, además de los autónomos que han cesado actividad se contabilizan hasta 7,4 millones de personas que han sido expulsadas de alguna manera del mercado laboral a causa de la pandemia del Covid-19.
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