La delicada situación de la Seguridad Social, devastada por un déficit anual que ronda los 18.000 millones de euros y la ausencia de una malla de soporte tras la liquidación del fondo de reserva añade más presión a los poderes públicos para articular estrategias que impulsen el ahorro privado a largo plazo, necesario para complementar la paga de jubilación ante la posible merma que sufrirán las pensiones en términos de tasa de sustitución.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este jueves que el complemento de pensión que se concede en España a las madres beneficiarias de una pensión de invalidez que tengan dos o más hijos debe reconocerse también a los padres que se encuentren en una situación idéntica.
El método de cálculo de la pensión anticipada en España es contrario al Derecho comunitario. Por ello, la Seguridad Social española no podrá denegarla por no alcanzar el mínimo legal exigible, sin tener en cuenta las pensiones que los solicitantes puedan percibir de otros Estados miembros.
Es una de las principales partidas de gasto en protección social que asume el Estado y compone una de las principales distorsiones respecto a la experiencia de nuestros socios comunitarios: el gasto en prestaciones por desempleo. Es bien sabido que nuestro país es uno de los más comprometidos en este aspecto siendo además uno de los que más desempleados cuenta en sus servicios públicos de empleo y este es uno de los motivos que constituyen la diferencia en el gasto público para esta materia respecto a los nuestros vecinos, casi 7.000 millones de euros anuales más que el la media de la UE.
La coyuntura deficitaria de la Seguridad Social supone una rémora para los futuros beneficiarios de las prestaciones a clases pasivas y los trabajadores encargados de aportar a la caja común, que habrán de hacerse cargo de los actuales desequilibrios financieros que sufre el sistema público. De hecho ese escenario ya está empezando a dibujarse en las cuentas de la Seguridad Social, cuyo déficit anual se sitúa por encima de los 16.000 millones de euros desde 2016 alcanzó los 18.000 millones de euros en el año 2018. Esto supone, tal y como se refleja en el informe sobre La deuda pública en España. Implicaciones sobre la política económica publicado recientemente por el Inistituto de Estudios Económicos (IEE), que 150 euros mensuales de cada pensión media del sistema son abonados a través de emisiones de deuda.
"Nada hay más terrible que una ignorancia activa". Esta frase atribuida a Goethe, el escritor romántico alemán autor de Fausto debió de emerger a la mente de muchos de los asistentes a La Noche de la Economía mientras escuchaban a la vicepresidenta del Gobierno hablar de las excelencias y el buen momento de la economía española.
Desde hace años, el debate sobre cómo financiar las pensiones de jubilación en España establece que el sistema está abocado a sostenerse con cargo a los Presupuestos Generales, por medio de impuestos.
Hasta el mes de noviembre, 11,947 personas trabajadoras del hogar habían sido afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como parte de un programa piloto, dio a conocer este jueves el titular de la institución, Zoé Robledo.
Es compatible la percepción de una pensión de incapacidad permanente total de la Seguridad Social con el cobro de una retribución por ejercer el cargo de concejal de un Ayuntamiento, según reconoce en una sentencia de 29 de octubre de 2019, el Tribunal Supremo.
En pleno periodo de negociaciones para la formación de un Gobierno que tendrá como uno de sus principales retos la reforma del sistema público de pensiones, el foro de expertos del Instituto Santalucía arroja algunas líneas sobre las que sería fundamental actuar para solventar el problema sostenibilidad de las pensiones.
México
Argentina
Chile
Colombia
Perú
