Una de las consecuencias directas de la aprobación del ingreso mínimo vital ha sido la revisión de las prestaciones no contributivas pagadas por la Seguridad Social y la eliminación de eventuales duplicidades en lo que se ha dispuesto la eliminación de la actual prestación por hijo a cargo que paga el Estado. La ayuda, pasa a integrarse en el nuevo ingreso mínimo vital. "Con el objetivo de evitar duplicidades de cara al ciudadano y en aras de una mayor efectividad de la política, la puesta en marcha del ingreso mínimo vital exigirá también una progresiva reordenación del conjunto de ayudas estatales cuyos objetivos se solapan con los de esta nueva política. Este proceso de reajuste se iniciará con la eliminación de la actual prestación de la Seguridad Social por hijo o menor acogido a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33%", apunta la regulación de la renta mínima publicada en el BOE.
El ingreso mínimo vital será actualizado cada en relación a las pagas no contributivas que abona la Seguridad Social, lo que supone de facto que la nueva ayuda será revalorizada cada año por encima del IPC, según las bases para la revisión anual de las pensiones establecidas por el Gobierno de coalición y refrendadas por el ministro José Luis Escrivá. Esto supone que si bien las pensiones contributivas crecen en relación al IPC, las más bajas y las prestaciones no contributivas lo harán en mayor medida para garantizar el poder de compra de sus beneficiarios | Cómo solicitar la renta mínima y cuánto se cobra.Además, el Estado ha tenido que conceder un primer crédito de 500 millones de euros a la Seguridad Social para poder pagar las primeras nóminas del ingreso mínimo vital. Así aparece recogido en el real decreto-ley de aprobación de la ayuda publicado en el Boletín Oficial del Estado(BOE) este mismo lunes, en el que se especifica que, además, se concederán progresivamente todos los préstamos necesarios para la cobertura de la nueva ayuda a través de los Presupuestos Generales del Estado. De este modo, la renta mínima con cargo a la Seguridad Social será una ayuda no contributiva financiada directamente con deuda. Cabe recordar que el coste para el conjunto del año asciende a 3.000 millones de euros.
El ministro José Luis Escrivá ha protagonizado la actualidad de la semana por la aprobación del ingreso mínimo vital que busca paliar la pobreza extrema en España. En una entrevista que este domingo publica el diario ABC, aborda la sostenibilidad del sistema de pensiones, sobre el que considera que no reviste un problema estructural de gravedad.
España tiene la mejor sanidad del mundo. La frase la hemos oído a médicos, epidemiológicos y políticos en los últimos años. Sin embargo, después del colapso hospitalario durante la primera quincena de abril y 43.000 muertos, habrán llegado a la conclusión de que es mentira.
El sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, advierte al Gobierno de Pedro Sánchez a través una nota que el ingreso mínimo vitalaprobado este viernes para 2,3 millones de ciudadanos de nuestro país solo servirá para paliar la mitad de las situaciones de pobreza que se vive en España. Apunta así a que la ayuda para los 850.000 hogares que percibirán la prestación no cumplirá del todo con el objetivo para el cual se articuló de eliminar las abultadas bolsas de pobreza en nuestro país, sobre todo en menores de edad. Mientras que el Gobierno asegura que con la ayuda se logrará reducir un 80% de la pobreza extrema en España.
La renta mínima en España es una realidad desde este viernes tras su aprobación en el Consejo de Ministros extraordinario. La ayuda beneficiará a 2,3 millones de personas de un total de 850.000 hogares, será de carácter no contributivo y tendrá un coste anual para la Seguridad Social de 3.000 millones de euros. A continuación la guía, paso a paso, para acceder a la nueva ayuda.
El Gobierno ha aprobado el ingreso mínimo vital para 2,2 millones de ciudadanos de España como un instrumento para aplacar la pobreza extrema y las desigualdades entre los más vulnerables. "Hoy es un día histórico, nace un nuevo derecho social en España", anunciaba el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha dado el visto bueno de la medida recordando que la urgencia de la crisis sanitaria ha obligado a acelerar la puesta en marcha de la ayuda. "España tiene un problema de pobreza alta importante. Hay un problema de desigualdad, que emerge por la falta de acción del poder público. Desde el año 2014 el Consejo Europeo se ha estado dirigiendo a España diciendo que tenemos un problema aquí. Es importante diseñar bien las políticas", explicaba el ministro arquitecto de la estructura del ingreso mínimo vital José Luis Escrivá. "Pensamos que podemos llegar a más de un millón de personas en situación de pobreza extrema lo que significaría reducir en un 80% el número de situaciones de este calibre", aseguraba el ministro Escrivá en una rueda de prensa en la que también participó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El ingreso mínimo vital ya es una realidad en España. Desde este mismo sábado, una vez se publique la norma en el BOE los ciudadanos más vulnerables, en situación de pobreza y exclusión social podrán solicitar la prestación para comenzar a cobrar a finales del mes de junio, tal y como explicó esta semana el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Pero, ¿quienes serán los principales beneficiarios de la medida en nuestro país?
Pagar la nómina de pensiones se ha convertido este año en un ejercicio de equilibrismo que permita mantener los mínimos soportes que aún sostienen las maltrechas finanzas de la Seguridad Social, que además en 2020 tendrá que hacer frente al pago de las ayudas aprobadas durante estas semanas de confinamiento para mitigar los efectos de la crisis sanitaria en la economía del país. La AIReFsitúa el déficit en el 5% para todo 2020 en el mejor escenario. Se estima un déficit del sistema de la Seguridad Social del 3,4%, dejando el déficit del SEPE en un 1,5%, ya que el SEPE es el que se encarga de las cotizaciones de desempleados. De este modo, el Gobierno se verá empujado a pedir ayuda a la Unión Europea para poder pagar las pensiones en los próximos meses y en 2021. El desbordamiento del déficit de la Seguridad Social en torno a los 60.000 millones de euros y la caída de las cotizaciones hace que la capacidad financiera del Sistema sea nula sin contribuciones del exterior. Unas inyecciones extra que, tras los dos préstamos concedidos por el Estado con este motivo supone una acumulación de deuda de la Seguridad Social de 99.350 millones de euros.
En este Gobierno lo que se manejan bien son los números imaginarios, que como es sabido se emplean en física cuántica, y eso le servirá a la larga para encontrar cuántos. Cuántos han fallecido y cuántos han enfermado, cuántos se han arruinado y cuántos van al comedor social. Puede que no lo sepan, pero lo que es seguro es que no quieren que lo sepamos. Si el dato incomoda, acabemos con el dato.
La historia de los programas de rentas mínimas en la Unión Europea es extensa pero España se subirá ahora al carro de países que cuentan con una red de protección final para las familias y hogares más vulnerables, en situación de pobreza y exclusión social. A escasas horas de que el ingreso mínimo vital sea una realidad, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha confirmado que el primer pago de la ayuda se realizará a 100.000 hogares por elección de oficio y se efectuará a finales del mes de junio.
El ingreso mínimo vital que aprueba hoy el Gobierno en Consejo de Ministros extraordinario tendrá una especial incidencia en los hogares monoparentales. Así lo reconoció ayer el propio autor de la medida, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá en una entrevista radiofónica en la que afirmó que 100.000 hogares de los 850.000 a los que se espera cubrir con la prestación pertenecen a esta categoría, es decir, el 12% del total de beneficiarios.
El Gobierno ha firmado un acuerdo con el PNV para transferir la gestión del Ingreso Mínimo Vital al País Vasco y Navarra, con fecha límite del 31 de octubre de 2020 para materializar el traspaso, ha informado el partido nacionalista en un comunicado.
El golpe para la Seguridad Social asestado por la crisis sanitaria del coronavirus muestras unas dimensiones desproporcionadas con el paso de las semanas. Tanto es así que el déficit presupuestariodel organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país triplicará este año el registrado en el pasado ejercicio, pasando de los 17.500 millones de euros de 2019 hasta los 60.000 millones de desfase previsto para este año en el mejor de los escenarios, según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) arrojadas en la evaluación realizada del nuevo Plan de Estabilidad Presupuestaria 2020 publicado por el Gobierno recientemente y en el que se plasma el impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía.
La Seguridad Social afronta un reto sin precedentes en la actual crisis sanitaria, como principal organismo encargado de financiar la mayoría de las ayudas que el Gobierno lleva aprobando durante las últimas semanas con objeto de proteger a empresarios y trabajadores que se han visto obligados a frenar su actividad, y no lo hará en las mejores condiciones presupuestarias. Tras el préstamo aprobado por el Consejo de Ministros de 13.830 millones de euros y los dos concedidos este mismo martes por valor de 30.500 millones de euros, el organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país con el Estado es de 99.000 millones de euros, es decir, 8,25 puntos porcentuales del PIB.
Apenas transcurrió un mes desde que el Gobierno aprobó un nuevo crédito del Estado para la Seguridad Social, de 13.800 millones, pero ahora son necesarios otros dos del mismo tipo. En total se han liberado este año 45.000 millones en préstamos para auxiliar a esta Administración pero seguirá afrontando graves problemas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el déficit de la Seguridad Social se triplicará en 2020, hasta llegar a los 60.000 millones (o incluso más de 73.000 millones en el peor de los escenarios).
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley de medidas urgentes en el ámbito económico en el que se incluyen dos créditos, por un importe global de 30.502 millones de euros, para afrontar la pérdida de ingresos de la Seguridad Social por los mayores gastos en prestaciones, las exenciones de cuotas y menores cotizaciones, así como para hacer frente al pago del mayor número de prestaciones por desempleo derivadas de la crisis sanitaria.
Cambio de rumbo en el gasto de pensiones, que ya se anticipaba el mes pasado. Tradicionalmente este indicador ha mostrado una tendencia creciente, que se ha roto en el mes de mayo con la primera reducción de su serie. La Seguridad Social desembolsó 9.852,8 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 2,5% más que en el mismo mes de 2019, aunque casi un 0,3% menos que en abril. ¿A que se debe este cambio?
Una de las consecuencias directas de la aprobación del ingreso mínimo vitalque tendrá lugar esta semana es el ahorro que supondrá para los servicios sociales de las comunidades autónomas en ayudas de carácter asistencial y subsidiario similares que ahora se solaparían con la nueva prestación de ámbito nacional y que será abonada directamente por la Seguridad Social. En suma, 1.500 millones de euros que actualmente los gobiernos autonómicos destinan cada año en esta red de ayuda final para las personas y hogares sin ingresos, vulnerables y en exclusión social.
Ciertamente, son pocas las diferencias que existe entre el modelo de ingreso mínimo vitalque aprobará el Gobierno durante esta semana y el que ya se encuentra vigente en el muchos de los países del entorno comunitario desde hace más de una década en muchos casos. Sin embargo, una de las cuestiones en las que difieren estos diseños es la periodo exigido de residencia en el país para poder acceder a la ayuda. Aquí, si los detalles que se han ido avanzando sobre la ayuda se sustancian finalmente, España será uno de los países más laxos del entorno comunitario a la hora de conceder el ingreso mínimo a aquellas personas que lleguen próximamente a nuestro país. Concretamene, según los detalles concretados el solicitante de la prestación debe residir en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a la fecha de presentación de la solicitud, mientras que las estancias en el extranjero no pueden haber superado los 90 días -si no tiene menores a cargo, debe haber vivido de forma independiente durante al menos tres años antes de la solicitud de la ayuda. "Un porcentaje significativo de beneficiarios serán de origen extranjero, siempre que se constate que tengan residencia legal y efectiva en España durante un mínimo de un año, que forman parte de un hogar durante un año y que cumplan las condiciones", explicaba el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una entrevista publicada por El Periódico.
La deuda del conjunto de las administraciones públicas registró en marzo un incremento del 1,9% respecto al mes anterior al sumar 22.473 millones de euros como consecuencia de la crisis del coronavirus, hasta el máximo histórico de 1.224.243 millones de euros, y se situó en el entorno del 98% del producto interior bruto (PIB), según los datos publicados este martes por el Banco de España.
En plena recta final para la aprobación del ingreso mínimo vital, que se producirá en el Consejo de Ministros del 26 de este mes, según ha confirmado esta mañana el Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya se conocen la mayoría de los aspectos fundamentales de la nueva ayuda articulada por el Gobierno como una balsa de salvación para aquellos hogares más vulnerables en situación de pobreza extrema que carecen de los ingresos mensuales necesarios para cubrir las necesidades básicas de las familias.
El ingreso mínimo vital que aprobará el Gobierno en las próximas semanas será prioritario para las familias que ya perciben una asignación económica por hijos o menores acogidos a cargo a cuenta de la Seguridad Social. De hecho, no tendrán que cursar la solicitud para tener acceso a la nueva medida de protección social, sino que el reconocimiento se producirá de modo automático.
El ingreso mínimo vital que aprobará el Gobierno en las próximas semanas será prioritario para las familias que ya perciben una asignación económica por hijos o menores acogidos a cargo a cuenta de la Seguridad Social. De hecho, no tendrán que cursar la solicitud para tener acceso a la nueva medida de protección social, sino que el reconocimiento se producirá de modo automático.
A falta de una semana para que se apruebe el ingreso mínimo vital y se conozcan todos los detalles de acceso, el Gobierno valora que las ayudas a las familias vulnerables sean compatibles con las que ya están establecidas por las Comunidades Autónomas. Esto implicaría que en las regiones más generosas, como son País Vasco y Navarra, las familias vulnerables con más de dos hijos a cargo podrían beneficiarse de una renta de hasta 2.000 euros.
Casi la mitad de los autónomos de nuestro país está recibiendo en estos momentos la ayuda extraordinaria por cese de actividad articulada por el Gobierno. Concretamente, según los datos arrojados por el Miniseterio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha reconocido ya a más de 1.316.000 autónomos la prestación, es decir, el 92% de los más de 1,42 millones de trabajadores por cuenta propia que la han solicitado a fecha 12 de mayo. De este total, sólo el 3,1% se han denegado y mientras que el 4,6% restante está en trámite. Cabe recordar que esta prestación también conlleva la exoneración de cuotas a la Seguridad Social de forma temporal.
El Gobierno abordará en los próximos días dos demandas esenciales para los autónomos que venían reclamando las asociaciones representativas del colectivo para paliar el impacto económico de la crisis sanitaria del COVID-19 en el mercado laboral de nuestro país: la ampliación de la ayuda extraordinaria por cese de actividad hasta el 30 de junio, plazo de duración de los ERTE, para los trabajadores por cuenta propia y la aprobación de un subsidio extraordinario para aquellos autónomos de temporada que no verán iniciada su actividad económica por la situación sanitaria y que durante los meses del verano generan los ingresos para subsistir durante el resto del año (kioskos de helados, feriantes, hamaqueros).
La Mutua Universal, colaboradora con la Seguridad Social ya ha realizado el ingreso del 'Bonus de Prevención' correspondiente al año 2018, en el que inyectaron 16.886.326 a las empresas asociadas a esta mutua y que hayan cumplido con los requisitos correspondientes a la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención y siniestralidad. Estas cifras suponen un 8.5% más a los ingresos realizados el año pasado
El Gobierno aprobará el ingreso mínimo vital dentro de una semana, en el Consejo de Ministros del martes 19 de mayo, cumpliendo así con los últimos plazos previstos por el titular de la cartera de Seguridad Social y arquitecto de la ayuda José Luis Escrivá. Concretamente, tras conocerse este lunes más detalles sobre el contenido y forma de la prestación que servirá para paliar la pobreza extrema y la desigualdad en nuestro país. No obstante, la volatilidad de los acontecimientos a causa de la evolución de la pandemia y la profusa labor legislativa del Gobierno durante estas semanas hace que existan salvedades de que se pueda demorar hasta el Consejo de Ministros del próximo 26 de mayo, si bien esta no sería la opción principal del Ejecutivo, según ha podido saber elEconomista.
La centralización por parte de Sanidad de las compras de equipos para combatir la pandemia despertó sonadas protestas de las autonomías por sus errores e ineficiencia. Más discreta, pero aún más demoledora para ese Ministerio, es la actitud que han adoptado otros tres departamentos del Gobierno (Defensa, Trabajo e Inclusión y Seguridad Social).
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